Sentencia RP-112-22 — Registro 18984
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria por el delito de Secuestro y Portación Ilegal de arma de uso Comercial, considerando la Sala Constitucional otorgamiento de recurso de reposición contra revisión de sentencia condenatoria declarado sin lugar, donde se le condenó a impetrante a una pena de veinte años como pena principal y la inhabilitación absoluta e interdicción civil como penas accesorias y siendo que por la aplicación de estricta conformidad se le aplicó la pena mínima contemplada en el Código Penal derogado, el cual establecía en su artículo 192 una pena de 20 años a privación de libertad de por vida y el Código Penal vigente establece en su artículo 240 una pena de doce a quince años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena; resultando más beneficiosa la aplicación de la retroactividad penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que revisado que ha sido el recurso de reposición planteado por la recurrente y la sentencia dictada en fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro por esta Sala, se aprecia que ciertamente son de recibo las exposiciones planteadas por la recurrente en el recurso de reposición interpuesto en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, puesto que tal como lo manifiesta en el mismo, al señor FERNANDO TROMBACCO MATUTE se le condenó a una pena de veinte años como pena principal y la inhabilitación absoluta e interdicción civil como penas accesorias y siendo que por la aplicación de estricta conformidad se le aplicó la pena mínima contemplada en el Código Penal derogado, el cual establecía en su artículo 192 una pena de 20 años a privación de libertad de por vida y el Código Penal vigente establece en su artículo 240 una pena de doce a quince años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena; resultando más beneficiosa la aplicación de la retroactividad penal. CONSIDERANDO (4): En este orden de ideas, esta Sala encuentra que las pretensiones expresadas por la recurrente en el recurso de reposición, se encuentran dentro del ámbito de la justicia constitucional y dada la naturaleza de los derechos que se estiman violentados con el acto reclamado, por las razones antes expuestas, y al existir un defecto procesal subsanable, es procedente acceder a lo solicitado por la impetrante y reponer la resolución que declara sin lugar de la presente acción de revisión penal y consecuentemente, el otorgamiento de la misma. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 240 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 240 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro. VISTOS: Para dictar sentencia los Recursos de Revisión Penal interpuestos por: 1.- El Abogado RAMON MATAMOROS, a favor de los señores FERNANDO TROMBACCO MATUTE y HENRY GEOVANNY BARAHONA SEVILLA (Reg. 0112-2022) y 2.- Los Abogados ARNOL HERNAN GOMEZ QUIROZ y SCARLETH MARISELA PADILLA ALVARADO, a favor del señor FERNANDO TROMBACCO MATUTE (Reg. 586-2022); ambos contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha once de abril de dos mil dieciséis, con relación a la causa que se instruyó contra los señores FERNANDO TROMBACCO MATUTE y HENRY GEOVANNY BARAHONA SEVILLA, por los delitos de SECUESTRO y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE USO COMERCIAL en perjuicio de GLENDA LIZETH FLORES SUAREZ conocida también como TESTIGO PROTEGIDO AL-100 y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.ANTECEDENTES 1)Que en fecha ocho de junio de dos mil catorce, el Ministerio Público, a través de su Agente de Tribunales, Abogada LESLY MARGARITA LOPEZ CASTELLANOS, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENRO DE FRANCISCO MORAZAN, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores HENRY GEOVANY BARAHONA SEVILLA, por suponerlo responsable del delito de SECUESTRO, en perjuicio de GLENDA LIZZETH FLORES JUAREZ y por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y contra LILIA CAROLINA PAVON OCHOA y FERNANDO TROMBACCO MATUTE, por suponerlos responsables del delito de SECUESTRO, en perjuicio de GLENDA LIZZETH FLORES JUAREZ. (Folios 01 al 08 de la pieza de Primera Instancia).2)Que seguido el procedimiento el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia en fecha once de abril de dos mil dieciséis, en la cual: “FALLA: PRIMERO: CONDENAR por conformidad de las partes, a los señores Henry Giovanni Barahona Sevilla y Fernando Trombacco Matute, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables penalmente del delito de Secuestro, en perjuicio de la joven Glenda Lizeth Flores Castro, conocida también en el proceso como testigo protegido AL-100, por el cual se les impone una pena de VEINTE AÑOS (20 años) como pena principal;, pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente; quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad a la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional; además, se les impone las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; ambas penas se imponen durante el tiempo de duración de la condena. SEGUNDO: CONDENAR por conformidad de las partes, al señor Henry Giovanni Barahona Sevilla cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables penalmente del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, por el cual se le impone una pena de Tres (3) Años de reclusión como pena principal;, pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente; quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad a la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional; además, se les impone las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; ambas penas se imponen durante el tiempo de duración de la condena.…” (Folios 260 al 267 de los antecedentes de primera instancia).3)Que en fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional el Abogado RAMON MATAMOROS, presentando Recurso de Revisión Penal a favor de los señores FERNANDO TROMBACCO MATUTE y HENRY GEOVANNY BARAHONA SEVILLA, el cual fue registrado con el número SCO-0112-2022; contra la sentencia de fecha once de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; manifestando el recurrente que promueve el presente recurso en base al principio de retroactividad de la ley penal, solicitando se apliquen las disposiciones más favorables contenidas en el nuevo Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo 130-2017; fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01 al 05 de la pieza de antecedentes).4)Que en fecha ocho de abril de dos mil veintidós los Abogados ARNOL HERNAN GOMEZ QUIROZ y SCARLETH MARISELA PADILLA ALVARADO, comparecieron ante esta Sala, presentando Recurso de Revisión Penal a favor del señor FERNANDO TROMBACCO MATUTE, registrado en este Tribunal con el número SCO-586-2022, contra la sentencia en fecha once de abril de dos mil dieciséis, de la que se hizo relación anteriormente; manifestando los recurrentes que promueven el presente recurso para que se apliquen retroactivamente las disposiciones más favorables contenidas en el nuevo Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo 130-2017; fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 37 y 38 del recurso).5)Que en fecha trece de abril de dos mil veintitrés, se celebró Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, en recurso registrado bajo el número SCO-0112-2022, habiendo comparecido el Abogado RAMÓN MATAMOROS, en su condición de apoderado legal de los señores FERNANDO TROMBACCO MATUTE y HENRY GEOVANNY BARAHONA SEVILLA y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpuso los recursos de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de sus representados, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, fue de la opinión que NO SE OTORGUE, la presente acción de revisión. (Folios 29 al 32 del recurso). 6)En fecha ocho de junio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, en recurso registrado bajo el número SCO-0586-2022, habiendo comparecido los Abogados ARNOL HERNAN GOMEZ QUIROZ y SCARLETH MARISELA PADILLA ALVARADO, en su condición de apoderados legales del señor FERNANDO TROMBACCO MATUTE, asimismo la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, quien fue de la opinión porque “SE OTORGUE la presente acción de revisión…” (Folios 50 al 52 del recurso).7) Que la Sala de lo Constitucional, del análisis de los recursos de revisión registrados con los números SCO-0112-2022 y SCO-0586-2022, advierte que los relacionados recursos fueron presentados contra el mismo acto reclamado, por lo que mediante auto de fecha doce de septiembre de dos mil veintitrés, dispuso que para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y producir una sola sentencia, se acumularan los recursos antes descritos. (Folio 54 del recurso).CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos de los Garantistas expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Los recurrentes fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Los garantistas señalan en los antecedentes que a sus representados les asiste el derecho de solicitar que se haga una revisión de la pena o condena para la aplicación de la retroactividad de la ley, considerando que el recurso de revisión penal consiste en el cambio de la pena impuesta a los señores Fernando Trombacco Matute Y Henry Geovanny Barahona Sevilla de la pena de veinte años de secuestro, y la pena de 3 años por portación ilegal de arma de fuego de uso comercial y su respectiva multa de L.5,000.00 por la reforma vigente del Código Pena establecida en los artículos 239 y 580 numeral 1; en relación con el principio de retroactividad de la ley penal establecida en los artículos 615 y 616; por lo que seria más recomendable imponer una pena conforme a lo que establece nuestra norma penal decreto 130-2017, es decir; para el delito de secuestro la pena de 8 a 12 años y por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, la pena de 1 a 4 años, sin el aumento de 1/3 de la pena. Es por ello que se solicita que se reforme la pena, aplicándole la pena mínima de quince años, tal como se estableció la pena mínima por el Tribunal de Sentencia mediante una estricta conformidad.CONSIDERANDO (4): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO (5): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal del expediente SCO-112-2022 se celebró en fecha trece de abril de dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado RAMON MATAMOROS, en representación de los señores FERNANDO TROMBACCO MATUTE y HENRY GEOVANNY BARAHONA SEVILLA, como revisionista; y, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña y la abogada Lourdes Elena Barrientos Sahury, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República. El abogado Ramón Matamoros funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor de los condenados cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que ratifica el contenido de la solicitud de revisión de sentencia condenatoria, que se aplique el principio de retroactividad de la ley penal a favor de los señores Fernando Trombacco Matute y Henry Giovanny Barahona Sevilla, quienes fueron condenados por los delitos de secuestro y portación ilegal de arma de fuego comercial, a una pena de veinte años por el delito de secuestro y tres por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial; de los artículos 192 y 332-A del Código Penal derogado. Sustituirle la pena y multa por el articulo 239 y 580 numeral 1 del Código Penal vigente, en donde establece que, para el delito de secuestro, una pena concreta de 8 a 12 años y para el delito de tenencia ilegal o porte ilegal de arma de fuego, una pena de 1 a 4 años y localización permanente de dos años. Que lo mas beneficioso para los intereses personales de los condenados es una pena mínima de ocho años por secuestro y la tenencia ilegal de arma de fuego, una pena mínima de un año y localización permanente de dos años. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que después del estudio del caso se aprecia que el revisionista solicita que se revea la sentencia definitiva, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor de los condenados, y argumenta que de conformidad a las disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal vigente, (Decreto 130-2017) los delitos por los cuales fueron condenados sus representados, son sancionados con una pena mas benigna, indicando que para el delito de secuestro dicho código en su articulo 239, señala una pena de prisión de ocho a doce años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena, a diferencia del Código Penal anterior que en su artículo 192 señalaba la pena de reclusión de 20 años a privación de la libertad de por vida; igualmente en relación al delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, el revisionista argumenta que corresponde aplicar el articulo 580 numeral 1 del Código Penal vigente, el cual señala para el delito de tenencia ilegal de arma de fuego permitidas, una pena de uno a cuatro años de prisión y localización permanente de hasta dos años; a diferencia del Código anterior, que señalaba una pena de tres seis años de reclusión, independientemente si se trataba de tenencia o de portación; por lo que a su criterio es procedente aplicar la nueva ley, por ser la más favorable a sus representados. Siendo a criterio de esta representación fiscal, enmarcar los hechos en el artículo 580 último párrafo del Código Penal vigente, quedando una pena abstracta de cuatro (4) a cinco (5) años cuatro (4) meses y localización permanente de dos años ocho meses. Siendo así que al analizar la aplicabilidad del Código Penal vigente, para el delito de secuestro agravado contemplado en los artículos 239 y 240, contra el articulo 192 del Código Penal anterior bajo el cual fueron condenados los señores Fernando Trombacco Matute y Henry Giovanny Barahona Sevilla, se puede observar que la pena impuesta en la sentencia condenatoria en revisión de veinte años de reclusión hubiera sido imponible con la aplicación del nuevo Código Penal al encontrarse dentro del rango de la pena abstracta señalada para el delito, tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes, tal como lo señala el articulo 616 del Código Penal. En relación al delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, al analizar la aplicabilidad del articulo 580 último párrafo del Código Penal vigente en comparación con el articulo 332-A del Código Penal derogado bajo el cual fue condenado el señor Henry Giovanny Barahona Sevilla, se puede observar que el nuevo código, señala para el delito de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido una pena de prisión de cuatro a cinco años cuatro meses y localización permanente de hasta dos años ocho meses, resultando que la pena de tres años de reclusión impuesta en la sentencia, resulta mas baja que la que se habría de imponer en caso de aplicar la nueva legislación, por tanto, el Ministerio Público se pronuncia porque no se otorgue la presente acción de revisión. CONSIDERANDO (6): Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal del expediente SCO-586-2022 se celebró en fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de los abogados ARNOL HERNAN GOMEZ QUIROZ Y SCARLETH MARISELA PADILLA ALVARADO, en representación del señor FERNANDO TROMBACCO MATUTE, como revisionistas; y, la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. Los abogados Arnol Hernán Gómez Quiroz y Scarleth Marisela Padilla Alvarado fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor de los condenados cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguyendo en síntesis que el señor Fernando Trombacco Matute, fue condenado por el delito de secuestro y que mediante decreto 144-83, mismo que se encontraba vigente al momento de la comisión del delito, establecía una pena de veinte años a privación de libertad de por vida; y se le impuso una pena de veinte años en un proceso de estricta conformidad ante el Tribunal de Sentencia. El Código Penal vigente, en el artículo 239, establece una pena abstracta para el delito de secuestro de ocho a doce años de prisión y el articulo 240 establece para el secuestro agravado, una pena abstracta de quince a veinte años de prisión. Por lo que se solicita que, en vista que se le aplicó la pena mínima con el Código Penal derogado, de igual manera se aplique la retroactividad de la ley penal y en ese sentido, se modifique la pena impuesta a la mínima de secuestro agravado, la cual es de quince años más la inhabilitación absoluta e interdicción civil. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que después del estudio del caso se aprecia que los revisionistas en su escrito de interposición solicitan que se revea la sentencia definitiva de fecha once de abril de dos mil dieciséis dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial en Materia Penal, fundando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal, el delito por el cual fue condenado su representado, es sancionado con una pena mas benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la ley que mas le favorezca. De lo expuesto por los revisionistas, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes indicando las sanciones correspondientes al delito de secuestro por el cual fue condenado el señor Fernando Trombacco Matute, el cual era sancionado según lo establecido en el articulo 192 del Código Penal derogado, a una pena de veinte años a privación de la libertad de por vida. El nuevo Código Penal tipifica el delito de secuestro en el articulo 239, determinando una pena de prisión de 8 a 12 años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena; en tanto el articulo 240 determina el secuestro agravado, castigando con la pena de prisión de doce a quince años y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1) el autor logre el cumplimiento de la condición. 2)… 3)… 4) La persona secuestrada es menos de dieciocho años. 5) Si concurrieran dos o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince a veinte años. De tal manera que, al desprenderse del hecho probado que se obtuvo el dinero del rescate para la liberación de la victima y esta al momento de los hechos era menor de dieciocho años, la pena abstracta que corresponde es la de quince a veinte años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. Siendo evidente que, al ser condenado en estricta conformidad, corresponde imponer la pena en el mismo término, por lo que, al contemplar la nueva norma sustantiva, una pena menor a la que fu sentenciado, procede aplicar el principio de retroactividad de la ley penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por tanto, el Ministerio Público se pronuncia porque se otorgue la presente acción de revisión teniendo en consideración los términos supra señalados. CONSIDERANDO (7): Del principio de legalidad y de las reglas generales y particulares de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. * Del principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.2), en la Declaración de los derechos y Deberes del Hombre (artículos 5 y 15), en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (artículo 9), en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (artículos 6, 9 y 14), en el Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer y Cumplir la Ley (artículo 1), así como en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades y la Carta Africana Sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. De igual modo, en la Constitución de la República de Honduras se establece en el artículo 84 que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. El Principio de Legalidad exige del legislador: a. Que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible (Nullum crimen sine lege certa), y, b. Que las leyes no tengan efecto retroactivo (nullum crimen sine lege praevia), salvo cuando le sea más favorable al procesado o condenado. Por otra parte, exige del juzgador: a. Que sus condenas se basen en la ley escrita y no en el derecho consuetudinario (nullum crimen sine lege scripta) y, b. Que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado (nullum crimen sine lege stricta), la llamada prohibición por analogía. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley que regula las mismas situaciones que la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría a su arbitrio contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: a. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; b. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o, c. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más favorable no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. En el texto del artículo 96 de la Constitución Política se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente al momento del hecho; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior y por la cual estaba siendo juzgada o por la cual fue condenada la persona; y, c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y, c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales en los siguientes casos: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. * Casos en que no procede la ponderación de norma penal más favorable. El nuevo Código Penal prevé una serie de prohibiciones respecto a la ponderación de la norma más favorable y, en su caso, la aplicación retroactiva de la norma penal sustantiva más favorable. Dichas prohibiciones son: a. Penas ejecutadas (artículo 622): No se hará revisión de penas ejecutadas completamente, salvo para efectos de alegar inexistencia de reincidencia en un nuevo proceso penal; b. Penas a cumplir en vacancia legal (artículo 622): No se hará revisión de las penas cuya fecha de cumplimiento este dentro del periodo de vacancia legal del cp-130-2017; c. Suspensión de la pena y libertad condicional (artículo 618): no se hará revisión de penas suspendidas condicionalmente y penas de personas en libertad condicional conforme el VCP 144-1983, salvo reactivación de la pena por incumplimiento del beneficio; y, d. Responsabilidad civil derivada del delito (artículo 626): La despenalización del delito no afectará los procesos pendientes y los pronunciamientos firmes respecto a la responsabilidad civil derivada. * Reglas generales de ponderación El Código Penal 130-2017 prevé una serie de reglas generales que deben de observarse en el proceso de ponderación ya sea en primera instancia como en la resolución de recursos devolutivos. Dichas reglas generales son: a) Proceso contradictorio: El proceso de ponderación debe de realizarse de manera contradictoria; el artículo 616 indica que es obligatorio emplazar siempre a la persona procesada o condenada, así como a las demás partes, para la celebración de una audiencia que tenga tal efecto. Es excepción de esto los procesos que se encuentren en trámite de un recurso devolutivo, cuyo emplazamiento este hecho por la ley al disponerse la presentación de un escrito supletorio; b) Prohibición de fragmentación: El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera confrontación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 versus todas las normas del Código 130-2017; c) Penas conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (artículo 617 NCP); d) Extinción de la pena por cumplimiento: El artículo 621 indica que el juzgado de ejecución deberá de declarar extinguida la pena y ordenará la libertad inmediata de la persona cuando conforme el NCP144-83 haya cumplido una pena superior a la que señala para ese mismo delito por el NCP130-2017. Es pues que el supuesto requiere: i. Identidad en el tipo de Pena entre ambos cuerpos normativos; y ii. Que se trate de penas no concursadas. Cuando no se cumplan estas dos reglas se deberá de seguir con el procedimiento respecto a penas de distinta naturaleza o penas concursadas; e) Atipicidad: De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 615 del NCP, los hechos tipificados como delitos en el VCP pero que no encuentren su réplica en la nueva codificación, deben de motivar el dictado de un sobreseimiento definitivo en las causas penales activas y la declaratoria de cesación de cumplimiento de pena en las sentencias condenatorias firmes que se estén ejecutando. El sobreseimiento puede ser dictado en cualquier etapa del proceso, siendo la excepción a la regla de que la ponderación se debe de reservar para el momento del juzgamiento; f) Penas privativas de libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (artículo 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentra dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (artículo 621); g) Pena de multa: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa. La aplicación retroactiva se realizará excepcionalmente cuando: i. No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y ii. la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (artículo 619). En caso de encontrar un delito o falta en el VCP coincidente en el supuesto de hecho con uno previsto en el NCP, y que ambos sancionen con multa; y que además proceda la excepción antes explicada, se procederá a la conversión, cuyas reglas son las siguientes: i. Cada salario mínimo impuesto como pena de multa por el VCP144-83 equivaldrá a 10 días multa regulados por el NCP130-2017; ii. Si la pena de multa impuesta por el VCP144-83 es por una cantidad fija, se procederá a realizar la comparación cuantitativa entre ésta y la pena de multa que corresponda conforme el NCP130-2017; h) Penas privativas de derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (artículo 620); y, i) Medidas de seguridad: Respecto a las medidas de seguridad impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (artículo 625). *Reglas particulares de ponderación: penas concursadas y penas no concursadas. A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta con base al rigor del VCP 144-83, lo que incluye establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: * Concurso ideal. Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un concurso ideal (artículo 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite subjetivo, ii. Limite objetivo ordinario; y, iii. Limite objetivo extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. *Delito continuado. En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (artículo 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (artículo 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el concurso ideal. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: a. En primera instancia: a. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá qué codificación es la más beneficiosa; o b. En segunda instancia y única instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicará la pena que le sea más favorable al procesado y con ello se definirá que cuerpo normativo corresponde aplicar. *Concurso real. Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y, ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o iii. Para hacer efectivo el limite subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por penas conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. *Concurso medial El concurso medial desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un concurso medial (artículo 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, explicado ut supra; b. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; c. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. *Penas conjuntas no concursadas. Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO (8): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado.” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario.CONSIDERANDO (9): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.CONSIDERANDO (10): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores Fernando Trombacco Matute y Henry Geovany Barahona Sevilla fueron condenados por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en materia Penal en fecha once de abril de dos mil dieciséis, a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de SECUESTRO en perjuicio de la joven GLENDA LIZETH FLORES CASTRO; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; asimismo se condenó al señor Henry Geovany Barahona Sevilla, como autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego comercial en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, a una pena de tres años de reclusión como pena principal, más la penas accesorias de inhabilitación especial más interdicción civil durante el tiempo de la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de los impetrantes, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal derogado, estimando que la acción ejecutada por los imputados se subsume en el tipo penal de SECUESTRO en perjuicio del joven GLENDA LIZETH FLORES CASTRO. III. Que de igual manera se constata que el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el articulo 332-B del Código Penal derogado, estimando que la acción ejecutada por el imputado Henry Geovanny Barahona Sevilla se subsume en el tipo penal de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. IV. Esta Sala realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice para verificar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (11): I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al Código Penal derogado, la pena a imponer por el delito de secuestro era reclusión de veinte años a privación de la libertad de por vida, mientras que la pena regulada en el artículo 239 del vigente Código Penal, se impone una pena de ocho a doce años de reclusión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) el autor logre el cumplimiento de la condición 2)…, 3)…,4) la persona secuestrada es menor de dieciocho años, 5) si concurrieren dos o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince a veinte años. II. Del hecho probado se desprende que se obtuvo el dinero del rescate por la liberación de la víctima y que esta era menor de dieciocho años al momento de los hechos; por tanto, se aplica lo establecido en el penúltimo párrafo del articulo 240 del Código Penal vigente. Asimismo; siendo que fue condenado en estricta conformidad, corresponde imponer la pena en el mismo término que en la sentencia condenatoria de fecha once de abril de dos mil dieciséis; es decir, aplicar la pena mínima tal como se hizo en la sentencia ya referida; por lo que; al contemplar la nueva norma sustantiva, vemos que la nueva pena se encuentra dentro del mismo rango de pena, ya que fue condenado a veinte años de reclusión y la nueva legislación estable una pena de quince a veinte años de prisión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Por tanto, no resulta procedente la presente acción de revisión penal. III. Asimismo, la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al Código Penal derogado, según lo establecido en el artículo 332-B; la pena a imponer al señor Henry Geovanny Barahona Sevilla por el delito de portación de arma de fuego comercial, era de tres a seis años de reclusión. Y siendo que fue condenado en estricta conformidad, corresponde imponer la pena en el mismo término que en la sentencia condenatoria de fecha once de abril de dos mil dieciséis; es decir, aplicar la pena mínima tal como se hizo en la sentencia ya referida; por lo que; al contemplar la nueva norma sustantiva, la pena se encuentra dentro del mismo rango de pena, ya que fue condenado a una pena de tres años y la nueva legislación establece una pena de uno a cuatro años de reclusión; por tanto, no resulta procedente la presente acción de revisión penal. IV. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, la pena a aplicar en este caso sería de 15 años de reclusión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de secuestro y un año de prisión por el delito de portación de arma comercial conforme a los artículos 239, 240 y 580 del Código Penal vigente. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como por lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores Fernando Trombacco Matute Y Henry Geovanny Barahona Sevilla de una norma vigente que le resulta más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando NO HA LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor de los señores FERNANDO TROMBACCO MATUTE Y HENRY GEOVANNY BARAHONA SEVILLA (Reg. SCO-112-2022) y 2.- Los Abogados ARNOL HERNAN GOMEZ QUIROZ Y SCARLETH MARISELA PADILLA ALVARADO, a favor del señor FERNANDO TROMBACCO MATUTE (Reg. SCO-586-2022); ambos contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha once de abril de dos mil dieciséis; Y MANDA: Redactó la Magistrada ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LOCONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de febrero del dos mil veinticinco. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada SCARLETH MARISELA PADILLA ALVARADO en la sentencia del recurso de amparo presentado por la peticionaria a favor del señor FERNANDO TROMBACCO MATUTE, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro y por la cual se falla no ha lugar el recurso de revisión penal interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha once de abril de dos mil dieciséis, con relación a la causa que se instruyó contra los señores FERNANDO TROMBACCO MATUTE y HENRY GEOVANNY BARAHONA SEVILLA, por los delitos de SECUESTRO y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE USO COMERCIAL en perjuicio de GLENDA LIZETH FLORES SUAREZ conocida también como TESTIGO PROTEGIDO AL-100 y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.CONSIDERANDO (1): Que en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, la recurrente abogada SCARLETH MARISELA PADILLA ALVARADO, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, por considerar que al emitir esta Sala el fallo objeto del presente recurso de reposición, no consideró la opinión favorable contenida en el expediente SCO-0586-2022 emitida por la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución para otorgar el recurso de revisión penal por ser procedente aplicar la retroactividad de la ley al ser más benigna para el señor Fernando Trombacco Matute; asimismo, aprecia que se hace referencia y análisis si en este caso en concreto, podría haberse aplicado un concurso ideal, medial o real, pero cabe señalar que el señor Trombacco Matute fue condenado únicamente por el delito de secuestro, por lo que no podría analizarse si se procedería a aplicar alguna de las tres clases de concursos ya referidas. CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho; misma que fue efectuada personalmente por la abogada SCARLETH MARISELA PADILLA ALVARADO en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, interponiéndose el recurso de reposición en esa misma fecha, según consta en la pieza de mérito.CONSIDERANDO (3): Que revisado que ha sido el recurso de reposición planteado por la recurrente y la sentencia dictada en fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro por esta Sala, se aprecia que ciertamente son de recibo las exposiciones planteadas por la recurrente en el recurso de reposición interpuesto en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, puesto que tal como lo manifiesta en el mismo, al señor FERNANDO TROMBACCO MATUTE se le condenó a una pena de veinte años como pena principal y la inhabilitación absoluta e interdicción civil como penas accesorias y siendo que por la aplicación de estricta conformidad se le aplicó la pena mínima contemplada en el Código Penal derogado, el cual establecía en su artículo 192 una pena de 20 años a privación de libertad de por vida y el Código Penal vigente establece en su artículo 240 una pena de doce a quince años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena; resultando más beneficiosa la aplicación de la retroactividad penal. CONSIDERANDO (4): En este orden de ideas, esta Sala encuentra que las pretensiones expresadas por la recurrente en el recurso de reposición, se encuentran dentro del ámbito de la justicia constitucional y dada la naturaleza de los derechos que se estiman violentados con el acto reclamado, por las razones antes expuestas, y al existir un defecto procesal subsanable, es procedente acceder a lo solicitado por la impetrante y reponer la resolución que declara sin lugar de la presente acción de revisión penal y consecuentemente, el otorgamiento de la misma. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188, 189, 222 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 240 del Código Penal, 4 numerales 6, 7 y 8, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: DECLARAR CON LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SCARLETH MARISELA PADILLA ALVARADO en la sentencia del recurso de revisión penal presentado por la peticionaria a favor del señor FERNANDO TROMBACCO MATUTE, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro; por existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. En consecuencia, SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor FERNANDO TROMBACCO MATUTE, por el delito SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de GLENDA LIZETH FLORES SUAREZ, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor FERNANDO TROMBACCO MATUTE, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de GLENDA LIZETH FLORES SUAREZ, a la pena de QUINCE (15) AÑOS de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e interdicción civil por el tiempo de la condena así como la responsabilidad civil. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente Sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiun días del mes de abril de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro y Resolución de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, recaídas en el Recurso Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-112 y 586-2022
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL