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Sentencia RP-1303-22 — Registro 18518

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la Sentencia Condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de violación en perjuicio de testigo protegido “GANDY”.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO ONCE (11): Este Tribunal Constitucional advierte que el Ministerio Público, es del criterio que se acceda a lo peticionado por la defensa por considerar que es procedente la aplicación del nuevo código penal por ser más beneficioso para el condenado. CONSIDERANDO DOCE (12): En el caso sub judice, el Ministerio Público y la defensa, en su momento acordaron la aplicación de un procedimiento abreviado en el cual el procesado aceptó en su momento los hechos y la pena solicitada como autor de dos delitos de VIOLACION, en perjuicio del testigo protegido ANDY, acordando una pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL POR LOS DOS DELITOS DE VIOLACION, por otra parte, el artículo 70 preámbulo numeral 1) literal a) del nuevo código penal vigente, establece que, si no concurren circunstancias agravantes ni atenuantes, la pena se fija dentro del marco establecido para el delito de que se trate en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, por lo que, en opinión de este Tribunal Constitucional, es procedente fijar una pena que oscile entre los seis (6) años nueve (9) meses a nueve (9) años de prisión por cada delito de violación ajustándose a la nueva normativa penal y conforme a los razonamientos que hemos expresado antes para la determinación de la nueva pena que corresponde, por lo que, es procedente fijar una pena de TRECE(13) AÑOS SEIS (6) MESES DE PRISION POR DOS DELITOS DE VIOLACION y, más inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía. CONSIDERANDO (13): Conforme lo previsto por los artículos 57 y 58 del Código Penal vigente, la pena de prisión por más de cinco años, lleva consigo la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. CONSIDERANDO (14): De conformidad con el artículo 118 del Código Penal, el procesado está obligado a reparar los daños y perjuicios causados.”

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 57 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Penal No. 130-17, art. 58 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Penal No. 130-17, art. 70 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Penal No. 130-17, art. 118 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de septiembre del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por la Abogada ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, a favor del señor GEOVANY JAVIER CASTEJON BARAHONA, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, en fecha siete de junio de dos mil veintiuno, con relación a la causa que se instruyó contra el señor GEOVANY JAVIER CASTEJON BARAHONA por el delito de VIOLACION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “GANDY”. ANTECEDENTES 1) En fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil veinte (2020), la Fiscal del Ministerio Público, Abogada CENDY JACKELINE ROMERO, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, presentando requerimiento fiscal contra el señor GEOVANY JAVIER CASTEJON BARAHONA por el delito de VIOLACION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “GANDY”. (Folios 8-10 de la pieza de antecedentes). 2) Continuado que fue el proceso, en fecha siete de junio de dos mil veintiuno, el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: “PRIMERO: CONDENAR al encausado GEOVANY JAVIER CASTEJON BARAHONA a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, como autor de DOS delitos de VIOLACION en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO “GANDI”, pena que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de la Aldea de Támara del Distrito Central de este Departamento.- SEGUNDO: Se le condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL asimismo a TRABAJOS EN OBRAS PUBICAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO PENAL, por el tiempo que dure la condena principal.- TERCERO: No existen piezas de comiso. CUARTO: No procede la condena en costas procesales ni personales, ni gastos ocasionados en el juicio. QUINTO: Se mantiene la medida cautelar de la Prisión preventiva dictada en audiencia inicial hasta que la sentencia adquiera carácter de firme.” (Folios 126 al 128 de la pieza de antecedentes) 3) En fecha veinticinco de agosto de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, presentando recurso de revisión penal a favor del señor GEOVANY JAVIER CASTEJON BARAHONA contra la sentencia condenatoria de fecha siete de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras penal Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-04 del recurso) 4) En fecha diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado GEOVANY JAVIER CASTEJON BARAHONA, en su condición de apoderado legal del señor GEOVANY JAVIER CASTEJON BARAHONA y la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando el recurrente que: “a mi representado se le acusó por el delito de violación y a este caballero lo acusaron dos veces por el mismo delito, el mismo delito de violación, resulta que revisando el nuevo código penal a él le pusieron una sentencia de quince años pero resulta que cuando revisamos el 249, 250 y 251 del nuevo código penal habla de una sentencia de nueve a trece años y por esa razón vengo a esta honorable a solicitar que se le de la nueva oportunidad a él basada en la retroactividad de la ley y que se le imponga una pena mínima de nueve años”. La representante del Ministerio Público, expresó: “En el Código Penal derogado el delito de Violación se encuentra regulado en el artículo 140, que sancionaba al culpable de este delito con las penas de reclusión de diez (10) a quince (15) años de reclusión, más las accesorias que correspondan. En el Nuevo Código Penal Vigente, contempla la acción ilícita de Violación en el artículo 249 y sanciona con pena de prisión de nueve (9) a trece (13) años, y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble tiempo de la pena de prisión. De tal manera que al efectuar el cálculo aritmético en relación a la rebaja al someterse a procedimiento abreviado resulta una pena abstracta de seis (6) años nueve (9) meses de prisión por cada uno de los delitos de violación, haciendo un total de TRECE AÑOS SEIS MESES por los dos delitos, advirtiéndose de ésta manera que corresponde aplicar la retroactividad solicitada puesto que fue condenado a una pena mayor a la que corresponde imponer con la nueva norma sustantiva, por lo que se estima que lo peticionado por el revisionista cumple lo dispuesto en el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal”, siendo del criterio el Ministerio Público de que se otorgue la acción constitucional de revisión. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. CONSIDERANDO DOS (2) Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “Procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” CONSIDERANDO TRES (3). De conformidad con el artículo 96 preámbulo y numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, entre otros casos, cuando: “proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna”, y el artículo 99 de la misma ley, dispone que, la Sala de lo Constitucional, según proceda, declarará sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO CUATRO (4): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO CINCO (5): El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”, asimismo, el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SEIS (6): El Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior, en consecuencia, cumpliéndose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello implicaría una aplicación parcial de dos normas penales y con ello el juzgador estaría creando una nueva norma penal. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. El artículo 616 del Código Penal prevé que: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”. CONSIDERANDO OCHO (8): Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo mullen crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: al establecer que “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La sentencia que hoy se estudia en revisión penal, estableció como HECHOS PROBADOS, expresa y terminantemente los siguientes: “UNICO: El día jueves 21 de mayo del año 2020 siendo las ocho con treinta minutos de la noche el testigo protegido "Gandi" se dirigía hasta el barrio Bella Vista, ya que se había quedado de ver con el testigo protegido "Meniel" para que la fuera a encontrar, es así que cuando iba a la altura de la colonia el Country de la ciudad de Comayaguela observo a un grupo de personas que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, al ver esto el testigo protegido "Gandy" aligeró su paso observando que el imputado Geovany Javier Castejón Barahona venia atrás el cual le dijo que se parara pero como no lo conocía siguió caminando es así que el imputado la alcanzó y le dijo que le hiciera un favor, que quería estar con ella y que le iba a pagar indicándole es testigo protegido "Gandi" que no, a lo que el imputado le dijo que accediera porque sino todos los hombres que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en la esquina le iban a caer, tomándola de la mano conduciéndola a un callejón oscuro indicándole que caminara e hiciera como que andaba con él, llevándola hasta un portón bajándose el pantalón y le dijo que le hiciera sexo oral contestándole el testigo protegido que no, por lo que la agarro de la cabeza obligándola a que le hiciera sexo oral, luego le dijo que se pusiera en cuatro quitándole las medias y la ropa interior penetrándola en varias ocasiones vía vaginal en contra de su voluntad al terminar de agredirla sexualmente le dijo que se vistiera indicándole que no le contara a nadie y que se hiciera pasar como su novia porque sino la iba a matar, yéndose el testigo protegido del lugar, al día siguiente el testigo protegido "Gandi" le comento lo sucedido al testigo protegido "Gabriel", fue así que al día siguiente 22 de mayo del 2020 se dirigieron al lugar en donde había sucedido el hecho para tratar de encontrar al imputado, por lo que al llegar al lugar el mismo se encontraba en el sitio pudieron identificarlo a lo cual el testigo protegido "Meniel lo distrajo, llamando al 911 procediendo a detener al imputado por elementos de la policía nacional remitiéndolo a la fiscalía de turno para seguir con las investigaciones”. Asimismo, en la sentencia se falló: “PRIMERO: CONDENAR al encausado GEOVANY JAVIER CASTEJON BARAHONA a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, como autor de DOS delitos de VIOLACION en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO “GANDI”, pena que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de la Aldea de Támara del Distrito Central de este Departamento.- SEGUNDO: Se le condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL asimismo a TRABAJOS EN OBRAS PUBICAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO PENAL, por el tiempo que dure la condena principal.- TERCERO: No existen piezas de comiso. CUARTO: No procede la condena en costas procesales ni personales, ni gastos ocasionados en el juicio. QUINTO: Se mantiene la medida cautelar de la Prisión preventiva dictada en audiencia inicial hasta que la sentencia adquiera carácter de firme.”. La conducta por la cual fue condenado el señor GEOVANY JAVIER CASTEJON BARAHONA, está prevista en el nuevo Código Penal (decreto 130-2017) en el artículo 249 como delito de VIOLACION cuyas penas es de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble de tiempo de la pena de prisión, y según los hechos probados al haberse sometido el imputado a un procedimiento abreviado, corresponde la rebaja de un cuarto de la pena, por lo que, de conformidad con los artículos 404 del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 69 preámbulo y número 2), la pena abstracta que le corresponde es de seis (6) años nueve (9) meses a nueve (9) años de prisión por cada delito de violación, ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión que es de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION MAS LAS PENAS ACCESORIAS DE IHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena, no se encuentra dentro del margen imponible de la pena privativa de libertad del nuevo código penal, porque excede el máximo previsto en la nueva normativa, por tanto, es procedente la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por que representa un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme disponen los artículos 616 del nuevo código penal. CONSIDERANDO ONCE (11): Este Tribunal Constitucional advierte que el Ministerio Público, es del criterio que se acceda a lo peticionado por la defensa por considerar que es procedente la aplicación del nuevo código penal por ser más beneficioso para el condenado. CONSIDERANDO DOCE (12): En el caso sub judice, el Ministerio Público y la defensa, en su momento acordaron la aplicación de un procedimiento abreviado en el cual el procesado aceptó en su momento los hechos y la pena solicitada como autor de dos delitos de VIOLACION, en perjuicio del testigo protegido ANDY, acordando una pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL POR LOS DOS DELITOS DE VIOLACION, por otra parte, el artículo 70 preámbulo numeral 1) literal a) del nuevo código penal vigente, establece que, si no concurren circunstancias agravantes ni atenuantes, la pena se fija dentro del marco establecido para el delito de que se trate en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, por lo que, en opinión de este Tribunal Constitucional, es procedente fijar una pena que oscile entre los seis (6) años nueve (9) meses a nueve (9) años de prisión por cada delito de violación ajustándose a la nueva normativa penal y conforme a los razonamientos que hemos expresado antes para la determinación de la nueva pena que corresponde, por lo que, es procedente fijar una pena de TRECE(13) AÑOS SEIS (6) MESES DE PRISION POR DOS DELITOS DE VIOLACION y, más inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía. CONSIDERANDO (13): Conforme lo previsto por los artículos 57 y 58 del Código Penal vigente, la pena de prisión por más de cinco años, lleva consigo la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. CONSIDERANDO (14): De conformidad con el artículo 118 del Código Penal, el procesado está obligado a reparar los daños y perjuicios causados. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la opinión favorable del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y segundo y 101 numeral 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 140 del Código Penal de 1983; 25, 58, 249, 615 y 616 del Código Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 403 y 404 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, a favor del señor GEOVANY JAVIER CASTEJON BARAHONA. Segundo: Se Anula la sentencia definitiva firme en relación al señor GEOVANY JAVIER CASTEJON BARAHONA, misma que fue dictada en fecha siete (7) de Junio del año dos mil veintiuno (2021), por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán. Tercero: Se pronuncia nuevo fallo en relación al señor GEOVANY JAVIER CASTEJON BARAHONA el cual deberá leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor GEOVANY JAVIER CASTEJON BARAHONA, por ser autor responsable penalmente de DOS DELITOS VIOLACION, en perjuicio del testigo protegido GANDI, en consecuencia, le condena a las pena de TRECE(13) AÑOS SEIS (6) MESES DE PRISION, a la cual deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal (decreto 130-2017. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor GEOVANY JAVIER CASTEJON BARAHONA, como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2). TERCERO: Se declara la responsabilidad civil del señor GEOVANY JAVIER CASTEJON BARAHONA Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada FRNACISCA VILLELA ZAVALA.-NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIENTE SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de noviembre del dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha dieciocho de septiembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1303-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL