Sentencia RP-1079-22 — Registro 18514
Resumen
La Sala declaró ha lugar Recurso de reposición contra fallo dictado por ella misma, que declaró sin lugar Recurso de Revisión a favor de recurrente contra fallo condenatorio dictado por el Tribunal de Sentencia por el delito de Secuestro, condenándolo a una pena de veinte años, más penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; La Sala de lo Constitucional concluyó que son de recibo los argumentos del recurrente en el recurso de reposición, ya que al hacer la comparativa de las penas privativas de libertad la concreta impuesta en instancia (20 años de reclusión) versus la que corresponde según el Código Penal Decreto 130-2017 (15 a 20 años de prisión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena), se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo marco penal abstracto de las penas privativas de libertad que corresponden con el Código Penal Decreto 130-2017,;Por lo que se cumplen los requisitos exigidos por la norma sustantiva y norma constitucional, siendo procedente la aplicación retroactiva de la ley penal en favor de recurrente de una norma vigente que le resulta más benigna
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor SELVIN ERNESTO PAVÓN, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón, mediante sentencia definitiva y firme, en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis, por el delito de: 1) SECUESTRO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO C3, a la PENA PRINCIPAL de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis mediante la cual se condenó al ciudadano SELVIN ERNESTO PAVÓN, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Secuestro. III- Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente..."..."en la parte dispositiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor SELVIN ERNESTO PAVÓN, las siguientes penas: 1) La pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de SECUESTRO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO C3; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal. I- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-83, derogado, establecía para el delito de Secuestro una pena abstracta de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece para la misma conducta delictiva de Secuestro, la pena abstracta de ocho (8) a doce (12) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. Se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años, si concurrieren dos a más de las circunstancias establecidas en el artículo 240 y según los hechos probados en la sentencia definitiva, concurren dos circunstancias, las contenidas en los numerales 1 y 7 a saber: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición; y 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado, al tenor del concepto proporcionado en el artículo 136 del mismo cuerpo legal. Ponderando el quantum de la pena, en cuanto a este delito, es notorio que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el condenado. En este orden de ideas se refleja que el Código Penal Vigente resulta más benigno para el condenado; ello es así porque la pena concreta impuesta es de 20 años de reclusión por el delito de Secuestro y las penas que corresponden con el nuevo Código Penal quedan en un marco penal abstracto de 15 a 20 años de prisión, debiendo imponer la pena mínima correspondiente al delito, al no apreciar el Tribunal sentenciador la concurrencia de circunstancias atenuantes ni agravantes que modifiquen la responsabilidad penal. II- En el examen de los concretos hechos probados en la sentencia definitiva estampados en el expediente del Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón (folios 295 y 296 del expediente del A-quo), estos encuadran en el artículo 239 y 240 del Código Penal Vigente. III- En el caso que nos ocupa, el Ministerio Público fue de la opinión porque se otorgue la presente acción de Revisión, en atención a que la pena a imponer es de 15 a 20 años de prisión, por lo que corresponde imponer la pena mínima de 15 años de prisión de conformidad a los mismos términos de la sentencia impugnada, en virtud de lo cual se aprecia que la aplicación de la nueva ley penal resulta mas favorable al condenado. IV- Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia donde al condenado se le impusieron las penas en atención a que no se apreciaron circunstancias atenuantes ni agravantes que modifiquen la responsabilidad penal, este Tribunal concluye que se debe imponer las siguientes penas concretas: Por el delito de Secuestro, la pena de quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. V- Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión en atención a los argumentos expuestos por el recurrente en el recurso de reposición presentado. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la ley penal en favor del señor SELVIN ERNESTO PAVÓN, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI- Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 58 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 239 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor SELVIN ERNESTO PAVÓN, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón, mediante sentencia definitiva y firme, en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis, por el delito de: 1) SECUESTRO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO C3, a la PENA PRINCIPAL de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis mediante la cual se condenó al ciudadano SELVIN ERNESTO PAVÓN, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Secuestro. III- Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente..."..."en la parte dispositiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor SELVIN ERNESTO PAVÓN, las siguientes penas: 1) La pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de SECUESTRO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO C3; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal. I- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-83, derogado, establecía para el delito de Secuestro una pena abstracta de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece para la misma conducta delictiva de Secuestro, la pena abstracta de ocho (8) a doce (12) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. Se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años, si concurrieren dos a más de las circunstancias establecidas en el artículo 240 y según los hechos probados en la sentencia definitiva, concurren dos circunstancias, las contenidas en los numerales 1 y 7 a saber: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición; y 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado, al tenor del concepto proporcionado en el artículo 136 del mismo cuerpo legal. Ponderando el quantum de la pena, en cuanto a este delito, es notorio que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el condenado. En este orden de ideas se refleja que el Código Penal Vigente resulta más benigno para el condenado; ello es así porque la pena concreta impuesta es de 20 años de reclusión por el delito de Secuestro y las penas que corresponden con el nuevo Código Penal quedan en un marco penal abstracto de 15 a 20 años de prisión, debiendo imponer la pena mínima correspondiente al delito, al no apreciar el Tribunal sentenciador la concurrencia de circunstancias atenuantes ni agravantes que modifiquen la responsabilidad penal. II- En el examen de los concretos hechos probados en la sentencia definitiva estampados en el expediente del Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón (folios 295 y 296 del expediente del A-quo), estos encuadran en el artículo 239 y 240 del Código Penal Vigente. III- En el caso que nos ocupa, el Ministerio Público fue de la opinión porque se otorgue la presente acción de Revisión, en atención a que la pena a imponer es de 15 a 20 años de prisión, por lo que corresponde imponer la pena mínima de 15 años de prisión de conformidad a los mismos términos de la sentencia impugnada, en virtud de lo cual se aprecia que la aplicación de la nueva ley penal resulta mas favorable al condenado. IV- Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia donde al condenado se le impusieron las penas en atención a que no se apreciaron circunstancias atenuantes ni agravantes que modifiquen la responsabilidad penal, este Tribunal concluye que se debe imponer las siguientes penas concretas: Por el delito de Secuestro, la pena de quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. V- Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión en atención a los argumentos expuestos por el recurrente en el recurso de reposición presentado. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la ley penal en favor del señor SELVIN ERNESTO PAVÓN, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI- Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 58 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 239 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., dieciocho de septiembre del año dos mil veinticuatro. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LÓPEZ, en su condición de Defensor Privado del señor SELVIN ERNESTO PAVÓN, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, seis (6) de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), por medio de la cual se falla declarando Sin Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LÓPEZ, a favor del señor SELVIN ERNESTO PAVÓN, contra la sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), que falla condenado al señor Selvin Ernesto Pavón, por el delito de Secuestro, en perjuicio de Testigo Protegido C3, a la pena de veinte (20) años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del Despacho. CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición del recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso argumentando que: Al considerar la no aplicación de la pena establecida en el artículo 239 del CPV, por los argumentos planteados por los juzgadores, es procedente hacer un análisis completo y objetivo en aras de la correcta aplicación de la justicia en beneficio del privado de libertad de nombre Selvin Ernesto Pavón, a que se aplique la pena que establece el artículo 240, numerales 1 y 7 del Código Penal vigente, que establece una pena de prisión de 15 a 20 años y de acuerdo a la condena impuesta con el Código Penal derogado fue a la pena mínima de 20 años, por lo que de acuerdo al Código Penal vigente Decreto 130-2017, artículo 240 párrafo tercero que literalmente dice “Si concurrieran dos (02) a más circunstancias anteriores, -refiriéndose a los numerales 1 y 7- de los numerales anteriores de este artículo se le debe imponer la pena de prisión de quince años (15) como pena mínima y veinte (20) años como pena máxima”. Por lo que es procedente condenar mediante la acción de revisión de pena al señor Selvin Ernesto Pavón, a una pena mínima de 15 años de prisión, ya que el privado de libertad fue condenado a una pena mínima de 20 años de prisión, según el artículo 192 del Código Penal ya derogado Decreto 144-83. CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto. CONSIDERANDO (4): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LÓPEZ, en el recurso de reposición son de recibo por esta Sala de lo Constitucional, ya que en la sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha seis de mayo del año dos mil veinticuatro, contra la cual se interpone recurso de reposición y que corre agregada en autos, se argumenta que al hacer la comparativa de las penas privativas de libertad, la concreta impuesta en instancia (20 años de reclusión) versus la que corresponde según el Código Penal Decreto 130-2017 (15 a 20 años de prisión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena), se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo marco penal abstracto de las penas privativas de libertad que corresponden con el Código Penal Decreto 130-2017; adicionalmente, en la nueva norma penal también se contempla como pena principal para el delito de Secuestro la prohibición de residencia por el doble del tiempo, la cual no estaba contemplada en la normativa anterior. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena, en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Código Penal Decreto 130-2017. CONSIDERANDO (5): Que las pretensiones del recurrente son de recibo por esta Sala de lo Constitucional, pues del examen exhaustivo de las diligencias, se observa que el señor Selvin Ernesto Pavón, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón, en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), mediante sentencia definitiva y firme, a la pena de veinte (20) años de reclusión por el delito de Secuestro, pena mínima que corresponde al delito acusado, en virtud de no concurrir circunstancias agravantes que modifiquen la responsabilidad penal, en atención a lo establecido en el artículo 69 del Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (7): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad contenido en el artículo 9 citado previamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. Siguiendo esta idea en cuanto a la interpretación que la Corte Interamericana realiza sobre el principio de retroactividad de la norma penal más favorable, la cual realiza en el caso del señor Canese, en atención a que después de la condena del señor Canese entró en vigor un nuevo Código Penal, la Corte dice: “Este código disminuyó las penas mínimas y máximas para el delito de difamación y estableció la multa como sanción alternativa a la pena de prisión”. Por ello y de acuerdo con la Corte, los tribunales “debían comparar los aspectos más favorables de la misma aplicable al caso concreto y determinar si se debía reducir las penas impuestas al señor Canese o si se debía aplicar solamente la pena de multa”; ante el silencio del Estado paraguayo en dar respuesta a las peticiones del señor Canese al respecto, la Corte estimó la violación al artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO (8): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna establece en su artículo 96 “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”; este principio de la ley más favorable se encuentra reconocido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y desarrollado en nuestra normativa interna en los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal Decreto No. 130-2017. CONSIDERANDO (9): La Constitución de la República dispone que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno y concatenado con las disposiciones de la Ley sobre Justicia Constitucional, esta se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales, por ello se vuelve imperativo consolidar la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la interpretación que este Tribunal Internacional ha realizado en relación al principio de la ley penal más favorable; se vuelve importante también hacer referencia al principio pro homine o pro persona en atención a la interpretación de las normas jurídicas atinentes a la protección de derechos humanos; al respecto Constanza Núñez, citando la obra de Mónica Pinto, señala: “es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la noma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre”. La autora también cita en el mismo sentido a la Corte Constitucional Colombiana, quien se ha referido a éste de la siguiente manera: “El principio de interpretación pro homine, impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el resto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional”; por ello la interpretación que realice este Alto Tribunal de Justicia Constitucional del contenido del artículo 616 del nuevo Código Penal, debe ser congruente con la interpretación pro homine, en protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República, específicamente el artículo 96 que propende a la aplicación del principio de la ley penal más favorable al delincuente o procesado. CONSIDERANDO (10): FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL PARA CONCEDER LA PRESENTE GARANTÍA DE REVISIÓN PENAL, SIENDO DE RECIBO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL PETICIONARIO. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal, en atención al recurso de reposición promovido por el recurrente. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor SELVIN ERNESTO PAVÓN, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón, mediante sentencia definitiva y firme, en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis, por el delito de: 1) SECUESTRO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO C3, a la PENA PRINCIPAL de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis mediante la cual se condenó al ciudadano SELVIN ERNESTO PAVÓN, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Secuestro. III- Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (11): Que en la parte dispositiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor SELVIN ERNESTO PAVÓN, las siguientes penas: 1) La pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de SECUESTRO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO C3; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal. I- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-83, derogado, establecía para el delito de Secuestro una pena abstracta de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece para la misma conducta delictiva de Secuestro, la pena abstracta de ocho (8) a doce (12) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. Se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años, si concurrieren dos a más de las circunstancias establecidas en el artículo 240 y según los hechos probados en la sentencia definitiva, concurren dos circunstancias, las contenidas en los numerales 1 y 7 a saber: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición; y 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado, al tenor del concepto proporcionado en el artículo 136 del mismo cuerpo legal. Ponderando el quantum de la pena, en cuanto a este delito, es notorio que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el condenado. En este orden de ideas se refleja que el Código Penal Vigente resulta más benigno para el condenado; ello es así porque la pena concreta impuesta es de 20 años de reclusión por el delito de Secuestro y las penas que corresponden con el nuevo Código Penal quedan en un marco penal abstracto de 15 a 20 años de prisión, debiendo imponer la pena mínima correspondiente al delito, al no apreciar el Tribunal sentenciador la concurrencia de circunstancias atenuantes ni agravantes que modifiquen la responsabilidad penal. II- En el examen de los concretos hechos probados en la sentencia definitiva estampados en el expediente del Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón (folios 295 y 296 del expediente del A-quo), estos encuadran en el artículo 239 y 240 del Código Penal Vigente. III- En el caso que nos ocupa, el Ministerio Público fue de la opinión porque se otorgue la presente acción de Revisión, en atención a que la pena a imponer es de 15 a 20 años de prisión, por lo que corresponde imponer la pena mínima de 15 años de prisión de conformidad a los mismos términos de la sentencia impugnada, en virtud de lo cual se aprecia que la aplicación de la nueva ley penal resulta mas favorable al condenado. IV- Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia donde al condenado se le impusieron las penas en atención a que no se apreciaron circunstancias atenuantes ni agravantes que modifiquen la responsabilidad penal, este Tribunal concluye que se debe imponer las siguientes penas concretas: Por el delito de Secuestro, la pena de quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. V- Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión en atención a los argumentos expuestos por el recurrente en el recurso de reposición presentado. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la ley penal en favor del señor SELVIN ERNESTO PAVÓN, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI- Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena. CONSIDERANDO (12): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 63, 80, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323 párrafo primero de la Constitución de la República; 1, 57, 58, 239, 240, 470, 615 y 616 del Código Penal Decreto 130-2017; 1, 2, 3 No. 4), 5, 9 No.4), 96.8), 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; RESUELVE: I) DECLARAR HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LÓPEZ, por las razones y en los términos que se dejan ya señalados.- Declara CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LÓPEZ, a favor del señor SELVIN ERNESTO PAVÓN; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuestas al señor SELVIN ERNESTO PAVÓN, por el delito de SECUESTRO, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor SELVIN ERNESTO PAVON, como autor penalmente responsable del delito de SECUESTRO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO C3, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA PENA DE PRISIÓN. SEGUNDO: CONDENANDO al señor SELVIN ERNESTO PAVON, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INHABILITACIÓN ESPECIAL, por el tiempo que dure la condena principal de prisión. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda a la ejecución del presente fallo practicando un nuevo cómputo de la pena. Redactó la Magistrada Francisca Villela Zavala. - NOTIFÍQUESE. - FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIENTE SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro, certificación de la resolución de fecha dieciocho de septiembre del dos mil veinticuatro recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1079-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL