Sentencia RP-1087-21 — Registro 18310
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia condenatoria, con relacion al proceso en el cual se le condenó como autora penalmente responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; por considerar entrada en vigor legislación mas favorable
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" … Se verifica por esta superioridad que ni una norma ni la otra le favorece a la sentenciada, ello en atención a las siguientes razones: a) Según el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017 y los hechos probados de la sentencia venida en revisión, le corresponde a la sentenciada una pena abstracta de diez (10) a trece (13) años de prisión y multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) de dicho valor que equivalen a trece millones ochocientos sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y seis lempiras con veinticinco centavos (L 13,861,466.25). Este marco penal abstracto debe aumentarse en un cuarto (1/4), al concurrir la agravante específica cuando la actividad de lavado de activos se realiza a través de un grupo delictivo organizado, lo que equivale de trece (13) años a dieciséis (16) años con tres (3) meses de prisión y multa de diecisiete millones, trescientos veintiséis mil ochocientos treinta y dos lempiras con ochenta y dos centavos (L 17,326,832.81). Asimismo, al reducir este marco penal abstracto en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento especial abreviado que contempla el artículo 404 del Código Procesal Penal, nos deja un marco penal abstracto definitivo de nueve (9) años con nueve (9) meses a trece (13) años de prisión y multa de doce millones novecientos noventa y cinco mil ciento veinticuatro lempiras con sesenta centavos (L 12,995,124.60). Ergo, se concluye que la pena impuesta en instancia se encuentra dentro del marco penal abstracto imponible de conformidad con el NCP 130-2017, y respecto a la pena de multa, le resulta mucho más gravosa de conformidad con la nueva ley penal. b) Así mismo, el revisionista arguye que según el decreto legislativo 93-2021, se despenaliza la conducta por la cual fue condenada la señora Ilsa Vanessa Molina Aguirre, al aducir que la modalidad criminosa que se le reprochó en instancia fue porque no contaba con justificación lícita de los activos; sin embargo, según el mismo fáctum de la sentencia venida en revisión, diáfanamente se desprende que en una confluencia de voluntades de varias personas, entre ellos funcionarios públicos, interviniendo por razón de su cargo en una modalidad de contratación pública, se concertaron con particulares y con la sentenciada Ilsa Vanessa Molina Aguirre, para defraudar al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) con varios millones de lempiras, con lo que se acredita que el delito de lavado de activos precede de la antijuricidad de varias conductas consideradas punibles y graves, por lo que las penas de prisión y multa a aplicar son las mismas que corresponderían según el literal anterior. Obviar esta circunstancia, es también obviar que para abarcar la antijuricidad de las conductas de los intervinientes en el grosero desfalco, se acudió a judicializar y sentenciar a varias personas por diversos tipos penales en contra de la administración pública, en contra de la economía del Estado y de otros bienes jurídicos protegidos por el legislador..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…" … Se verifica por esta superioridad que ni una norma ni la otra le favorece a la sentenciada, ello en atención a las siguientes razones: a) Según el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017 y los hechos probados de la sentencia venida en revisión, le corresponde a la sentenciada una pena abstracta de diez (10) a trece (13) años de prisión y multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) de dicho valor que equivalen a trece millones ochocientos sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y seis lempiras con veinticinco centavos (L 13,861,466.25). Este marco penal abstracto debe aumentarse en un cuarto (1/4), al concurrir la agravante específica cuando la actividad de lavado de activos se realiza a través de un grupo delictivo organizado, lo que equivale de trece (13) años a dieciséis (16) años con tres (3) meses de prisión y multa de diecisiete millones, trescientos veintiséis mil ochocientos treinta y dos lempiras con ochenta y dos centavos (L 17,326,832.81). Asimismo, al reducir este marco penal abstracto en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento especial abreviado que contempla el artículo 404 del Código Procesal Penal, nos deja un marco penal abstracto definitivo de nueve (9) años con nueve (9) meses a trece (13) años de prisión y multa de doce millones novecientos noventa y cinco mil ciento veinticuatro lempiras con sesenta centavos (L 12,995,124.60). Ergo, se concluye que la pena impuesta en instancia se encuentra dentro del marco penal abstracto imponible de conformidad con el NCP 130-2017, y respecto a la pena de multa, le resulta mucho más gravosa de conformidad con la nueva ley penal. b) Así mismo, el revisionista arguye que según el decreto legislativo 93-2021, se despenaliza la conducta por la cual fue condenada la señora Ilsa Vanessa Molina Aguirre, al aducir que la modalidad criminosa que se le reprochó en instancia fue porque no contaba con justificación lícita de los activos; sin embargo, según el mismo fáctum de la sentencia venida en revisión, diáfanamente se desprende que en una confluencia de voluntades de varias personas, entre ellos funcionarios públicos, interviniendo por razón de su cargo en una modalidad de contratación pública, se concertaron con particulares y con la sentenciada Ilsa Vanessa Molina Aguirre, para defraudar al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) con varios millones de lempiras, con lo que se acredita que el delito de lavado de activos precede de la antijuricidad de varias conductas consideradas punibles y graves, por lo que las penas de prisión y multa a aplicar son las mismas que corresponderían según el literal anterior. Obviar esta circunstancia, es también obviar que para abarcar la antijuricidad de las conductas de los intervinientes en el grosero desfalco, se acudió a judicializar y sentenciar a varias personas por diversos tipos penales en contra de la administración pública, en contra de la economía del Estado y de otros bienes jurídicos protegidos por el legislador..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “Corte Suprema de JUSTICIA SALA de lo Constitucional Sentencia de revisión penal En la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veinticuatro. El pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1087-2021, promovido por el Abogado Jorge Enrique Valladares Argeñal y Silvia Saraí García Almendarez, en favor de Ilsa Vanessa Molina Aguirre, contra la sentencia de fecha cinco (05) de diciembre del dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Ilsa Vanessa Molina Aguirre, como autora penalmente responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, a la pena concreta de doce (12) años y tres (3) meses de reclusión, que deberá cumplir en el Centro de Adaptación Femenina CEGAS, ubicado en el Valle de Tamara, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, quedando sujeta a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario, asimismo se condena a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Segundo: Se declara también como pena accesoria el comiso de los bienes asegurados en el presente proceso en relación a la señora Ilsa Vanessa Molina Aguirre, para lo cual se ordena librar atento oficio a la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI, asimismo se declara la responsabilidad civil de Ilsa Vanessa Molina Aguirre, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. Tercero: No condenó en costas personales ni procesales. Son partes: 1)Los Abogados Jorge Enrique Valladares Argeñal y Silvia Saraí García Almendarez, en favor de Ilsa Vanessa Molina Aguirre, como revisionista; 2) La Abogada Sagrario Rosibel Gutierrez Maldonado, en su condición de fiscal del Ministerio Público.3)La Abogada Lourdes Elena Barrientos Sahury, procurador de la Procuraduría General de la República. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “PRIMERO: Que la presente causa tiene su origen a raíz de denuncia presentada por el Consejo Nacional Anti Corrupción CNA ante el Ministerio Público donde se pone en conocimiento del ente fiscal sobre la existencia de una empresa mercantil denominada Suministros Médicos S. de R.L. (INSUMEDIC), como parte de un grupo de empresas mercantiles de portafolio y/o maletín constituidas por las máximas autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) con la finalidad de sustraer de manera fraudulenta recursos financieros de la institución perjudicada. Queda acreditada la existencia legal de la empresa mercantil denominada Suministros Médicos S. de R.L. existencia legal de la empresa mercantil denominada Suministros Médicos S. de R.L. (INSUMEDIC) que se encuentra registrada en el Registro Mercantil de Francisco Morazán bajo matricula 2526465, según certificación íntegra que consta en autos a folio 143 del expediente de mérito; que de igual forma queda acreditado el vínculo o participación social de la imputada ILSA VANESSA MOLINA AGUIRRE como socia fundadora de la empresa, en su condición de Gerente General de INSUMEDIC. De acuerdo al oficio DEI-CIPLAF 471-2014 de fecha 01 de septiembre de 2014 se prueba que la sindicada ILSA VANESSA MOLINE AGUIRRE aparece registrada como pequeña contribuyente y no tiene declaraciones de impuestos, ni importaciones ni exportaciones, al igual que la empresa INSUMEDIC.- SEGUNDO: Se determina que la empresa INSUMEDIC inicia la presunta relación comercial con el Instituto Hondureño de Seguridad Social el 12 de septiembre de 2012 mediante el cual hizo un pago por QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS (L 566,800.00) según oficio 427 DT-IHSS; posteriormente se realizaron las siguientes transacciones o pagos: orden de pago según oficio 46-DT-IHSS de fecha 08 de febrero de 2013 por el monto de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS (L 2, 637,900.00); orden de pago según oficio 53 DT-IHSS de fecha 21 de febrero de 2013 por el monto de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L. 3, 252,652.00) con su respectivo cheque de banco FICOHSA número 938470; orden de pago según oficio 116 DT-IHSS de fecha 18 de marzo de 2013 por el monto de UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISÉIS MIL LEMPIRAS (L. 1, 516,000.00) con su respectivo cheque 80477225; orden de pago según oficio 181 DT-IHSS de fecha 02 de mayo de 2013 por el monto de DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 2, 562,425.50) con su respectivo cheque número 80477231; a través de pagos de líneas de crédito del Instituto Hondureño de Seguridad Social en las Instituciones del Sistema Financiero Nacional sin documentos de respaldo, hecho que se constata inclusive con varios documentos entre estos: memorándum 1427-2916 SDSMYC de fecha 28 de julio de 2014, memorándum número 875 DT, constancia DT IHSS y constancia emitida en fecha 25 de julio de 2016 por el Instituto Hondureño de Seguridad Social en la que se informa que no existen documentos de respaldo para los pagos efectuadas a la empresa mercantil INSUMEDIC por un monto de SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA LEMPIRAS (L. 7, 643,547.50) por concepto de líneas de crédito durante el periodo 2010-2013.- Que de igual manera queda probado que el manejo financiero y como representante legal de la empresa INSUMEDIC recaía sobre la señora ILSA VANESSA MOLINA AGUIRRE, arrojando la prueba del Ministerio Público que el monto del dinero proveniente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) fue lavado a través de INSUMEDIC asciende a la cantidad de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 9, 240,977.50).” Antecedentes PRIMERO: De la sentencia condenatoria. El Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia en fecha cinco (05) de diciembre del dos mil dieciséis (2016), mediante la cual falló condenar a Ilsa Vanessa Molina Aguirre, a la pena de doce (12) años con tres (3) meses de reclusión, por ser autora penalmente responsable del delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y las consecuencias legales de comiso, trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito.SEGUNDO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Jorge Enrique Valladares Argeñal y Silvia Saraí García Almendarez, en representación de Ilsa Vanessa Molina Aguirre, comparecieron ante esta Sala de lo Constitucional en fecha catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de su representada, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha cinco (05) de diciembre del dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021) (f. 15), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva. TERCERO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido el Abogado Jorge Enrique Valladares Argeñal en representación de Ilsa Vanessa Molina Aguirre, como revisionista; la Abogada Sagrario Rosibel Gutierrez Maldonado, en su condición de fiscal del Ministerio Público; y, la Abogada Lourdes Elena Barrientos Sahury, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que ratifica su recurso de revisión y lo amplía en el sentido que se le aplique el beneficio que establece el decreto legislativo 93-2021, en el cual se establece que para que se constituya el delito de lavado de activos, debe acreditarse el delito precedente, y en el caso de la señora Ilsa Vanessa Molina Aguirre, los hechos probados únicamente establecen que no tenían causa ni justificación legal de la tenencia de los activos. Por su parte, el Ministerio Público manifestó su desacuerdo con el otorgamiento del recurso de revisión en virtud de considerar que, si bien se aprecia una disminución en lo que respecta la pena privativa de libertad, sin embargo, se ve agravada la pena de multa, por lo cual no procede la retroactividad de la ley penal solicitada. Finalmente, la Procuraduría General de la República solicita que no se otorgue la acción de revisión. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”.El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Jorge Enrique Valladares Argeñal en representación de Ilsa Vanessa Molina Aguirre, como revisionista; la Abogada Sagrario Rosibel Gutierrez Maldonado, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña; y, la Abogada Lourdes Elena Barrientos Sahury, procurador de la Procuraduría General de la República. El Abogado Jorge Enrique Valladares Argeñal, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que ratifica su recurso de revisión y lo amplía en el sentido que se le aplique el beneficio que establece el decreto legislativo 93-2021, en el cual se establece que para que se constituya el delito de lavado de activos, debe acreditarse el delito precedente, y en el caso de la señora Ilsa Vanessa Molina Aguirre, los hechos probados únicamente establecen que no tenían causa ni justificación legal de la tenencia de los activos. Por su parte, el Ministerio Público manifestó su desacuerdo con el otorgamiento del recurso de revisión en virtud de considerar que, si bien se aprecia una disminución en lo que respecta la pena privativa de libertad, sin embargo, se ve agravada la pena de multa, por lo cual no procede la retroactividad de la ley penal solicitada. Finalmente, la Procuraduría General de la República solicita que no se otorgue la acción de revisión. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal.En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Ilsa Vanessa Molina Aguirre, la pena de doce (12) años y tres (3) meses de reclusión, por ser autora penalmente responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y las consecuencias legales de comiso, trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. En el caso bajo estudio, la Sala de lo Constitucional identifica cuatro momentos procesales distintos a considerar: i. El momento del dictado de la sentencia condenatoria firme venida en revisión de fecha cinco (5) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), en el cual se sancionó la conducta del lavado de activos bajo la vigencia del decreto legislativo 45-2002, por considerar el sentenciador que aun cuando había entrado en vigencia la nueva Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, mediante decreto legislativo 144-2014, concluyó que la misma no conlleva ningún beneficio para la sentenciada, requisito para la aplicación retroactiva de la ley penal; ii. El momento de la interposición del recurso de revisión de fecha catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021), presentado bajo la vigencia del decreto legislativo 130-2017; iii. El momento de la celebración de la audiencia de revisión penal de fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), en el cual el revisionista amplió su recurso de revisión por encontrarse en vigencia el decreto legislativo 93-2021, que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de lavado de activos; y, iv. La presente fecha del dictado de la sentencia de revisión, en el cual se encuentra en vigencia el decreto legislativo 43-2023, mediante el cual se reformó el decreto legislativo 93-2021 en lo atinente a las disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017. Aclarado lo anterior, normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. Al hacer un análisis jurídico de la sucesión de los decretos legislativos mencionados, se verifica que el decreto legislativo 43-2023 mediante el cual se reformó el decreto legislativo 93-2021 en lo atinente a las disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017, lo que hizo fue volverlo a su estado inicial, es decir, al de este último decreto legislativo; por lo cual, la problemática de determinar cuál es el decreto legislativo que se debe tomar en consideración para hacer el análisis de ponderación de retroactividad de la ley penal, se resume a la descripción objetiva del tipo penal de lavado de activos contenida en el decreto legislativo 130-2017 y la descripción objetiva del tipo penal de lavado de activos contenida en el decreto legislativo 93-2021. Si bien, este último decreto legislativo no fue el invocado por el revisionista al momento de la interposición de su recurso de revisión, es importante señalar que la Sala de lo Constitucional tiene como criterio jurisprudencial consolidado que una vez iniciado un trámite de revisión en materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del recurso, se deberá observar la norma que fue invocada por el revisionista y que al momento de peticionar estaba en vigencia; asimismo, al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso), y en el caso de que en el lapsus de presentación del recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada por el revisionista fuese derogada o reformada, se tomara en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario, ello atendiendo el mandato constitucional que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado, así como también bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala de lo Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, el juez deberá preferir aquella que contenga mejores protecciones o que sean más favorables para el individuo. (Ver sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-568-2020, SCO-599-2020, SCO-629-2020, SCO-652-2020, SCO-718-2020, SCO-760-2020, SCO-1094-2020, SCO-148-2021, SCO-374-2021, SCO-392-2021, SCO-503-2021, SCO-620-2021, SCO-796-2021, SCO-805-2020, SCO-850-2020; entre otras). En este sentido, más allá determinar cuál es la norma a aplicar, si bien el recurrente pidió se aplicase a su representada el decreto legislativo 93-2021, se verifica por esta superioridad que ni una norma ni la otra le favorece a la sentenciada, ello en atención a las siguientes razones: a) Según el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017 y los hechos probados de la sentencia venida en revisión, le corresponde a la sentenciada una pena abstracta de diez (10) a trece (13) años de prisión y multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) de dicho valor que equivalen a trece millones ochocientos sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y seis lempiras con veinticinco centavos (L 13,861,466.25). Este marco penal abstracto debe aumentarse en un cuarto (1/4), al concurrir la agravante específica cuando la actividad de lavado de activos se realiza a través de un grupo delictivo organizado, lo que equivale de trece (13) años a dieciséis (16) años con tres (3) meses de prisión y multa de diecisiete millones, trescientos veintiséis mil ochocientos treinta y dos lempiras con ochenta y dos centavos (L 17,326,832.81). Asimismo, al reducir este marco penal abstracto en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento especial abreviado que contempla el artículo 404 del Código Procesal Penal, nos deja un marco penal abstracto definitivo de nueve (9) años con nueve (9) meses a trece (13) años de prisión y multa de doce millones novecientos noventa y cinco mil ciento veinticuatro lempiras con sesenta centavos (L 12,995,124.60). Ergo, se concluye que la pena impuesta en instancia se encuentra dentro del marco penal abstracto imponible de conformidad con el NCP 130-2017, y respecto a la pena de multa, le resulta mucho más gravosa de conformidad con la nueva ley penal. b) Así mismo, el revisionista arguye que según el decreto legislativo 93-2021, se despenaliza la conducta por la cual fue condenada la señora Ilsa Vanessa Molina Aguirre, al aducir que la modalidad criminosa que se le reprochó en instancia fue porque no contaba con justificación lícita de los activos; sin embargo, según el mismo fáctum de la sentencia venida en revisión, diáfanamente se desprende que en una confluencia de voluntades de varias personas, entre ellos funcionarios públicos, interviniendo por razón de su cargo en una modalidad de contratación pública, se concertaron con particulares y con la sentenciada Ilsa Vanessa Molina Aguirre, para defraudar al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) con varios millones de lempiras, con lo que se acredita que el delito de lavado de activos precede de la antijuricidad de varias conductas consideradas punibles y graves, por lo que las penas de prisión y multa a aplicar son las mismas que corresponderían según el literal anterior. Obviar esta circunstancia, es también obviar que para abarcar la antijuricidad de las conductas de los intervinientes en el grosero desfalco, se acudió a judicializar y sentenciar a varias personas por diversos tipos penales en contra de la administración pública, en contra de la economía del Estado y de otros bienes jurídicos protegidos por el legislador. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los Abogados Jorge Enrique Valladares Argeñal y Silvia Sarahí García Almendarez, en favor de Ilsa Vanessa Molina Aguirre. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. - Notifíquese. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Corte Suprema de Justicia.-Sala de lo Constitucional En Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de julio de e dos mil veinticuatro (2024).VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el Abogado Jorge Enrique Valladares Argeñal, contra la sentencia de fecha treinta (30) de enero de dos mil veinticuatro (2024), dictada por esta Sala de lo Constitucional en el recurso de revisión penal que interpusiera a favor de la señora Ilsa Vanessa Molina Aguirre, contra la sentencia definitiva firme de fecha cinco (5) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), dictada por Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual condenó a la señora Ilsa Vanessa Molina Aguirre, como autora penalmente responsable del Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, a la pena de doce (12) años y tres (3) meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena de reclusión, así como las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo penitenciario. CONSIDERANDO: Que el artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que, contra las resoluciones proferidas por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, solo cabra el recurso de reposición. CONSIDERANDO: Que el recurrente interpone recurso de reposición contra la sentencia de revisión penal de fecha treinta (30) de enero de dos mil veinticuatro (2024) (f. 60), dictada por unanimidad por esta Sala de lo Constitucional y mediante la cual se deniega la acción de revisión penal por no concurrir la causal invocada por el recurrente del artículo 96 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Arguye en síntesis que, de los hechos probados de la sentencia condenatoria firme venida en revisión no se reúnen los requisitos exigidos para la consideración de la agravante específica de la realización del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, en el ámbito de un grupo delictivo organizado, al no concurrir en los hechos probados de la sentencia la acreditación de la estructura delictiva, ni el requisito de temporalidad y consecuentemente, el concierto para delinquir. En virtud de lo anterior, pide se rebajen los límites de punibilidad de prisión y multa delimitados en la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO: Esta Sala de lo Constitucional considera necesario aclarar de manera previa la diferenciación de conceptos que para tal efecto nos ofrece la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, quien en su artículo 2 literales “a)” y “c”, define grupo delictivo organizado y grupo estructurado. En ese sentido, por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actué concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material; entretanto, “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada. De ambos conceptos, el prescrito en el artículo 136 del CP 130-2017, se asemeja en identidad al primero de ellos, al establecer que se considera grupo delictivo organizado a cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el CP 130-2017. En el presente caso, la concurrencia de la agravante específica determinante para la no aplicabilidad del beneficio de retroactividad de la ley penal se circunscribe a partir de la confección de los hechos probados de la sentencia condenatoria firme venida en revisión, en donde ofrece los requisitos necesarios para su subsunción, y aclarando que no es condicionante para su configuración la necesaria tipificación del delito de Asociación Ilícita u hoy Asociación Para Delinquir, cuando exista la concurrencia de dicha agravante específica, como erróneamente arguye el recurrente. En este sentido, el revisionista parece obviar que tomando en consideración únicamente los hechos probados de la sentencia, se acredita que desde la constitución de la empresa mercantil denominada Suministros Médicos S. de R.L. (INSUMEDIC) -en donde la sentenciada fungió como socia fundadora y ostentaba el cargo de Gerente General-, la misma se creó “como parte de un grupo de empresas mercantiles de portafolio y/o maletín” es decir, como un ente con pura apariencia jurídica, pero “con la finalidad de sustraer de manera fraudulenta recursos financieros de la institución perjudicada” (IHSS), por la sentenciada y “…las máximas autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social” -lo que representa al menos dos personas más-, quienes decidieron crear dicha empresa para sustraer fondos de Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en perjuicio de sus derechohabientes y de la sociedad hondureña en su general, durante al menos los años 2012 y 2013, con lo cual se acredita el requisito de la participación de al menos tres (3) personas, el elemento temporal (año 2012 y 2013) y el concierto con el propósito de cometer el delito de Lavado de Activos (la decisión de la sentenciada junto con las máximas autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social de constituir la empresa de maletín, el otorgamiento de contratos simulados durante al menos dos (2) años, la emisión de cheques y la disposición económica y aprovechamiento de manera fraudulenta también durante al menos dos años), lo que necesariamente reúne los requisitos establecidos en el artículo 136 del CP 130-2017 para considerar la agravante específica en el delito de Lavado de Activos. Además, como se explicó en líneas atrás, no es requisito indispensable para la consideración de la agravante específica el que se haya judicializado la causa por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, hoy tipificado como delito de Asociación Para Delinquir, en perjuicio del Ejercicio de los Derechos Fundamentales, en virtud de que no es objeto del presente recurso extraordinario de revisión penal el ejercicio de subsunción respecto a este último delito, pero sí se logra determinar a partir de la base fáctica de la sentencia que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad para la determinación de la agravante específica del delito de Lavado de Activos. Por lo anteriormente expuesto, el recurso de reposición no es de recibo. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 96, 99, 101 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: ÚNICO: Declarar SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado Jorge Enrique Valladares Argeñal; Y MANDA: Que se deberá transcribir la presente resolución en la certificación del fallo para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES .PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de octubre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, Y resolución de fecha veintinueve de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1087-2021
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL