Sentencia RP-1296-21 — Registro 17861
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria mediante la cual se condenó por el delito de femicidio.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor Cleofás Castejón Bardales, la pena principal de VEINTIDÓS (22) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN, en aplicación de las reglas del Procedimiento Abreviado, con la rebaja en la imposición de las penas correspondientes, de un cuarto (1/4) de la pena imponible, no así, la de hasta la tercera parte de la pena imponible, cuando el imputado haya procedido a reparar las consecuencias del delito perjudiciales a la víctima. Asimismo, se impuso las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como autor del delito de FEMICIDIO, en perjuicio FRANIA ONDINA MONDRAGON. Procediéndose, en consecuencia, por la judicatura competente Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y de conformidad al artículo 69 del Código Penal derogado, a la imposición de la pena mínima; sin acreditación de circunstancias que agraven o atenúen la responsabilidad penal. Determinase que la pena concreta a imponer al penado conlleva la rebaja en un cuarto (1/4) de la pena prevista en las leyes penales aplicables (Arts. 403 y 404 del Código Procesal Penal). En ese orden de ideas y conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de FEMICIDIO, previsto en el artículo 208, prevé una pena abstracta de veinticinco (25) a treinta (30) años de prisión, por presentarse la circunstancia de cometer el hecho desmembrando el cuerpo de la víctima, más la rebaja de un cuarto (1/4) de la pena antes señalada, en atención a la aplicación de la figura procesal del Procedimiento Abreviado, prevista en las leyes penales aplicables (Arts. 403 y 404 del Código Procesal Penal); obteniéndose, por consiguiente, que resulta conforme a derecho imponer al señor Cleofás Castejón Bardales, como autor del delito de FEMICIDIO, en perjuicio de la señora FRANIA ONDINA MONDRAGON, la pena principal de DIECIOCHO (18) AÑOS NUEVE (9) MESES DE PRISIÓN. Siendo en consecuencia que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor Cleofás Castejón Bardales. “
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 403 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 404 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de junio del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor CLEOFAS CASTEJON BARDALES, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha tres (3) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual se condenó al señor CLEOFAS CASTEJON BARDALES, por el delito de FEMICIDIO, en perjuicio FRANIA ONDINA MONDRAGON. ANTECEDENTES 1) Que en fecha trece (13) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), el Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogado ELMER ALVARADO, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor CLEOFAS CASTEJON BARDALES, por suponerlo responsable del delito de FEMICIDIO, en perjuicio FRANIA ONDINA MONDRAGON. (Folios del 2-8 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha dos de diciembre del año dos mil diecinueve se celebró Audiencia de Procedimiento Abreviado, dictando el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, sentencia en fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: Condenando a CLEOFAS CASTEJON BARDALES como autor del delito de FEMICIDIO, a la pena principal de VEINTIDOS (22) AÑOS SEIS (06) MESES DE RECLUSIÓN, en perjuicio de FRANIA ONDINA MONDRAGON, los que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional “Marco Aurelio Soto”, con sede en Támara, Francisco Morazán. SEGUNDO: Condenando a CLEOFAS CASTEJON BARDALES, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, así como a trabajar en obras públicas o en labore dentro de establecimiento penitenciario por el tiempo que dure la condena. TERCERO: Se declara la RESPONSABILIDAD CIVIL del condenado, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el Juicio…” (Folios 115-116fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado RAMON MATAMOROS, presentando recurso de revisión penal a favor del señor CLEOFAS CASTEJON BARDALES, contra la sentencia condenatoria de fecha tres (3) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; manifestando el recurrente que haciendo la comparación del viejo Código Penal derogado, en su artículo 118-A el Femicidio tenia una pena de 30 a 40 años, aceptando el condenado la figura de procedimiento abreviado, haciendo una rebaja de ¼ de la pena, imponiendo a su representado una pena de 22 años, 6 meses de reclusión y en la actualidad el nuevo Código Penal vigente en su artículo 208 tiene como pena para el femicidio de 20 a 25 años de prisión, por lo que sería más favorable imponer al imputado una pena de 20 años. (Folios 1-2 de los autos) 4) Que en fecha diecinueve de noviembre del año dos mil veintiuno, el recurrente Abogado Ramon Matamoros, compareció ante la Sala de lo Constitucional, presentando manifestación, exponiendo que cumpliendo con los requisitos formales al escrito de Revisión de la sentencia condenatoria para que se aplique el principio de la retroactividad, mismo que fue presentado ante la Sala en fecha 15 de noviembre del año en curso (2021) y de acuerdo a lo establecido en el articulo 96 numeral 8) de la Ley sobre Justicia Constitucional, lo que procede es la aplicación de la retroactividad de una ley penal por ser mas benigna. (Folios 4-5 de los autos) 5) Que en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido el abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de apoderado legal del señor CLEOFAS CASTEJON BARDALES y la abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión por no ser la misma más favorable para el condenado”. (Folios del 27-29fv de los autos) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista en su escrito de interposición del Recurso señala que haciendo la comparación del viejo Código Penal derogado, en su artículo 118-A el Femicidio tenía una pena de 30 a 40 años, aceptando el condenado la figura de Procedimiento Abreviado, haciendo una rebaja de ¼ de la pena, imponiendo a su representado una pena de 22 años, 6 meses de reclusión y en la actualidad el nuevo Código Penal vigente en su artículo 208 tiene como pena para el femicidio de 20 a 25 años de prisión, por lo que sería más favorable imponer al imputado una pena de 20 años. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha dieciocho de mayo del año dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Ramon Matamoros, como garantista a favor del ciudadano Cleofás Castejón Bardales y la abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra al abogado Ramon Matamoros, quien expresa que ratifica el contenido de la solicitud de Revisión de la sentencia condenatoria, se aplique el Principio de Retroactividad de la Ley Penal al señor Cleofás Castejón Bardales, quien fue condenado por el delito de Femicidio, a una pena de 22 años, 6 meses del artículo 118-A del Código Penal derogado. Sustituirle la pena conforme al artículo 208 del Código Penal vigente, una pena mínima de 20 años, haciéndole la rebaja de ¼ a la pena, por haber aceptado un Procedimiento Abreviado, seria la nueva pena de 15 años.- Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, quien en su análisis jurídico hace referencia a los artículos 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 615 y 616 del nuevo Código Penal, 118-A del Código Penal derogado y 208 del Código Penal vigente; expresando que al hacer el comparativo de penas y examinar el fallo de mérito, se extrae que al acusado se le impuso la pena de 22 años 6 meses de reclusión, en base a los artículos 118-A del Código Penal y de acuerdo a la reforma del Código Penal la pena concreta para el delito de Femicidio es de veinticinco (25) a treinta (30) años, por concurrir la circunstancia del ensañamiento contemplada en el delito de Asesinato, contenido en el artículo 193 del referido cuerpo legal, al haber dado muerte y desmembrado a la ofendida, pero que habiéndose sometido el condenado a la figura de procedimiento abreviado, se debe disminuir la pena en un cuarto (1/4), resultando una pena de dieciocho (18) años nueve (9) meses a veinticinco (25) años. Conforme lo antes expuesto se estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son mas favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo cuarto del referido Código, en cuanto señala que cuando se trate de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea mas favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho fuera también imponible con arreglo al presente Código, tal como acontece en el caso de autos, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado conforme la legislación derogada por el delito de Femicidio es de veintidós (22) años, seis (6) meses, la cual se encuentra dentro del rango de pena abstracta imponible con arreglo al Código Penal vigente de dieciocho (18) años, nueve (9) meses a veinticinco (25) años, por lo que el Ministerio Público es de la opinión que se mantenga la pena impuesta al hoy condenado. CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (7): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (8): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (9): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el señor Cleofás Castejón Bardales, fue condenado mediante sentencia dictada en fecha tres de diciembre del año dos mil diecinueve y en aplicación de la figura procesal del Procedimiento Abreviado, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el delito de Femicidio, tipificado en el Artículo 118-A de la norma derogada que disponía “Incurre en el delito de femicidio, el o los hombres que den muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer y se castigará con una pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión, cuando concurran una o varias de las circunstancias siguientes: 1). Cuando el sujeto activo del delito mantenga o haya mantenido con la víctima una relación de pareja, ya sea matrimonial, de hecho, unión libre o cualquier otra relación afín en la que medie, haya mediado o no cohabitación, incluyendo aquellas en las que se sostiene o se haya sostenido una relación sentimental; 2). Cuando del delito esté precedido de actos de violencia doméstica o intrafamiliar, exista o no antecedentes de denuncia; 3). Cuando el delito este precedido de una situación de violencia sexual, acoso, hostigamiento o persecución de cualquier naturaleza; y, 4). Cuando el delito se comete con ensañamiento o cuando se hayan infligido lesionados infamante, degradante o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 208 “Femicidio. Comete delito de femicidio el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en el género. El delito de femicidio debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Comete el delito de femicidio agravado el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en el género, la pena del femicidio agravado debe ser de prisión de veinticinco (25) a treinta (30) años, a no ser que corresponda mayor pena por la aplicación de otros preceptos del presente Código, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Cualquiera de las contempladas en el delito de asesinato; 2) Que el culpable sea o haya sido cónyuge o persona con la que la víctima mantenga o haya mantenido una relación estable de análoga naturaleza a la anterior o ser ascendiente, descendiente, hermano de la agraviada o de su cónyuge o conviviente; 3) Que el femicidio haya estado precedido por un acto contra la libertad sexual de la víctima; 4) Cuando el delito se comete por o en el contexto de un grupo delictivo organizado; 5) Cuando la victima del delito sea una trabajadora sexual; 6) Cuando la víctima lo sea también de los delitos de trata de personas, esclavitud o servidumbre; 7) Cuando se hayan ocasionado lesiones o mutilaciones a la víctima o a su cadáver relacionadas con su condición de mujer; y, 8) Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto a exhibido por el culpable en lugar público. El delito de femicidio se castigará sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos cometidos contra la integridad moral, libertad ambulatoria, libertad sexual, trata de personas y formas degradantes de explotación humana o en el cadáver de la mujer o contra cualquiera de los bienes jurídicos protegidos en el presente Código. Se aplican las penas respectivamente previstas en los delitos de femicidio, cuando se de muerte a una persona que haya salido en defensa de la víctima de este delito”. (Énfasis y subrayado añadidos) CONSIDERANDO (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.- CONSIDERANDO (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor Cleofás Castejón Bardales fue condenado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en aplicación de la figura procesal del Procedimiento Abreviado, mediante sentencia definitiva y firme de fecha tres de diciembre del año dos mil diecinueve, a la PENA PRINCIPAL de VEINTIDÓS (22) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de FEMICIDIO, en perjuicio de FRANIA ONDINA MONDRAGON; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha tres de diciembre del año dos mil diecinueve mediante la cual se condenó al ciudadano Cleofás Castejón Bardales, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 118-A del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Femicidio. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor Cleofás Castejón Bardales, la pena principal de VEINTIDÓS (22) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN, en aplicación de las reglas del Procedimiento Abreviado, con la rebaja en la imposición de las penas correspondientes, de un cuarto (1/4) de la pena imponible, no así, la de hasta la tercera parte de la pena imponible, cuando el imputado haya procedido a reparar las consecuencias del delito perjudiciales a la víctima. Asimismo, se impuso las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como autor del delito de FEMICIDIO, en perjuicio FRANIA ONDINA MONDRAGON. Procediéndose, en consecuencia, por la judicatura competente Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y de conformidad al artículo 69 del Código Penal derogado, a la imposición de la pena mínima; sin acreditación de circunstancias que agraven o atenúen la responsabilidad penal. Determinase que la pena concreta a imponer al penado conlleva la rebaja en un cuarto (1/4) de la pena prevista en las leyes penales aplicables (Arts. 403 y 404 del Código Procesal Penal). En ese orden de ideas y conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de FEMICIDIO, previsto en el artículo 208, prevé una pena abstracta de veinticinco (25) a treinta (30) años de prisión, por presentarse la circunstancia de cometer el hecho desmembrando el cuerpo de la víctima, más la rebaja de un cuarto (1/4) de la pena antes señalada, en atención a la aplicación de la figura procesal del Procedimiento Abreviado, prevista en las leyes penales aplicables (Arts. 403 y 404 del Código Procesal Penal); obteniéndose, por consiguiente, que resulta conforme a derecho imponer al señor Cleofás Castejón Bardales, como autor del delito de FEMICIDIO, en perjuicio de la señora FRANIA ONDINA MONDRAGON, la pena principal de DIECIOCHO (18) AÑOS NUEVE (9) MESES DE PRISIÓN. Siendo en consecuencia que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor Cleofás Castejón Bardales. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 92, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 35, 69, 208, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor CLEOFAS CASTEJON BARDALES; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor CLEOFAS CASTEJON BARDALES, por el delito de FEMICIDIO, en perjuicio de FRANIA ONDINA MONDRAGON, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor CLEOFAS CASTEJON BARDALES, como autor del delito de FEMICIDIO, en perjuicio de FRANIA ONDINA MONDRAGON, a la pena de DIECIOCHO (18) AÑOS NUEVE (9) MESES DE PRISIÓN, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INHABILITACIÓN ESPECIAL por el tiempo de la condena principal, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada Francisca Villela Zavala. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha cinco de junio del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1296-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL