Sentencia RP-1261-22 — Registro 19123
Resumen
Se interpone Recurso de Revisión de la sentencia definitiva en el juicio seguido por delito de Secuestro, por entrar en vigencia legislación mas favorable; realizado el estudio es declarada sin lugar porque no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión solicitada en base al principio de retroactividad.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en los hechos probados y la fundamentación jurídica se estableció que los condenados FREDDY RENAN ANTUNEZ PADILLA Y JUAN PABLO RIVERA LICONA, al momento de cometer el delito de Secuestro, le dieron muerte al señor Franklin David Paguada Cárcamo, estimando el Tribunal Juzgador imponer la pena máxima señalada para el delito de Secuestro a los condenados ANTUNEZ Y RIVERA. En tal sentido, la pena a aplicar con el Nuevo Código es igual a la impuesta en la sentencia venida en Revisión, para el delito de SECUESTRO. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se no cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que no es procedente la aplicación retroactividad en favor de los condenados FREDDY RENAN ANTUNEZ PADILLA Y JUAN PABLO RIVERA LICONA, porque la nueva norma vigente no le resulta más benigna..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…" En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en los hechos probados y la fundamentación jurídica se estableció que los condenados FREDDY RENAN ANTUNEZ PADILLA Y JUAN PABLO RIVERA LICONA, al momento de cometer el delito de Secuestro, le dieron muerte al señor Franklin David Paguada Cárcamo, estimando el Tribunal Juzgador imponer la pena máxima señalada para el delito de Secuestro a los condenados ANTUNEZ Y RIVERA. En tal sentido, la pena a aplicar con el Nuevo Código es igual a la impuesta en la sentencia venida en Revisión, para el delito de SECUESTRO. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se no cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que no es procedente la aplicación retroactividad en favor de los condenados FREDDY RENAN ANTUNEZ PADILLA Y JUAN PABLO RIVERA LICONA, porque la nueva norma vigente no le resulta más benigna..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en los Recursos de Revisión Penal, interpuestos, ambos recursos, por los Abogados Brenda Janeth Cruz Hernández y Rony Alfredo Lanza Cruz, a favor del señor Freddy Renán Antúnez Padilla; asimismo, del señor Juan Pablo Rivera Licona (Reg. No. SCO-1261-2022 y SCO-1291-2022), contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo, departamento de Colón, en fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra los señores Freddy Renan Antúnez Padilla y Juan Pablo Rivera Licona, por suponerlos responsables del delito de Secuestro Agravado en perjuicio de Franklin David Pagoada. (Exp. No. 531-2018).ANTECEDENTES 1)Que en fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Que debemos condenar y al efecto condenamos a los encausados Fredy Renán Antúnez Padilla y Juan Pablo Rivera Licona, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autores penalmente responsables del delito de Secuestro Agravado en perjuicio de quien en vida fuera el joven Franklin David Paguada Cárcamo, a la pena principal de cuarenta y un (41) años con seis (6) meses de reclusión; mismas que se han de computar desde el día en que fueron aprehendidos por esta causa, debiendo cumplir las penas, en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto de la Aldea Tamara, Francisco Morazán. SEGUNDO: Que debemos condenar y al efecto condenamos a los encausados Fredy Renán Antúnez Padilla y Juan Pablo Rivera Licona como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal, asimismo a trabajar por el tiempo de la misma, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil de los encausados Fredy Renán Antúnez Padilla y Juan Pablo Rivera Licona, por la indemnización de daños y perjuicios derivados de los delitos por los que han sido condenados, los que serán objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas personales ni procesales de los encausados Fredy Renán Antúnez Padilla y Juan Pablo Rivera Licona, como tampoco los gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: Se decreta el comiso de la evidencia siguiente: a) un teléfono celular marca Samsung, color negro, con IMEI 3517000405963015, con número telefónico 9829-6302.- b) Un teléfono celular marca Black Berry 8520, color rojo vino con negro, IMEI 351892050215123 y con número telefónico 9868-8977; para que se decida su destino en la etapa de ejecución de sentencia. Notificar ésta sentencia a las partes procesales, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer el recurso de casación dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, a partir de la última notificación. Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos…” (Folios 801-824 del tomo II).2)En fecha diecisiete y veintitrés de agosto de dos mil veintidós, respectivamente, esta Sala, tuvo por recibidos los Recursos de Revisión Penal, los Abogados Brenda Janeth Cruz Hernández y Rony Alfredo Lanza Cruz, a favor del señor Freddy Renan Antúnez Padilla, asimismo, del señor Juan Pablo Rivera Licona (Reg. No. SCO-1261-2022 y SCO-1291-2022), acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para sus representados. 3)En fecha uno y veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Luis Alonso Discua Cerrato, con la comparecencia de las Abogadas Sobeida Isabel Zapata Grande y XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y los Abogados Rony Alfredo Lanza Cruz y Brenda Janeth Cruz Hernández, en su condición de Apoderados Legales del señor Juan Pablo Rivera Licona y Fredy Renán Antúnez Padilla. El apoderado legal del condenado solicita, que: “Se aplique el beneficio de retroactividad que está contemplado en los artículos 96 de la Constitución de la República, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, artículo 1 párrafo 4 del Código Penal y demás leyes aplicables a este caso.” El Ministerio Público fue de la opinión que: “…II. ANÁLISIS JURÍDICO: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Nuevo Código Penal Vigente, el delito por el cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el articulo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2), 3) 4), 5) 6)7), 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…”, relacionado con los artículos 615 y 616 del Código Penal. Que de la revisión de ambas leyes penales se aprecia que el delito de SECUESTRO AGRAVADO, por el cual se condenó al hoy imputado JUAN PABLO RIVERA LICONA, se sancionaba en el artículo 192 del Código Penal derogado, en cuyo numeral 1) dispone: "1) La pena aplicable será de cuarenta (40) años de reclusión a privación de la libertad de por vida si ocasionare o diere lugar a la muerte del secuestrado..."; mientras que el Código Penal Vigente, regula esa misma conducta en el Artículo 240, en cuyo último párrafo señala: "Si se causa, dolosa o imprudentemente, la muerte del secuestrado, se debe imponer la de prisión pena perpetuidad", tal como se desprende de la declaración de hechos probados expuestos en la sentencia objeto de revisión, en el cual se establece que el día 31 de diciembre del año 2014, como a eso de las cinco de la tarde, se encontró el cuerpo sin vida del joven FRANKLIN DAVID PAGUADA CARCAMO; de aquí que el tribunal sentenciador en el apartado de la valoración de la fundamentación jurídica, expone en el considerando tercero que ...en el caso de mérito, los encausados dirigieron su mediante accionar un plan preconcebido de privar de la libertad personal y mantener bajo vigilancia al ofendido, no bastándoles, sino hasta que le quitaron la vida, tal solo porque sus familiares no cumplieron las exigencias de pagar cinco millones de lempiras por su liberación". Conforme 10 antes expuesto, esta representación fiscal, es del criterio que la Sentencia Condenatoria en la que se le dictó una pena de CUARENTA Y UN AÑOS (41) SEIS (6) MESES de reclusión, por el delito de SECUESTRO GRAVADO, en perjuicio de FRANKLIN DAVID PAGUADA CARCAMO, en comparación que correspondería aplicarle al sentenciado conforme las disposiciones contenidas en el Código Penal vigente no resultan más favorables, ya que su conducta de reproche penal es castigada a con la pena de prisión perpetuidad, por lo que NO a es factible la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal al resultar más gravosa la pena, conforme los criterios establecido en el artículo 615 y 616 de la norma penal en comento. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público conforme al principio de favorabilidad y en aplicación del artículo 96 Constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 615 del decreto 130-2017 relativo al principio de Retroactividad NO es procedente su aplicación…” (Folios 66-68 del recurso de mérito). HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISION“Primero: El día sábado veintisiete de diciembre del año dos catorce, entre las siete a siete y media de la noche aproximadamente, el joven Franklin David Paguada Cárcamo de diecinueve años de edad, se encontraba en el interior de su casa de habitación ubicada en el Barrio El Centro, Aldea Elixir, municipio de Saba, Departamento de Colón, en compañía de varias personas, entre ellos los testigos protegidos Clave 8, Clave 2 y Clave X; cuando en ese momento ingresaron a la vivienda tres individuos fuertemente armados con armas de fuego cortas, uno entro por la puerta de atrás, con su rostro descubierto y tenía las características físicas siguientes: Trigueño, fornido, no tan alto ni tan bajo, barba como candadito y gorra negra, quien posteriormente fue identificado con el nombre de Freddy Renán Antúnez Padilla; y por la puerta de enfrente entraron los otros dos con sus rostros cubiertos con pasamontañas, quienes los encañonaron con las armas de fuego que portaban y les dijeron que no se movieran y que no les iba pasar nada, los pusieron boca abajo, los amarraron de sus manos con cabuya y cordones de zapatos, los despojaron de sus teléfonos celulares con números 9777-4787, 9519-7032 y 9600-8839; luego los encerraron en uno de los cuartos de la vivienda; llevándose únicamente al joven Franklin David Paguada Cárcamo, en un vehículo que tenía las características físicas siguientes: Marca Ford, Tipo Pickup, doble cabina, con paila, color negro, vidrios oscuros y que era conducido por una persona que posteriormente fue identificado con el nombre de Juan Pablo Rivera Licona. SEGUNDO: El testigo protegido Clave XX, en ese momento se encontraba comprando en una pulpería que está a una cuadra de distancia de la vivienda y al enterarse que se habían llevado a su hermano Franklin David Paguada Cárcamo, de inmediato le dio persecución en una motocicleta a dicho vehículo, color negro pero no pudo alcanzarlo y tampoco lo ubico durante esa noche; y ese mismo día veintisiete de diciembre del año dos mil catorce, a las once con veintitrés minutos de la noche, los familiares del joven Franklin David Paguada Cárcamo, recibieron una llamada del teléfono celular 9777-4787 con ubicación en el sector de Tocoa Sureste, con destino al teléfono celular 9631-8663 con ubicación en el sector de Elixir, Colón, exigiendo el pago de un rescate por la cantidad de cinco millones de lempiras (Lps.5,000.000.00), a cambio de su liberación. TERCERO: El siguiente día domingo veintiocho de diciembre del año dos mil catorce, como a eso de las dos de la tarde, el testigo Protegido Clave XX, se encontraba en la Gasolinera Texaco de la ciudad de Saba, Colón, cargado de combustible su motocicleta, cuando de repente miró pasar por enfrente y despacio ese mismo vehículo, color negro en el que habían llevado a su hermano Franklin David Paguada Cárcamo; y de nuevo procedió a darle persecución, pero ellos se dieron cuenta que los iban siguiendo y uno de sus ocupantes se tiró del vehículo con una arma de fuego en mano y una maleta, y salió corriendo hacia una quebrada; y el vehículo siguió su camino a alta velocidad y se bajaron dos individuos del vehículo y se introdujeron al cementerio, entonces llamó a la policía preventiva para que procedieran a la detención de estas personas sospechosas, quienes fueron detenidas por la policía en el preciso momento en que iban saliendo del cementerio a abordar el vehículo; uno de ellos era alto, gordo con candado y fue identificado con el nombre de Juan Pablo Rivera Licona, con tarjeta de identificad número 1505-1984-00124, a quien se le decomiso un teléfono celular marca Black Berry 8520 color rojo vino con negro, IMEI 351892050275123 y con número 9868-8977; y un vehículo marca Ford, tipo pick up, color negro, placa PCF-8278, año 2003 y el otro era medio trigueño, fornido de bigote y calzadito de barba y fue identificado con el nombre de Fredy Renán Antúnez Padilla, con tarjeta de identidad número 0209-1987-00079, a quien se le decomiso un teléfono celular marca Samsung, color negro, con IMEI 3517000405963016 y número telefónico 9829-6302, quienes fueron puestos juntamente con las evidencias decomisadas a la orden de las autoridades correspondientes. CUARTO: El día miércoles treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce, como a eso de las cinco de la tarde, se encontró el cuerpo sin vida del joven Franklin David Paguada Cárcamo, en posición decúbito dorsal sobre piso de tierra y maleza a orilla del rio aguan, dentro de unos cultivos de palma africana a la altura de la Aldea Luxon Palmeras del Municipio de Saba, Colón, quien presentaba una herida por arma de fuego de carga múltiples, con orificio de entrada en la región temporoparietal izquierda y orificio de salida en región occipital derecha, así como excoriaciones en el lado derecho de la frente, lado tanatocronodiagnostico de tres a cuatro horas al momento del levantamiento cadavérico, siendo la causa de muerte herida por arma de fuego de proyectiles múltiples, con traumatismo craneoencefálico abierto y laceración cerebral y manera de muerte homicida desde el punto de vista médico legal.” FUNDAMENTOS DE DERECHO CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que: “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal se celebró en fecha uno (1) y veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado RONY ALFREDO LANZA CRUZ, en representación de FREDDY RENAN ANTUNEZ PADILLA y JUAN PABLO RIVERA LICONA, como revisionista y la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El Abogado RONY ALFREDO LANZA CRUZ, en su condición antes señalados; quien estableció que los señores FREDDY RENAN ANTUNEZ PADILLA y JUAN PABLO RIVERA LICONA, fueron condenados por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo, a una pena de cuarenta y un años y seis meses, tal como se desprende del artículo 194 numeral 2 del Código Penal derogado y siendo pues que con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, encuentra una notable disminución en la pena de este delito de lo cual se desprende según el artículo 240 de nuestro Código Penal vigente, en este acto pues al apreciar que su representado es sujeto de ser beneficiado con el Principio de Retroactividad Penal tal y como lo consigna la Constitución de la República, la Ley de Justicia Constitucional, el mismo Código Penal vigente, por lo que pide que se le condene de doce a quince años, tal y como lo establece el artículo 240 del Código Penal Vigente. Por su parte, la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público al expresar su oposición estableció: “…II. ANÁLISIS JURÍDICO: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Nuevo Código Penal Vigente, el delito por el cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el articulo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2), 3) 4), 5) 6)7), 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…”, relacionado con los artículos 615 y 616 del Código Penal. Que de la revisión de ambas leyes penales se aprecia que el delito de SECUESTRO AGRAVADO, por el cual se condenó al hoy imputado JUAN PABLO RIVERA LICONA y FREDDY RENAN ANTUNEZ, se sancionaba en el artículo 192 del Código Penal derogado, en cuyo numeral 1) dispone: "1) La pena aplicable será de cuarenta (40) años de reclusión a privación de la libertad de por vida si ocasionare o diere lugar a la muerte del secuestrado..."; mientras que el Código Penal Vigente, regula esa misma conducta en el Artículo 240, en cuyo último párrafo señala: "Si se causa, dolosa o imprudentemente, la muerte del secuestrado, se debe imponer la de prisión pena perpetuidad", tal como se desprende de la declaración de hechos probados expuestos en la sentencia objeto de revisión, en el cual se establece que el día 31 de diciembre del año 2014, como a eso de las cinco de la tarde, se encontró el cuerpo sin vida del joven FRANKLIN DAVID PAGUADA CARCAMO; de aquí que el tribunal sentenciador en el apartado de la valoración de la fundamentación jurídica, expone en el considerando tercero que ...en el caso de mérito, los encausados dirigieron su mediante accionar un plan preconcebido de privar de la libertad personal y mantener bajo vigilancia al ofendido, no bastándoles, sino hasta que le quitaron la vida, tal solo porque sus familiares no cumplieron las exigencias de pagar cinco millones de lempiras por su liberación". Conforme 10 antes expuesto, esta representación fiscal, es del criterio que la Sentencia Condenatoria en la que se le dictó una pena de CUARENTA Y UN AÑOS (41) SEIS (6) MESES de reclusión, por el delito de SECUESTRO GRAVADO, en perjuicio de FRANKLIN DAVID PAGUADA CARCAMO, en comparación que correspondería aplicarle al sentenciado conforme las disposiciones contenidas en el Código Penal vigente no resultan más favorables, ya que su conducta de reproche penal es castigada a con la pena de prisión perpetuidad, por lo que NO a es factible la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal al resultar más gravosa la pena, conforme los criterios establecido en el artículo 615 y 616 de la norma penal en comento. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público conforme al principio de favorabilidad y en aplicación del artículo 96 Constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 615 del decreto 130-2017 relativo al principio de Retroactividad NO es procedente su aplicación…” (Folios 66-68 del recurso de mérito). CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultará a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para Denegar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a los señores FREDDY RENAN ANTUNEZ PADILLA Y JUAN PABLO RIVERA LICONA, las penas principales de cuarenta y un (41) años con seis (6) meses de reclusión, por ser autores penalmente responsable de un delito de Secuestro Agravado en perjuicio de FRANKLIN DAVID PAGUADA CARCAMO; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Después de hacer el análisis siguiente: I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al Artículo 192 del CODIGO PENAL DECRETO NÚMERO 144-1983, derogada, la pena a imponer por el delito de SECUESTRO, era reclusión de veinte (20) a privación de la libertad de por vida. Artículo 239 Código Penal dice: Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena…” Mientras que la pena regulada en el artículo 240 del vigente Código Penal, establece que: SECUESTRO AGRAVADO. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra algunas de las circunstancias siguientes: 1)……2)……3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas. 4)……5)…..6)……..7) El delito se cometa en el ámbito de un grupo delictivo organizado. 8)……9)….Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Si se causa, dolosa o imprudentemente, la muerte del secuestrado se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”. como ocurre en el caso de autos que le dieron muerte al señor Franklin David Paguada. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código, les benefician a los condenados. III. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en los hechos probados y la fundamentación jurídica se estableció que los condenados FREDDY RENAN ANTUNEZ PADILLA Y JUAN PABLO RIVERA LICONA, al momento de cometer el delito de Secuestro, le dieron muerte al señor Franklin David Paguada Cárcamo, estimando el Tribunal Juzgador imponer la pena máxima señalada para el delito de Secuestro a los condenados ANTUNEZ Y RIVERA. En tal sentido, la pena a aplicar con el Nuevo Código es igual a la impuesta en la sentencia venida en Revisión, para el delito de SECUESTRO. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se no cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que no es procedente la aplicación retroactividad en favor de los condenados FREDDY RENAN ANTUNEZ PADILLA Y JUAN PABLO RIVERA LICONA, porque la nueva norma vigente no le resulta más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición de la Agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los Abogados BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ Y RONY ALFREDO LANZA CRUZ, a favor de los condenados FREDDY RENAN ANTUNEZ PADILLA Y JUAN PABLO RIVERA LICONA, interpuesta contra la sentencia revisada de fecha trece de diciembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia del Trujillo, Departamento de Colon, que se les dictara por el delito SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio del señor FRANKLIN DAVID PAGUADA CARCAMO. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento. Redactó el Magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1261 y 1291-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL