Sentencia RP-1214-21 — Registro 19262
Resumen
Se interpuso recurso de revisión penal, contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de extorsión continuada, en perjuicio del señor TESTIGO PROTEGIDO JPTP 0502016.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “IV. Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a la señora Jemmy Aracely Cardona Rodríguez, las penas principales de veinticinco (25) años de reclusión y una multa de ochenta y tres punto treinta y tres (83.33) salarios mínimos, por ser autora penalmente responsable de un delito de extorsión continuada, en perjuicio del testigo protegido “JLTP-050216”; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenada Jemmy Aracely Cardona Rodríguez, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión continuada (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Este margen abstracto debe aumentarse en un tercio (1/3) por la figura del concurso continuado (artículo 68 NCP 130-2017), ello porque según la sentencia revisada existe identidad de ocasión, realizó una pluralidad de acciones que ofendieron a un mismo sujeto e infringen el mismo precepto penal, por lo cual debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que en definitiva lo que ofrece un nuevo margen abstracto de veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión y mil (1000) días a mil trescientos treinta y tres (1333.33) días multa en su valor máximo que equivalen de cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00) a seis millones seiscientos sesenta y cinco mil lempiras (L 6,665,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, lo que lejos de beneficiar a la sentenciada, más bien les perjudica. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “IV. Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a la señora Jemmy Aracely Cardona Rodríguez, las penas principales de veinticinco (25) años de reclusión y una multa de ochenta y tres punto treinta y tres (83.33) salarios mínimos, por ser autora penalmente responsable de un delito de extorsión continuada, en perjuicio del testigo protegido “JLTP-050216”; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenada Jemmy Aracely Cardona Rodríguez, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión continuada (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Este margen abstracto debe aumentarse en un tercio (1/3) por la figura del concurso continuado (artículo 68 NCP 130-2017), ello porque según la sentencia revisada existe identidad de ocasión, realizó una pluralidad de acciones que ofendieron a un mismo sujeto e infringen el mismo precepto penal, por lo cual debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que en definitiva lo que ofrece un nuevo margen abstracto de veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión y mil (1000) días a mil trescientos treinta y tres (1333.33) días multa en su valor máximo que equivalen de cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00) a seis millones seiscientos sesenta y cinco mil lempiras (L 6,665,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, lo que lejos de beneficiar a la sentenciada, más bien les perjudica. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: EL Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro.VISTA: Para dictar sentencia en el recurso de revisión penal, interpuesto por el abogada SOMAY JAMILETH PERALTA DAVILA, favor de la señora JEMMY ARACELY CARDONA RODRIGUEZ, contra las sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha trece (13) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa que se instruyó contra la señora JEMMY ARACELY CARDONA RODRIGUEZ, por el delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio del señor TESTIGO PROTEGIDO JPTP 0502016. Son partes:1) La abogada Somay Jamileth Peralta Dávila, como revisionista;2)La abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, fiscal del Ministerio Público. hechos probados de la sentencia venida en revisión “PRIMERO: Desde el mes de junio del año dos mil catorce hasta el mes de febrero del año dos mil dieciséis, el testigo protegido JPTP-050216, estuvo recibiendo visitas semanales de la señora JEMMY ARACELY CARDONA RODRIGUEZ, identificándose como miembro de la pandilla 18 y exigiendo el pago de cinco mil lempiras semanales en concepto de impuesto de guerra, haciéndole la advertencia que esa cantidad la tenía que pagar todos los jueves en su negocio, siendo aguardada en ese momento por los señores OVIDIO RAMIREZ Y JEFFERSON EUCEDA GARCIA, en las afueras del mismo. SEGUNDO: En fecha seis de enero del año dos mil dieciséis, el testigo protegido JTPT-050216, interpuso la denuncia ante la Fuerza Nacional Antiextorsión, por lo que en fecha tres de febrero de ese mismo año, se realizó un acta de seriado dinero, en billetes de 500 lempiras y se convino una entrega vigilada y un operativo de vigilancia para el día siguiente en las afueras del negocio del testigo protegido JTPT-050216, verificando que la señora JEMMY ARACELY CARDONA, recogió el paquete con el dinero seriado, mientras un carro azul conducido por los señores OVIDIO RAMIREZ y JEFFERSON FUCEDA GARCIA, la esperaban cerca del lugar, donde seguidamente JEMMY ARACELY CARDONA le hizo entrega al señor OVIDIO RAMIREZ del paquete en referencia, retirándose del lugar. Siendo capturada por agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, quienes le decomisaron un teléfono celular y parte del dinero seriado. Mientras tanto, otro grupo de agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión le dieron seguimiento al camión azul, requiriendo a sus tripulantes en Chamelecón, quienes se identificaron como OVIDIO RAMIREZ y JEFFERSON ALEXANDER EUCEDA GARCIA, decomisándole un teléfono celular a cada uno y dos mil ciento cincuenta lempiras (Lps, 2,150.00) al primero y seis mil lempiras (Lps, 6,000.00) al segundo, conteniendo ambos dinero que había sido previamente seriado por la policía, siendo detenidos y puestos a la orden de la autoridad competente. ”ANTECEDENTES 1.En fecha cinco (5) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el abogado WILMER NUÑEZ, en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores JEMMY ARACELY CARDONA RODRIGUEZ, por el delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “R-03” y los señores OVIDIO RAMIREZ y JEFERSON ALEXANDER EUCEDA GARCIA, a quienes se les supone responsables a título de autor de la comisión del delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO R-03 (Folio 01 AL 04 de pieza del Juzgado).2.Seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha trece (13) de noviembre junio del año dos mil diecisiete (2017), el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Que CONDENAMOS al señor OVIDIO RAMIREZ, por la comisión del delito EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP 050216, a las penas principales de veinticinco (25) años de reclusión, la que deberá cumplir en la Penitenciaria que corresponde, de conformidad a la Ley que rige el sistema penitenciario de Honduras, quedando sujeto a obras públicas o a las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva y a una MULTA DE 83.33 SALARIOS MINIMOS MENSUALES, la que deberá ser enterada en Banco Central de Honduras o en las Instalaciones Financieras autorizadas para tal fin.- SEGUNDO: Que CONDENAMOS a la señora JEMMY ARACELY CARDONA, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia por la comisión del delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO JPT-050216 a las penas principales de veinticinco (25) años de reclusión la que deberá cumplir en la Penitenciaria que corresponde, de conformidad a la ley que rige el sistema penitenciario de Honduras, quedando sujeto a obras públicas o las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva y a una MULTA DE 83.33 SALARIO MINIMOS MENSUALES, la que deberá ser enterada en el Banco Central de Honduras o en las instalaciones financiera autorizada para tal fin.- TERCERO: Que CONDENAMOS al señor JEFERSON ALEXANDER EUCEDA GARCIA, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia por la comisión del delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP 050216 a las penas principales de veinticinco (25) años de reclusión la que deberá cumplir en la Penitenciaria que corresponde, de conformidad a la ley que rige el sistema penitenciario de Honduras, quedando sujeto a obras públicas o las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva y a una MULTA DE 83.33 SALARIO MINIMOS MENSUKLAES, la que deberá ser enterada en el Banco Central de Honduras o en las instalaciones financiera autorizada para tal fin.- CUARTO : De igual manera se le condena a los señoree JEMMY ARACELY CARDONA OVIDIO RAMIREZ y JEFERSON ALEXANDER EUCEDA, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIOPN CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal.- QUINTO: Se declara a los condenados responsables civilmente lo que deberá ser reclamado de conformidad a lo establecido en el artículo 432 y siguientes del Código Procesal Penal. SEXTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. - SEPTIMO: Se ordena el comiso de cuatro teléfonos celulares de las marcas siguientes un SKY, un LG, un NOKIA y un GALAXY S4: …” (Folios 254 al 264 de la pieza del Juzgado).3.La abogada SOMAY JAMILETH PERALTA DAVILA, compareció ante este Tribunal en fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil veintiuno (202l), presentando recurso de revisión penal a favor de la señora JEMMY ARACELY CARDONA RODRIGUEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por en fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017). 4.En fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintidós (2022), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la abogada SOMAY JAMILETH PERALTA DAVILA, en su condición de apoderada legal de la señora JEMMY ARACELY CARDONA RODRIGUEZ, y la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de fiscal del Ministerio Público. FUNDAMENTACIÓN I.Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . II. Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada Somay Jamileth Peralta Dávila, en representación de Jemmy Aracely Cardona Rodríguez, como revisionista; y, la abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. La abogada Somay Jamileth Peralta Dávila, en síntesis, expone que su representada fue condenada por el delito de Extorsión continuada, en perjuicio de testigo protegido clave JPTP-050216, a una pena de 25 de reclusión y una multa de 83 salarios mínimos. En consecuencia, solicita se aplique el principio de retroactividad de la ley penal contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, sustituyéndole según lo dispuesto en el artículo 373 del Código Penal decreto 130-2017, donde no existe agravante y la pena a imponer seria de 10 a 15 años y 500 días multa y que dicha multa sea pagada con prestación de servicios de utilidad pública (artículo 50 del Código Penal), o se solicita multa proporcional del artículo 54 del Código Penal Vigente. Por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que al revisar ambas leyes penales invocadas por la compareciente y que señalan las sanciones correspondientes al delito de EXTORSION CONTINUADA, por el cual se condenó a la señora JEMMY ARACELY CARDONA RODRIGUEZ, resultando que, el articulo 222 del Código Penal derogado, establecía: “Comete el delito de extorsión […] debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS y multa de cincuenta salarios mínimos en su nivel mas alto,…”, relacionado con el articulo 37 del mismo cuerpo legal aumentando la pena en 2/3. Por lo que la nueva pena abstracta queda de 25 años a 33 años con 4 meses de reclusión y multa de 83.33 salarios mínimos. En el Código Penal vigente el delito de extorsión se encuentra regulado en el artículo 373, reformado a través del decreto 93-2021 que señala como penas principales a imponer al culpable del delito de EXTORSION la pena de PRISIÓN DE QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO. Agrega que el delito continuado se encuentra regulado en el artículo 68 que establece: “Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3).” Por lo cual la nueva abstracta oscila de VEINTE (20) AÑOS A VEINTISEIS (26) AÑOS OCHO (8) MESES DE PRISION, y de acuerdo al articulo 53 la pena de días multa correspondería pagar una multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel mas alto, aumentada en 1/3 pro ser delito continuado quedando una pena de multa de mil (1000) a mil trescientos treinta y tres (1,333.33), es decir, cinco mil lempiras por día. Por lo que las disposiciones contempladas en el nuevo código no le son mas favorables, en consecuencia, fue de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de revisión en los términos supra señalados. III. Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia sometida a revisión se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito (artículo 617 NCP 130-2017). Al apreciarse un concurso continuado (artículo 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP 130-2017) se procederá conforme a las siguientes reglas: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso continuado según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso continuado del NCP130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso continuado; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; o, c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso continuado, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite subjetivo, ii. Limite objetivo ordinario; y, iii. Limite objetivo extraordinario. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicará la pena que le sea más favorable al procesado y con ello se definirá que cuerpo normativo corresponde aplicar. IV. Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a la señora Jemmy Aracely Cardona Rodríguez, las penas principales de veinticinco (25) años de reclusión y una multa de ochenta y tres punto treinta y tres (83.33) salarios mínimos, por ser autora penalmente responsable de un delito de extorsión continuada, en perjuicio del testigo protegido “JLTP-050216”; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenada Jemmy Aracely Cardona Rodríguez, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión continuada (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Este margen abstracto debe aumentarse en un tercio (1/3) por la figura del concurso continuado (artículo 68 NCP 130-2017), ello porque según la sentencia revisada existe identidad de ocasión, realizó una pluralidad de acciones que ofendieron a un mismo sujeto e infringen el mismo precepto penal, por lo cual debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que en definitiva lo que ofrece un nuevo margen abstracto de veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión y mil (1000) días a mil trescientos treinta y tres (1333.33) días multa en su valor máximo que equivalen de cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00) a seis millones seiscientos sesenta y cinco mil lempiras (L 6,665,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, lo que lejos de beneficiar a la sentenciada, más bien les perjudica. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada SOMAY JAMILETH PERALTA DAVILA, en favor de la señora JEMMY ARACELY CARDONA RODRIGUEZ. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFIQUESE WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, once de abril de dos mil veinticinco. VISTO: El recurso de reposición por interpuesto por la abogada SOMAY JAMILETH PERALTA DAVILA contra la sentencia del recurso de revisión penal de fecha veintisiete (27) de noviembre del dos mil veinticuatro (2024), mediante la cual falla SIN LUGAR la garantía constitucional de Revisión Penal interpuesta por la recurrente a favor de la señora JEMMY ARACELY CARDONA RODRIGUEZ, contra las sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha tres (3) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa que se instruyó contra la señora JEMMY ARACELY CARDONA RODRIGUEZ, por el delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio del señor TESTIGO PROTEGIDO JPTP 0502016. I.Conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho; notificación que fue efectuada en legal y debida forma en fecha once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).II.Vista la petición del recurrente, se aprecia que cita los artículos 19, 11 .2 1 y 8 de la declaración universal de los derechos humanos 59, 60, 61, 80, 82, 90, 96, 303, 304, 313.5, 316.1 de la Constitución de la República; articulo 96 numeral 6 y 97, 98, 100, 101, de la ley de justicia constitucional; 1.96, numeral 8 .523,68 373, 615 y 616 del nuevo código penal vigente decreto 130 -2017; número de gaceta 34940 de fecha 10 de mayo del 2019 artículo 18, 10 1, 347 del código procesal penal, que de igual manera fueron citados en su escrito del recurso de reposición. III. Es importante recordar que esta Sala habiendo detectado claramente las disposiciones contempladas en el nuevo código penal, no le son más favorables al recurrente, en consecuencia, procedió declarando SIN LUGAR la acción de revisión penal.IV. Asimismo, la Sala de lo Constitucional ha sostenido en sus sentencias que no basta citar normas constitucionales o convencionales, tampoco es suficiente el indicar de forma vaga y general la producción de un daño, sino que es una carga procesal exigible, demostrar lo que se denuncia, asimismo argumentar en forma clara, precisa y sobre todo convincente, las razones que motivan la pretensión su recurso de reposición, por lo que, las pretensiones del recurrente no son de recibo en el recurso, ya que en la sentencia emitida en fecha 27 de noviembre de 2024, se establece manifiestamente en los parágrafos III y IV las razones que la sala consideró para declarar SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal. V. La finalidad de la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión es garantizar los los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. VI.El Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según correspondiere en derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3.4, 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la abogada SOMAY JAMILETH PERALTA DAVILA, a favor de la señora JEMMY ARACELY CARDONA RODRIGUEZ contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintisiete (27) de noviembre del dos mil veinticuatro (2024). Y MANDA: Que la Secretaría notifique a la parte recurrente la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente reposición de Revisión Penal. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro y resolución de fecha once de abril de dos mil veinticinco, recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1214-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL