Sentencia RP-117-22 — Registro 18067
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente a las penas principales de once (11) años Tres meses (03) de reclusión y multa dineraria, y penas accesorias, por el Delito de Extorsión en perjuicio del Testigo Protegido BB090; La Sala concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto a la cantidad de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Mijares Emanuel Meza Montoya, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autora penalmente responsable de un delito de extorsión simple. . La conducta por la cual fue condenado Mijares Emanuel Meza Montoya, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por Decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, al concurrir la agravante del 374.1, “Cometer el hecho en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, por lo que dicha pena debe aumentarse en 1/3, quedando una pena abstracta de 20 a 26 años, 8 meses de prisión, y una multa de 1,000 a 1,333 días; la que a su vez debe ser rebajada por la aplicación del procedimiento abreviado, quedando una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y multa entre 750 y 1,000 días. Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, tanto en la prisión, como la pena de multa la que se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado...Para esta sala la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento carecía de vigencia, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto, la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Mijares Emanuel Meza Montoya, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autora penalmente responsable de un delito de extorsión simple. . La conducta por la cual fue condenado Mijares Emanuel Meza Montoya, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por Decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, al concurrir la agravante del 374.1, “Cometer el hecho en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, por lo que dicha pena debe aumentarse en 1/3, quedando una pena abstracta de 20 a 26 años, 8 meses de prisión, y una multa de 1,000 a 1,333 días; la que a su vez debe ser rebajada por la aplicación del procedimiento abreviado, quedando una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y multa entre 750 y 1,000 días. Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, tanto en la prisión, como la pena de multa la que se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado...Para esta sala la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento carecía de vigencia, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto, la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Mijares Emanuel Meza Montoya, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autora penalmente responsable de un delito de extorsión simple. . La conducta por la cual fue condenado Mijares Emanuel Meza Montoya, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por Decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, al concurrir la agravante del 374.1, “Cometer el hecho en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, por lo que dicha pena debe aumentarse en 1/3, quedando una pena abstracta de 20 a 26 años, 8 meses de prisión, y una multa de 1,000 a 1,333 días; la que a su vez debe ser rebajada por la aplicación del procedimiento abreviado, quedando una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y multa entre 750 y 1,000 días. Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, tanto en la prisión, como la pena de multa la que se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado...Para esta sala la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento carecía de vigencia, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto, la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Mijares Emanuel Meza Montoya, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autora penalmente responsable de un delito de extorsión simple. . La conducta por la cual fue condenado Mijares Emanuel Meza Montoya, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por Decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, al concurrir la agravante del 374.1, “Cometer el hecho en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, por lo que dicha pena debe aumentarse en 1/3, quedando una pena abstracta de 20 a 26 años, 8 meses de prisión, y una multa de 1,000 a 1,333 días; la que a su vez debe ser rebajada por la aplicación del procedimiento abreviado, quedando una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y multa entre 750 y 1,000 días. Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, tanto en la prisión, como la pena de multa la que se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado...Para esta sala la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento carecía de vigencia, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto, la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Mijares Emanuel Meza Montoya, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autora penalmente responsable de un delito de extorsión simple. . La conducta por la cual fue condenado Mijares Emanuel Meza Montoya, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por Decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, al concurrir la agravante del 374.1, “Cometer el hecho en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, por lo que dicha pena debe aumentarse en 1/3, quedando una pena abstracta de 20 a 26 años, 8 meses de prisión, y una multa de 1,000 a 1,333 días; la que a su vez debe ser rebajada por la aplicación del procedimiento abreviado, quedando una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y multa entre 750 y 1,000 días. Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, tanto en la prisión, como la pena de multa la que se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado...Para esta sala la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento carecía de vigencia, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto, la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de mayo del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Mijares Emanuel Meza Montoya, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa que se instruyó contra el señor MIJARES EMANUEL MEZA MONTOYA, por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB-090. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL “PRIMERO: El día diez (10) de Febrero del años dos mil diecinueve (2019), el Testigo Protegido BB090, se presentó a las instalaciones de la Fuerza Nacional antimaras y pandillas (FNAMP) a interponer denuncia, manifestando que hace un mes se presentaron a su centro de trabajo, cuatro personas del sexo masculino identificándose ser miembros activos de la pandilla 18, identificándose con los alias de EL MUECA, EL ZARCO, ELIEZER Y EL FLACO, amenazándole que si no pagaba la cantidad de cuatrocientos lempiras (lps.400.00) semanales, iban a matarlo, intimidándole con armas de fuego; inmediatamente fue asesorado el agente encargado de la investigación, para realizar una acta de seriado de dinero, consignando las series CH5802399, CH9655648, CJ6246679, CK0091215 que corresponde a cuatro billetes de cien lempiras, mismos que se entregarían a los individuos que el amenazaban y solicitaban el dinero. SEGUNDO: El día lunes dieciocho (18) de Febrero del año dos mil diecinueve (2019), agentes de investigación adscritos a la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (F.N.A.M.P.) realizaron una vigilancia en la Colonia Modesto Rodas Alvarado de la ciudad de Comayaguela, M.D.C., ubicándose en las cercanías del negocio del testigo protegido, siendo las ocho y cuarenta y cinco de la mañana (08:45 A.M.) observaron que cuatro personas de sexo masculino se dirigieron al lugar donde se encontraba el testigo protegido, uno de ellos ingreso al negocio mientras los otros realizaban vigilancia, una vez que recibió el dinero se reunió con las otras tres personas, posteriormente se retiraron del lugar, siendo requeridos y practicándoles el registro personal correspondiente, identificando al joven MIJARES EMANUEL MEZA MONTOYA como la persona que recogió el dinero y a quien se le encontró la cantidad de seis cientos lempiras (lps 600.00) en denominaciones de billetes de cien lempiras, incluidos los cuatro billetes de cien lempiras previamente reseñados y que el testigo protegido había entregado minutos antes, un teléfono celular marca Alcatel, y junto a él otras tres personas menores de edad a quienes se les encontró diferentes cantidades de dinero.” ANTECEDENTES 1) En fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, la Abogada Sandra Joaquín, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Mijares Enmanuel Meza Montoya, por suponerlo responsable del delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido BB090. (Folios 1-5 del antecedente). 2) Que en fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: CONDENANDO al imputado MIJARES ENMANUEL MEZA MONTOYA, por haber cometido el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “BB090” a las penas principales de ONCE (11) AÑOS TRES (03) MESES de reclusión y una multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MÍNIMOS, penas que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en el Valle de Tamara, Departamento de Francisco Morazán, quedando obligado a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario.-SEGUNDO: CONDENANDO al imputado MIJARES EMANUEL MEZA MONTOYA, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil del imputado, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. -CUARTO: No procede la condena en costas personales ni procesales. -QUINTO: Que se notifique la presente Sentencia a las Partes intervinientes.” (Folios 66-68 del antecedente). 3) En fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Mijares Emanuel Meza Montoya, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-4 del recurso de mérito). 4) En fecha uno de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante Aida Patricia Martínez, con la comparecencia de la Abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Ramón Matamoros, en su condición de Apoderada Legal del señor Mijares Emanuel Meza Montoya; se le cedió la palabra al Ministerio Público consideró: “…Al revisar los hechos probados y fundamentación jurídica de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión el 13 de mayo del 2019, quedó establecido que cuatro personas del sexo masculino identificándose como miembros activos de la pandilla 18, con los alias EL MUECA, EL ZARCO, ELIEZER Y EL FLACO amenazaron al testigo protegido que ni no pagaba L, 400.00 semanales, iban a matarlo, el lunes 18 de febrero del 2019 agentes de investigación adscritos a la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas realizaron una vigilancia observaron que cuatro personas del sexo masculino se dirigieron al lugar donde se encontraba el testigo protegido, uno de ellos ingresa al negocio mientras los otros realizaban la vigilancia posteriormente se retiraron del lugar siendo requeridos y practicándoles el registro personal correspondiente identificando al joven MIJARES EMANUEL MEZA MONTOYA como la persona que recogió el dinero... 3. De lo anteriormente expuesto se colige que la nueva norma penal prevista en los artículos 373 [reformado) y 374 del Código Penal vigente no le favorece al imputado, por contemplar una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión, que aumentada en 1/3 por la concurrencia de la agravante antes citada queda en una pena abstracta de veinte (20) a veintiséis (26) años ocho (8) meses de prisión, que al ser rebajada en un ¼ en igualdad de juzgamiento que se siguió por la vía del procedimiento abreviado queda en una pena de 15 a 20 años de prisión. Y en relación con la multa con el nuevo Código Penal esta fue modificada a días multa, que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) días, debiendo aumentarse en un tercio 1/3 por lo que correspondería imponer de 1000 a 1333 días y esta deberá ser rebajada en ¼ por la aplicación de la figura procesal del procedimiento abreviado quedando una multa de 750 a 1000 días, cuyo valor oscila en no menor de veinte (1.20.00) lempiras ni mayor de cinco mil (1.5000.00), que aplicado en su nivel más alto corresponde imponer una multa de L. TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS.3,750,000) 5 CINCO MILLONES (LPS. 5,000,000), de conformidad a los criterios establecidos en los artículos 53 y 616 del Código Penal vigente. 4. De las comparaciones de penas establecidas para el delito de extorsión conforme el decreto 130-2017 cuya norma fue reformada mediante decreto 93-2021 no resulta que éstas sean más favorables que las establecidas en el Código Penal de 1983, al concurrir la agravante de haber cometido los hechos en el ámbito de un grupo delictivo organizado, resultando la pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y la pena de multa resulta más onerosa que la impuesta en la sentencia que se pretende reveer Lps.413, 943.75). EN CONCLUSION: Se declare Sin lugar la Garantía Constitucional de Revisión interpuesta por el abogado defensor público RAMON MATAMOROS a favor del encartado MIJARES EMANUEL MEZA MONTOYA por no favorecerle la aplicación retroactiva de la ley penal.” (Folios 19-21 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de Revisión Penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal se celebró en fecha primero (1) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Mijares Emanuel Meza Montoya, como revisionista; y, la Abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El Abogado Ramón Matamoros, solicita la revisión de la pena y que se aplique el Principio de Retroactividad de la Ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, quien fue condenado por el delito de extorsión simple y se sometió a un procedimiento abreviado, quedando una pena de 11 años, 3 meses de reclusión y una multa de 37.5 salarios mínimos; con el nuevo código penal vigente, las penas quedarían en 7 años 6 meses y una multa de 500 salarios mínimos, si se aplica la ley intermedia. Por su parte, el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables a la sentenciada, en virtud que la pena a imponer es de mayor cuantía, pues deberá imponérsele una pena entre 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, al concurrir la agravante del 374.1, “Cometer el hecho en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, por lo que dicha pena debe aumentarse en 1/3, quedando una pena abstracta de 20 a 26 años, 8 meses de prisión, y una multa de 1,000 a 1,333 días; la que a su vez debe ser rebajada en ¼, por la aplicación del procedimiento abreviado, quedando una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y multa entre 750 y 1,000 días. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Mijares Emanuel Meza Montoya, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autora penalmente responsable de un delito de extorsión simple. La conducta por la cual fue condenado Mijares Emanuel Meza Montoya, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por Decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, al concurrir la agravante del 374.1, “Cometer el hecho en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, por lo que dicha pena debe aumentarse en 1/3, quedando una pena abstracta de 20 a 26 años, 8 meses de prisión, y una multa de 1,000 a 1,333 días; la que a su vez debe ser rebajada por la aplicación del procedimiento abreviado, quedando una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y multa entre 750 y 1,000 días. Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, tanto en la prisión, como la pena de multa la que se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado. 2. En cuanto a la solicitud que hace el recurrente de aplicar retroactivamente la “ley intermedia”; esta sala recuerda, que la Constitución de la República establece que: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Para esta sala la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento carecía de vigencia, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto, la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, en favor de la señora MIJARES EMANUEL MEZA MONTOYA. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada Villela Zavala. - Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha seis de mayo del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0117-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL