Sentencia RP-1267-21 — Registro 17302
Resumen
Se interpuso recurso de revisión penal por el delito como autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, por el cual se le imponen las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa equivalente a un millón de lempiras (L 1,000,000.00); la pena de reclusión deberá cumplirla en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente, y, la pena de multa deberá enterarla a la Tesorería General de la República; quedando obligado a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional; además, se le imponen las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la condena.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Jorge David Galeas Licona, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de un millón de lempiras (L 1,000,000.00), por ser autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio la Salud de la Población del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Jorge David Galeas Licona, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo (artículo 311), cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacionallistaamarilla:https://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: ttps://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971.En el caso del señor Jorge David Galeas Licona, conforme a los hechos probados se encontraba bajo su égida con un total de 968,5 gramos de cocaína, una droga que causa grave daño a la salud, conducta que sanciona el NCP 130-2017 (artículo 311) con un marco penal abstracto de 7 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500. A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, pues la pena privativa de la libertad le es más favorables al sentenciado en comparación con la contemplada en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del NCP 130-2017. Como siguiente paso, corresponde determinar dentro del marco penal abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del NCP. En la sentencia de instancia no se determinó la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que agravasen el quantum de la pena, y atendiendo las circunstancias personales del condenado, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer las penas en su límite mínimo: i. siete (7) años de prisión; y, ii. Multa de 100 días en su valor mínimo (L 20.00), que equivalen a dos mil lempiras (L 2,000.00).”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua a los treinta (30) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1267-2021, promovido por el Abogado Ramón Matamoros, en favor de Jorge David Galeas Licona, contra la sentencia de fecha dieciocho (18) de junio de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Jorge David Galeas Licona, como autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, por el cual se le imponen las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa equivalente a un millón de lempiras (L 1,000,000.00); la pena de reclusión deberá cumplirla en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente, y, la pena de multa deberá enterarla a la Tesorería General de la República; quedando obligado a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional; además, se le imponen las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la condena. Segundo: Declaró al condenado civilmente responsable. Tercero: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes: 1) Abogado Ramón Matamoros, en representación de Jorge David Galeas Licona, como revisionista; 2) Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, fiscal del Ministerio Público.3) Abogado Pedro Enrique Escobar Corea, representante de la Procuraduría General de la República. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “ÚNICO: Que en fecha 10 de junio de 2017, los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión de la ciudad de Choluteca, tenían conocimiento por alertas emitidas por la Unidad de Intervención de las Comunicaciones (UIC) de que ese día el señor Jorge David Galeas y otras personas habían planificado el intercambio o transacción de la droga. Es así que a eso de las 13:45 horas, un equipo de investigación se hizo presente al lugar que se había identificado como el lugar de encuentro, donde efectivamente se identificaron dos objetivos, los cuales eran dos vehículos ubicados estos a inmediaciones del bulevar Chorotega de la ciudad de Choluteca, por lo que, los agentes proceden a requerir a los dos vehículos, entre estos un Kia, tipo turismo, color blanco, placa PBD 4097, el cual era conducido por una persona del sexo masculino y como copiloto venía el señor Jorge David Galeas Licona, quien llevaba abajo del asiento la cantidad de 968,5 gramos de cocaína la cual entregarían a cambio de dinero; simultáneamente se requirió el otro vehículo tipo camioneta, modelo Nissan, y a sus dos ocupantes, en este vehículo el piloto era una persona de sexo masculino y el copiloto era una persona del sexo femenino, quienes eran las personas que recibirían la droga, quienes al ser requeridas se les encontró en posesión de dinero en diferentes denominaciones y monedas. ”Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha once (11) de julio del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, la Abogada Dilia Alvarado Carrasco, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Jorge David Galeas Licona y otros, por considerarlos autores penalmente responsables del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia en fecha dieciocho (18) de junio de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual falló condenar a Jorge David Galeas Licona, a las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa equivalente a un millón de lempiras (L 1,000,000.00), por ser autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio la Salud de la Población del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Ramón Matamoros en representación de Jorge David Galeas Licona, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha doce (12) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha dieciocho (18) de junio de dos mil diecinueve (2019), por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021) (f. 7). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido el Abogado Ramón Matamoros, en representación de Jorge David Galeas Licona, como revisionista; la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de fiscal del Ministerio Público; y, el Abogado Pedro Enrique Escobar Corea, representante de la Procuraduría General de la República; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que rectifica el contenido del recurso de revisión en el sentido de no contemplar la agravante contenida en el artículo 312 del NCP 130-2017, razón por la cual considera que la pena que corresponde es de 7 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días según establece el artículo 311. Por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que se otorgue el recurso de revisión interpuesto, en virtud que en el caso sub judice corresponde la pena abstracta de 7 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Entretanto, la Procuraduría General de la República fue del criterio que encuentra que la nueva ley penal le es menos gravosa al sentenciado en relación a la pena impuesta en la sentencia, por lo cual considera procedente la retroactividad de la ley penal. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ramón Matamoros, en representación de Jorge David Galeas Licona, como revisionista; la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña; y, el Abogado Pedro Enrique Escobar Corea, representante de la Procuraduría General de la República. La Abogada Ramón Matamoros funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que rectifica el contenido del recurso de revisión en el sentido de no contemplar la agravante contenida en el artículo 312 del NCP 130-2017, razón por la cual considera que la pena que corresponde es de 7 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días según establece el artículo 311 del mismo código. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público emitió opinión en el sentido que se otorgue el recurso de revisión interpuesto, en virtud que en el caso sub judice corresponde la pena abstracta de 7 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Y, la Procuraduría General de la República fue del criterio que encuentra que la nueva ley penal le es menos gravosa al sentenciado en relación a la pena impuesta en la sentencia, por lo cual considera procedente la retroactividad de la ley penal. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Jorge David Galeas Licona, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de un millón de lempiras (L 1,000,000.00), por ser autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio la Salud de la Población del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Jorge David Galeas Licona, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo (artículo 311), cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacionallistaamarilla:https://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971.En el caso del señor Jorge David Galeas Licona, conforme a los hechos probados se encontraba bajo su égida con un total de 968,5 gramos de cocaína, una droga que causa grave daño a la salud, conducta que sanciona el NCP 130-2017 (artículo 311) con un marco penal abstracto de 7 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500. A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, pues la pena privativa de la libertad le es más favorables al sentenciado en comparación con la contemplada en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del NCP 130-2017. Como siguiente paso, corresponde determinar dentro del marco penal abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del NCP. En la sentencia de instancia no se determinó la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que agravasen el quantum de la pena, y atendiendo las circunstancias personales del condenado, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer las penas en su límite mínimo: i. siete (7) años de prisión; y, ii. Multa de 100 días en su valor mínimo (L 20.00), que equivalen a dos mil lempiras (L 2,000.00).POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: Primero: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Jorge David Galeas Licona. Segundo: Se Anula Parcialmente la sentencia definitiva firme dictada en fecha dieciocho (18) de junio de dos mil diecinueve (2019), por el por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Tercero: Se Reforman las penas impuestas al señor Jorge David Galeas Licona, por el delito Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, las cuales deberán leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor Jorge David Galeas Licona, por ser autor responsable penalmente del delito Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud Pública del Estado de Honduras, a las penas siguientes: i. Siete (7) años de prisión, a la cual deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017; ii. Multa de cien días en su valor mínimo (L 20.00) que equivalen a dos mil lempiras (L 2,000.00). Asimismo, como consecuencia de la pena de prisión, se le condena también a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2).” Cuarto: Se dejan incólumes los demás pronunciamientos no afectados por el presente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el magistrado Wagner Vallecillo Paredes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1267-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL