Sentencia RP-1285-21 — Registro 19035
Resumen
Se interpuso recurso de revisión penal contra la sentencia condenatoria el delito de extorsión continuada el detenido fue en posesión de un billete de cien lempiras (L.100.00) con serie BX7896082, mismo que le fue entregado por el testigo protegido AD12, billete que había sido previamente seriado en las instalaciones de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) de manera posterior a la denuncia interpuesta.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “V, Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Henry Yovanny Pineda Ordoñez, las penas principales de dieciocho (18) años nueve (9) meses de reclusión y una multa de sesenta y dos y medio (62.1/2) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión continuada, en perjuicio del testigo protegido “AD12”; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Henry Yovanny Pineda Ordoñez, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión continuada (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Este margen abstracto debe aumentarse en un tercio (1/3) por la figura del concurso continuado (artículo 68 NCP 130-2017), ello porque según la sentencia revisada existe identidad de ocasión, realizó una pluralidad de acciones que ofendieron a un mismo sujeto e infringen el mismo precepto penal, por lo cual debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que en definitiva lo que ofrece un nuevo margen abstracto veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión y mil (1000) días a mil trescientos treinta y tres (1333.33) días multa en su valor máximo que equivalen de cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00) a seis millones seiscientos sesenta y cinco mil lempiras (L 6,665,000.00). Ahora bien, las penas establecidas en el párrafo anterior se rebajan en un cuarto (¼), ya que el sentenciado se sometió al procedimiento abreviado quedando como nuevo margen abstracto de quince (15) años a veinte (20) años de prisión y setecientos cincuenta (750) días a mil (1000) días multa en su valor máximo que equivalen a tres millones setecientos cincuenta mil lempiras (3,750,000.00) a cinco millones (5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, lo que lejos de beneficiar al sentenciado, más bien les perjudica. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro.VISTA: Para dictar sentencia en el recurso de revisión penal, interpuesto por el abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Henry Yovanny Pineda Ordoñez, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil quince (2015), con relación a la causa que se instruyó contra el señor Henry Yovanny Pineda Ordoñez, por haber sido encontrado culpable por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio de Testigo Protegido AD-12.hechos probados de la sentencia venida en revisión “PRIMERO: Que el día diez de enero del año dos mil quince, en un sector de la Colonia Ulloa, de esta ciudad, el TESTIGO PROTEGIDO AD12 le entregó la cantidad de CIEN LEMPIRAS (L.100.00), al señor HENRY YOYANNY PINEDA ORDOÑEZ, como pago semanal que venía realizando desde hace un año antes. Pago este que exigía el señor PINEDA ORDOÑEZ al TESTEGO PROTEGIDO, si este último se negaba a pagar, lo mataría. SEGUNDO: Que el mismo día diez de enero del año dos mil quince, el señor HENRY YOVANNY PINEDA ORDOÑEZ fue detenido por agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), en posesión de un billete de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) con serie BX7896082, mismo que le fue entregado por el TESTIGO PROTEGIDO AD12, billete que había sido previamente seriado en las instalaciones de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) de manera posterior a la denuncia interpuesta” ANTECEDENTES 1.En fecha diez de enero de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de letras penal del departamento de Francisco Morazán, la agente fiscal, abogada Maria Victoria Cerna Mencía, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Henry Yovanny Pineda Ordoñez, por suponerlo responsable del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido AD-12. (Folios 2-5 del antecedente).2. El Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…1) Se CONDENA al señor HENRY YOVANNY PINEDA ORDOÑEZ, por haber cometido el delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de la TESTIGO PROTEGIDO AD12, a la pena de DIECIOCHO AÑOS, NUEVE MESES DE RECLUSION, que se deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Dr. Marco Aurelio Soto, en Támara de éste departamento, sujeto a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario.- 2) Se CONDENA al señor HENRY YOVANNY PINEDA ORDOÑEZ, por haber cometido el delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD12, al pago de una multa de SESENTA Y DOS Y MEDIO SALARIOS MINIMOS (62 ½), que deberá enterar en las oficinas de la Tesorería General de la República de Honduras.- 3) Asimismo se CONDENA al imputado HENRY YOVANNY PINEDA ORDOÑEZ a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena.- 4) No procede la condena en costas procesales ni personales. 5) Se declara la responsabilidad civil del señor HENRY YOVANNY PINEDA ORDOÑEZ. Y MANDA QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN EL PROCESO EL PRESENTE FALLO.” (Folios 50-51 vuelto del antecedente).3.El abogado Ramón Matamoros, en fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, compareció ante esta Sala, interponiendo recurso de revisión a favor del señor Henry Yovanny Pineda Ordoñez, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno a su representado. (Folios 1-2 del recurso de mérito).4.En fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia de aposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional habiendo comparecido el abogado Ramon Matamoros, en representación del señor Henry Yovanny Pineda Ordoñez, y la abogada Nellie Jeannette Vallejo Diaz, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. (Folios 22-25 de mérito).FUNDAMENTACIÓN I.Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . II.Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ramón Matamoros, en representación de Henry Yovanny Pineda Ordoñez, como revisionista; y, la Abogada Nellie Jeannette Vallejo Diaz, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Ramón Matamoros, en síntesis, expone que su representado fue condenado por el delito de Extorsión continuada, en perjuicio de testigo protegido clave AD12, a una pena de 18 años 9 meses de reclusión y una multa de 62.5 salarios mínimos de acuerdo al artículo 222 del código penal derogado. En consecuencia, solicita se aplique el principio de retroactividad de la ley penal sustituyéndole la pena y multa por lo establecido en el articulo 373 del Código Penal decreto 130-2017 (Ley Intermedia), que dispone para el delito de extorsión la pena de 10-15 años y multa de 500 a 1000 días. Agrega que posteriormente se realizó una reforma, no obstante, lo más beneficioso a su representado es la ley intermedia, por lo que solicita una pena mínima de 10 años y una multa de 500 días, que, a razón de 20 lempiras, equivale a 10,000 lempiras. Por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que al revisar ambas leyes penales invocadas por el compareciente y que señalan las sanciones correspondientes al delito de EXTORSION CONTINUADA, por el cual se condenó al señor HENRY YOVANNY PINEDA ORDOÑEZ, resultando que, a la fecha en que fue presentado el escrito de Recurso Extraordinario de Revisión Penal, el artículo 373 del Código Penal vigente señalado por el revisionista ya había sido reformado mediante el Decreto 93-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 01 de noviembre del 2021 y vigente a partir del día siguiente de su publicación, por lo que debe analizarse el articulo 373 reformado del Código Penal vigente que señala como penas principales a imponer al culpable del delito de EXTORSION la pena de PRISIÓN DE QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO. Agrega que de acuerdo a la dispuesto en el artículo 616 del Código Penal vigente, para determinar la Ley más favorable se debe comparar la pena que hubiera podido corresponder en el caso concreto con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor, no siendo admisible la fragmentación de las dos normas en análisis, y siendo que nos encontramos ante un delito continuado, en este caso se observa la misma regla que en el caso de concurso real, que dispone: "Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente así la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho limite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación.". En este sentido, y siendo que de conformidad a la declaración de hechos probados que contiene la sentencia de fecha veintiocho (28) de Agosto del año dos mil quince (2015), emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, y cuya revisión se solicita, el señor HENRY YOVANNY PINEDA ORDOÑEZ, fue encontrado responsable a título de autor de la comisión de varias acciones de EXTORSION, los cuales se llevaron a cabo mediante amenazas e intimidación obligando al ofendido a pagar una cantidad semanal, razón por la cual fue condenado por el delito de EXTORSION CONTINUADA, a la luz del artículo 616 del Código Penal vigente, para efectos de determinar la ley penal más favorable la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley, siendo la pena global impuesta en la sentencia la de una pena de DIECIOCHO (18) AÑOS Y NUEVE (9) meses de reclusión y una multa de 62.5 salarios mínimos, que equivalen a la cantidad de QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.530,587.50); y la pena que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley conforme a lo solicitado por el revisionista, sería de varias acciones las cuales se desarrollaron de manera semanal por el término de un año, de ahí que la pena mínima por cada delito sería de SETECIENTOS OCHENTA (780) AÑOS DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE 1040 años y esta a su vez rebajada en ¼ por la aplicación del procedimiento abreviado, por lo que no es procedente aplicar el principio de retroactividad. III. Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia sometida a revisión se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito (artículo 617 NCP 130-2017). Al apreciarse un concurso continuado (artículo 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP 130-2017) se procederá conforme a las siguientes reglas: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso continuado según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso continuado del NCP130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso continuado; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; o, c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso continuado, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite subjetivo, ii. Limite objetivo ordinario; y, iii. Limite objetivo extraordinario. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicará la pena que le sea más favorable al procesado y con ello se definirá que cuerpo normativo corresponde aplicar. IV, Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Henry Yovanny Pineda Ordoñez, las penas principales de dieciocho (18) años nueve (9) meses de reclusión y una multa de sesenta y dos y medio (62.1/2) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión continuada, en perjuicio del testigo protegido “AD12”; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Henry Yovanny Pineda Ordoñez, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión continuada (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Este margen abstracto debe aumentarse en un tercio (1/3) por la figura del concurso continuado (artículo 68 NCP 130-2017), ello porque según la sentencia revisada existe identidad de ocasión, realizó una pluralidad de acciones que ofendieron a un mismo sujeto e infringen el mismo precepto penal, por lo cual debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que en definitiva lo que ofrece un nuevo margen abstracto veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión y mil (1000) días a mil trescientos treinta y tres (1333.33) días multa en su valor máximo que equivalen de cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00) a seis millones seiscientos sesenta y cinco mil lempiras (L 6,665,000.00). Ahora bien, las penas establecidas en el párrafo anterior se rebajan en un cuarto (¼), ya que el sentenciado se sometió al procedimiento abreviado quedando como nuevo margen abstracto de quince (15) años a veinte (20) años de prisión y setecientos cincuenta (750) días a mil (1000) días multa en su valor máximo que equivalen a tres millones setecientos cincuenta mil lempiras (3,750,000.00) a cinco millones (5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, lo que lejos de beneficiar al sentenciado, más bien les perjudica. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMÓN MATAMOROS, en favor del señor HENRY YOVANNY PINEDA ORDOÑEZ. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada Bustillo Hernández. NOTIFIQUESE WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1285-2021
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL