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Sentencia RP-1115-22 — Registro 18301

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del Principio de retroactividad de la Ley en materia penal, a criterio de la Sala Constitucional considerando el quantum de la pena, es visible que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para la encausada. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica contenida en sentencia examinada (folios 372 al 384 del expediente judicial). IV.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Ponderando el quantum de la pena, es visible que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para la encausada. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica contenida en sentencia examinada (folios 372 al 384 del expediente judicial). IV. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde a la acusada se le impuso la pena mínima. Se debe imponer a la condenada la pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN. Mas las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA; V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del Nuevo Código Penal, Procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Ponderando el quantum de la pena, es visible que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para la encausada. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica contenida en sentencia examinada (folios 372 al 384 del expediente judicial). IV. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde a la acusada se le impuso la pena mínima. Se debe imponer a la condenada la pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN. Mas las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA; V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del Nuevo Código Penal, Procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro. Sentencia de revisión penal En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1115-2022, promovido por la señora BELKIS JULISSA RUIZ LOBO a favor de sí misma contra la sentencia de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de sentencia de la sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló: (Sic)“…PRIMERO: CONDENAR a la señora BELKIS JULISSA RUIZ LOBO cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autora responsable del delito de PARRICIDIO, en perjuicio del señor CELÍN ADAN FUNEZ OCHOA, a la pena principal de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSION, misma que deberá cumplir en el establecimiento Penitenciario que designe el Juez de Ejecución de esta ciudad, descontándose el tiempo que se ha encontrada privada de libertad; además, se recondena a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo de duración de la pena principal. SEGUNDO: Se declara a la condenada responsable civil del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación Indemnización de los perjuicios causados por los delitos por los cuales es condenado. TERCERO: Se decreta el decomiso de una el arma tipo pistola, marca Glock, modelo Glock 17, calibre 9X19 mm, con serie NCV282, sin perjuicio que se le devuelva a un tercero no responsable que acredite su legítima propiedad. CUARTO: No procede condenar en costas a la acusada BELKIS JULISSA RUIZ LOBO. Son partes: 1) El Abogado JOEL ESAU BARAHONA MORAN, como apoderado legal de la señora BELKIS JULISSA RUIZ LOBO como revisionista; 2) La Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. UNICO: El veinte de octubre del 2012, en horas de la noche, los esposos CELÍN ADAN FUNEZ OCHOA Y BELKIS JULISSA RUIZ LOBO, acudieron aun fiesta de una amiga de esta ultima en la colonia Rio de Piedras de la Ciudad de San pedo Sula, Cortes, luego de lo cual se trasladaron a una discoteca de esta ciudad, y al salir de la misma, en el parqueo del referido lugar, en el interior de un vehículo marca Ford, tipo Pick-up. Doble cabina, color blanco conducido por el señor CELÍN ADAN FUNEZ OCHOA , se suscitó una discusión entre ambos, en la cual la acusada se infirió varias heridas con una copa de vidrio, enseguida se dirigieron hacia su casa de habitación ubicada en la colonia ideal de esta ciudad y a eso de las tres de la mañana, cuando transitaban por la cuarta calle, tercera avenida del barrio barandillas de esta ciudad, reiniciaron la discusión, por lo cual el señor Celin Adán Funez Ochoa, detuvo la marca del vehículo, mientras que su esposa, la señora Belkis Julissa Ruiz Lobo, tomo un arma de fuego, tipo pistola calibre 9mm. Que portaba su esposo, salió del vehículo y se situó a la par del conductor, su esposo Celin Adán Funez Ochoa y desde la parte exterior del automóvil, a una distancia superior a cincuenta centímetros, le infirió una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego, con orificio de entrada en la región parietal izquierdo de la cabeza, que le causó la muerte inmediatamente. ANTECEDENTES 1.- Del inicio del proceso. En fecha veintiuno de octubre de dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Marlen Carolina Martínez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra la señora Belkis Julissa Ruiz Lobo, por suponerla responsable del delito de Parricidio, en perjuicio del señor Celin Adán Funes Ochoa. (Folios 1-3 del tomo I del antecedente) 2.-De la sentencia Condenatoria. Que en fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“…PRIMERO: CONDENAR a la señora BELKIS JULISSA RUIZ LOBO cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autora responsable del delito de PARRICIDIO, en perjuicio del señor CELÍN ADAN FUNEZ OCHOA, a la pena principal de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSION, misma que deberá cumplir en el establecimiento Penitenciario que designe el Juez de Ejecución de esta ciudad, descontándose el tiempo que se ha encontrada privada de libertad; además, se recondena a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo de duración de la pena principal. SEGUNDO: Se declara a la condenada responsable civil del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación Indemnización de los perjuicios causados por los delitos por los cuales es condenado. TERCERO: Se decreta el decomiso de una el arma tipo pistola, marca Glock, modelo Glock 17, calibre 9X19 mm, con serie NCV282, sin perjuicio que se le devuelva a un tercero no responsable que acredite su legítima propiedad. CUARTO: No procede condenar en costas a la acusada BELKIS JULISSA RUIZ LOBO. NOTIFIQUESE. ” (Folios 372-384 vuelto del tomo II del antecedente) 3.- De la Interposición del recurso de revisión Penal y de su admisión por la sala de lo Constitucional. En fecha veintinueve de julio de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por la señora Belkis Julissa Ruiz Lobo, a favor de Si Misma, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para ella. (Folios 1-6 del recurso de mérito) 4.- De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante Aida Patricia Martínez, con la comparecencia de la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Joel Esaú Barahona Morán, en su condición de Apoderado Legal de la señora Belkis Julissa Ruiz Lobo; El Ministerio Público consideró: “…Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revise la Sentencia Definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado estableciendo que de conformidad al nuevo Código Penal el delito por el cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más baja, por lo que es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el articulo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2), 3), 4), 5), 6) 7), 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,..." relacionado con los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente. De lo expuesto por el revisionista y al examinar el fallo condenatorio sub-judice se extrae que la señora BELKIS JULISSA RUIZ LOBO, fue condenada por el delito de PARRICIDIO, a una pena de 30 años de reclusión, por lo que, al realizar el análisis comparativo de la pena a imponer conforme el Código Penal vigente, se aprecia que el ARTÍCULO 194 sanciona la misma conducta delictiva de PARRICIDIO, con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en un tercio (1/3) cuando la muerte a que hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato. Conforme a lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que la pena de 30 años de prisión que le fue impuesta a la condenada conforme el Decreto 144-83, resulta más gravosa en comparación al rango de pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del Decreto 130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de veinte (20) a veinticinco (25) reclusión, en virtud de lo cual, la nueva Ley sustantiva resulta ser más favorable, por tanto corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” (Folios 16-17 vuelto del recurso de mérito) Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado JOEL ESAU BARAHONA MORAN, como apoderado de BELKIS JULISSA RUIZ LOBO, como revisionista; y, la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, fiscal del Ministerio Público. El Abogado Joel Esau Barahona Moran, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Solicita la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, en virtud que la señora Belkis Julissa Ruiz Lobo fue condenada a una pena de treinta (30) años de reclusión por ser autora penalmente responsable del delito de parricidio en perjuicio de Celin Adán Funez Ochoa, y de conformidad con el NCP 130-17 en el artículo 194 le correspondería una pena de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que, revisando los antecedentes del caso observa que la pena imponer conforme el código penal vigente según el articulo 194, sanciona la conducta delictiva de parricidio, con la pena de prisión de veinte(20) a veinticinco(25) años, la pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en un tercio cuando la muerte a que hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato, conforme a los antes expuesto esta representación fiscal estima que la pena de treinta años de prisión que le fue impuesta conforme decreto 144.83, resulta más gravosa en comparación al rango de la pena en el artículo 194 del NCP 130-2017, por lo cual es de la opinión que se otorgue la acción de revisión. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional en relación al recurso extraordinario de revisión penal. I.- Que mediante sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de San pedro sula departamento de Cortes, en fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil quince (2015), se le dictó a la señora BELKIS JULISSA RUIZ LOBO, condena penal por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de CELIN ADAN FUNEZ OCHOA; con una pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Para efectuar la revisión solicitada, debe tenerse en cuenta, la comparación de preceptos penales, entre lo establecido en el artículo 118 del Código Penal derogado y el artículo correlativo del Código Penal vigente; los cuales disponen, por su orden, lo siguiente: “Artículo 118. Es reo de parricidio, quien diere muerte a alguno de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, y sufrirá la pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión”. Mientras que, el artículo 194 del Código Penal vigente, estimado como más favorable por el garantista, establece; “Artículo 194.- PARRICIDIO. Quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes, a su cónyuge o persona con la que el agraviado mantenga una relación estable de análoga naturaleza a la anterior, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en un tercio (1/3) cuando la muerte a que hace referencia este se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato”. II.-De los hechos probados determinados en la sentencia venida en revisión, se aprecia que la sentenciada con su accionar lesionó derechos jurídicamente protegidos, enmarcados en el artículo 194 del nuevo Código Penal, referente al delito de Parricidio , puesto que dio muerte a su compañero de hogar, al inferirle un disparo en la cabeza, con un arma de fuego; Estableciendo la norma sustantiva vigente que quien realice dicha conducta debe ser castigado con las penas de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Pena que debe aumentarse un tercio (1/3), cuando la muerte a que hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato que en este caso sería: precio, recompensa o promesa remuneratoria; circunstancias que no se cumplen conforme a los hechos probados de la sentencia. III- Ponderando el quantum de la pena, es visible que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para la encausada. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica contenida en sentencia examinada (folios 372 al 384 del expediente judicial). IV. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde a la acusada se le impuso la pena mínima. Se debe imponer a la condenada la pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN. Mas las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA; V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del Nuevo Código Penal, Procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la posición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 67, 194, 196 Y Demás aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado JOEL ESAU BARAHONA MORAN, a favor de la señora BELKIS JULISSA RUIZ LOBO; II) ANULA PARCIALMENTE la Sentencia Definitiva Y Firme de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil quince(2015), dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES; III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a la señora BELKIS JULISSA RUIZ LOBO, por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de CELIN ADAN FUNEZ OCHOA la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO A la señora BELKIS JULISSA RUIZ LOBO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de CELIN ADAN FUNEZ OCHOA, a la pena de VEINTE AÑOS de Prisión, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. NOTIFIQUESE. - FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de noviembre del dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha once de septiembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1115-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL