Sentencia RP-1276-21 — Registro 19266
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión interpuesto contra las sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión en con relación a la causa que se instruyó, por el delito de extorsión, en perjuicio de testigo protegido CA62-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (12): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. En consecuencia, la comparativa de penas entre las dos (2) legislaciones penales, es decir, entre el Decreto 144-1983, por el cual se condenó al ciudadano LUIS ALBERTO ARTEAGA CHIRINOS; y el Decreto 93-2021, el cual se encontraba vigente al momento de interponerse el Recurso de revisión; determina que este último Decreto Legislativo prevé sanciones iguales, o más gravosas, que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, ahora derogado. Por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley por el delito de EXTORSIÓN, tomando en especial consideración para ello, que el recurso de revisión fue presentado por el garantista en fecha 12 de noviembre de 2021, es decir, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021.CONSIDERANDO (13): Que, la subsunción del caso bajo estudio a través de la garantía constitucional de revisión en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, exigiría la cumplimentación de los requisitos exigidos, tanto en la norma sustantiva, como en la Ley Sobre Justicia Constitucional; no siendo procedente la aplicación retroactiva de la norma penal vigente al momento de incoarse la presente garantía de revisión penal, a favor del señor LUIS ALBERTO ARTEAGA CHIRINOS; por no resultarle más benigna, que la que se encontraba vigente al momento de dictársele la sentencia condenatoria.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor LUIS ALBERTO ARTEAGA CHIRINOS, contra las sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión en fecha veinte de agosto (20) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa que se instruyó contra el señor LUIS ALBERTO ARTAGA CHIRINOS, por el delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CA62-2017. ANTECEDENTES1)Que en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de la Ceiba, departamento de Atlántida, la Abogada KENIA VANESSA GARCIA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, incoando Requerimiento fiscal contra el señor LUIS ALBERTO ARTEAGA CHIRINOS, por el delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CA62-2017.- (Folios 01 al 03 de pieza del Juzgado) 2)Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veinte (20) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) con el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión: "FALLO: PRIMERO: Que debemos Condenar y Condenamos por conformidad expresa de las partes al señor LUIS ALBERTO ARTEAGA CHIRINOS, como autor del delito consumado de EXTORSION SIMPLE, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CA62-2017, imponiéndole una pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, en el centro penal asignado, debiéndose computar la misma desde el momento en que fue detenido o privado de sus derechos a la libertad personal, más la pena de MULTA DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS (LPS 442,420.00), misma que deberá de enterarse o pagarse a favor del ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria General de la República en fase de ejecución de esta sentencia más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la pena de reclusión, así como a trabajar durante ese tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario que se les asigne de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional.- SEGUNDO: Procede declarar y declaramos la responsabilidad civil del señor LUIS ALBERTO ARTEAGA CHIRINOS, la que será determinada en la fase de ejecución de la sentencia.- TERCERO. No procede la condena al señor LUIS ALBERTO ARTEAGA CHIRINOS, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. CUARTO: No se declara el comiso de evidencia…". (Folios 96 al 99 de la pieza de Antecedentes)3)Que el recurrente, Abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante este Tribunal en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del señor LUIS ALBERTO ARTEAGA CHIRINOS, contra las sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha veinte de agosto (20) del año dos mil diecinueve (2019). 4)Que en fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, así como el respectivo cómputo de pena, ordenándose en consecuencia, la celebración de la Audiencia respectiva. 5)Que en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de apoderado legal del señor LUIS ALBERTO ARTIAGA CHIRINOS (Sic.), y la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Quien fue de la opinión que NO SE OTORGUE la presente acción de Revisión, en los términos; al colegir la representación Fiscal, que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal, no son más favorables al sentenciado; particularmente en lo que respecta a la Pena de Multa, la cual resulta más gravosa en el actual Código Penal, que la impuesta efectivamente al imputado en la sentencia sujeta a Revisión. (Folios 22 al 24 del recurso).FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO (3): Resumen de los alegatos expuestos en el escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. En fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, compareció el garantista, Abogado RAMON MATAMOROS, fundando petición en el precepto autorizante del numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado, cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. Recurso de revisión penal implementado a favor del señor LUIS ALBERTO ARTEAGA CHIRINOS, contra la sentencia condenatoria por el delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CA62-2017; que le fuera dictada por parte del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha veinte de agosto (20) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); fallo que le condena a la pena de 15 AÑOS DE RECLUSIÓN, más una pena de MULTA DE CUATROSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS (L 442,420.00), que deberá de enterarse o pagarse a favor del ESTADO DE HONDURAS. Solicitando, en definitiva, el garantista, se imponga a su defendido una pena mínima conforme a lo que se establece en el Decreto 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de mayo del año 2020; cuyo artículo 373 prescribe que, la pena para el delito de EXTORSIÓN, es de 10 a 15 años y multa de 500 días. CONSIDERANDO (4): Que el artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a.Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b.Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c.Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ey que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador.c.La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación, respecto a lo estipulado en la norma penal derogada; teniendo, como consecuencia, la aplicación de la norma que resulte más favorable.CONSIDERANDO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”.CONSIDERANDO (6): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, dado que, la revisión penal se ha solicitado conforme a lo normado en el nuevo Código Penal, en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, el cual tipifica así el delito de EXTORSIÓN: Artículo 373. “Extorsión. Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyuge, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”.Cabe mencionar que el artículo 373 del Código Penal vigente, en referencia, fue reformado por medio del Decreto No. 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Núm. 35,760 de fecha uno de noviembre del año 2021, y vigente al día siguiente de su publicación, cuyo nuevo texto dispondría:ARTÍCULO 373.- “EXTORSION. Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga a trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad.La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”.CONSIDERANDO (7): ADSCRIPCIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, la cual, una vez en vigor, forma parte de nuestro derecho interno, comprometiéndose nuestro país como Estado suscriptor originario de la Convención, a respetar los derechos y libertades en ella reconocidos. En su artículo 9, la Convención o Pacto de San José establece el Principio de Legalidad y de Retroactividad, por el cual dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha sostenido que: “… en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo.” -Lo resaltado y subrayado es añadido-.CONSIDERANDO (8): EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD exige que, toda medida limitativa de derechos fundamentales debe encontrarse prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo, en la Constitución de la República de Honduras, en el artículo 84, se lee: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional que desarrolla el artículo 1 del Código Penal: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta”.CONSIDERANDO (9): CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA LEY INTERMEDIA. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa. Para el jurista René SUAZO LAGOS reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema, otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo.”CONSIDERANDO (10): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. I. Que, del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal, se observa que el ciudadano LUIS ALBERTO ARTEAGA CHIRINOS, fue sujeto de sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha veinte de agosto (20) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), por el delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CA62-2017; condenándosele a la pena de 15 AÑOS DE RECLUSIÓN más una pena de MULTA DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS (L 442,420.00), misma que deberá de enterar o pagar a favor del ESTADO DE HONDURAS. Para la Sala de lo Constitucional, el presente caso no se subsume en el artículo 96 causal número ocho de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una ley intermedia que no resulte beneficiosa; a la luz del brocardo latino Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se relaciona con el que dice: Iura novit curiae (El juzgador conoce el derecho); en virtud de no ser más benigna la legislación penal contenida en el Decreto No. 93-2021, en vigencia al momento de presentarse la presente garantía constitucional de Revisión Penal.CONSIDERANDO (11): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. II. Que, conforme a las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017 para el delito de Extorsión, el artículo 373 prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; de no concurrir la agravante específica al delito de Extorsión, contenida en el numeral 1) del artículo 374 de la misma norma. De ello se desprendería, que el referido Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, contemplaría, aparentemente, una pena privativa de libertad más benigna, en relación con el delito de Extorsión, según contemplado en el Decreto 144-1983; bajo el cual resultó condenado el ciudadano LUIS ALBERTO ARTEAGA CHIRINOS. No obstante, tal norma penal fue reformada posteriormente, mediante el Decreto 93-2021, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021, con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. En ese orden de ideas, aun y cuando no lo hubiere peticionado expresamente el garantista, Abogado RAMON MATAMOROS, resulta de obligatoria aplicación la Ley Intermedia vigente cuando se promovió el Recurso de Revisión bajo estudio, denotando que, el momento temporal en que se promovió el presente recurso, se encontraba ya en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto Legislativo que incrementa nuevamente las penas, para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Como lo ha indicado la Fiscal para la Defensa de la Constitución, en la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, celebrada ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional; al manifestar que no debía otorgarse la presente acción de revisión, en vista a que las disposiciones contenidas en la reforma del Código Penal, en comparando, no resultan más favorables al sentenciado; pues la pena de reclusión impuesta, en el caso concreto, resultaría también imponible con arreglo al Código Penal vigente. Y, en lo que respecta a la pena de multa, resultaría ésta inclusive, más gravosa para el delito en mención. - Por todo lo cual, con base a lo establecido en los artículos 53 y 616 del Código Penal vigente, no resultaría aplicable la causal contenida en el artículo 96 de la Constitución de la República, respecto a la no retroactividad de las leyes penales salvo caso de favorabilidad para el procesado o delincuente.CONSIDERANDO (12): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. En consecuencia, la comparativa de penas entre las dos (2) legislaciones penales, es decir, entre el Decreto 144-1983, por el cual se condenó al ciudadano LUIS ALBERTO ARTEAGA CHIRINOS; y el Decreto 93-2021, el cual se encontraba vigente al momento de interponerse el Recurso de revisión; determina que este último Decreto Legislativo prevé sanciones iguales, o más gravosas, que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, ahora derogado. Por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley por el delito de EXTORSIÓN, tomando en especial consideración para ello, que el recurso de revisión fue presentado por el garantista en fecha 12 de noviembre de 2021, es decir, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021.CONSIDERANDO (13): Que, la subsunción del caso bajo estudio a través de la garantía constitucional de revisión en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, exigiría la cumplimentación de los requisitos exigidos, tanto en la norma sustantiva, como en la Ley Sobre Justicia Constitucional; no siendo procedente la aplicación retroactiva de la norma penal vigente al momento de incoarse la presente garantía de revisión penal, a favor del señor LUIS ALBERTO ARTEAGA CHIRINOS; por no resultarle más benigna, que la que se encontraba vigente al momento de dictársele la sentencia condenatoria. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 69, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; y Decreto 93-2021 publicado en La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021. FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado RAMON MATAMOROS, a favor del ciudadano LUIS ALBERTO ARTEAGA CHIRINOS. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1276-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL