Sentencia RP-1118-22 — Registro 18319
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria por delito de estafa continuada en aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley en materia penal , a criterio de la Sala Constitucional colige que, en la norma sustantiva vigente, la pena principal de multa para este delito desaparece, o sea solamente se castiga con pena de prisión. Ergo, se verifica que la pena privativa del Código Penal Vigente es menos gravosa para el encausado. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica contenida en sentencia examinada.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
a Sala de lo Constitucional. i. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Walter Mauricio Cruz Alonzo, la pena de once (11) años tres (3) meses de reclusión y multa de ciento sesenta y ocho mil doscientos veinticinco lempiras (l.168,225.00), por ser autor penalmente responsable del delito de estafa continuada, en perjuicio de Clelian Yamileth Espinal Castañeda, Pablo Filiberto Maradiaga Madrid, Ricardo Adolfo Salinas Rivera, Mayra Leticia Varela Escobar, Juan Ramon Sánchez, José Fernando Velásquez Centeno, Saskia Karina Acosta Rubio, Miguel De Jesús García Izaguirre, Iris Suyapa Varela Escobar, Mirna Lili Ruiz López y otros, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. ii. Esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme, antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos los artículos 240, 241, en relación al 37 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de estafa continuada. iii. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al código penal derogado decreto 144-83, la pena a imponer por el delito de ESTAFA era reclusión de seis (6) a nueve (9) años y multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado, y por tratarse de un delito continuado se aplicó al sentenciado lo establecido en el artículo 37, segundo párrafo de dicho código penal derogado, es decir la pena más grave aumentada en dos tercios, por lo que el rango de la pena a imponer era de diez (10) a quince (15) años de reclusión, a la cual se le rebajó un cuatro (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado, resultando un rango de siete (7) años seis (6) meses a once (11) años tres (3) meses, determinando el órgano jurisdiccional la pena máxima, es decir, once (11) años tres (3) meses de reclusión, más multa equivalente al diez por ciento (10%)del valor defraudado y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. iv. En cuanto al Código Penal Vigente Decreto 130-2017 regula el delito de estafa en el artículo 365 que literalmente dice: “Comete estafa quien, con ánimo de lucro, utiliza engaño suficiente para producir error en otro y le induce a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. También se comete el delito de estafa en los casos siguientes: 1) Quien con el propósito de obtener un provecho ilícito consigue la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero, mediante una manipulación informática o el uso de otro artificio semejante; y, 2) Quien utilizando ilegítimamente tarjeta de crédito o débito, cheque, pagaré, letra de cambio, los datos obrantes en cualquiera de ellos o cualquier otra forma de pago similar, realiza con ánimo de lucro operaciones en perjuicio de su titular o de un tercero. El delito de estafa debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de lo defraudado, excede de Cinco Mil Lempiras (L5,000). Para la determinación de la pena en estos delitos se debe atender al importe de lo defraudado, la pérdida económica causada al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por el reo y cualesquiera otras circunstancias similares que sirvan para valorar la gravedad de la infracción.” Es decir que el código penal vigente decreto 130-2017 para la acción típica realizada por el sentenciado regula una pena abstracta de dos (2) a cuatro (4) años prisión. Según los hechos probados de la sentencia este margen abstracto debe aumentarse en un tercio (1/3) por concurrir la agravante específica: La contemplada en el artículo 366 numeral 3) del CP 130-2017, que establece los hechos revisten especial gravedad por la cuantía defraudada, dando como resultado una pena de cuatro (4) a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión, v. Según el margen abstracto imponible de 4 años a 5 años 4 meses de prisión, debe aumentarse hasta en un tercio (1/3) por encontrarnos ante un concurso continuado (según artículo 68 del NCP), ello porque según la sentencia revisada existe identidad de ocasión, realizó una pluralidad de acciones que ofendieron a un mismo sujeto e infringen el mismo precepto penal, por lo cual debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que en definitiva nos da un límite superior de siete (7) años un (1) mes diez (10) días y un límite inferior de cinco (5) años cuatro (4) meses. Ahora bien, las penas establecidas en el párrafo anterior se rebajan en un cuarto (¼), ya que el sentenciado se sometió al procedimiento abreviado quedando como nuevo margen abstracto de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión. Del mismo modo, se colige que, en la norma sustantiva vigente, la pena principal de multa para este delito desaparece, o sea solamente se castiga con pena de prisión. Ergo, se verifica que la pena privativa del Código Penal Vigente es menos gravosa para el encausado. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica contenida en sentencia examinada. vi. En cuanto, a lo manifestado por la fiscal del ente acusador, que no se otorgue el presente recurso, porque correspondería aplicar la pena de 21 delitos de estafa, en concurso real, pena mínima que oscilaría de 63 a 84 años de prisión. Esta Sala de lo Constitucional no comparte dicho criterio, en virtud que, en la sentencia revisada, en los hechos concretos el órgano jurisdiccional condenó por un delito ESTAFA CONTINUADA, sin hacer uso de la figura del concurso real. vii. Por lo tanto, en vista de que las circunstancias de los hechos manifiestan concurrencia de agravantes o atenuantes, circunstancias estas que son modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal; siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, así como los términos plasmados en la sentencia revisada en la cual se impuso la pena máxima por el delito sindicado, de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos; en atención a ello, la pena a imponer al señor Walter Mauricio Cruz Alonzo, por el delito de estafa continuada seria de cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión. viii. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que los sentenciados hayan estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 84 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
a Sala de lo Constitucional. i. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Walter Mauricio Cruz Alonzo, la pena de once (11) años tres (3) meses de reclusión y multa de ciento sesenta y ocho mil doscientos veinticinco lempiras (l.168,225.00), por ser autor penalmente responsable del delito de estafa continuada, en perjuicio de Clelian Yamileth Espinal Castañeda, Pablo Filiberto Maradiaga Madrid, Ricardo Adolfo Salinas Rivera, Mayra Leticia Varela Escobar, Juan Ramon Sánchez, José Fernando Velásquez Centeno, Saskia Karina Acosta Rubio, Miguel De Jesús García Izaguirre, Iris Suyapa Varela Escobar, Mirna Lili Ruiz López y otros, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. ii. Esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme, antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos los artículos 240, 241, en relación al 37 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de estafa continuada. iii. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al código penal derogado decreto 144-83, la pena a imponer por el delito de ESTAFA era reclusión de seis (6) a nueve (9) años y multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado, y por tratarse de un delito continuado se aplicó al sentenciado lo establecido en el artículo 37, segundo párrafo de dicho código penal derogado, es decir la pena más grave aumentada en dos tercios, por lo que el rango de la pena a imponer era de diez (10) a quince (15) años de reclusión, a la cual se le rebajó un cuatro (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado, resultando un rango de siete (7) años seis (6) meses a once (11) años tres (3) meses, determinando el órgano jurisdiccional la pena máxima, es decir, once (11) años tres (3) meses de reclusión, más multa equivalente al diez por ciento (10%)del valor defraudado y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. iv. En cuanto al Código Penal Vigente Decreto 130-2017 regula el delito de estafa en el artículo 365 que literalmente dice: “Comete estafa quien, con ánimo de lucro, utiliza engaño suficiente para producir error en otro y le induce a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. También se comete el delito de estafa en los casos siguientes: 1) Quien con el propósito de obtener un provecho ilícito consigue la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero, mediante una manipulación informática o el uso de otro artificio semejante; y, 2) Quien utilizando ilegítimamente tarjeta de crédito o débito, cheque, pagaré, letra de cambio, los datos obrantes en cualquiera de ellos o cualquier otra forma de pago similar, realiza con ánimo de lucro operaciones en perjuicio de su titular o de un tercero. El delito de estafa debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de lo defraudado, excede de Cinco Mil Lempiras (L5,000). Para la determinación de la pena en estos delitos se debe atender al importe de lo defraudado, la pérdida económica causada al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por el reo y cualesquiera otras circunstancias similares que sirvan para valorar la gravedad de la infracción.” Es decir que el código penal vigente decreto 130-2017 para la acción típica realizada por el sentenciado regula una pena abstracta de dos (2) a cuatro (4) años prisión. Según los hechos probados de la sentencia este margen abstracto debe aumentarse en un tercio (1/3) por concurrir la agravante específica: La contemplada en el artículo 366 numeral 3) del CP 130-2017, que establece los hechos revisten especial gravedad por la cuantía defraudada, dando como resultado una pena de cuatro (4) a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión, v. Según el margen abstracto imponible de 4 años a 5 años 4 meses de prisión, debe aumentarse hasta en un tercio (1/3) por encontrarnos ante un concurso continuado (según artículo 68 del NCP), ello porque según la sentencia revisada existe identidad de ocasión, realizó una pluralidad de acciones que ofendieron a un mismo sujeto e infringen el mismo precepto penal, por lo cual debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que en definitiva nos da un límite superior de siete (7) años un (1) mes diez (10) días y un límite inferior de cinco (5) años cuatro (4) meses. Ahora bien, las penas establecidas en el párrafo anterior se rebajan en un cuarto (¼), ya que el sentenciado se sometió al procedimiento abreviado quedando como nuevo margen abstracto de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión. Del mismo modo, se colige que, en la norma sustantiva vigente, la pena principal de multa para este delito desaparece, o sea solamente se castiga con pena de prisión. Ergo, se verifica que la pena privativa del Código Penal Vigente es menos gravosa para el encausado. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica contenida en sentencia examinada. vi. En cuanto, a lo manifestado por la fiscal del ente acusador, que no se otorgue el presente recurso, porque correspondería aplicar la pena de 21 delitos de estafa, en concurso real, pena mínima que oscilaría de 63 a 84 años de prisión. Esta Sala de lo Constitucional no comparte dicho criterio, en virtud que, en la sentencia revisada, en los hechos concretos el órgano jurisdiccional condenó por un delito ESTAFA CONTINUADA, sin hacer uso de la figura del concurso real. vii. Por lo tanto, en vista de que las circunstancias de los hechos manifiestan concurrencia de agravantes o atenuantes, circunstancias estas que son modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal; siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, así como los términos plasmados en la sentencia revisada en la cual se impuso la pena máxima por el delito sindicado, de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos; en atención a ello, la pena a imponer al señor Walter Mauricio Cruz Alonzo, por el delito de estafa continuada seria de cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión. viii. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que los sentenciados hayan estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 84 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, once de septiembre de dos mil veinticuatro. VISTA: Para dictar sentencia el recurso de revisión penal, promovido por los abogados Gloria Elizabeth Rosales Pineda y Marlon Ricardo Sánchez Pineda, en favor de Walter Mauricio Cruz Alonzo, contra la sentencia de fecha uno (01) de marzo de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la sección judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante la cual falló: “PRIMERO: Que se debe condenar y se condena al señor WALTER MAURICIO CRUZ ALONZO, a LA PENA DE ONCE (11 AÑOS), TRES (3) MESES DE RECLUSION, por su culpabilidad en el delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de CLELIAN YAMILETH ESPINAL CASTAÑEDA, PABLO FILIBERTO MARADIAGA MADRID, RICARDO ADOLFO SALINAS RIVERA, MAYRA LETICIA VARELA ESCOBAR, JUAN RAMON SANCHEZ, JOSE FERNANDO VELASQUEZ CENTENO, SASKIA KARINA ACOSTA RUBIO, MIGUEL DE JESUS GARCIA IZAGUIRRE, IRIS SUYAPA VARELA ESCOBAR, MIRNA LILI RUIZ LOPEZ, NELSON GERARDO RUBI, LENIN BLADIMIR GARCIA, JOSE MIGUEL ALVARENGA, MARIA FERMINA FLORES ACEITUNO, JULIO CESAR CABALLERO ROMERO, EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA, MARIA YACKELINE GABARRETE DIAZ, FAUSY JOSUE PINTO ORDOÑEZ, ANGEL LARISSA ESPINAL PINEL, CARLOS ARTURO RIVERA HERNANDEZ, BELKY ROSSANA GALVEZ UMAÑA; Asimismo se condena al pago de UNA MULTA equivalente a CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS (LPS. 168,225.00), la cual deberá hacerla efectiva en la Tesorería General de la Republica, cumpliendo la pena en el Centro Penitenciario Nacional de Tamara, departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Que se debe condenar y se condena al señor WALTER MAURICIO CRUZ ALONZO, como consecuencia de la condena de reclusión a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo de la condena principal y a realizar trabajos en obras públicas dentro del establecimiento Penitenciario Nacional por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: No procede la codena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio. CUARTO: Se declara la responsabilidad civil del condenado. QUINTO: …”.Son partes: 1) Los abogados Gloria Elizabeth Rosales Pineda y Marlon Ricardo Sánchez Pineda, como revisionista; 2) La abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, fiscal del Ministerio Público.Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal“PRIMERO: Que el señor WALTER MAURICIO CRUZ ALONZO, se hizo pasar ente las victimas como vendedor de vehículos, quien estaba legalmente constituido como comerciante individual, haciendo creer a sus víctimas que previa entrega de una cantidad de dinero, vehículos y documentos de los mismos firmando recibos o contratos de promesa de venta, él les entregaría un vehículo mejor y que supuestamente compraba por subasta en óptimas condiciones y quien nunca hizo entrega de dichos vehículos y tampoco devolvió el dinero que le entregaran las victimas” Antecedentes1.Del inicio del proceso penal. En fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de letras de lo penal de la sección judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada Karen García, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Walter Mauricio Cruz Alonzo, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de estafa continuada, en perjuicio de los señores Clelian Yamileth Espinal Castañeda, Pablo Filiberto Maradiaga Madrid, Ricardo Adolfo Salinas Rivera, Mayra Leticia Varela Escobar, Juan Ramon Sánchez, José Fernando Velásquez Centeno, Saskia Karina Acosta Rubio, Miguel De Jesús García Izaguirre, Iris Suyapa Varela Escobar, Mirna Lili Ruiz López y otros.2.De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, Juzgado de letras de lo penal de la sección judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha uno (01) de marzo de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual falló condenar a Walter Mauricio Cruz Alonzo, a la pena de once (11) años tres (3) meses de reclusión y multa de ciento sesenta y ocho mil doscientos veinticinco lempiras (L. 168,225.00), por ser autor penalmente responsable de un delito de estafa continuada, en perjuicio los señores Clelian Yamileth Espinal Castañeda, Pablo Filiberto Maradiaga Madrid, Ricardo Adolfo Salinas Rivera, Mayra Leticia Varela Escobar, Juan Ramon Sánchez, José Fernando Velásquez Centeno, Saskia Karina Acosta Rubio, Miguel De Jesús García Izaguirre, Iris Suyapa Varela Escobar, Mirna Lili Ruiz López y otros, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito.3. De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. Los abogados Gloria Elizabeth Rosales Pineda y Marlon Ricardo Sánchez Pineda, en representación de Walter Mauricio Cruz Alonzo, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha uno (01) de marzo del dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de letras de lo penal de la sección judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veintidós (2022) (f. 6).4.De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia de aposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional habiendo comparecido los abogados Gloria Elizabeth Rosales Pineda y Marlon Ricardo Sánchez Pineda, en representación de Walter Mauricio Cruz Alonzo y la abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Fundamentación I Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”.El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada convención establece en el artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la convención americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . II.Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de los abogados Gloria Elizabeth Rosales Pineda y Marlon Ricardo Sánchez Pineda, en representación de Walter Mauricio Cruz Alonzo, como revisionista; y, la abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Marlon Ricardo Sánchez Pineda, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre justicia constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que, ratifica el recurso de revisión presentado, agrega que su representado fue condenado a la pena de once años con tres meses de reclusión, y al pago de ciento sesenta y ocho mil doscientos veinticinco lempiras (L. 168,225.00), e inhabilitación absoluta e interdicción civil, por encontrarlo culpable del delito de estafa continuada en perjuicio de Clelian Yamileth Espinal Castañeda, Pablo Filiberto Maradiaga Madrid, Ricardo Adolfo Salinas Rivera, Mayra Leticia Varela Escobar, Juan Ramon Sánchez, José Fernando Velásquez Centeno, Saskia Karina Acosta Rubio, Miguel De Jesús García Izaguirre, Iris Suyapa Varela Escobar, Mirna Lili Ruiz López y otros, en aplicación a lo establecido en el artículo 241 del código penal derogado que disponía una pena mínima de dos (2) a cinco (5) años, hasta seis (6) a nueve (9) años de reclusión si la cuantía excede de cien mil lempiras (L.100,000.00), en comparación con lo instituido en el decreto 130-2017, que indica en el artículo 365 para el delito de estafa una pena de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de lo defraudado excede de cinco mil lempiras (L. 5000.00), en consecuencia, por aplicación de analogía y por el principio Pro homine, pide la revisión de la sentencia y se le aplique la pena mínima para el delito de estafa establecida en el artículo 365 del código penal vigente. Expresa que el señor Walter Mauricio Cruz Alonzo, ya ha cumplido seis (6) años con dos (2) meses de reclusión, por lo que según el principio in dubio pro reo se le debe aplicar la pena mínima, en tal sentido, su representado ya cumplió con la pena, en consecuencia, pide que se absuelva y se le extienda su carta de libertad definitiva. Por su parte, el Ministerio Público señala que lo expuesto por el revisionista procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes al delito de estafa continuada. En el código penal derogado el delito de estafa estaba regulado en el articulo 240, relacionado con el articulo 241 que sancionaba al culpable de este delito 1… 2… 3. Con seis (6) a nueve (9) años de reclusión si la cuantía excede de 100,000.00 lempiras, el agente además será sancionado con una multa del diez por ciento (10%) del valor defraudado. Lo anterior sin perjuicio de lo prescrito por los articulo 36, 37 y 53 cuando sean aplicables. El articulo 37 del mismo cuerpo legal establece en el párrafo segundo se aplicará al agente la pena mas grave aumentada en 2/3…; en el código penal vigente el delito de estafa se encuentra regulado en el articulo 365, que señala comete el delito de estafa quien con animo de lucro, utiliza engaño suficiente para producir error en otro y le induce a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno … El delito de estafa debe ser castigado con una pena de dos (2) a cuatro (4) años si el valor defraudado excede a cinco mil lempiras (Lps 5,000.00), el cual debe aumentarse en 1/3, al concurrir la agravante contenida en el articulo 366 numeral 3) Los revisten especial gravedad por la cuantía defraudada, (se defraudo dos millones doscientos cuarenta mil lempiras (Lps. 2,243.000.00)) por lo que la pena abstracta seria de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro meses. Y el delito continuado para efectos de determinar la ley más favorable, se aplica el contenido del artículo 616 párrafo séptimo del nuevo Código Penal, que establece: "Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión, y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado". De lo anterior, se aprecia de la declaración de hechos probados que el condenado haciendo creer a las víctimas que previa entrega de una cantidad de dinero, vehículos y los documentos de los mismos, firmando recibos o contratos de promesa de venta, él les entregaría un vehículo mejor, en ese sentido quedó acreditado en el proceso que las víctimas ascienden a 21 personas, en ese sentido y en consonancia con la norma supra relacionada se debe aplicar la pena del delito de Estada por cada persona afectada, resultando una pena abstracta de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión, por cada uno, a la cual hay que rebajarle ¼ por la aplicación de procedimiento abreviado, resultando una pena abstracta de tres (3) a cuatro (4) años de prisión, cuya sumatoria global corresponde a 63 años a 84 años de prisión, que conforme a las reglas establecidas en el artículo 616 de la norma sustantiva, en el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento la misma no debe exceder de treinta (30). En consecuencia, la representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, por lo anterior, fue de la opinión que NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. III.Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (artículo 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (artículo 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas para el concurso ideal. Se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso continuado según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso continuado del NCP130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso continuado, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite subjetivo, ii. Limite objetivo ordinario; y, iii. Limite objetivo extraordinario, explicado igualmente líneas adelante.IV.Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. i. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Walter Mauricio Cruz Alonzo, la pena de once (11) años tres (3) meses de reclusión y multa de ciento sesenta y ocho mil doscientos veinticinco lempiras (l.168,225.00), por ser autor penalmente responsable del delito de estafa continuada, en perjuicio de Clelian Yamileth Espinal Castañeda, Pablo Filiberto Maradiaga Madrid, Ricardo Adolfo Salinas Rivera, Mayra Leticia Varela Escobar, Juan Ramon Sánchez, José Fernando Velásquez Centeno, Saskia Karina Acosta Rubio, Miguel De Jesús García Izaguirre, Iris Suyapa Varela Escobar, Mirna Lili Ruiz López y otros, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. ii. Esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme, antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos los artículos 240, 241, en relación al 37 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de estafa continuada. iii. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al código penal derogado decreto 144-83, la pena a imponer por el delito de ESTAFA era reclusión de seis (6) a nueve (9) años y multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado, y por tratarse de un delito continuado se aplicó al sentenciado lo establecido en el artículo 37, segundo párrafo de dicho código penal derogado, es decir la pena más grave aumentada en dos tercios, por lo que el rango de la pena a imponer era de diez (10) a quince (15) años de reclusión, a la cual se le rebajó un cuatro (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado, resultando un rango de siete (7) años seis (6) meses a once (11) años tres (3) meses, determinando el órgano jurisdiccional la pena máxima, es decir, once (11) años tres (3) meses de reclusión, más multa equivalente al diez por ciento (10%)del valor defraudado y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. iv. En cuanto al Código Penal Vigente Decreto 130-2017 regula el delito de estafa en el artículo 365 que literalmente dice: “Comete estafa quien, con ánimo de lucro, utiliza engaño suficiente para producir error en otro y le induce a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. También se comete el delito de estafa en los casos siguientes: 1) Quien con el propósito de obtener un provecho ilícito consigue la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero, mediante una manipulación informática o el uso de otro artificio semejante; y, 2) Quien utilizando ilegítimamente tarjeta de crédito o débito, cheque, pagaré, letra de cambio, los datos obrantes en cualquiera de ellos o cualquier otra forma de pago similar, realiza con ánimo de lucro operaciones en perjuicio de su titular o de un tercero. El delito de estafa debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de lo defraudado, excede de Cinco Mil Lempiras (L5,000). Para la determinación de la pena en estos delitos se debe atender al importe de lo defraudado, la pérdida económica causada al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por el reo y cualesquiera otras circunstancias similares que sirvan para valorar la gravedad de la infracción.” Es decir que el código penal vigente decreto 130-2017 para la acción típica realizada por el sentenciado regula una pena abstracta de dos (2) a cuatro (4) años prisión. Según los hechos probados de la sentencia este margen abstracto debe aumentarse en un tercio (1/3) por concurrir la agravante específica: La contemplada en el artículo 366 numeral 3) del CP 130-2017, que establece los hechos revisten especial gravedad por la cuantía defraudada, dando como resultado una pena de cuatro (4) a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión, v. Según el margen abstracto imponible de 4 años a 5 años 4 meses de prisión, debe aumentarse hasta en un tercio (1/3) por encontrarnos ante un concurso continuado (según artículo 68 del NCP), ello porque según la sentencia revisada existe identidad de ocasión, realizó una pluralidad de acciones que ofendieron a un mismo sujeto e infringen el mismo precepto penal, por lo cual debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que en definitiva nos da un límite superior de siete (7) años un (1) mes diez (10) días y un límite inferior de cinco (5) años cuatro (4) meses. Ahora bien, las penas establecidas en el párrafo anterior se rebajan en un cuarto (¼), ya que el sentenciado se sometió al procedimiento abreviado quedando como nuevo margen abstracto de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión. Del mismo modo, se colige que, en la norma sustantiva vigente, la pena principal de multa para este delito desaparece, o sea solamente se castiga con pena de prisión. Ergo, se verifica que la pena privativa del Código Penal Vigente es menos gravosa para el encausado. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica contenida en sentencia examinada. vi. En cuanto, a lo manifestado por la fiscal del ente acusador, que no se otorgue el presente recurso, porque correspondería aplicar la pena de 21 delitos de estafa, en concurso real, pena mínima que oscilaría de 63 a 84 años de prisión. Esta Sala de lo Constitucional no comparte dicho criterio, en virtud que, en la sentencia revisada, en los hechos concretos el órgano jurisdiccional condenó por un delito ESTAFA CONTINUADA, sin hacer uso de la figura del concurso real. vii. Por lo tanto, en vista de que las circunstancias de los hechos manifiestan concurrencia de agravantes o atenuantes, circunstancias estas que son modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal; siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, así como los términos plasmados en la sentencia revisada en la cual se impuso la pena máxima por el delito sindicado, de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos; en atención a ello, la pena a imponer al señor Walter Mauricio Cruz Alonzo, por el delito de estafa continuada seria de cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión. viii. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que los sentenciados hayan estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de revisión penal interpuesta por los abogados Gloria Elizabeth Rosales Pineda y Marlon Ricardo Sánchez Pineda, a favor del señor Walter Mauricio Cruz Alonzo; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la sección judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha uno (01)de marzo de dos mil dieciocho (2018); y, III) SE MODIFICA la pena impuesta al señor Walter Mauricio Cruz Alonzo, por el delito estafa continuada, en perjuicio de Clelian Yamileth Espinal Castañeda, Pablo Filiberto Maradiaga Madrid, Ricardo Adolfo Salinas Rivera, Mayra Leticia Varela Escobar, Juan Ramon Sánchez, José Fernando Velásquez Centeno, Saskia Karina Acosta Rubio, Miguel De Jesús García Izaguirre, Iris Suyapa Varela Escobar, Mirna Lili Ruiz López y otros, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: Debemos condenar y condenamos al señor Walter Mauricio Cruz Alonzo a la pena de cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión, por su culpabilidad en el delito de estafa continuada en perjuicio de los señores Clelian Yamileth Espinal Castañeda, Pablo Filiberto Maradiaga Madrid, Ricardo Adolfo Salinas Rivera, Mayra Leticia Varela Escobar, Juan Ramon Sánchez, José Fernando Velásquez Centeno, Saskia Karina Acosta Rubio, Miguel De Jesús García Izaguirre, Iris Suyapa Varela Escobar, Mirna Lili Ruiz López y otros. Dejando sin valor ni efecto la pena principal de multa de ciento sesenta y ocho mil doscientos veinticinco lempiras (L.168,225.00) impuesta al señor en virtud que el delito estafa continuada, solamente se castiga con pena de prisión, en el Código Penal Decreto 130-201. SEGUNDO: Debemos condenar y condenamos al señor Walter Mauricio Cruz Alonzo, como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, la responsabilidad civil derivada del delito. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada Bustillo Hernández. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha once de septiembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1118-2022
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL