Sentencia RP-1068-22 — Registro 18214
Resumen
Recurso de revisión presentado por considerar la existencia de legislación mas benigna, en relación a la causa que se instruyó y que fueron condenados por los delitos de Portación Ilegal de Armas de Guerra, Posesión de Arma de Fuego Comercial y uso de Documento Publico Falso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia en donde a los encausado se les impusieron las penas tomando en consideración sus antecedentes personales; este Tribunal concluye que se le deben imponer las siguientes penas concretas: Por el delito de Tenencia o Porte Ilegal de Arma de Fuego permitida, la pena de cuatro (4) años de prisión y localización permanente por un año. Por el delito de Tenencia o Porte Ilegal de Arma de Fuego Prohibidas, la pena de seis (6) años de prisión y localización permanente por un año. Por el delito de Uso de Documento Falso, la pena de dos (2) años, ocho (8) meses de prisión y Multa de 200 días. V- Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ Y DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI- Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva penal..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…" Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia en donde a los encausado se les impusieron las penas tomando en consideración sus antecedentes personales; este Tribunal concluye que se le deben imponer las siguientes penas concretas: Por el delito de Tenencia o Porte Ilegal de Arma de Fuego permitida, la pena de cuatro (4) años de prisión y localización permanente por un año. Por el delito de Tenencia o Porte Ilegal de Arma de Fuego Prohibidas, la pena de seis (6) años de prisión y localización permanente por un año. Por el delito de Uso de Documento Falso, la pena de dos (2) años, ocho (8) meses de prisión y Multa de 200 días. V- Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ Y DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI- Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva penal..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio del año dos mil veinticuatro. VISTOS: Para dictar sentencia en los Recursos de Revisión Penal interpuestos por: 1.- La Abogada NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA, a favor del señor KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ (Reg. 1068-2021); y 2.- La Abogada CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO, a favor del señor DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA (Reg. 691-2022); ambos contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha diez (10) de enero del año dos mil veinte (2020), en relación a la causa que se instruyó contra los señores KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ y DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA, quienes fueron condenados por los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE GUERRA, POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL y USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete, el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales Abogada LIANA LOURDES SOTO, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ, también conocido como FRANKLIN DAVID AGUILAR CRUZ y contra DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA también conocido como VICTOR JADIEL FUNEZ ORELLANA, por suponerlos responsables de los delitos de ASOCIACIÓN ILICITA, PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS, PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y por los delitos de USO INDEBIDO DE NOMBRE y USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, en perjuicio de LA FE PÚBLICA. (Folios del 1-4 del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que seguido el procedimiento el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia en fecha diez de enero del año dos mil veinte, mediante la cual falló: (Sic) “Primero: Que debemos Absolver y se Absuelve a los señores KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ Y DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA, por el delito de ACOCIACIÓN ILÍCITA, por el cual ha venido acusando el Ministerio Público en Perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y SE ABSUELVE a los señores KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ Y DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA por el delito de USO PUBLICO DE NOMBRE SUPUESTO en perjuicio de LA FE PUBLICA. Segundo: Que DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a los acusados KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ Y DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA, cada uno a la pena de OCHO AÑOS (8) años de reclusión y multa de CINCO MIL LEMPIRAS (LPS.5,000.00) CADA UNO, como autores penalmente responsables del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE GUERRA, en Perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Como consecuencia de la condena de reclusión, se Condena a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL y se les obliga a trabajar en obras públicas o en labores dentro de esta Penitenciaría por todo el tiempo que dure la pena principal, de conformidad con las leyes que regula el sistema penitenciario nacional, misma que deberá cumplir en LA PENITENCIARIA NACIONAL LA GRANJA PENAL DE EL PORVENIR, ATLANTIDA, SIN PERJUICIO DE LO QUE DETERMINEN LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA PENITENCIARIO POR RAZÓN DE SEGURIDAD. Será computable a efectos del cumplimiento de la pena, el tiempo que el condenado ha permanecido cautelarmente privado de su libertad ambulatoria por esta causa. Tercero: Que debemos condenar y condenamos a los acusados KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ Y DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA, cada uno a la pena de TRES (3) años de reclusión como autores penalmente responsables del delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS. Como consecuencia de la condena de reclusión, se Condena a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena reclusión, así como también a trabajar por el tiempo que duren la misma, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con las leyes que regula el sistema penitenciario nacional, misma que deberá cumplir en EL CENTRO PENAL DE BARRIO INGLES DE LA CEIBA, ATLANTIDA, SIN PERJUICIO DE LO QUE DETERMINEN LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA PENITENCIARIO POR RAZÓN DE SEGURIDAD. Será computable a efectos del cumplimiento de la pena, el tiempo que el condenado ha permanecido cautelarmente privado de su libertad ambulatoria por esta causa. Cuarto: Que debemos condenar y condenamos a los acusados KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ Y DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA, cada uno a la pena de TRES (3) años de reclusión como autores penalmente responsables del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Como consecuencia de la condena de reclusión, se Condena a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena reclusión, así como también a trabajar por el tiempo que duren la misma, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con las leyes que regula el sistema penitenciario nacional, misma que deberá cumplir en EL CENTRO PENAL DE BARRIO INGLES DE LA CEIBA, ATLANTIDA, SIN PERJUICIO DE LO QUE DETERMINEN LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA PENITENCIARIO POR RAZÓN DE SEGURIDAD. Será computable a efectos del cumplimiento de la pena, el tiempo que el condenado ha permanecido cautelarmente privado de su libertad ambulatoria por esta causa. Quinto: Se declara la Responsabilidad civil de los condenados. Sexto: Se declara el comiso y la destrucción de las armas de fuego dos armas de fuego Modelo AR15, Color negro sin series con dos cargadores cada una, así como las armas de fuego Tipo Pistola Corlo Negro Marca Taurus Con Serie TZD15121 Calibre 9mm Con Empuñadura De Plástico Color Negro y Un Arma de Fuego Tipo Pistola Color Plateado Con Empuñadura de Plástico Color Negro Marca Kama Long Con Serie T1102-06502732 Calibre 9mm. Septimo: No procede condenar a los señores KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ Y DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. Y Manda: Notifíquese esta sentencia vía secretaría a las partes procesales una vez firme se remitan las presentes diligencias al Juzgado de Ejecución competente para su cumplimiento, además de librar copia certificada de la misma a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para los efectos pertinentes…” (Folios del 412-425fv del Tomo II de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que en fecha once de octubre del año dos mil veintiuno, compareció ante la Sala de lo Constitucional la Abogada NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA, presentando Recurso de Revisión Penal a favor del señor KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ, contra la sentencia de fecha diez de enero del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida; manifestando la recurrente que promueve el presente recurso para que se apliquen retroactivamente las disposiciones más favorables contenidas en el nuevo Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo 130-2017, en atención a que las penas aplicables a esos delitos se reducen con la aplicación retroactiva de la ley penal; fundamentando su acción en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folios del 1-3 y 8-10 de los autos) 4) Que en fecha tres de mayo del año dos mil veintidós, la Abogada CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO, compareció ante este Tribunal de Justicia Constitucional, interponiendo recurso de revisión en materia penal a favor del señor DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA, contra la sentencia de fecha diez de enero del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida; manifestando la recurrente que promueve el presente recurso para que se apliquen retroactivamente las disposiciones más favorables contenidas en el nuevo Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo 130-2017, ya que con la entrada en vigencia del nuevo Código penal, las penas aplicables a esos delitos se reducen con la aplicación de la retroactividad de la ley penal; fundamentando su acción en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folios del 31-33 de los autos) 5) Que en fecha diecisiete de agosto del año dos mil veintidós, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, habiendo comparecido la Abogada NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA, en su condición de apoderada legal del señor KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. En la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando la recurrente que ratifica el Recurso de Revisión Penal presentado, fundamentando el mismo en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal más favorable para su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), la representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque: (sic) “NO SE OTORGUE la solicitud de Revisión presentada conforme los argumentos que anteceden…” (Folios del 26-29fv de los autos) 6) Que en fecha dieciocho de mayo del año dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, habiendo comparecido la Abogada CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO, en su condición de apoderada legal del señor DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA y la Abogada XIOMNARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. En la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando la recurrente que ratifica la solicitud presentada de revisión de sentencia en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal más favorable a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017); la representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque (Sic) “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…” (Folios del 44-46 de los autos) 7) Que vistos los antecedentes de las acciones de Revisión Penal con registro números SCO-1068-2021 y 0691-2022, la Sala advirtió que ambos recursos fueron presentados contra la misma sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha diez de enero del año dos mil veinte, por lo cual se resolvió mediante providencia de fecha tres de agosto del año dos mil veintitrés acumular los recursos de Revisión Penal registrados bajo los números SCO-1068-2021 y 0691-2022, para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y producir una sola sentencia. (Folio 48 de los autos) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos de las Garantistas expuestos en sus escritos de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Las garantistas fundamentan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Las garantistas en sus escritos de interposición del Recurso señalan que las penas aplicables a sus representados las hicieron conforme al Código Penal vigente en el año dos mil diecinueve y con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, las penas aplicables a esos delitos se reducen con la aplicación retroactiva de la ley penal, siendo las penas las siguientes: Porte Ilegal de Armas de Guerra, conlleva una pena mínima de cuatro (4) a seis (6) años de reclusión y localización permanente de hasta tres (3) años se trata de armas o municiones prohibidas; por el delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, conlleva a una pena mínima de uno (1) a cuatro (4) años de reclusión y localización permanente de hasta dos (2) años si se trata de armas o municiones permitidas; por el delito de Uso de Documento Público Falso, conlleva a una pena mínima de cuatro (4) a ocho (8) años de reclusión reducida en un tercio (1/3). Quedando así sus representados con las penas mínimas por los delitos antes mencionados. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas en el expediente con registro No. 1068-2021, se celebró en fecha diecisiete de agosto del año dos mil veintidós, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA, como garantista a favor del señor KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ y la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Se le cedió la palabra a la abogada NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA, quien expresa que ratifica el recurso de Revisión Penal presentado, solicitando se apliquen las penas mínimas del nuevo Código Penal, ya que consecuentemente con el Código ya derogado se le aplicó también las penas mínimas por la comisión de los delitos referidos de Porte Ilegal de Arma de Guerra, Posesión de Arma Comercial y Uso de Documento Público Falso; la condena total con el Código Penal derogado suma a una pena de 14 años de reclusión, mas la multa de cinco mil lempiras por el delito de Porte Ilegal de Arma de Guerra, haciéndose la reducción quedaría en 7 años 9 meses, mas la pena de multa o localización por los mismos.- Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, quien en su apreciación jurídica hace referencia a los artículos 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 615 y 616 del nuevo Código Penal, 332-A, 332-B, 284 y 289 del Código Penal derogado y artículos 53, 456, 459, 580 del Código Penal vigente, en atención a las sanciones para los delitos de Portación Ilegal de Armas de Fuego permitidas y prohibidas y Uso de Documento Público Falso; expresando que: “De lo antes descrito se advierte que no procede aplicar la retroactividad de la norma sustantiva como más beneficiosa, al determinarse que el delito de Porte Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, le corresponde una pena mayor a la que fue sentenciado, y al no poder fragmentarse las dos normas, tomando solo en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique, esto en atención a lo que establece el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”, por lo que el Ministerio Público es de la opinión porque NO SE OTORGUE la solicitud de revisión presentada. (Folios del 26-29fv de los autos) Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas en el expediente con registro No. 691-2022, se celebró en fecha dieciocho de mayo del año dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO, como garantista a favor del señor DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA y la abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Se le cedió la palabra a la abogada CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO, quien expresa que ratifica la solicitud presentada de revisión de sentencia, solicitando se otorgue el beneficio de la retroactividad de la ley penal más favorable, ya que la sentencia condenatoria otorgada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, se otorgó una condena de catorce años de reclusión y con la reforma de la sentencia la condena debería quedar en siete años, nueve meses de reclusión, por lo que solicita al Juzgado de Ejecución de La Ceiba emita nuevo cómputo de pena.-Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, quien en su análisis jurídico hace referencia a los artículos 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 615 y 616 del nuevo Código Penal, artículos 456, 459 y 580 del Código Penal vigente, en atención a las sanciones para los delitos de Portación Ilegal de Armas de Fuego permitidas y prohibidas y Uso de Documento Público Falso; expresando que: “De lo expuesto, si bien, la pena a imponer en el delito de USO DE DOCUMENTO FALSO y PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDA, existe una pena mas baja, no obstante, en lo que respecta al delito de PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PERMITIDA, la pena a imponer se ve incrementada, ya que correspondería imponer la pena entre cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión en comparación a los tres (3) años de reclusión a los que fue condenado el encausado, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 615 de la norma sustantiva, es imperativo que las disposiciones del nuevo Código penal resulten más favorables tomadas en su conjunto, ya que no es admisible la aplicación fragmentando las dos (2) normas sustantivas…”, por lo que el Ministerio Público es de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios del 44-46fv de los autos) CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (7): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a)Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (8): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (9): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, los señores: 1) KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ; y 2) DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA, fueron condenados mediante sentencia dictada en fecha diez de enero del año dos mil veinte, por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, por los delitos de Portación Ilegal de Arma de Guerra, Posesión de Arma de Fuego Comercial y Uso de Documento Publico Falso, tipificados en los Artículos 332-A, 332-B y 289 de la norma derogada; normas que disponían en su orden: Artículo 289 “Quien, a sabiendas, hiciere uso de un documento falso en todo o en parte será sancionado como si fuere autor de la falsedad”. Artículo 332-A. “Fabricación y Tráfico de Material de Guerra, Armas y Municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5,000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras por cada arma incautada. La Policía Nacional o cualquier autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición el Ministerio Público.”; Artículo 332-B. “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 456 “Falsificación de Documentos Públicos y Mercantiles. Comete falsedad en documento público o mercantil, quien ejecuta alguna de las conductas siguientes: 1) Altera, destruye, suprime u oculte un documento en alguno de sus elementos esenciales; 2) Simula un documento en todo o en parte, de modo que induzca a error sobre su autenticidad; o, 3) Falta a la verdad en la narración de los hechos, o inserta declaraciones o manifestaciones diferentes de las verdaderas o que no han tenido lugar, de modo que induzca a error sobre la veracidad del documento en alguno de sus elementos esenciales. El delito de falsedad descrito en los numerales anteriores debe ser castigado con las penas de prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de doscientos cuarenta (240) a cuatrocientos (400) días, si se trata de documento mercantil y de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días si se trata de documento público”. El artículo 459 tipifica el delito de Uso de Documento Falso, estableciendo: “Uso de Documento Falso. Quien, sin haber intervenido en su falsificación, presenta en juicio un documento falso de los comprendidos en el artículo 456 del presente Código, o hace uso de dicho documento causando perjuicio a tercero, hace uso de dicho documento, debe ser castigado con la pena de prisión señalada para la falsificación, reducida en un tercio (1/3)”. En relación al delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego el Artículo 580 dispone: “Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municione prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización”. -Énfasis y subrayado añadidos- CONSIDERANDO (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (12): FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ Y DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA fueron condenados por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante sentencia definitiva y firme de fecha diez de enero del año dos mil veinte, por los delitos de: 1) PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE GUERRA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL DE OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN, más MULTA DE CINCO MIL (L.5,000.00) LEMPIRAS; 2)POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL DE TRES(3) AÑOS DE RECLUSIÓN; y, 3) USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, en perjuicio de LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL DE TRES(3) AÑOS DE RECLUSIÓN; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA, INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que duren las penas principales. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de las garantistas, que la sentencia condenatoria de fecha diez de enero del año dos mil veinte mediante la cual se condenó a los ciudadanos KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ Y DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 289, 332-A y 332-B del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que los condenados cometieron los delitos de Uso de Documento Público Falso, Portación de Armas Prohibidas y Portación Ilegal de Armas Comerciales. III- Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (13): Que en la parte dispositiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ Y DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA las siguientes penas: 1) La pena principal de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE CINCO MIL (L.5,000.00) LEMPIRAS a cada uno, por haber sido encontrados responsables como autores del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE GUERRA, en perjuicio de LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS; 2) La pena principal de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, por haber sido encontrados responsables como autores del delito de POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS; 3) La pena principal de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, por haber sido encontrados responsables como autores del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, en perjuicio de LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL por todo el tiempo que duren las penas principales de reclusión. I- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establecía para el delito de Portación de Armas Prohibidas una pena abstracta de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L.5,000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras por cada arma incautada -Artículo 332-A-; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece para la misma conducta delictiva con el nomen iuris de Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego, la pena abstracta de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas, la pena se aumenta en un tercio (1/3) a quien porte las armas de fuego o municiones sin autorización -Artículo 580.2-. Ponderando el quantum de la pena, en cuanto a este delito, es evidente que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para los encausados. En relación al delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establecía una pena abstracta de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas -Artículo 332-B-; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, contempla para dicha figura delictiva con el nomen iuris de Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego, la pena abstracta de uno (1) a cuatro (4) años de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas, la pena se aumenta en un tercio (1/3) a quien porte las armas de fuego o municiones sin autorización -Artículo 580.1- Ponderando el quantum de la pena, en cuanto a este delito, es evidente que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para los encausados. Y por último en cuanto al delito de Uso de Documento Público Falso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establecía una pena abstracta de tres (3) a nueve (9) años de reclusión, -Artículo 284 y 289-; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, contempla para dicha figura delictiva con el mismo nomen iuris de Uso de Documento Falso, la pena abstracta de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trecientos (300) a quinientos (500) días, si se trata de documento público, la pena se reduce en un tercio (1/3) a quien hace uso de dicho documento -Artículos 456 y 459- Ponderando el quantum de la pena, en cuanto a este delito, el Código Penal Vigente resulta de igual forma más benigno para el encausado, no obstante a ello, se trata de un concurso real y la ponderación se debe hacer de forma global, por lo cual, con la suma de todas las penas en forma concreta, se refleja que el Código Penal Vigente resulta más benigno para los encausados. II-En el examen de los concretos y probados hechos estampados en el expediente del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida (folio 413fv del expediente del A-quo), estos encuadran en los artículos 456, 459 y 580 del Código Penal Vigente. III- En el caso que nos ocupa, la fiscalía expuso que no procedía la retroactividad de la ley penal más favorable en atención a que en el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Permitida, la pena a imponer se ve incrementada en el nuevo Código, por tal razón aprecia una fragmentación de la norma. En respuesta a ello el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, norma jurídica aplicable a las cuestiones de Revisión de leyes penales, establece que la suma de penas se deberá hacer de manera global cuando se trate de un concurso real, como es el caso de esta sentencia en Revisión, puesto que hay concurso real cuando un mismo sujeto realiza dos (2) o más acciones u omisiones y con ello infringe una misma norma penal varias veces o varias normas penales -Artículo 66 Código Penal decreto 130-2017-. Siendo de esta manera que, aunque la pena concreta a imponer a uno de los delitos no refleje benignidad en el quantum de la pena, la suma de éste junto a los otros deja un total de pena que conlleva mayor beneficio al encausado, en observancia de la limitación de cumplimiento a treinta (30) años, como lo refiere el artículo 616 del nuevo Código Penal, en razón de lo cual no se está fragmentando la norma penal, solo se está haciendo una ponderación global de las penas, lo cual permite aplicar la retroactividad de la ley penal. IV- Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia en donde a los encausado se les impusieron las penas tomando en consideración sus antecedentes personales; este Tribunal concluye que se le deben imponer las siguientes penas concretas: Por el delito de Tenencia o Porte Ilegal de Arma de Fuego permitida, la pena de cuatro (4) años de prisión y localización permanente por un año. Por el delito de Tenencia o Porte Ilegal de Arma de Fuego Prohibidas, la pena de seis (6) años de prisión y localización permanente por un año. Por el delito de Uso de Documento Falso, la pena de dos (2) años, ocho (8) meses de prisión y Multa de 200 días. V- Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ Y DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI- Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 615 y 616 del nuevo Código Penal Decreto 130-2017, FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por: 1.- La Abogada NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA, a favor del señor KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ (Reg. 1068-2021); y 2.- La Abogada CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO, a favor del señor DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA (Reg. 691-2022); II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha diez (10) de enero del año dos mil veinte (2020); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuestas a los señores KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ Y DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA, por los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE GUERRA, POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL y USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a los acusados KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ Y DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA, cada uno a la pena de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN y LOCALIZACIÓN PERMANENTE POR UN AÑO, como autores del delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDAS, en perjuicio del ORDEN PÚBLICO. SEGUNDO: CONDENANDO a los acusados KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ Y DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA, cada uno a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN y LOCALIZACIÓN PERMANENTE POR UN AÑO, como autores del delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PERMITIDAS, en perjuicio del ORDEN PÚBLICO. TERCERO: CONDENANDO a los acusados KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ Y DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA, cada uno a la pena de DOS (2) AÑOS, OCHO (8) MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE DOSCIENTOS (200) DÍAS A RAZÓN DE VEINTE LEMPIRAS (L. 20.00), como autores del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, en perjuicio de LA FE PÚBLICA. CUARTO: CONDENANDO a los acusados KEVIN GABRIEL GALEAS RODRIGUEZ Y DANIEL ROBERTO XATRUCH URBINA, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INHABILITACIÓN ESPECIAL, durante todo el tiempo que duren las penas principales de prisión. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda a la ejecución del presente fallo practicando un nuevo cómputo de la pena. Redactó la Magistrada Francisca Villela Zavala. - NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1068-2021 y 691-2022
.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.