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Sentencia RP-1107-22 — Registro 17678

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia de condena por nueva emisión de legislación mas favorable

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" … Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Vigente, prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme a LEY ESPECIAL CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS DEROGADA, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora ANNY FABIOLA MARTINEZ VALERIANO, aplicando la pena regulada en el artículo 311 párrafo segundo del Código Penal Vigente, de cuya pena de prisión a imponer es de UNO (1) A TRES (3) AÑOS, cuando las circunstancias del hecho y de las personales del Culpable, se deduzca una menor gravedad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de febrero de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, a favor de la señora ANNY FABIOLA MARTINEZ VALERIANO, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa que se instruyó contra la señora ANNY FABIOLA MARTINEZ VALERIANO, por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada IVETH ONDINA GOMEZ VALDEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra la señora ANNY FABIOLA MARTINEZ VALERIANO, por suponerla responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 02 al 04 de la pieza de antecedentes del A-quo). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia mediante la cual FALLÓ: PRIMERO: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, y con las facultades que la ley le confiere CONDENA a la señora ANNY FABIOLA MARTÍNEZ VALERIANO de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia a la pena principal de CUATRO (4) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSION como autor del delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: Asimismo se Condena a la encausada en mención al pago de una multa de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (Lps. 37,500.00), misma que deberá hacer efectiva por parte del condenado en la Tesorería General de la República; TERCERO: Asimismo se condena al imputado antes mencionado a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario por el tiempo que dure la condena.- CUARTO: Se declara la RESPONSABILIDAD CIVIL del condenado, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia.- QUINTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio.- SEXTO: Se ordena el Comiso de ciento nueve como seis gramos (109,6 gramos) de marihuana tal como consta en el dictamen número 2017-0801-0501-4249 que obran a folio quince al diecisiete frente y vuelto al dieciocho frente del expediente de mérito, cantidad antes mencionada de Marihuana que deberá de ser incinerada en el momento procesal oportuno.…”(folio 47 al 50 de la pieza de antecedentes del A-quo). 3) Que el Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, compareció ante este Tribunal en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor de la señora ANNY FABIOLA MARTINEZ VALERIANO, contra la sentencia condenatoria en fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, del departamento de Francisco Morazán. 4) Que en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, en su condición de apoderado legal de la señora ANNY FABIOLA MARTINEZ VALERIANO y la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho (8) de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día veintidós de junio del año dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, en su condición de Apoderado Legal del señor ANNY FABIOLA MARTINEZ VALERIANO, quién manifestó lo siguiente:“…Que interpone su recurso en base a la aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable a favor de mi representado ya que fue condenado con el Código Penal derogado decreto 144-1983, no obstante ha entrado en vigencia un nuevo código penal bajo el decreto 130-2017 ya que es más benigno en virtud de que el delito de tráfico de drogas tiene una pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, según lo que establece el artículo 311 párrafo segundo del Código Penal, decreto 130-2017; por lo que solicita una pena concreta de nueve (9) meses de prisión y una multa de mil quinientos lempiras por haberse sometido a la figura alterna del Procedimiento Abreviado de conformidad a lo establecido en los artículos 403 y 404 del Código Procesal Penal; Así mismo el artículo 96 del mismo cuerpo legal contiene los requisitos de la procedencia de la acción de revisión, estableciendo los casos de esta procedencia, para el caso que nos ocupa en el párrafo segundo del numeral 5, en relación que el hecho no lo cometió, o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable, o se produzca un cambio en la doctrina legal que favorece al reo; Por otra parte en el uso del derecho que tienen los condenados a recurrir un fallo condenatorio dictado en su contra, cuando estiman que se le han violado sus derechos a ser juzgados con las formalidades ineludibles que rigen el debido proceso. Por otra parte de conformidad a la Ley de Justicia Constitucional en su artículo 96, numeral 8 establece: Proceda a la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna; siendo el caso que nos ocupa que se condenó a la imputada a una pena de cuatro años seis meses, conforme alartículo22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, Decreto 126-89 que establecía una pena para el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, a una pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y que al sometimiento de la encausada al juicio moral y público, la pena concreta a sufrir fue de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION. En tal sentido y siendo nuestra pretensión peticionar que habiendo una nueva normal penal, Decreto 130-2017 y que en su efecto en este caso favorece al Reo en virtud de que en su artículo 311, impone la configuración de este mismo delito TRAFICO DE DROGAS, la pena es de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años, en consecuencia obligatoriamente esta premisa nos remite a tomar en consideración el párrafo siguiente que literalmente dice; el delito de Tráfico de Drogas debe ser castigado con la pena de prisión de uno (1) A tres (3) años; o de dos (2) a cinco (5) años, en consecuencia obligatoriamente esta premisa nos remite a tomar en consideración el párrafo siguiente que literalmente dice, El delito de Tráfico de Drogas, debe ser castigado con la pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, lo que nos lleva a la razón de que en aplicación de la retroactividad de la Ley, comprendida en el párrafo cuarto, del artículo 1 del Código Penal Decreto 130-2017 y otras normas, así como la aplicación de la Ley más favorable al reo, es procedente la reforma de la Sentencia Definitiva Condenatoria, dictada por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve; en el sentido de establecer una rebaja de pena, que en base al Decreto 130-2017 artículo 311, lo que debe de penar son de uno (1) a tres (3) años de Prisión tomando en consideración este argumento. Ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub examine, las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal establecen una pena más favorable al hoy condenado, por lo que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el cual regula el principio de retroactividad de la ley penal, por ser ésta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supraseñalados. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora ANNY FABIOLA MARTINEZ VALERIANO, fue condenada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, del Departamento de Francisco Morazán, mediante la Sentencia Definitiva y firme de fecha dieciocho (18) de Septiembre del dos mil diecisiete (2017), a la pena de CUATRO (4) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y AL PAGO DE MULTA DE TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (37,500.00 LPS), más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, así como también a trabajar por el tiempo de aquellas en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario nacional. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el Juzgado competente aplicó lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; decreto número 126-89, estimando que la condenada cometió el delito de Facilitación de los medios de transporte para el Tráfico de Drogas. III- Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número ocho (8), del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora ANNY FABIOLA MARTINEZ VALERIANO, la pena mínima principal rebajada en un cuarto de CUATRO (4)AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (37,500.00 LPS.) más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrada responsable como autor de un delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. I- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Vigente, prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme a LEY ESPECIAL CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS DEROGADA, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora ANNY FABIOLA MARTINEZ VALERIANO, aplicando la pena regulada en el artículo 311 párrafo segundo del Código Penal Vigente, de cuya pena de prisión a imponer es de UNO (1) A TRES (3) AÑOS, cuando las circunstancias del hecho y de las personales del Culpable, se deduzca una menor gravedad, no haciéndose uso de esta regla sí concurre alguna de las agravantes contempladas en el artículo 312, no concurriendo ninguna de las circunstancias y ni agravantes que se mencionan en el artículo 312 como lo hace saber el Ministerio Público en su exposición; en ambos supuestos del artículo 311 del Código Penal se establece que se debe imponer una multa de CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. De acuerdo al análisis que corresponde debe aplicarse al caso concreto la pena de UNO (1) A TRES (3) AÑOS REBAJADA EN UN CUARTO CON LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABRAVIADO, siguiendo los parámetros de la sentencia dictada en su momento, quedando una pena concreta de NUEVE (9) MESES DE PRISION, en cuanto a establecer la multa a imponer va de 100 a 500 días, en este caso se deberá imponer una multa de 75 días y a razón de veinte lempiras (LPS.20.00) cada día, esto bajo las fórmula establecida en el artículo 53 del Código Penal Vigente, que ya establece valores y rangos para definir la pena de días multa, esto más las penas accesorias correspondientes, por el tiempo que dure la condena. Esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora ANNY FABIOLA MARTINEZ VALERIANO, de una norma vigente que le resulta más benigna II. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 58, 249 Y demás aplicables del Código Penal Vigente. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, a favor de la señora ANNY FABIOLA MARTINEZ VALERIANO; II) ANULA PARCIALMENTE la Sentencia condenatoria Definitiva y Firme dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa del departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciocho de Septiembre del dos mil diecisiete (2017). III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a la señora ANNY FABIOLA MARTINEZ VALERIANO, por el delito TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: CONDENANDO a la señora ANNY FABIOLA MARTINEZ VALERIANO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRAFICO DE DROGAS a la pena de NUEVE (9) MESES DE PRISION, más una pena de multa de SETENTA Y CINCO (75) DIAS A RAZON DE VEINTE (20) lempiras por día, para un monto total de MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (1,500.00lps), más las penas accesorias correspondientes, por el tiempo que dure la condena, sin la concurrencia de circunstancias agravantes, ni atenuantes, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos, mmás las penas Accesorias correspondientes, Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda a la ejecución del presente fallo, practicando un nuevo computo de la pena. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL, LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación de la Sentencia de fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro, recaída en el recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal bajo el número SCO-1107-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.