Sentencia RP-1176-21 — Registro 19260
Resumen
Interpuesto el recurso de revisión de sentencia con relación a la causa que se instruyó por delito de Extorción Simple, por entrar en vigor legislación mas benigna.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establecía el nuevo código penal en su ley intermedia, se evidencia que la pena de prisión está dentro del rango imponible en ambas normas (15 años de prisión), ya que conforme al artículo 374.1 se deben aumentar las penas en 1/3 cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado, que es el caso de autos según los hechos declarados en la sentencia, la que al hacer el aumento de la fracción mencionada, queda la nueva pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y multa de 1000 a 1333 días; por lo que la nueva pena, también resulta ser imponible (15 años de prisión), por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 y 99 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado Oscar Jesús Leverón Romero, a favor del señor Robin Fernando Rodríguez Guerra, contra la Sentencia Condenatoria dictada por Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra el señor ROBIN FERNANDO RODRÍGUEZ GUERRA, por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ER 281-2017. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL “ÚNICO: A principios del año dos mil diecisiete, varios individuos llegaron al negocio del Testigo Protegido ER 281-2017, e identificándose como miembros de la pandilla 18 le manifestaron que tenía que pagar la cantidad de dos mil lempiras el día lunes de cada semana, advirtiéndole que si no entregaba el dinero lo mataría a él o a sus parientes, razón por la cual accedió y comenzó a entregar el dinero solicitado a partir de ese momento. El día lunes veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete, a eso de las dos de la tarde el señor ROBÍN FERNANDO RODRÍGUEZ GUERRA llegó al negocio del testigo protegido y éste le entregó la cantidad de dos mil lempiras en cuatro billetes de quinientos, después de recibir el dinero fue requerido por agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, quienes se encontraban realizando una vigilancia en el lugar de los hechos, por lo que fue detenido y se le encontró en posesión del dinero entregado por el testigo protegido.”ANTECEDENTES 1)Que en fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecisiete (2017), la Fiscal del Ministerio Público, Abogada MARIA ROSIBEL BONILLA ABREGO, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor ROBIN FERNANDO RODRIGUEZ GUERRA, por el delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “ER 281-2017”. (Folios 1-4 de la pieza de antecedentes).2)Que continuado que fue el proceso, en fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: “PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos, por conformidad expresa de las partes, al señor ROBIN FERNANDO RODRIGUEZ GUERRA cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito consumado de EXTORSION SIMPLE, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “ER 281-2017”, imponiéndole una pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION que deberá cumplir en la penitenciaria de la ciudad de El Progreso, Yoro y a la que se le ha de descontar el tiempo en que el imputado ha estado privado de libertad. Asimismo, se le impone la pena de MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS, equivalentes a DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE, CON CERO CINCO CENTAVOS (L. 293,489.05), y la multa la deberá pagar a favor del Estado de Honduras a través de las Tesorería General de la Republica, en la fase de ejecución de esta sentencia. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor ROBIN FERNANDO RODRIGUEZ GUERRA como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena la condena principal, ...” (Folios 129 al 132 de la pieza de antecedentes).3)Que en fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado OSCAR JESUS LEVERON ROMERO, presentando Recurso de Revisión Penal a favor del señor ROBIN FERNANDO RODRIGUEZ GUERRA, contra la sentencia condenatoria de fecha tres de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-02 del recurso).4)Que en fecha uno de julio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado OSCAR JESUS LEVERON ROMERO, en su condición de apoderado legal del señor ROBIN FERNANDO RODRIGUEZ GUERRA y el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de Revisión en aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal, a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión,…” (Folios 19 al 22 del recurso de mérito).FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal se celebró en fecha primero (1) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Oscar Jesús Leverón Romero, a favor del señor Robin Fernando Rodríguez Guerra, como revisionista; y, el Abogado René Mauricio Aceituno Ulloa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El Abogado Oscar Jesús Leverón Romero, solicita la revisión de la pena y que se aplique el Principio de Retroactividad de la Ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, quien fue condenado por el delito de Extorsión Simple, a la pena de 15 años de reclusión y una multa de L 293,489.05. Por su parte, el Ministerio Público estima, que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables al sentenciado, en virtud que el artículo 374 señala agravantes específicas, cuando el culpable sea miembro de un grupo delictivo organizado, y se deben aumentar las penas en 1/3; el código penal en la ley intermedia establecía una pena de 10 a 15 años de prisión y multa de 500 a 1000 días, la que al hacer el aumento de la fracción mencionada, queda de 15 a 20 años de prisión y multa de 1000 a 1333 días, por lo que la nueva pena también resulta ser imponible (15 años de prisión), razón por la cual las disposiciones y penas contenidas en el código penal vigente no son más favorables para el condenado. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme al VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Robin Fernando Rodríguez Guerra, las penas principales de 15 años de reclusión y una multa de L.293,489.05, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión Simple. La conducta por la cual fue condenado Robin Fernando Rodríguez Guerra, está prevista en el Código Penal 130-2017 (ley intermedia), como delito de Extorsión, cuyas penas principales son: prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establecía el nuevo código penal en su ley intermedia, se evidencia que la pena de prisión está dentro del rango imponible en ambas normas (15 años de prisión), ya que conforme al artículo 374.1 se deben aumentar las penas en 1/3 cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado, que es el caso de autos según los hechos declarados en la sentencia, la que al hacer el aumento de la fracción mencionada, queda la nueva pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y multa de 1000 a 1333 días; por lo que la nueva pena, también resulta ser imponible (15 años de prisión), por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 por Decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021; artículo 616 del Nuevo Código Penal. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Oscar Jesús Leverón Romero, en favor del señor ROBIN FERNANDO RODRÍGUEZ GUERRA. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha once de septiembre de dos mil veinticuatro, recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1176-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL