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Sentencia RP-1244-21 — Registro 19075

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria con relación a la causa por el delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Sí bien el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, disponía penas más benignas en relación con el delito de Extorsión, en comparación con el Decreto 144-1983, con el cual fue condenado el ciudadano Emerson Josué Gómez Beltrand, la norma que contiene la tipificación del delito de Extorsión, fue reformada posteriormente mediante Decreto 93-2021, Decreto que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021 y con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; en ese orden de ideas cuando el garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto que de nuevo incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; por lo tanto la pena abstracta a imponer quedaría en quince (15) a veinte (20) años y multa de (500) a (1000) días; Y de acuerdo a los parámetros de la sentencia quedaría como pena abstracta a imponer de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de 500 a 1000 días como bien lo indica la Fiscal del Despacho, en la Audiencia de Oposición celebrada, al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, determinando la cantidad de cinco mil lempiras (Lps. 5,000.00) de mayor nivel, en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético en aplicación de la multa mínima de 500 días, correspondería una multa de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,500,000.00). La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al ciudadano Emerson Josué Gómez Beltrand; Y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia en favor del ciudadano Emerson Josué Gómez Beltrand, en atención a que el recurso de revisión fue presentado en fecha 11 de noviembre del 2021, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

Sí bien el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, disponía penas más benignas en relación con el delito de Extorsión, en comparación con el Decreto 144-1983, con el cual fue condenado el ciudadano Emerson Josué Gómez Beltrand, la norma que contiene la tipificación del delito de Extorsión, fue reformada posteriormente mediante Decreto 93-2021, Decreto que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021 y con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; en ese orden de ideas cuando el garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto que de nuevo incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; por lo tanto la pena abstracta a imponer quedaría en quince (15) a veinte (20) años y multa de (500) a (1000) días; Y de acuerdo a los parámetros de la sentencia quedaría como pena abstracta a imponer de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de 500 a 1000 días como bien lo indica la Fiscal del Despacho, en la Audiencia de Oposición celebrada, al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, determinando la cantidad de cinco mil lempiras (Lps. 5,000.00) de mayor nivel, en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético en aplicación de la multa mínima de 500 días, correspondería una multa de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,500,000.00). La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al ciudadano Emerson Josué Gómez Beltrand; Y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia en favor del ciudadano Emerson Josué Gómez Beltrand, en atención a que el recurso de revisión fue presentado en fecha 11 de noviembre del 2021, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021

Jerarquía: Reiterativa

Sí bien el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, disponía penas más benignas en relación con el delito de Extorsión, en comparación con el Decreto 144-1983, con el cual fue condenado el ciudadano Emerson Josué Gómez Beltrand, la norma que contiene la tipificación del delito de Extorsión, fue reformada posteriormente mediante Decreto 93-2021, Decreto que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021 y con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; en ese orden de ideas cuando el garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto que de nuevo incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; por lo tanto la pena abstracta a imponer quedaría en quince (15) a veinte (20) años y multa de (500) a (1000) días; Y de acuerdo a los parámetros de la sentencia quedaría como pena abstracta a imponer de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de 500 a 1000 días como bien lo indica la Fiscal del Despacho, en la Audiencia de Oposición celebrada, al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, determinando la cantidad de cinco mil lempiras (Lps. 5,000.00) de mayor nivel, en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético en aplicación de la multa mínima de 500 días, correspondería una multa de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,500,000.00). La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al ciudadano Emerson Josué Gómez Beltrand; Y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia en favor del ciudadano Emerson Josué Gómez Beltrand, en atención a que el recurso de revisión fue presentado en fecha 11 de noviembre del 2021, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil veinticuatro.VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Emerson Josué Gómez Beltrand, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó en su contra al señor Emerson Josué Gómez Beltrand, por haber sido encontrado culpable por el delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AF-193.ANTECEDENTES 1)En fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, la Agente Fiscal, abogada Ana Delia Reyes Turcios, presentó requerimiento fiscal en contra del señor Emerson Josué Gómez Beltrand, por suponerlo responsable del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido AF-193. (Folios del 1 al 4 de la pieza de los antecedentes del A-quo) 2)Que en fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: 1) Que Debemos condenar y condenamos, por conformidad expresa de las partes, al señor EMERSON JOSUE GÓMEZ BELTRAND por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN SIMPLE a la pena mínima de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN más una multa de cincuenta salarios mínimos en su nivel más bajo de acuerdo a la Tabla del salario mínimo promedio vigente para el año dos mil dieciséis, autorizado por la de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Corresponde a la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (LPS 445,335.05) mismos que deberá hacer efectivo a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo que dure la condena, pena de reclusión que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Morocelí El Paraíso. SEGUNDO: Procede declarar y declaramos la responsabilidad civil del condenado EMERSON JOSUE GÓMEZ BELTRAND la que será determinada en la fase de ejecución de la sentencia. TERCERO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente juicio. CUARTO: No procede el comiso de evidencia ya que la misma no fue puesta a la orden de este Tribunal. Una vez firme la presente Sentencia que la Secretaría del Tribunal proceda a remitir el presente expediente al Juzgado de ejecución para efecto de ejecutar la Sentencia, así mismo se certifique la presente y se envié a la oficina de Antecedentes Penales de la Corte Suprema de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. -Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 61 al 64 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3)En fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, compareció ante esta Sala, el Abogado Ramón Matamoros, interponiendo recurso de revisión a favor del señor Emerson Josué Gómez Beltrand, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno a su representado. (Folios 1 al 2, 4 y 5 con su respectiva manifestación de la pieza de antecedentes del A-quo)4)En fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, con la comparecencia de la Abogada Nellie Jeannette Vallejo Díaz, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Ramón Matamoros, en su condición de Defensor Público del señor Emerson Josué Gómez Beltrand; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…Se ratifica el contenido de la Solicitud de Revisión de la Sentencia Condenatoria, que fue presentada en fecha 11 de noviembre 2021, ante la Sala de lo Constitucional. Se Aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal al señor Emerson Josué Gómez Beltrand, quien fue condenado por el delito de Extorsión Simple, en Perjuicio del Testigo Protegido Clave AF-193, a una pena de 15 años reclusión y una multa cincuenta salarios mínimos en su nivel más bajo, con una totalidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (LPS 445,335.05) del Artículo 222 del Código Penal derogado. Sustituirle la pena y multa por el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia) en donde establece que para el delito Extorsión la pena es 10 a 15 años una multa de 500 a 1000 días. Posteriormente se realizó una reforma al Código Penal Vigente, específicamente al artículo 373 del mismo cuerpo legal en donde establece que para el delito de Extorsión, su nueva pena seria 15 años a 20 años de reclusión y una multa de 500 a 1000 días. Que lo más beneficioso para los intereses personales del condenado es la ley intermedia, en donde se solicita una pena minina de 10 años y una multa de 500 días, que razón de 20, equivalente a diez mil lempiras 10,000 lempiras. Se ofrece como medio de prueba la sentencia de mérito, misma que se encuentra incorporada la presente pieza de autos.” El Ministerio Público consideró: “…De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público estima, el Código Penal derogado regulaba el delito de EXTORSION en el artículo 222, el cual señalaba la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados. En el Nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) el delito de EXTORSIÓN se encuentra regulado en el Artículo 373 reformado: Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. En relación a la condena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más bajo impuesta con el Código Penal derogado, con el nuevo Código Penal esta fue modificada a días multa, por lo que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) días multa, cuyo valor oscila en no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L.5000.00), por lo que al aplicar la pena de 500 días en su nivel más alto, resulta una pena de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 2,500,000.00). Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 616 del referido Código, en tanto que la pena principal de multa no resulta más favorable a la sentenciada, por lo que el Ministerio Público es de la opinión que se mantenga la pena impuesta al hoy condenado, por no concurrir la circunstancia contenida en los artículos 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…” La Magistrado manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 35 al 37 del expediente del Recurso)CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista expone que el Recurso de Revisión Penal consiste en el cambio de la pena concreta que se impuso al ciudadano Emerson Josué Gómez Bertrand, a la pena de 15 años de reclusión y multa de 50 salarios mínimos en s nivel más bajo, de acuerdo a la tabla del salario mínimo promedio vigente para el año dos mil dieciséis, por la aplicación de acuerdo de estricta conformidad; y con lo establecido en el artículo 222 del Código Penal derogado, por la reforma vigente del Código Penal, establecida en el artículo 373 del mismo cuerpo legal; en relación con el principio de la retroactividad de la ley penal, establecida en el artículo 615 y 616, por lo que sería más recomendable imponer una pena conforme a lo que establece nuestra norma penal en el Decreto 130-2017, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de mayo del año 2020, en su artículo 373 la pena para el delito de Extorsión es de 10 a 15 años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha veintiún (21) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado RAMON MATAMOROS, como garantista a favor del ciudadano EMERSON JOSUE GOMEZ BELTRAND y la abogada NELLIE JEANETTE VALLEJO DIAZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra a la parte recurrente, al abogado Ramón Matamoros, para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: Se solicita muy respetuosamente que se aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley penal al señor Emerson Josué Gómez Beltrand, por el delito de Extorsión Simple, en perjuicio de Testigo Protegido AF-193, a una pena de quince (15) años de reclusión y una multa de 50 salarios mínimos en su nivel más bajo, equivalentes a CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (445,335.05) de acuerdo al artículo 222 del Código Penal derogado. Por lo que solicita que se le sustituya Sustituirle la pena y multa por el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia), en donde establece que para el delito de Extorsión la pena es de 10 a 15 años y una multa de 500 a 1000 días. Que lo más beneficioso para los intereses personales del condenado es la ley intermedia, en donde se solicita una pena mínima de 10 años y una multa de 500 días a razón de 20 lempiras, equivalente diez mil lempiras (10,000.00 lempiras); Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Nellie Jeannette Vallejo Díaz quien hizo uso de la palabra consideró: … De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando que el delito de EXTORSIÓN por el cual se condenó al señor Emerson Josué Gómez Beltrand, en aplicación del artículo 222 del Código Penal derogado, que establecía la pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan. En el Código Penal vigente regula el delito de EXTORSIÓN en el artículo 373, reformado a través del Decreto 93-2021, sancionado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MAS ALTO, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; conforme al fallo emitido al sentenciado que se le condenó por el delito de EXTORSION SIMPLE, sin ninguna agravante correspondiente, resultando que de estas acciones, se penalice con una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años; lo cual no resulta más favorable al sentenciado. Por otra parte, mientras que el código penal vigente (decreto 130-2017) regula la misma conducta delictiva en el artículo 373 reformado, castigado a la misma pena de prisión de quince a veinte años y multa de quinientos (500) a (1000) mil días en su nivel más alto, que al relacionarlo con el artículo 53, se establece que cada día de multa tiene un valor no menor de veinte lempiras (lps.20.00) ni mayor de cinco mil lempiras (lps.5,000.00); quedando en una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión; así como también se le condenó a la pena de multa de cincuenta salarios mínimos (50) a su nivel más bajo equivalente a la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (LPS.445,335.05); por lo que en relación a dicha condena de multa que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) días, resultado en la misma una multa de 500 días a mil días de multa en su nivel más alto; que al multiplicar (500 días x 5,000 lempiras); resultando una pena de multa correspondiente a imponer de dos millones quinientos mil lempiras (2.500,000.00), de conformidad a los criterios establecidos en el artículo 53 y 616 del nuevo código penal. Se concluye entonces que al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los artículos fijados para determinar la ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal vigente y en lo que respecta a la pena de multa, la misma resulta más gravosa respecto de la que fue impuesta en la sentencia que se pretende rever, por lo que no es procedente aplicar el principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República. Pronunciamiento Final del Ministerio Público: No se otorgue la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal.CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a.Que una persona haya realizado un hecho definido como del b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a.Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.CONSIDERANDO (7): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2020, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”.CONSIDERANDO (8): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el ciudadano EMERSON JOSUE GOMEZ BELTRAND, fue condenado mediante sentencia definitiva dictada en fecha cinco de abril del dos mil diecinueve, por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, por el delito de Extorsión Simple, tipificado en el Artículo 222 de la norma derogada que disponía: Artículo 222 “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencias y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligue a una persona natural o jurídica a: 1. Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2. Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; 3. Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrá una pena de reclusión de 15 a 20 años y multa de 50 salarios mínimos, más los accesorios jurídicos que correspondan. Si con ocasión de cometerse estos delitos, se da por muerta la víctima, a su cónyuge, a su compañera de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se le impondrá al culpable, la pena de privación de libertad de por vida. La figura de extorsión se considerará un delito de crimen organizado”.La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 373 el delito de Extorsión el que dispone: Artículo 373. “Extorsión. Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyuge, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”.El artículo 373 del Código Penal vigente, que tipifica el delito de Extorsión, fue reformado por medio del Decreto No. 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta NUM. 35,760 de fecha uno de noviembre del año 2021 y vigente al día siguiente de su publicación; el nuevo texto dispone:ARTÍCULO 373.- “EXTORSION. Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga a trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad.La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”.CONSIDERANDO (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO (11): CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA LEY INTERMEDIA. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisionomía normativa. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”.CONSIDERANDO (12): Que en el caso sub júdice, el peticionario Abogado Ramón Matamoros, compareció ante este Alto Tribunal en fecha once (11) de Noviembre del dos mil veintiuno (2022), presentando recurso de revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representado el ciudadano EMERSON JOSUE GOMEZ BELTRAND, fue condenado por el delito de Extorsión Simple estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión a saber: prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días- En su petición, el garantista solicita la aplicación de la Ley Intermedia, o sea el Decreto 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal, por contener penas más benignas para el delito de Extorsión, no obstante, a ello de la foliada del escrito de interposición de la Acción Constitucional de Revisión, se advierte que el mismo fue presentado en fecha once (11) Noviembre del dos mil veintiuno (2021), cuando ya se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017, contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión a saber: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto-. En el caso en estudio nos encontramos ante la situación de la promulgación de una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, ello es así pues el ciudadano Emerson Josué Gómez Beltrand, fue condenado por el delito de Extorsión Simple, estando vigente el Decreto 144-83; posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal, pero tal petición la realiza en fecha 11 de Noviembre del año 2021, estando vigente el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como se menciona anteriormente.CONSIDERANDO (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el ciudadano EMERSON JOSUE GOMEZ BELTRAND, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, mediante sentencia definitiva y firme, en fecha cinco (5) de Abril del dos mil diecinueve (2019), a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE 50 SALARIOS MÍNIMOS EN SU NIVEL MAS BAJO, equivalente a trescientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y seis lempiras punto veinticinco centavos (Lps.364,376.25), en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AF-193; así mismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia definitiva condenatoria de fecha cinco de noviembre del dos mil diecinueve, a través de la cual se condenó al ciudadano EMERSON JOSUEGOMEZ BELTRAND, el Juez aplicó lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Extorsión Simple. III. Esta Sala considera que el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en aplicación de una ley intermedia, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal, en virtud de, no ser más benigna la ley en vigencia decreto No. 93-2021, ley vigente al momento de la petición de la Garantía Constitucional de Revisión.CONSIDERANDO (14): Que en la parte dispositiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al ciudadano EMERSON JOSUE GOMEZ BELTRAND, la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE 50 SALARIOS MÍNIMOS EN SU NIVEL MAS BAJO, equivalente a cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos treinta y cinco lempiras con cinco centavos (Lps. 445,335.05), en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AF-193; asimismo las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; por haber sido encontrado responsable del delito de Extorsión Simple, en perjuicio Testigo Protegido AF-193. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Sí bien el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, disponía penas más benignas en relación con el delito de Extorsión, en comparación con el Decreto 144-1983, con el cual fue condenado el ciudadano Emerson Josué Gómez Beltrand, la norma que contiene la tipificación del delito de Extorsión, fue reformada posteriormente mediante Decreto 93-2021, Decreto que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021 y con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; en ese orden de ideas cuando el garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto que de nuevo incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; por lo tanto la pena abstracta a imponer quedaría en quince (15) a veinte (20) años y multa de (500) a (1000) días; Y de acuerdo a los parámetros de la sentencia quedaría como pena abstracta a imponer de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de 500 a 1000 días como bien lo indica la Fiscal del Despacho, en la Audiencia de Oposición celebrada, al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, determinando la cantidad de cinco mil lempiras (Lps. 5,000.00) de mayor nivel, en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético en aplicación de la multa mínima de 500 días, correspondería una multa de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,500,000.00). La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al ciudadano Emerson Josué Gómez Beltrand; Y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia en favor del ciudadano Emerson Josué Gómez Beltrand, en atención a que el recurso de revisión fue presentado en fecha 11 de noviembre del 2021, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 69, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; y Decreto 93-2021 publicado en La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor EMERSON JOSUE GOMEZ BELTRAND; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1244-2021

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL