Sentencia RP-1339-22 — Registro 19124
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la Sentencia condenatoria por los delitos de asesinato y detención ilegal. Declarada sin lugar porque la nueva pena resulta más gravosa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Manuel de Jesús Elvir Cáceres, la pena de veinte y cinco (25) años de reclusión, por un delito de Asesinato en perjuicio de José Luis Palma Contreras; y la pena de veinticinco (25) años de reclusión, por un delito de Asesinato en perjuicio de Pedro Miranda Girón. El delito de Asesinato en el código penal anterior, tenía una pena abstracta de 20 a 30 años de reclusión; y en el actual código penal vigente el delito de Asesinato regulado en el artículo 193 establece, una pena abstracta de 20 a 25 años de prisión. De acuerdo a lo anterior, al tratarse ambas de penas privativas de libertad, no se considera que el actual código penal sea más favorable, ya que la pena anterior (25 años), con todas las circunstancias resulta también imponible con el actual código penal. 2. En relacion con el delito de Detención Ilegal, se impuso a Manuel de Jesús Elvir Cáceres, la pena de cuatro (4) años de reclusión y una multa de L.75,000.00. En el actual código penal, en el artículo 238 tipifica la conducta como Privación Ilegal de Libertad realizada por funcionario o empleado público, el cual establece una pena con el aumento de 1/3, por ser empleado público el acusado al momento del hecho, de siete (7) a nueve (9) años y cuatro (4) meses de prisión, la que evidentemente es más gravosa que la impuesta con el código penal anterior, por este delito. Es evidente que de lo expuesto no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, ya que, para el delito de Asesinato, la nueva pena también resulta imponible y para el delito de Detención Ilegal, la nueva pena resulta más gravosa. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616.4 del Nuevo Código Penal.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 193 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 Numeral 8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de septiembre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por la Abogada YOLANDA ELIZABETH AMPIE RODRIGUEZ, a favor del señor MANUEL DE JESUS ELVIR CACERES, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, en fecha veintiséis de julio de dos mil doce, con relación a la causa que se instruyó contra el señor MANUEL DE JESUS ELVIR CACERES por los delitos de ASESINATO y DETENCION ILEGAL en perjuicio de JOSE LUIS PALMA CONTRERAS y PEDRO MIRANDA GIRON. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL “PRIMERO: El día tres de noviembre de dos mil ocho, a eso de las seis de la tarde con treinta minutos, los Agentes de la Policía Nacional Preventiva Hugo Antonio Villeda Cáceres, Edwin Arnaldo Díaz Quintanilla, José Máximo Membreño y Jorge Javier Gutiérrez Meraz, asignados al distrito policial número cuarenta y uno (41), ubicado en el barrio La Guardia de San Pedro Sula, se conducían a bordo de la patrulla policial número M4-04, marca Mitsibishi, tipo microbús, color azul y blanco. Al transitar por la segunda y tercera calle, cuarta avenida del barrio Medina, a inmediaciones de la ferretería Monterroso, estacionaron la patrulla policial, ya que momentos antes, el Policía Jorge Javier Gutiérrez Meráz, se había comunicado telefónicamente con otros policías manifestándoles que se dirigía a dicho lugar. Cuando se encontraban estacionados, hasta el sitio llegaron en una moto, los Policías Manuel De Jesús Elvir Cáceres y José Manuel Enamorado Castellanos, ambos asignados al escuadrón de motorizados. Al salir los señores José Luis Palma Contreras y Pedro Miranda Girón, de su trabajo en la ferretería Monterroso, fueron requeridos por los Policías solicitándoles procedieran a identificarse, intimación ante la que los señores José Luis Palma y Pedro Miranda, presentaron sus documentos de identificación personal, acto seguido, fueron detenidos y se les ordenó abordaran la patrulla policial, siendo conducidos hasta la estación policial conocida como “ballena”, ubicada en el barrio La Guardia de San Pedro Sula, siendo seguidos por los motorizados Manuel De Jesús Elvir Cáceres y José Manuel Enamorado Castellanos, luego los agentes policiales, llevando siempre a los detenidos José Luis Palma Contreras y Pedro Miranda Girón, en la patrulla M4-04, tomaron rumbo hacia la veinte calle, donde los policías Manuel de Jesús Elvir Cáceres y José Manuel Enamorado Castellanos estacionaron la moto frente a una pulpería para de inmediato abordar la patrulla M4-04, en la que se conducían los Policías Hugo Antonio Villeda Cáceres, Edwin Arnaldo Díaz Quintanilla, José Máximo Membreño y Jorge Javier Gutiérrez Meráz llevando con ellos a los detenidos, dirigiéndose en esta ocasión hacia el estadio Olímpico que se ubica sobre la treinta y tres calle y antes de llegar a dicho estadio, cuando eran ya las siete de la noche, ingresaron por un portón ubicado frente a una gasolinera, hacia un terreno donde existe una plantación de caña de azúcar, estacionando la patrulla a unos doscientos metros de la carretera principal, posteriormente el Policía Manuel De Jesús Elvir Cáceres y otros compañeros, realizaron disparos en repetidas ocasiones contra la humanidad de los señores José Luis Palma Contreras y Pedro Miranda Girón, quienes fallecieron en el mismo lugar a consecuencia de las heridas que les fueron causadas por los proyectiles disparados por las armas de fuego, entre estas una tipo pistola, marca CEZKA, calibre 9mm, modelo CZ75BD, serie 9299V, que estaba asignada al Policía Manuel De Jesús Elvir Cáceres.”ANTECEDENTES 1)Que en fecha cinco de noviembre de dos mil ocho (2008), el Agente Fiscal del Ministerio Público Abogado CESAR FERNANDO ALVARENGA DIAZ, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL SECCIONAL DE SAN PERDRO SULA, CORTES, presentando Requerimiento Fiscal contra EDWIN ARNALDO DIAZ QUINTANILLA, JOSE MENBREÑO y HUGO VILLEDA (HABIDOS), por el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA y en contra de los señores JORGUE JAVIER GITIERREZ MERAZ, MANUEL DE JESUS ELVIR CACERES, JOSE MANUEL ENAMORADO CASTELLANOS (PROFUGOS), por el delito de ASESINATO en perjuicio de PEDRO MIRANDA GIRON Y JOSE LUIS PALMA CONTRERAS (Folios 01 al 04 de la pieza de antecedentes). 2)Que continuado que fue el proceso, en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil doce (2012), el TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, dictó Sentencia Definitiva, mediante la cual falló: PRIMERO: Debemos condenar y condenamos al señor MANUEL DE JESUS ELVIR CACERES, de generales ya conocidas y referenciadas en el preámbulo de esta sentencia, como autor material, responsable penalmente de un delito consumado de ASESINATO en perjuicio del señor JOSE LUIS PALMA CONTRERAS, con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ya referenciadas, a la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSION, que deberá cumplir en una Penitenciaria del Sistema Penitenciario Nacional que sea designada por el correspondiente Juez de Ejecución Penal. SEGUNDO: Debemos condenar y condenamos al señor MANUEL DE JESUS ELVIR CACERES de generales ya conocidas y referenciadas en el preámbulo de esta sentencia como autor material, responsable penalmente de un delito consumado de ASESINATO en perjuicio del señor PEDRO MIRANDA GIRON con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, ya referenciadas, a la pena principal de VEITICINCO (25) AÑOS DE RECLUSION, que deberá cumplir en una Penitenciaria del Sistema Penitenciario Nacional que sea designada por el correspondiente Juez de Ejecución Penal. TERCERO: Debemos condenar y condenamos al señor MANUEL DE JESUS ELVIR CACERES de generales ya conocidas y referenciadas en el preámbulo de esta sentencia como autor material, responsable penalmente de un delito consumado de DETENCION ILEGAL, en perjuicio del señor JOSE LUIS PALMA CONTRERAS, con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ya referenciadas, a las penas principales de CUATRO (04) AÑOS DE RECLUSION y una Multa de SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L.75,000.00) LEMPIRAS que deberá entregar a nombre de la Tesorería General de la república, en cualquier institución bancaria adscrita al Sistema Financiero Nacional, debiendo cumplir la pena de reclusión, en una Penitenciaria del Sistema Penitenciario Nacional que sea designada por el correspondiente Juez de Ejecución Penal.” (Folios 176 al 193 de la pieza de antecedentes).3)Que en fecha seis (06) de septiembre de dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional, la Abogada YOLANDA ELIZABETH AMPIE RODRIGUEZ, presentando Recurso de Revisión Penal, a favor del señor MANUEL DE JESUS ELVIR CACERES, contra la sentencia condenatoria de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil dos mil doce (2012), dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01 y 03 del recurso).4)Que en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala Constitucional, habiendo comparecido la Abogada YOLANDA ELIZABETH AMPIE RODRIGUEZ, a favor del señor MANUEL DE JESUS ELVIR CACERES y la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido Recurso de Revisión; que habiendo manifestado el recurrente que interpone el recurso de Revisión en aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de Revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo que fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión en los términos supra señalados.” (Folios 47 al 50 del recurso de mérito).FUNDAMENTACION.CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de Revisión Penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al Principio de Seguridad Jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada Yolanda Elizabeth Ampie Rodríguez, a favor del señor Manuel de Jesús Elvir Cáceres, como revisionista; y, la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. La Abogada Yolanda Elizabeth Ampie Rodríguez, solicita la revisión de la pena y que se aplique el Principio de Retroactividad de la Ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, en base al artículo 96 de la Constitución, se solicita la retroactividad de la ley, siempre que favorezca al reo, por lo que se solicita la revisión de las penas. Por su parte, el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables al sentenciado; por lo que solicita que no se otorgue la revisión solicitada. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Manuel de Jesús Elvir Cáceres, la pena de veinte y cinco (25) años de reclusión, por un delito de Asesinato en perjuicio de José Luis Palma Contreras; y la pena de veinticinco (25) años de reclusión, por un delito de Asesinato en perjuicio de Pedro Miranda Girón. El delito de Asesinato en el código penal anterior, tenía una pena abstracta de 20 a 30 años de reclusión; y en el actual código penal vigente el delito de Asesinato regulado en el artículo 193 establece, una pena abstracta de 20 a 25 años de prisión. De acuerdo a lo anterior, al tratarse ambas de penas privativas de libertad, no se considera que el actual código penal sea más favorable, ya que la pena anterior (25 años), con todas las circunstancias resulta también imponible con el actual código penal. 2. En relacion con el delito de Detención Ilegal, se impuso a Manuel de Jesús Elvir Cáceres, la pena de cuatro (4) años de reclusión y una multa de L.75,000.00. En el actual código penal, en el artículo 238 tipifica la conducta como Privación Ilegal de Libertad realizada por funcionario o empleado público, el cual establece una pena con el aumento de 1/3, por ser empleado público el acusado al momento del hecho, de siete (7) a nueve (9) años y cuatro (4) meses de prisión, la que evidentemente es más gravosa que la impuesta con el código penal anterior, por este delito. Es evidente que de lo expuesto no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, ya que, para el delito de Asesinato, la nueva pena también resulta imponible y para el delito de Detención Ilegal, la nueva pena resulta más gravosa. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616.4 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 193 y 616 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal, interpuesta por la Abogada Yolanda Elizabeth Ampie Rodríguez, en favor del señor MANUEL DE JESUS ELVIR CACERES. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Vallecillo Paredes. Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha once de septiembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1339-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL