Sentencia RP-127-22 — Registro 18949
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia Condenatoria por el delito de extorsión, en perjuicio de testigo protegido AB19.Que el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al recurrente y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el ciudadano Fernando Antonio Sierra Ríos, fue condenado por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la sentencia definitiva y firme, en aplicación del Procedimiento Abreviado en fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete, a la pena principal de ONCE (11) AÑOS, 3 MESES DE RECLUSIÓN y MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB19; asimismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; así como también a realizar trabajos en obras públicas dentro del establecimiento penitenciario, por el tiempo que dure la condena principal. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia definitiva condenatoria de fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete, a través de la cual se condenó al ciudadano Fernando Antonio Sierra Ríos, el Juez aplicó lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Extorsión. III. Esta Sala considera que el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en aplicación de una ley intermedia, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal, en virtud de no ser más benigna la ley en vigencia al momento de la petición de la Garantía Constitucional de Revisión, el decreto No. 93-2021. CONSIDERANDO (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al ciudadano Fernando Antonio Sierra Ríos, la pena de ONCE (11) AÑOS, 3 MESES DE RECLUSIÓN y MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB19; asimismo las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; así como también a realizar trabajos en obras públicas dentro del establecimiento penitenciario, por el tiempo que dure la condena principal, por haber sido encontrado responsable del delito de Extorsión, en perjuicio Testigo Protegido AB19. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si bien el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, disponía penas más benignas en relación con el delito de Extorsión, en comparación con el Decreto 144-1983, con el cual fue condenado el ciudadano Fernando Antonio Sierra Ríos, la norma que contiene la tipificación del delito de Extorsión, fue reformada posteriormente mediante Decreto 93-2021, Decreto que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021 y con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; en ese orden de ideas cuando el garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto que de nuevo incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; penas a las que se le debe rebajar un cuarto (1/4) por la aplicación del Procedimiento Abreviado, por lo tanto la pena abstracta a imponer quedaría en once (11) años, tres (3) meses a quince (15) años de prisión y multa de 375 a 500 días; como bien lo indica la Fiscal del Despacho, en la Audiencia de Oposición celebrada, al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, determinando la cantidad de cinco mil lempiras (Lps. 5,000.00) de mayor nivel, en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético corresponde una multa de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS: 1,875,000) A DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,500,000). La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al ciudadano Fernando Antonio Sierra Ríos y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia en favor del ciudadano Fernando Antonio Sierra Ríos, en atención a que el recurso de revisión fue presentado en fecha 19 de enero del año 2022, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021.
Legislación citada
- Código Penal, art. 222 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 8 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a.Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c.Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a.Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable."
Legislación citada
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor FERNANDO ANTONIO SIERRA RIOS, contra la sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cinco (5) de junio del año dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa que se instruyó contra el señor FERNANDO ANTONIO SIERRA RIOS, siendo condenado por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB19.ANTECEDENTES 1)Que en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil diecisiete (2017), el Ministerio Público, a través de su Agente de Tribunales Abogada KARLA ZAVALA, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor FERNANDO ANTONIO SIERRA RIOS, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AB19”. (Folios del 2-6 de la pieza de antecedentes del A-quo)2)Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha cinco (5) de junio del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Que se debe condenar y se condena al señor FERNANDO ANTONIO SIERRA RIOS, por su culpabilidad en el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB19, a LA PENA DE ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSION; Asimismo se condena al pago de UNA MULTA EQUIVALENTE A TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO, (37.5), SALARIOS MINIMOS, la cual deberá hacerla efectiva en la Tesorería General de la República, cumpliendo la pena en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Que se debe condenar y se condena al señor FERNANDO ANTONIO SIERRA RIOS, como consecuencia de la condena de reclusión a las penas accesorias INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo de la condena principal y a realizar trabajos en obras públicas dentro del establecimiento Penitenciario Nacional, por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio. CUARTO: En vista de que las partes renunciaron a los términos para interponer recursos; Se tiene por firme la sentencia de mérito y se ordena se certifique la misma y se envíe con el expediente de la causa al Juzgado de Ejecución de esta Sección Judicial…” (Folios del 55-59 de la pieza de antecedentes del A-quo).3)Que el recurrente Abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante este Tribunal de Justicia Constitucional en fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil veintidós (2022), presentando Recurso de Revisión Penal a favor del señor FERNANDO ANTONIO SIERRA RIOS, contra la sentencia condenatoria en fecha cinco (5) de junio del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, solicitando se aplique a su representado el nuevo Código Penal Decreto 130-2017, en atención al principio de retroactividad de la Ley penal más favorable. (Folios del 1-4 de los autos) 4)Que en fecha uno (1) de junio del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de apoderado legal del señor FERNANDO ANTONIO SIERRA RIOS y la Abogada SOBREIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal; asimismo la Fiscalía fue de la opinión porque “se declare sin lugar la Garantía Constitucional de Revisión interpuesta por el abogado defensor RAMON MATAMOROS a favor del encartado FERNANDO ANTONIO SIERRA RIOS, por no favorecerle la aplicación retroactiva de la ley penal”. (Folios del 27-29 de los autos)CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista expone que el Recurso de Revisión Penal consiste en el cambio de la pena concreta que se impuso al ciudadano Fernando Antonio Sierra Ríos, de la pena de 11 años, 3 meses de reclusión y multa de 37.5 salarios mínimos, del artículo 222 del Código Penal derogado, por la reforma vigente del Código Penal, establecida en el artículo 373 del mismo cuerpo legal; en relación con el principio de la retroactividad de la ley penal, establecida en el artículo 615 y 616, por lo que sería más recomendable imponer una pena conforme a lo que establece nuestra norma penal en el Decreto 130-2017, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de mayo del año 2020, en su artículo 373 la pena para el delito de Extorsión es de 10 a 15 años y multa de 500 días. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha uno de junio del año dos mil veintitrés, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Ramon Matamoros, como garantista a favor del ciudadano Fernando Antonio Sierra Rios y la abogada Sobreida Isabel Zapata Grande, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Se le cedió la palabra a la parte recurrente, al abogado Ramón Matamoros, para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: Se solicita muy respetuosamente que se aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal al señor Fernando Antonio Sierra Ríos, por el delito de Extorsión Simple, en perjuicio de Testigo Protegido AB-19, a una pena de 11 años 3 meses y una multa de 37.5 salarios mínimos por haber aceptado la figura de procedimiento abreviado se le debe rebajar ¼ parte de la pena y multa del artículo 222 del Código Penal derogado. Sustituirle la pena y multa por el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia), en donde establece que para el delito de Extorsión la pena es de 10 a 15 años y una multa de 500 a 1000 días. Que lo más beneficioso para para los intereses personales de la condenada es la ley intermedia, en donde se solicita una pena mínima de 7 años 6 meses, multa de 375 días a razón de 20, equivalente 7,500 Lps… Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Sobreida Isabel Zapata Grande quien hizo uso de la palabra consideró: … 3. El Ministerio Público al hacer el examen de los antecedentes y alegaciones del recurrente a favor de FERNANDO ANTONIO SIERRA RIOS, vemos que la pena que se impuso con el Código Penal decreto 144-1983 articulo 222 (derogado) fue de 11 años 3 meses de reclusión y multa de 37.5 salarios mínimos; y el Código Penal según decreto 130-2017 publicado el 10 de mayo del 2020 que deroga el anterior código contempla la extorsión en el artículo 373 con la pena abstracta de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días; sin embargo dicha norma fue reformada mediante Decreto No. 93-2021, vigente a partir del 01 de noviembre del presente año (norma vigente previo a la presentación del recurso de revisión), contemplando una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; la que a su vez debe ser rebajada en ¼ por la aplicación de procedimiento abreviado, por lo que correspondería una pena abstracta de ONCE AÑOS TRES MESES A QUINCE (15) AÑOS DE PRISION y una multa que oscila entre 375 a 500 días multa. 4. advirtiéndose de esta manera que la norma sustantiva vigente no le asiste como mas favorable en virtud que contempla una pena igual a la que fue sentenciado, aunado que la pena de multa supera la cantidad que le fue impuesta, al corresponder aplicar el nivel mas alto; es así, que al aplicar el articulo 53 de dicho cuerpo legal, que establece el sistema de días Multa, determinando la cantidad de Cinco Mil lempiras (LPS. 5000.00) de mayor nivel, por ende, al efectuar el cálculo aritmético corresponde una multa de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS. 1,875,000) a DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,500,000). 5. De las comparaciones de penas establecidas para el delito de extorsión conforme el decreto 130-2017 cuya norma fue reformada mediante decreto 93-2021 no resulta que éstas sean mas favorables que las establecidas en el Código Penal de 1983, al resultar la pena abstracta de 11 años 3 meses a 15 años de prisión y la pena de multa resulta mas onerosa que la impuesta en la sentencia que se pretende rever (Lps. 364,444.87). Pronunciamiento Final del Ministerio Público. Que se declare sin lugar la Garantía Constitucional de Revisión interpuesta.CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a.Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c.Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a.Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c.La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.CONSIDERANDO (7): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (8): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el ciudadano Fernando Antonio Sierra Ríos, fue condenado mediante sentencia definitiva dictada en fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete, por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, aplicando la Institución Jurídica del Procedimiento Abreviado, por el delito de Extorsión Simple, tipificado en el Artículo 222 de la norma derogada que disponía:Artículo 222 “Comete el delito de extorsión, quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros, el culpable de Extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por lo actos de violencia física realizados. La extorsión se considera consumada y responderán como autores con independencia de si se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación, el que realice la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva, así como quien participe en la recolección de dinero en forma personal, por medio de transferencias electrónicas o a través de sus cuentas en instituciones financieras o, reciba bienes así como cualquier tipo de beneficio producto del delito.Se aumentará la pena en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias…”Asimismo, en los artículos 403 y 404 del Código Procesal Penal, se desarrolla lo relativo al procedimiento especial del Procedimiento Abreviado, estableciendo en su orden: Artículo 403. “Casos en que procede el Procedimiento Abreviado. Salvo el caso de reincidencia, a solicitud conjunta del Ministerio Público y del imputado, se seguirá el procedimiento abreviado para la investigación y sanción de toda clase de delitos de acción pública, si concurren los requisitos siguientes: …”.Artículo 404. “Trámite de la Solicitud de Procedimiento Abreviado. Admitida la solicitud del procedimiento abreviado, el respectivo juez convocará a las partes a una audiencia que se celebrará en un plazo no menor de veinte (20) días ni mayor de treinta (30) días, contados a partir de la fecha del auto de admisión, en la cual se oirá al imputado, a la víctima y al Ministerio Público, y recibirá la prueba relativa a las circunstancias previstas en el Código Penal, para la determinación de la pena concreta… Cumplido lo prescrito en el párrafo primero, el Juez dictará sentencia imponiendo las penas que correspondan, rebajadas en un (1/4) cuarto. La rebaja podrá llegar hasta la tercera parte, cuando el imputado haya procedido a reparar las consecuencias del delito perjudiciales para la víctima” La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 373 el delito de Extorsión el que dispone: Artículo 373. “Extorsión. Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyuge, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”. CONSIDERANDO (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (11): CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA LEY INTERMEDIA. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisionomía normativa. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”.CONSIDERANDO (12): Que en el caso sub júdice, el peticionario Abogado Ramon Matamoros, compareció ante este Alto Tribunal en fecha diecinueve (17) de enero del año dos mil veintidós (2022), interponiendo recurso de revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representado el ciudadano Fernando Antonio Sierra Ríos, fue condenado por el delito de Extorsión Simple estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión a saber: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días-. En su petición, el garantista solicita la aplicación de la Ley Intermedia, o sea el Decreto 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal, por contener penas más benignas para el delito de Extorsión, no obstante, a ello de la foliada del escrito de interposición de la Acción Constitucional de Revisión, se advierte que el mismo fue presentado en fecha 19 de enero del año 2022, cuando se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión a saber: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto-. En el caso en estudio nos encontramos ante la situación de la promulgación de una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, ello es así pues el ciudadano Fernando Antonio Sierra Ríos, fue condenado por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal, pero tal petición la realiza en fecha 19 de enero del año 2022, estando vigente el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como líneas arriba se dijo. CONSIDERANDO (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el ciudadano Fernando Antonio Sierra Ríos, fue condenado por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la sentencia definitiva y firme, en aplicación del Procedimiento Abreviado en fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete, a la pena principal de ONCE (11) AÑOS, 3 MESES DE RECLUSIÓN y MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB19; asimismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; así como también a realizar trabajos en obras públicas dentro del establecimiento penitenciario, por el tiempo que dure la condena principal. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia definitiva condenatoria de fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete, a través de la cual se condenó al ciudadano Fernando Antonio Sierra Ríos, el Juez aplicó lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Extorsión. III. Esta Sala considera que el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en aplicación de una ley intermedia, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal, en virtud de no ser más benigna la ley en vigencia al momento de la petición de la Garantía Constitucional de Revisión, el decreto No. 93-2021. CONSIDERANDO (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al ciudadano Fernando Antonio Sierra Ríos, la pena de ONCE (11) AÑOS, 3 MESES DE RECLUSIÓN y MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB19; asimismo las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; así como también a realizar trabajos en obras públicas dentro del establecimiento penitenciario, por el tiempo que dure la condena principal, por haber sido encontrado responsable del delito de Extorsión, en perjuicio Testigo Protegido AB19. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si bien el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, disponía penas más benignas en relación con el delito de Extorsión, en comparación con el Decreto 144-1983, con el cual fue condenado el ciudadano Fernando Antonio Sierra Ríos, la norma que contiene la tipificación del delito de Extorsión, fue reformada posteriormente mediante Decreto 93-2021, Decreto que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021 y con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; en ese orden de ideas cuando el garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto que de nuevo incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; penas a las que se le debe rebajar un cuarto (1/4) por la aplicación del Procedimiento Abreviado, por lo tanto la pena abstracta a imponer quedaría en once (11) años, tres (3) meses a quince (15) años de prisión y multa de 375 a 500 días; como bien lo indica la Fiscal del Despacho, en la Audiencia de Oposición celebrada, al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, determinando la cantidad de cinco mil lempiras (Lps. 5,000.00) de mayor nivel, en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético corresponde una multa de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS: 1,875,000) A DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,500,000). La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al ciudadano Fernando Antonio Sierra Ríos y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia en favor del ciudadano Fernando Antonio Sierra Ríos, en atención a que el recurso de revisión fue presentado en fecha 19 de enero del año 2022, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 número 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 69, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; y Decreto 93-2021 publicado en La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor FERNANDO ANTONIO SIERRA RIOS; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada Francisca Villela Zavala.- NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0127-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL