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Sentencia RP-1235-21 — Registro 18516

Resumen

Revisión de Sentencia condenatoria por el delito de extorsión en aplicabilidad del Principio de retroactividad interpuesto por impetrante como coautora penalmente responsable del delito consumado de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido, considerando la Sala Constitucional que la pena privativa de la libertad y la pena de multa impuestas en instancia, son inferiores a las penas que pudiesen corresponder con el NCP 130-2017. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Daniela Alejandra Rivera, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos equivalentes a doscientos noventa y tres mil, doscientos noventa mil cuatrocientos ochenta y nueve lempiras con cinco centavos (L 290,489.05), por ser coautora penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido AB-279; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Daniela Alejandra Rivera, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales deben aumentarse un tercio (1/3) en su límite superior por la agravante contemplada en el artículo 374 numeral 1) del NCP 130-2017, la cual debe aplicarse si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado; en este sentido, el artículo 136 del NCP 130-2017 define grupo delictivo organizado como cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el NCP 130-2017. De los hechos probados de la sentencia se desprende que la sentenciada al momento de realizar las acciones extorsivas que ocasionaron su condena se asumió miembro de la Pandilla 18, realizando la acción delictiva con al menos tres (3) personas más, lo que cumple la agravante específica antes citada y lo que ofrece un nuevo marco abstracto de veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión y multa de mil (1000) días a mil (1000) trescientos treinta y tres (1333.33) días, que equivalen desde cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00) hasta seis millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta lempiras (L 6,666,650.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad y la pena de multa impuestas en instancia, son inferiores a las penas que pudiesen corresponder con el NCP 130-2017. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.-Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el magistrado Wagner Vallecillo Paredes, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Francisca Villela Zavala, Isbela Bustillo Hernández y Sonia Marlina Dubón Villeda, pronuncian En nombre del Estado de Honduras,La sentencia que resuelve los recursos de revisión penal SCO-1235-2021 Y SCO-1400-2021, promovidos respectivamente por los Abogados Ramón Matamoros y Roger Orlando Martínez Bermúdez, en favor de Daniela Alejandra Rivera, contra la sentencia de fecha once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Daniela Alejandra Rivera, como coautora penalmente responsable del delito consumado de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido AB-279, imponiéndole las penas de quince (15) años de reclusión, que deberá de cumplir en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de Támara (PNFAS), a la que se le deberá descontar el tiempo en que la acusada ha estado privada de libertad. Asimismo, se le impuso la pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos equivalentes a doscientos noventa mil cuatrocientos ochenta y nueve lempiras con cinco centavos (L 290,489.05), que deberá pagar a favor del Estado de Honduras en la Tesorería General de la República, en la fase de ejecución de esta sentencia. Segundo: Condenó a Daniela Alejandra Rivera, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras púbicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Tercero: Declaró la responsabilidad civil de Daniela Alejandra Rivera, la que será determinada en la fase de ejecución de la sentencia. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes: 1)ElAbogado Roger Orlando Martínez Bermúdez, en representación de Daniela Alejandra Rivera, como revisionista; 2)La Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, fiscal del Ministerio Público.Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal.“ÚNICO: En fecha doce de junio del año dos mil diecisiete, llegaron tres personas del sexo femenino y una persona del sexo masculino al centro de trabajo del testigo protegido AB-279, quienes se identificaron como miembros de la pandilla 18, y quienes le manifestaron que tenía que entregar desde esa fecha la cantidad de quinientos lempiras semanales y de no hacerlo lo matarían a él o a su familia. En fecha doce de junio de dos mil diecisiete, el agente encargado del caso le asesoró en realizar un seriado de dinero para una entrega controlada, para lo cual el testigo protegido proporcionó un billete de quinientos lempiras con la serie AC1493565 a fin de entregar el dinero el día martes trece de junio del año dos mil diecisiete, ese día martes trece de junio del año dos mil diecisiete, aproximadamente a las 12:30 de la mañana, se desplazó un equipo de la Fuerza Nacional Antiextorsión a realizar vigilancia en la colonia Villeda Morales de Comayagüela, para observar cuando el testigo protegido AB-279 efectuara el pago, como a eso de la una de la tarde lograron observar a tres personas del sexo femenino y una persona del sexo masculino que entraron al negocio del testigo protegido haciéndole éste entrega del dinero a una persona del sexo femenino, posteriormente salieron rápidamente, por lo que los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión le dieron seguimiento interceptándolos aproximadamente a unas cuadras requiriéndolos resultando ser tres menores de edad no parte en este proceso y una persona de sexo femenino quien se identificó con el nombre de Daniela Alejandra Rivera Rivera, a quien al momento del registro personal se le encontró en la mano derecha un billete de quinientos lempiras que previamente había sido seriado, dándoles detención y realizando el trámite correspondiente.”Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha trece (13) de junio del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, el Abogado Santiago Moncada, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Daniela Alejandra Rivera, por considerarla autora penalmente responsable del delito de extorsión continuada, en perjuicio del Testigo Protegido AB-279.SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia en fecha once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual falló condenar a Daniela Alejandra Rivera, a las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos equivalentes a doscientos noventa mil cuatrocientos ochenta y nueve lempiras con cinco centavos (L 290,489.05), por ser coautora penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido AB-279; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito.TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Ramón Matamoros, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), asimismo, el Abogado Roger Orlando Martínez Bermúdez, compareció en fecha seis (6) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), ambos presentando recursos de revisión penal a favor de Daniela Alejandra Rivera, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019), por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, mismo que fueron admitidos por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021) (f. 7).CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 52), habiendo comparecido el Abogado Roger Orlando Martínez Bermúdez, en representación de Daniela Alejandra Rivera, como revisionista; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que, el CP 130-2017 contiene disposiciones más favorables para su representado en el delito de extorsión simple, debiendo imponerse a su representada las penas de diez (10) años de prisión y multa equivalente a quinientos (500) días; por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, ello de conformidad con el artículo 373 del NCP 130-2017, ya que contiene el mismo rango en la pena privativa de la libertad y se incrementa la pena de multa, lo que no implica un beneficio para la sentenciada. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” .CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Roger Orlando Martínez Bermúdez, en representación de Daniela Alejandra Rivera, como revisionista; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Ramón Matamoros funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que el CP 130-2017 contiene disposiciones más favorables para su representada en el delito de extorsión simple, debiendo imponérsele las penas de diez (10) años de prisión y multa equivalente a quinientos (500) días. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, ello de conformidad con el artículo 373 reformado del CP 130-2017, ya que contiene el mismo rango en la pena privativa de la libertad y se incrementa la pena de multa, lo que no implica un beneficio para la sentenciado. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el sentenciado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Daniela Alejandra Rivera, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos equivalentes a doscientos noventa y tres mil, doscientos noventa mil cuatrocientos ochenta y nueve lempiras con cinco centavos (L 290,489.05), por ser coautora penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido AB-279; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Daniela Alejandra Rivera, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales deben aumentarse un tercio (1/3) en su límite superior por la agravante contemplada en el artículo 374 numeral 1) del NCP 130-2017, la cual debe aplicarse si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado; en este sentido, el artículo 136 del NCP 130-2017 define grupo delictivo organizado como cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el NCP 130-2017. De los hechos probados de la sentencia se desprende que la sentenciada al momento de realizar las acciones extorsivas que ocasionaron su condena se asumió miembro de la Pandilla 18, realizando la acción delictiva con al menos tres (3) personas más, lo que cumple la agravante específica antes citada y lo que ofrece un nuevo marco abstracto de veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión y multa de mil (1000) días a mil (1000) trescientos treinta y tres (1333.33) días, que equivalen desde cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00) hasta seis millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta lempiras (L 6,666,650.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad y la pena de multa impuestas en instancia, son inferiores a las penas que pudiesen corresponder con el NCP 130-2017. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los Abogados Ramón Matamoros y Roger Orlando Martínez Bermúdez, en favor del señor Daniela Alejandra Rivera. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso Revisión Penal (Acumulada ) registrado en este Tribunal con el número SCO-1235 y 1400-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL