Sentencia RP-1035-22 — Registro 19724
Resumen
Se interpone acción de revision contra la sentencia de condena, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para sus representados, siendo declarado sin lugar por no favorecerle.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." ... Por lo que del contenido de las normas transcritas en este delito de ALMACENAMIENTO O DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO MUNICIONES O EXPLOSIVOS se aprecia que la nueva pena abstracta que se tendría que imponer conforme a las disposiciones del Código Penal Vigente no son más benignas, en tanto agravan la pena en la presente causa, ya que conforme los criterios establecidos en la Ley sustantiva para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y en la que entra en vigor; En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Artículo 616 del código penal vigente, resultando evidente que no corresponde la aplicación retroactiva del NCP, porque lejos de beneficiar a los sentenciados más bien les perjudica..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 y 99 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: los Fallos que literalmente dicen: Corte Suprema de Justicia Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve los Recursos de Revisión Penal, números 1035-2022 y 1111-2023 interpuestos: 1° por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES a favor de los señores MELVIN DAVID REDONDO VELASQUEZ, GERMAHIN REDONDO VELASQUEZ, GERSON FERNANDO RODRIGUEZ TURCIOS, FRACISCO ARTURO LARA MILLA, HOMER ALBERTO MIRANDA CACERES, IMAID SAID MUNGUIA, NOBIS EMANUEL BARCELO HERNANDEZ, JUAN CARLOS MEJIA, EMERSON JONATHAN ORTIZ ROBLES, CARLOS HUMBERTO EVANKS, MELVIS DAVID ARANDO ROMERO y JON ALEXANDER MORALES (Reg. No. SCO-1035-2022); y, 2° por el Abogado OMAR VIDES CRUZ a favor del señor JUAN MIGUEL FELIX (Reg. No. SCO-1111-2023), ambos recursos contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL, en fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, MEDIANTE LA CUAL FALLO: PRIMERO: CONDENAR , A LOS SEÑORES: Melvis David Arando Romero, Gerson Fernando Rodríguez Turcios, Jhon Alexander Morales, Francisco Arturo Lara, Germahin Redondo Velásquez, Homer Alberto Miranda, Imad Said Munguía, Nobis Emanuel Barceló, Juan Carlos Mejía, Emerson Jonatán Ortiz, Carlos Humberto Evennks, y Juan Miguel Félix. como autores responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras por el cual se impone una pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION como pena principal; pena que deberán cumplir en la penitenciaría Nacional que el Juez de ejecución estime pertinente; quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el sistema Penitenciario Nacional; se les impone las penas accesorias de inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; ambas penas accesorias se imponen durante el tiempo de la condena. SEGUNDO: CONDENAR A LOS SEÑORES Melvis David Arando Romero, Gerson Fernando Rodríguez Turcios, Jhon Alexander Morales, Francisco Arturo Lara, Germahin Redondo Velásquez, Homer Alberto Miranda, Imad Said Munguía, Nobis Emanuel Barceló, Juan Carlos Mejía, Emerson Jonatán Ortiz, Carlos Humberto Evennks, y Juan Miguel Félix, como autores del delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA y MUNICION DE USO PROHIBIDA Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por el cual se impone una pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSION, más multa de cinco mil lempiras (L.5000,00) como pena principal; misma que se impone en CONCURSO IDEAL, pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente, quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal de conform idad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional; además se les impone las penas accesorias de inhabilitación Absoluta e interdicción Civil, ambas penas accesorias se imponen durante el tiempo de duración de la condena.- Tercero: Se les declara a los condenados responsables civilmente, CUARTO: SE DECLARA EN COMISO LA CANTIDAD DE NOVENTA Y NUEVE MIL DOLARES AMERICANOS EXACTOS($99,000.00); ASI MISMO EL COMISO DE VARIAS ARMAS Y MUNICIONES. Son partes: 1) El Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, en favor de LOS CONDENADOS, Melvis David Arando Romero, Gerson Fernando Rodríguez Turcios, Jhon Alexander Morales, Francisco Arturo Lara, Germahin Redondo Velásquez, Homer Alberto Miranda, Imad Said Munguía, Nobis Emanuel Barceló, Juan Carlos Mejía, Emerson Jonatán Ortiz, Carlos Humberto Evennks. como revisionista en expediente 1035-2022 Y por el Abogado OMAR VIDES CRUZ quien es sustituido por los abogados FERNANDO GONZALES RIVERA Y DANIEL ABRAHAN RAMOS REYES, en favor de JUAN MIGUEL FELIX como revisionista en expediente 1111-23. 2) La Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA Y SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA en su condición de fiscales del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “PRIMERO: En fecha 25 de enero del 2014, a eso de las 10:00 de la mañana. Autoridades de la fuerza naval de Puerto Castilla, conformadas por agentes del apostadero de Brus laguna y de palacios, ubicados en Puerto lempira, departamento de Gracias a dios, mientras se disponían a realizar operativos rutinarios en la zona y cuando estaban ubicados en la posición N15°55´43”W084°52´30”,sector de Plaplaya departamento de Gracias a Dios, recibieron información por parte de un informante anónimo, quien les indico a las autoridades de la Fuerza naval, que una casa de concreto de ese mismo sitio, se encontraban un grupo de personas con armas de Largas y calibre Pequeño, y que además tenían droga, por tal razón se dirigieron al lugar, cuando habían recorrido a bordo de sus lanchas una distancia de 150 a 200 metros, observaron en el sitio a un grupo de personas entre ellos los señores Melvis David Arando Romero, Gerson Fernando Rodríguez Turcios, Jhon Alexander Morales, Francisco Arturo Lara, Germahin Redondo Velásquez, Homer Alberto Miranda, Imad Said Munguía, Nobis Emanuel Barceló, Juan Carlos Mejía, Emerson Jonatán Ortiz, Carlos Humberto Evennks, y Juan Miguel Félix , quienes al observar la presencia de la autoridad pretendieron evadirlos, por lo que se les dio persecución, hasta una vivienda donde se refugiaron a excepción de Edil Roney Peralta Aragón y que había sido señalada por el informante, tratándose de una casa de concreto, sin pitar con corredor, techo de alucín, con cerco perimetral de maya ciclón y cerca de esta, otra edificación de vivienda rustica al que ingreso Edil Roney Peralta Aragón. Una vez rodeados, los señores Elvis Javier Westa Aragón y Edil Roney Peralta Aragón, quienes eran parte del grupo al observar la presencia de los agentes de la naval salieron respetivamente de las viviendas donde se encontraban y dispararon en su contra repentinamente, repeliendo el ataque los agentes, quienes producto del enfrentamiento fallecieron por heridas de arma de fuego los señores Aragón y Westa, cayendo al suelo junto a estos una arma M16 y una pistola marca Girzan en el caso de este último, y una arma M16 con una lanza granadas incorporada a la mencionada M16 y que contenía una granada de 40mm. SEGUNDO: En esa misma fecha a eso de las 10:30 de la mañana, una vez ocurrido el enfrentamiento y rodeadas aun las viviendas por las autoridades Navales, los señores Melvis David Arando Romero, Gerson Fernando Rodríguez Turcios, Jhon Alexander Morales, Francisco Arturo Lara, Germahin Redondo Velásquez, Homer Alberto Miranda, Imad Said Munguía, Nobis Emanuel Barceló, Juan Carlos Mejía, Emerson Jonatan Ortiz, Carlos Humberto Evennks, y Juan Miguel Félix, se entregaron a las autoridades, quienes salieron con las manos hacia arriba sin portar objeto alguno, y una vez que se entregaron todos los antes mencionados y asegurado el lugar, los miembros de la naval procedieron a ingresar a dicha vivienda, encontrando en el interior de la misma lo Siguiente: Una arma de fuego tipo Fusil Ak-47.serie 638637 con seis cargadores, contendiendo dos de ellos 30 proyectiles cada uno. Un arma de fuego tipo Fusil AR-15 serie no legible, con dos cargadores, sin proyectiles. Armas que la ley ha prohibido su tenencia a los particulares. Una escopeta recortada marca Maverick modelo 88, calibre CA, serie número MV56227K. Una escopeta color negro marca Escort serie 096550. Una escopeta marca maverick modelo 88, 12 CA serie MV61575J., Un rifle marca Marlín, modelo 60Mic Pro.grove Varrel, calibre 22 cuerpo de madera seire:03143925. Un rifle marca Remington, modelo550, serie EL52, porta fusil color café, cuerpo de madera, Un arma de fuego tipo pistola marca Pietro Berreta, serie M72497Z, calibre 9mm. Color plateado, con dos cargadores. Un arma de fuego tipo pistola 9mm, color plateado, con dos cargadores. Un arma de fuego tipo pistola 9mm, marca Sarsi Marz, serie número T1102-05C00071, de color plateado, cacha color negro, con un cargador. Un arma de fuego tipo Pistola 9mm marca Pietro Berreta, modelo 92FS, serie M67267Z, color plateado cacha verde, con un cargador. Un arma de fuego tipo pistola calibre 45 marca: Smith &Wesson, serie#TDC9120, modelo4506, con un cargador. Un arma de fuego tipo pistola 9mm, Marca Girsan MC-21 serie T6368-10-G00312, color plateada con cacha color beige oscuro, con un cargador. Un arma de fuego tipo pistola 45mm.marca Glock, serie número NXC352, color negro y verde, con cuatro cargadores, una porta cargador de cuero. Un arma de fuego tipo pistola 9mm marca Glock, serie numero AAA902, color negro, dos cargadores grandes, marca Glock. Un arma de fuego tipo pistola 9mm marca Browning, serie 245RR64936, color plateado, cacha de madera, tres cargadores plateados. Un arma de fuego tipo pistola 9mm marca Sig Sawer P232, color negro, y un cargador color negro. Un arma de fuego tipo revolver calibre 3.57Magnum, marca Smith & Wesson, sin serie tambor 827 de color plateado, cacha de hule con cinco proyectiles. Armas de las cuales ninguno de los acusados tenia permiso expedido por autoridad competente para tenerlas. De igual manera se encontró: Un cañón para pistola marca Glock 9x19 NED384, color negro. Un cañón para pistola con las letras Fire Dragon G179X19 de color plateado. Siete cargadores marca Glock, con capacidad para 17 proyectiles de color negro. Un cargador para Mini Uzi. Nueve cargadores para pistola 9mm. Tres portas cargadoras. Trece fundas para pistola de cuero. Una piernera de color negro. Tres porta cargadoras de color negro(plásticos), nueve fundas para pistolas, de color negro, plástico. Así mismo. Cuatro (04) cartuchos para escopeta 12mm, color rojo, Diez y seis (16) proyectiles calibre 3.57. Siete (07) proyectiles calibre 22. Setenta y seis (76) proyectiles 45. Treinta y cinco (35) proyectiles 9mm. Doscientos treinta y cuatro (234) proyectiles para AK-47calibre 7.62 mm, Setecientos seis (706) proyectiles 5.56mm. Tres (03) granadas 50mm. Además, se encontraron, siete teléfonos satelitales, 30 teléfonos celulares de varias marcas, Seis chip de la telefonía Tigo, dos de la compañía claro, Seis GPS, 22 radios de comunicación portátil marca Unidem, Diez radios de Comunicación Marca Estándar Horizon, cinco radios de comunicación Icom, dos radios marca Vertz, Estándar, dos radios marca marca Shack, 55 cargadores para equipo de comunicación (celulares y GPS) 25 bases para radio portátil marca Motorola, 09 bases para radio portátil marca Motorola, 02 bases para radio Marca Icom, 08 baterías portátil Motorola, 05 baterías para radio portátil unidem, 02 baterías para radio portátil Iridium, una batería para radio portátil marca desconocida, siete antenas para radio portátil. Además en el interior de la vivienda se encontró la cantidad de noventa y nueve mil dólares Americanos ($99,000,00) en diferentes denominaciones, y dinero en billetes de las siguientes denominaciones: quince (15) pesos colombianos por un valor de cincuenta mil pesos cada uno (50,000.00), haciendo un total de setecientos cincuenta mil pesos colombianos, Un (1) billete por un valor de veinte mil pesos (20,000.00), cinco billetes por un valor de diez mil (10,000.00) pesos cada uno haciendo un total de cincuenta mil pesos (50,000.00), un (1) billete de cinco mil pesos (5,000,00), un (1) billete de dos mil pesos (2,000,00).dos (2) billetes por un valor de mil pesos cada uno(1,000.00) haciendo un total de todos los billetes colombianos de ochocientos veintinueve mil pesos (829,000.00), Un (1) billete de quinientos pesos mexicanos, tres (3) billetes por un valor de doscientos pesos cada uno (200.00), dos billetes por un valor de cincuenta pesos cada uno(50.00), un (1) billete por un valor de veinte pesos; haciendo un total de todos los pesos mexicanos de mil doscientos veinte pesos (1,220.00), un (1) billete por una valor de veinte quetzales, dos (2) billetes de cinco quetzales cada uno, tres (3) billetes de un quetzal cada uno, haciendo un total de treinta y tres (33.00) quetzales, Un billete de cien dólares($100.00), un billete de cinco (5) dólares, cinco(5) billetes de un dólar cada uno, haciendo un total de ciento diez dólares, un (1) billete de veinte córdobas, un billete de cinco dólares beliceños, un (1) billete de un dólar de la Islas de Caimán, Dinero del cual los acusados tenían a su disposición y resguardo, sin que existiera un origen legal conocido. Además, cinco (5) relojes descritos siguiente manera: Primero color negro y plateado, brazalete de hule marca tissot, segundo color negro con dorado brazalete de hule marca hilfiger, plasmada parte superior del reloj, tercero tipo deportivo color negro brazalete de hule marca radelo, cuarto color negro plateado forma cuadrada sin marca, quinto de metal color plateado tipo formal con piedritas en el brazalete marca Swatch; Cuatro (4) cadenas de eslabones gruesos color dorado, cuatro dijes color dorado, tres (3) anillos dos color dorado y color plata. Y dos lanchas un Vehículo rhino y una cuatrimoto que se encontraba a inmediaciones de la propiedad donde se encontraba la vivienda de concreto. Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra de Melvis David Arando Romero, Gerson Fernando Rodríguez Turcios, Jhon Alexander Morales, Francisco Arturo Lara, Germahin Redondo Velásquez, Homer Alberto Miranda, Imad Said Munguía, Nobis Emanuel Barceló, Juan Carlos Mejía, Emerson Jonatán Ortiz, Carlos Humberto Evennks, y Juan Miguel Félix, como autores responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras y por los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA y MUNICION DE USO PROHIBIDO Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: De la sentencia condenatoria Que en fecha quince de diciembre del año dos mil diecisiete, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“… PRIMERO: CONDENAR a los señores Melvis David Arando Romero, Gerson Fernando Rodríguez Turcios, Jhon Alexander Morales, Francisco Arturo Lara, Germahin Redondo Velásquez, Homer Alberto Miranda, Imad Said Munguía, Nobis Emanuel Barceló, Juan Carlos Mejía, Emerson Jonatán Ortiz, Carlos Humberto Evennks, y Juan Miguel Félix, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables penalmente del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, por el cual se les impone una pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, como pena principal; pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente; quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional; además, se les impone las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; ambas penas accesorias se imponen durante el tiempo de duración de la condena.. SEGUNDO: CONDENAR a los señores Melvis David Arando Romero, Gerson Fernando Rodríguez Turcios, Jhon Alexander Morales, Francisco Arturo Lara, Germahin Redondo Velásquez, Homer Alberto Miranda, Imad Said Munguía, Nobis Emanuel Barceló, Juan Carlos Mejía, Emerson Jonatán Ortiz, Carlos Humberto Evennks, y Juan Miguel Félix, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables penalmente del delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA Y MUNICION DE USO PROHIBIDA, y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNIONES DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por el cual se les impone una pena de DIEZ (10) AÑOS DE RELUSION MAS MULTA DE CINCO MIL (L.5,000.00) LEMPIRAS como pena principal; misma que se impone en CONCURSO IDEAL, pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente; quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el sistema Penitenciario Nacional; además, se les impone las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; ambas penas accesorias se imponen durante el tiempo de duración de la condena.. TERCERO: Se les declara a los condenados responsable civilmente. CUARTO: se declara en comiso, la cantidad de de la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL DOLARES AMERICANOS EXACTOS ($.99,000.00) sin embargo, al señalar el ente acusador que, en la Oficina Administradora de bienes Incautados (OABI), se encontraba en depósito dicha cantidad, se declara en comiso, como consecuencia de ser, el objeto proveniente del delito. Asimismo, se declara el comiso de: Una escopeta, recortada marca Maverick modelo 88, serie MV56227K. Una escopeta color negro, marca escort, serie 096550. Una escopeta marca Maverick, modelo 88, calibre 12, serie MV61575J. Un rifle marca Marlin, modelo 60 Micpo- Groove Varrel calibre 22, cuerpo de madera, serie 03143925. Un rifle marca Remigton, modelo 550, calibre 22, serie el52, cuerpo de madera con portafusil de cuero color café. Un fusil calibre 30/30, sin serie. Un arma de fuego tipo fusil AK-47, serie 638637 con seis cargadores, conteniendo dos de ellos treinta proyectiles cada uno. Un arma de fuego tipo fusil AR-15, serie no legible, con dos cargadores sin proyectiles. Un arma de fuego tipo fusil M16-a1, color moteado, serie 9578203, con dos cargadores de metal y uno de plástico y un portafusil color negro. Un arma de fuego tipo fusil M16-A1, serie 9598231 con un granadero incorporado modelo m203, calibre 40mm, con serie no legible, dos cargadores de metal un portafusil color verde. Un arma de fuego tipo pistola marca Pietro Beretta, serie M72497Z, calibre 9mm, color plateado, con dos cargadores: Un arma de fuego tipo pistola marca Sarsilmaz, serie T1102-05C00071, color plateado cacha negra, con un cargador. Un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm, marca Girsan, serie T6368-08ª03407, color plateado cacha de hule, cuatro cargadores y un porta cargador de cuero. Un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm, marca Pietro Beretta, modelo 92FS, serie M67267Z, color plateado cacha verde, con un cargador. Un arma de fuego tipo pistola calibre 45, marca Smith & Wesson, serie TDC9120, modelo 4506, con un cargador. Un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm, marca Girsan MC-21, serie TE6368-10-G00312, color plateada con cacha color beige oscuro, con un cargador. Un arma de fuego tipo pistola calibre 45mm, marca Glock, serie NXC352, color negro y verde, con cuatro cargadores, un portacargador de cuero. Un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm, marca Glock, serie AAA902 color negro, dos cargadores grandes marca glock (con capacidad para 31 proyectiles). Un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm, marca Browning, serie 245RR64936, color plateado cacha de madera, tres cargadores plateados. Un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm marca Sig Sawer P232, color negro y un cargador color negro. Un arma de fuego tipo revolver calibre 357 magnum, marca Smith & Wesson, serie KG808, tambor 827 de color plateado cacha de hule. Un cañón para pistola marca Glock 9XJ19 NED384, color negro, un cañón para pistola con las letras Fire Dragon, G179X19 de color plateado. Siete cargadores marca GLOCK, con capacidad para 17 proyectiles de color negro, un cargador para mini Uzi. Nueve cargadores para pistola 9mm. Tres porta cargadores de cuero, trece fundas para pistola de cuero, una piernera de color negro, tres porta cargadores de color negro plásticos, nueve fundas para pistola, de color negro, plástico. Cuatro (4) cartuchos para escopeta 12mm color rojo. Una bolsa plástica transparente debidamente sellada y firmada conteniendo en su interior, dieciséis (16) proyectiles calibre 3.57, siete (7) proyectiles calibre 22 mm, setenta y seis (76) proyectiles calibre 45 mm, treinta y cinco (35) proyectiles calibre 9mm. Una bolsa plástica transparente sellada y firmada, conteniendo en su interior, doscientos treinta y cuatro (234) proyectiles para AK-47 calibre 7.62 mm. Setecientos seis (706) proyectiles calibre 5.56 mm. Además, lo siguiente: 1.- un teléfono satelital marca iridium con batería y chip marca iridium, imei 300214011623560, con número de espalada 8988169326000370266. 2.- un teléfono satelital marca iridium con número de identificación a639505ac, modelo 9505ac, modelo 9505ª, con su respectiva batería y antena y chip con número de espalda 8988169325001091657. 3. Un teléfono satelital marca iridium, con número de imei 300214010321330, con chip marca iridium, con número de espalda 8988169316000125547, con su respectiva batería y antena 4.un teléfono satelital marca iridium, con número de imei 300115010189500 y un chip con número de espalda 8988169325000703914, con su respectiva batería. 5.-un teléfono satelital marca iridium, con número de imei 300115011613910 y un chip con número de espalda 898816932500117623, con su respectiva batería. 6.-un teléfono satelital marca iridium, con número de imei 300115010942070 y un chip con número de espalda 8988169325000848115, con su respectiva batería. 7.-un teléfono satelital marca iridium, con número de imei 300015010913430 y un chip con número de espalda 8988169325001176326, con su respectiva batería. Un teléfono móvil marca black Berry, color marrón, imei 355415055575543 y un chip de la compañía claro número de espalda 8950400101325879658f. 2.-un teléfono marca black Berry color blanco y negro, imei 311892056903250 sin chip ni batería. 3.-un teléfono marca black Berry color blanco y negro, imei 355821056245806 sin chip ni batería. 4.-un teléfono móvil marca black Berry color blanco y negro, imei 355415057895246, y un chip de la compañía claro número de espalda 8950400101269473492f. 5.-un teléfono móvil marca black Berry color marrón y negro imei 351892051589732, sin chip. 6.- un teléfono black Berry bold color negro imei 352602057574631 con un chip de la compañía tigo número de espalda 8950402502360586272. 7.-un teléfono marca black Berry color blanco imei 358208052539100 en mal estado y sin chip. 8.-un teléfono marca black Berry color negro imei 356761051933163 sin chip y sin batería. 9.-un teléfono móvil marca black Berry color negro imei 355415055705090, y un chip de la compañía claro número de espalda 8950400101350250619f. 10.-un teléfono marca Samsung color negro y anaranjado imei 356780/05/151015/1 chip de la compañía claro número de estalda 8950400101351561956f. 11. Un teléfono marca Samsung color negro y rojo imei 352750/05/615497/8 sin chip. 12.Un teléfono marca Samsung color negro y rojo imei 356780/05/094443/5 con chip de la compañía tigo número de espalda 8950402502345385899. 13.-Un teléfono marca Samsung color negro y rojo imei 358117/04/534151/8 sin chip. 14.-un teléfono marca Samsung color negro y rojo imei 356088/05/044981/3 sin chip. 15.-Un teléfono marca Samsung color negro y gris imei 355548/05/153573/9 chip de la compañía claro número de espalda 8950400101324897024f. 16.-Un teléfono marca Samsung color negro y gris imei 355548/05/143551/8 chip de la compañía claro número de espalda 8950404000054028659f. 17.-Un teléfono marca Samsung color negro y gris imei 352750/05/060364/0 chip de la compañía claro número de espalda 8950404000040736183f. 18.-Un teléfono marca Samsung dúos color negro y gris imei352111/05/572669/8 segundo imei 352112/05/572669/6 con chip de la compañía tigo y con numero de respaldo 8950402502348758670. 19.-Un teléfono marca zte color negro con serie número 32993157e43 con un chip de la compañía tico número de respaldo 8950402402080468382. 20.- Un teléfono marca ice mobile color amarillo y negro imei 352580044046220 con un chip de la compañía claro número de respalda 8950400101337945265f. 21.- un teléfono marca enspire color negro y rojo imei 869832013484262 con un chip de la compañía claro 8950400101269284923f. 22.- un teléfono marca Nokia color azul y negro imei 0113081/00/374008/6 con un chip de la compañía claro con número de espalda 8950400101326424322f. 23.-un teléfono marca ig color negro y gris imei 012829/00/391742/2 chip de la compañía claro con número de respaldo 8950400101310441860f. 24.-un teléfono celular marca amgoo color negro y azul imei 868608004517420 y el segundo imei 868608004517434 con numero de chip claro8950404000055254239f. 25.- un teléfono marca verykool color negro y gris imei 354728045202049 y el segundo imei 354728045253042 sin chip. 26.- un teléfono marca verykool color negro y gris imei 354728043436136 y el segundo imei 354728043476934 con chip de la compañía Tigo número de espalda 8950402502344211872, chip de la compañía claro con número de espalda 895040010135178887ff. 27.- un teléfono marca sendtel color negro de dos chips imei 356745041097163 segundo imei 356745041202169 un chip de la compañía claro número de espalda 8950400101252982562f. 28.-Un teléfono celular marca amgoo color negro y rosado imei 8631001685422 y el segundo imei 868631001685430 sin chip. 29.- un teléfono marca Nokia color negro y gris imei 012236/00/027664/8 sin chip. 30.- Un teléfono celular marga amgoo color negro y rojo imei353844045890740 y el segundo imei 353844045890757 sin chip. 31.-un chip de la compañía Tigo con numero de espalda 8950402502014584764. 32.-un chip de la compañía Tigo con numero de espalda 8950402102061535809. 33.-Un chip de la compañía Tigo con número de espalda 8950402502342525273. 34.- un chip de la compañía Tigo con número de espalda 8950402502334742621. 35.- un chip de la compañía Tigo con número de espalda 8950402502334775167. 36.- Un chip de la compañía Tigo con número con número de espalda 8950402502355933463. 37.- un chip de la compañía claro con número de espalda8950400101350250908f. 38.- un chip de la compañía claro con número de espalda 8950404000055152466f. Evidencia No. 39) una bolsa plástica transparente debidamente sellada y firmada, conteniendo en su interior: 1.- un gps marca garmin color negro y gris oscuro con la numeración 76418153. 2.- un gps marca garmin color negro y gris oscuro con la numeración 1qf059970. 3.- un gps marca garmin color negro y gris oscuro con la numeración 1qf061537. 4.-un gps marca garmin color negro y gris oscuro con la numeración 22135255. 5.-un gps marca garmin color negro y gris oscuro con la numeración 22166724. 6.- un gps marca garmin color negro y gris oscuro con la numeración 74718476.- 22 radios de comunicación portátil marca Motorola sin número de serie. Cuatro (4) radios de comunicación portátil marca unidem sin número de serie. Diez (10) radios de comunicación portátil marca standard horizón. Cinco (5) radios de comunicación portátil marca icom, dos (2) radios de comunicación portátil marca vertex.- standr, dos (2) radios de comunicación portátil marca radio shack. Cincuenta y cinco /55) cargadores para equipo de comunicación (celulares, GPS y radios). Veinticinco (25) bases para radio portátil marca motorola, nueve (9) bases para radio portátil marca vertex. Dos (2) bases para radio marca icom, ocho (8) baterías para portátil marca motorola, cinco (5) baterías para radio portátil unidem, dos (2) baterías para radio portátil iridium, una (1) batería para radio portátil marca desconocida, siete (7) antenas para radio portátil. Una computadora portátil (grande) marca hp color negro sin serie. Una bolsa plástica transparente debidamente sellada y firmada, conteniendo en su interior; un cartón color café adherido a este quince (15) , pesos colombianos por un valor de cincuenta mil pesos cada uno (50,000.00), haciendo un total de setecientos cincuenta mil pesos, un (1) billete de por un valor de veinte mil pesos (20,000.00), cinco (5) billetes por un valor de diez mil (10,000.00) cada uno haciendo un total de cincuenta mil pesos (50,000.00), un billete de cinco mil pesos (5,000.00), un (1) billete de dos mil pesos (2,000.00), dos (2) billetes por un valor de mil pesos cada uno (1,000.00) haciendo un total de todos los billetes colombianos de ochocientos veintinueve mil pesos (829,000.00), un (1) billete de quinientos pesos mexicanos, tres (3) billetes por un valor de doscientos pesos cada uno (200), dos (2) billetes por un valor de cincuenta pesos cada uno (50.00) UN (1) billete por un valor de veinte pesos haciendo un total de todos los pesos mexicanos de mil doscientos veinte pesos (1,220.00), un (1) billete por un valor de veinte quetzales, dos (2) billetes de cinco quetzales cada uno, tres (3) billetes de un quetzal cada uno haciendo un total de treinta tres (33.00) quetzales, un (1) billete de cien dólares ($.100.00), un billete de cinco (5) dólares, cinco (5) billetes de un dólar cada uno, haciendo un total de ciento diez dólares, un (1) billete de veinte córdobas, un(1) billete de cinco dólares beliceños, un billete de un dólar de la islas de cayman. Cinco (5) relojes descritos siguiente manera: primero color negro y plateado brazalete de hule marca tissot, segundo color negro con dorado brazalete de hule marca hilfiger plasmada parte superior del reloj, tercero tipo deportivo color negro brazalete de hule marca radelo, cuatro colores negros plateados forma cuadrada sin marca, quinto de metal color plateado tipo formal con piedritas en el brazalete marca swatch. Cuatro (4) cadenas de eslabones gruesos color dorado, cuatro (4) dijes color dorado tres (3) anillos dos color dorado y color plata. - QUINTO: No se condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. (Folios 1359-1400 del antecedente) TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. En fechas veintinueve de junio de dos mil veintidós y veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, respectivamente, comparecieron ante esta Sala, el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES interponiendo recurso de revisión penal a favor de los señores MELVIN DAVID REDONDO VELASQUEZ, GERMAHIN REDONDO VELASQUEZ, GERSON FERNANDO RODRIGUEZ TURCIOS, FRACISCO ARTURO LARA MILLA, HOMER ALBERTO MIRANDA CACERES, IMAID SAID MUNGUIA, NOBIS EMANUEL BARCELO HERNANDEZ, JUAN CARLOS MEJIA, EMERSON JONATHAN ORTIZ ROBLES, CARLOS HUMBERTO EVANKS, MELVIS DAVID ARANDO ROMERO y JON ALEXANDER MORALES y el Abogado OMAR VIDES CRUZ, interponiendo recurso de revisión penal a favor del señor JUAN MIGUEL FELIX, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para sus representados. CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. I.- En fecha veintidós de junio del año dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante AIDA PATRICIA MARTINEZ, con la comparecencia de la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, en su condición de Apoderada Legal de los señores MELVIN DAVID REDONDO VELASQUEZ, GERMAHIN REDONDO VELASQUEZ, GERSON FERNANDO RODRIGUEZ TURCIOS, FRACISCO ARTURO LARA MILLA, HOMER ALBERTO MIRANDA CACERES, IMAID SAID MUNGUIA, NOBIS EMANUEL BARCELO HERNANDEZ, JUAN CARLOS MEJIA, EMERSON JONATHAN ORTIZ ROBLES, CARLOS HUMBERTO EVANKS, MELVIS DAVID ARANDO ROMERO y JON ALEXANDER MORALES; El revisionista ratifica su solicitud en aplicación de los artículos 615 del Código Penal decreto 130-2017 respecto de la retroactividad de la Ley más Favorable, señalando que la nueva legislación le es más favorable a sus representados para poder optar a una preliberación . El Ministerio Público consideró: que la sentencia condenatoria se dictó en base al artículo 3 de la Ley Especial de Lavado de Activos el cual era sancionado con una pena de 15 a 20 años de reclusión, mientras que el Código Penal decreto 130.2017 regula esa misma conducta delictiva en el artículo 439 que si bien es cierto fue reformado mediante decreto 93-21, cuya aplicación solicita el revisionista, no obstante esta representación fiscal estima que la reforma al artículo 439 del código penal vigente, en cuanto derogó lo atinente a no tener causa o justificación económica o licita de la procedencia de los activos, contraviene disposiciones de carácter convencional contenidas en el numeral 7 del artículo 5 de la convención de Viena, la cual exhorta los estados partes a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen licito del supuesto producto del delito u otros bienes de sus propiedad, en la medida que ello sea conforme a los principios fundamentales de su derecho interno. Y por ello existe una inconstitucionalidad de la referida norma, solicitando se decrete su inaplicabilidad; Que en relación a los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICION DE USO PROHBIIDO Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS regulados en ellos articulo 332-A y 332-B del Código Penal Decreto 144-83; mientras que el código Penal vigente decreto 130-2017 en el artículo 581 refiere el DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO MUNICIONES O EXPLOSIVOS y señala una pena de ocho(8) a doce (12) años de prisión y localización permanente de hasta cinco (5) años, si se trata de armas de fuego de uso permitido; y de diez (10) a doce (12) años si se trata de armas de fuego prohibidas, si el depósito lo fuera de municiones, las penas deben disminuir en sus respectivos casos en un tercio1/3. Quien, sin autorización, posee un depósito de explosivos debe ser castigado con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y localización permanente de hasta diez (10) años. A los efectos de este precepto se considera depósito de armas de fuego la reunión de más de diez armas; por lo que del examen de los hechos probados resulta una pena de dieciséis (16) a veintiún (21) años cuatro meses de Prisión“…Que del contenido de las normas transcritas se aprecia que la nueva pena abstracta que se tendría que imponer conforme a las disposiciones del Código Penal Vigente no son más benignas, en tanto agravan la pena en la presente causa, ya que conforme los criterios establecidos en la Ley sustantiva para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y en la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Artículo 616 del código penal vigente. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque No se otorgue la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” (Folios 21-24 del recurso de mérito).II.- En fecha dieciséis de mayo del año dos mil veinticuatro, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL, con la comparecencia de la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado DANIEL ABRAHAM RAMOS REYES, en su condición de Apoderado Legal del señor JUAN MIGUEL FELIX; El abogado revisionista señala que en caso de su representado la pena en relación al delito de Almacenamiento de Armas le favorece, ya que su representado en ningún momento tenia mas de diez armas en su poder, por lo que dicha tenencia debe ser calificada conforme al artículo 581 del código penal vigente que señala una pena de cuatro de seis Años y localización permanente, solicitando se aplique la retroactividad de la ley penal en favor de su representado; en relación al delito de Lavado de Activos, señala que su representado fue detenido junto a once personas a quienes se les decomiso noventa y nueve mil dólares, cantidad que nunca se pudo decir de quien era ese dinero, sin embargo con la entrada en vigencia del decreto 93-2021, este delito de lavado de Activos sufrió una reforma donde el verbo rector de la no justificación desaparece, por ende en relación a este delito también solicita la retroactividad de la ley penal, y se le absuelva del delito de Lavado de Activos en aplicación del artículo 615 del código penal vigente. El Ministerio Público consideró: “… Que en relación al delito de Lavado de Activos respecto a lo cual el recurrente aduce que su representado debe ser beneficiado con la reforma del artículo 439 contenida en el decreto número 93-2021 en vista que el precepto legal derogó” que no tenga causa o justificación económica o licita se su procedencia,, al examinar el fallo se establece que la reforma contraviene disposiciones de carácter convencional señalada en el numeral siete del articulo cinco de la Convención de Viena; y en razón de ello él mismo fue declarado inconstitucional mediante decreto 43-2023, por contravenir Tratados internacionales de los que Honduras forma parte; en razón de lo anterior lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a ley; en relación al delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO PROHIBIDO este delito era sancionado con la pena de ocho(8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (l.5,000.00) a diez mil lempiras(L.10,000.00), asimismo el delito de Almacenamiento ilegal de armas y municiones de uso comercial, LA PENA ESTABLECIDA ERA DE TRES(3) A SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION SIN PERJUICIO DEL COMISO DE DICHAS ARMAS; por lo que en este caso al tratarse de un concurso ideal, se aumentó un tercio al delito que tenía pena mayor esto conforme al artículo 36 de dicho cuerpo legal; en el código penal vigente decreto 130-2017, dicha conducta se encuentra regulada en el artículo 581, que establece “ quien sin autorización posee un depósito de armas de fuego debe ser condenado con las penas siguientes: de ocho (8) a doce (12) años y localización permanente de hasta cinco(5) años, si se trata de armas de fuego de uso permitido; y de diez (10) a doce (12), años y localización permanente de hasta cinco (5) años, si se trata de armas de fuego de uso prohibido; a los efectos de este precepto se considera depósito de armas de fuego la reunión de más de diez armas. En el presente caso si se aplicaran las penas para el ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL, al desprenderse de la sentencia de mérito el decomiso de más de diez armas, correspondería una pena de ocho (8) a doce 12. De lo antes relacionado se advierte que la nueva norma penal, no se le es más favorable al sentenciado respecto al delito de Lavado de Activos, por haberse derogado la reforma contenida en el Decreto 93-2021: asimismo tampoco resulta más favorable el delito de Depósito de Armas de Fuego, Municiones o Explosivos , ya que de aplicarse las penas si se trata de Armas de Fuego de Uso Permitido, la pena impuesta con la Legislación derogada resulta también imponible conforme la norma penal vigente, por lo que no es procedente la retroactividad de la ley solicitada. III OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto es del parecer QUE NO SE OTORGUE la solicitud de Revisión presentada conforme los argumentos que anteceden” (Folios 59-63 del recurso de mérito). QUINTO: De la acumulación de Solicitud de Revisiones. Que esta sala en fecha diecinueve de agosto del dos mil veinticuatro al apreciar que los Recursos registrados bajo los Números SCO-1035-2022, interpuestos por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES a favor de MELVIN DAVID REDONDO VELASQUEZ, GERMAHIN REDONDO VELASQUEZ, GERSON FERNANDO RODRIGUEZ TURCIOS, FRACISCO ARTURO LARA MILLA, HOMER ALBERTO MIRANDA CACERES, IMAID SAID MUNGUIA, NOBIS EMANUEL BARCELO HERNANDEZ, JUAN CARLOS MEJIA, EMERSON JONATHAN ORTIZ ROBLES, CARLOS HUMBERTO EVANKS, MELVIS DAVID ARANDO ROMERO y JON ALEXANDER MORALES; y SCO-1111-2023, interpuesto por el Abogado OMAR VIDES CRUZ, a favor del señor JUAN MIGUEL FELIX y que los mismos se dirigen contra la misma sentencia de fecha quince de diciembre del dos mil diecisiete dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional , dispuso acumular los recursos antes descritos, para efecto de mantener la unidad y continencia de la causa y producir una sola sentencia. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintidós (22) de Junio de dos mil veintitrés (2023), y dieciséis(16) de mayo del dos mil veinticuatro(2024) ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado José Alejandro Núñez Valladares, en favor de Melvis David Arando Romero, Gerson Fernando Rodríguez Turcios, Jhon Alexander Morales, Francisco Arturo Lara, Germahin Redondo Velásquez, Homer Alberto Miranda, Imad Said Munguía, Nobis Emanuel Barceló, Juan Carlos Mejía, Emerson Jonatán Ortiz, Carlos Humberto Evennks, y los abogados Fernando Gonzales Rivera y Daniel Ramos Reyes en representación de condenado Juan Miguel Félix, como revisionistas; y la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía y la abogada Sandra Lorena Zuniga Garcia, ambas fiscales del Ministerio Público. Los abogados Revisionistas fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. ; arguyen en síntesis que solicitan la aplicación de los artículos 615 del Código penal decreto 130-2017 respecto de la retroactividad de la Ley más Favorable, señalando que la nueva legislación le es más favorable a sus representados para poder optar a una preliberación; en cuanto al delito de Lavados de activos la pena aplicar es conforme la reforma del decreto 93-2021 en vista que este precepto derogó” que no tenga causa o justificación económica o licita su procedencia; en este sentido la nueva legislación les favorece más a sus representados; igualmente en relación al delito de Almacenamiento de Armas le favorece, ya que su representado en ningún momento tenía más de diez armas en su poder, por lo que dicha tenencia debe ser calificada conforme al artículo 581 del código penal vigente que señala una pena de cuatro de seis Años y localización permanente, solicitando se aplique la retroactividad de la ley penal en favor de su representado. Por su parte, las agentes fiscales del Ministerio Público expusieron en síntesis que NO SE OTORGUE EL RECURSO, en virtud que no corresponde la aplicación retroactiva de la ley ya que : la sentencia condenatoria se dictó en base al artículo 3 de la Ley Especial de Lavado de Activos el cual era sancionado con una pena de 15 a 20 años de reclusión, mientras que el Código Penal decreto 130.2017 regula esa misma conducta delictiva en el artículo 439 que si bien es cierto fue reformado mediante decreto 93-21, cuya aplicación solicita el revisionista, no obstante esta representación fiscal estima que la reforma al artículo 439 del código penal vigente, en cuanto derogó lo atinente a no tener causa o justificación económica o licita de la procedencia de los activos, contraviene disposiciones de carácter convencional contenidas en el numeral 7 del artículo 5 de la convención de Viena, la cual exhorta los Estados partes a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen licito del supuesto producto del delito u otros bienes de sus propiedad, en la medida que ello sea conforme a los principios fundamentales de su derecho interno. Y por ello existe una inconstitucionalidad de la referida norma, solicitando se decrete su inaplicabilidad; Que en relación a los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICION DE USO PROHBIIDO Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS regulados en ellos articulo 332-A y 332-B del código penal decreto 144-83; mientras que el código Penal vigente decreto 130-2017 en el artículo 581 refiere el DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO MUNICIONES O EXPLOSIVOS y señala una pena de ocho(8) a doce (12) años de prisión y localización permanente de hasta cinco (5) años, si se trata de armas de fuego de uso permitido; y de diez (10) a doce (12) años si se trata de armas de fuego prohibidas, si el depósito lo fuera de municiones, las penas deben disminuir en sus respectivos casos en un tercio1/3. Quien, sin autorización, posee un depósito de explosivos debe ser castigado con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y localización permanente de hasta diez (10) años. A los efectos de este precepto se considera depósito de armas de fuego la reunión de más de diez armas; por lo que del examen de los hechos probados resulta una pena de dieciséis (16) a veintiún (21) años cuatro meses de Prisión“…Que del contenido de las normas transcritas se aprecia que la nueva pena abstracta que se tendría que imponer conforme a las disposiciones del Código Penal Vigente no son más benignas, en tanto agravan la pena en la presente causa, ya que conforme los criterios establecidos en la Ley sustantiva para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y en la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Artículo 616 del código penal vigente. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena concursada, los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y, ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o iii. Para hacer efectivo el limite subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por penas conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a Los señores: Melvis David Arando Romero, Gerson Fernando Rodríguez Turcios, Jhon Alexander Morales, Francisco Arturo Lara, Germahin Redondo Velásquez, Homer Alberto Miranda, Imad Said Munguía, Nobis Emanuel Barceló, Juan Carlos Mejía, Emerson Jonatán Ortiz, Carlos Humberto Evennks, y Juan Miguel Félix. LA PENA DE QUINCE AÑOS DE RECLUSION como pena principal como autores del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras y DIEZ AÑOS DE RECLUSION por ser autores de los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA y MUNICION DE USO PROHIBIDA Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS , más multa de cinco mil lempiras (L.5,000,00) como pena principal; misma que se impone en CONCURSO IDEAL, pena que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. Para dictar el fallo condenatorio, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional aplicó lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de lavado de activos que señalaba una pena de quince (15)a veinte (20) años de reclusión; y Según el NCP 130-2017, entrado en vigencia a partir del 25 de junio de 2020, en el artículo 439 señala el Lavado de activos. “Incurre en Lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, de apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los Delitos de Trafico Ilícito de Drogas, trata de personas, trafico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, trafico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil urbanísticos, explotación de recursos naturales y medio ambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito, cometidos por el o por un tercero, o que no tengan causa o justificación económica o licita de su procedencia. El cual establecía como una de sus modalidades criminosas para la realización del delito, la no justificación de la procedencia lícita de los activos; es decir, según la construcción objetiva del tipo penal, bastaba al ente acusador demostrar la no justificación legal de los activos sin necesidad de que procedan de algún delito de los enumerados en el tipo penal o algún delito considerado grave. Por su parte, el sentenciado devenía obligado a acreditar la condición de licitud de los activos en descargo de la acusación o, que no procedían de un delito de los enlistados en el tipo penal o considerado grave. No obstante, mediante el decreto legislativo No. 93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de lavado de activos, ya no se establece como modalidad criminosa que el sujeto no tenga justificación lícita de los activos, determinando el legislador que este supuesto de hecho no debe ser reprochable penalmente, debiendo el Ministerio Público acreditar que los activos son productos de un delito grave y a los cuales busca dárseles condición de licitud. Sin embargo, dicha ley fue derogada mediante decreto 43-2023 publicado en fecha 25 de julio 2023; En el caso bajo estudio, en el hecho probado de la sentencia se establece que los sentenciados se les decomiso cierta cantidad de dinero de diferentes denominaciones, así como el almacenamiento de un gran número de armas, municiones de todo calibre tanto comercial como de uso prohibido; por lo que los activos decomisados son productos directos o indirectos de un delito grave. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados encaja en la descripción de la nueva norma penal señalada; Por otra parte, la fiscalía expuso en síntesis que no procedía la retroactividad de la ley penal arguyendo que dicha reforma contraviene disposiciones garantizadas en el bloque de constitucional y solicita “se decrete inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto legislativo 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa de justificación económica o licita de su procedencia” por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte”. Considera que se violenta el numeral 7 del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados parte a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen licito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno; y, la convención de Palermo que en su artículo 12 numeral 7) que dice: “Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”; así como también considera lesionados el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. De lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional pone de relieve que los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República establecen que «Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales», y que, «los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno», se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño; En este sentido, haciendo un análisis de lo peticionado por la Fiscalía, la Sala encuentra una relación directa de las normas convencionales que invoca con el caso sometido a estudio; con los tipos penales señalados en la nueva norma penal, haciendo una descripción objetiva conminado con una pena que encaja con los hallazgos encontrados conforme a los hechos probados de la sentencia que se revisa; por ende la Sala de lo Constitucional concluye que: Respecto al delito de lavado de activos, de los hechos probados de la sentencia le correspondería la imposición de la pena de cinco (5) a ocho (8) años y multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) objeto del valor de lo lavado, margen que debe aumentarse en un tercio (1/3) al concurrir la agravante contemplada numeral 2) del párrafo último del artículo 439 del NCP, lo que equivale de ocho (8) años a diez (10) años ocho meses de prisión y sesenta y 66 por ciento (66.%) del valor objeto de lavado; sin embargo, no es procedente la Aplicación de la Retroactividad de la ley penal, ya que en relación a la otra norma de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICION DE USO PROHBIIDO Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS regulados en ellos articulo 332-A y 332-B del código penal decreto 144-83; que al respecto en el código Penal vigente decreto 130-2017 en el artículo 581 refiere el DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO MUNICIONES O EXPLOSIVOS y señala una pena de ocho(8) a doce (12) años de prisión y localización permanente de hasta cinco (5) años, si se trata de armas de fuego de uso permitido; y de diez (10) a doce (12) años si se trata de armas de fuego prohibidas, si el depósito lo fuera de municiones, las penas deben disminuir en sus respectivos casos en un tercio1/3. Quien, sin autorización, posee un depósito de explosivos debe ser castigado con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y localización permanente de hasta diez (10) años. A los efectos de este precepto se considera depósito de armas de fuego la reunión de más de diez armas; debiendo aumentarse un tercio por tratarse de un concurso ideal; quedando una pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión más la suma de un tercio de acuerdo a lo establecido en el artículo 584 numeral 1) Al tratarse de hechos cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado, y 4) La tenencia de armas, municiones o explosivos ilícitos que tienen una gran potencialidad para causar daño por lo que del examen de los hechos probados resulta una pena de Veinte ( 20) a veintiséis años (26) años ochos meses de Prisión, por lo que del contenido de las normas transcritas en este delito de ALMACENAMIENTO O DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO MUNICIONES O EXPLOSIVOS se aprecia que la nueva pena abstracta que se tendría que imponer conforme a las disposiciones del Código Penal Vigente no son más benignas, en tanto agravan la pena en la presente causa, ya que conforme los criterios establecidos en la Ley sustantiva para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y en la que entra en vigor; En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Artículo 616 del código penal vigente, resultando evidente que no corresponde la aplicación retroactiva del NCP, porque lejos de beneficiar a los sentenciados más bien les perjudica. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado, JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES a favor de los señores MELVIN DAVID REDONDO VELASQUEZ, ROMERO, GERMAHIN REDONDO VELASQUEZ, GERSON FERNANDO RODRIGUEZ TURCIOS, FRACISCO ARTURO LARA MILLA, HOMER ALBERTO MIRANDA CACERES, IMAID SAID MUNGUIA, NOBIS EMANUEL BARCELO HERNANDEZ, JUAN CARLOS MEJIA, EMERSON JONATHAN ORTIZ ROBLES, CARLOS HUMBERTO EVANKS, MELVIS DAVID ARANDO ROMERO y JON ALEXANDER MORALES (Reg. No. SCO-1035-2022); y, 2° por el Abogado OMAR VIDES CRUZ a favor del señor JUAN MIGUEL FELIX (Reg. No. SCO-1111-2023),. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL, “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL, Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de marzo de dos mil veinticinco. VISTO: El Recurso de reposición interpuesto por el Abogado DANIEL ABRAHAM RAMOS REYES a favor del señor JUAN MIGUEL FELIX VILLEGAS (Reg. No. SCO-1111-2023), contra la sentencia de fecha cinco de Diciembre del dos mil veinticuatro, dictada por esta Sala Constitucional, que declara sin lugar el recurso de Revisión Penal contra la sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL, en fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, MEDIANTE LA CUAL FALLO: PRIMERO: CONDENAR , A LOS SEÑORES: Melvis David Arando Romero, Gerson Fernando Rodríguez Turcios, Jhon Alexander Morales, Francisco Arturo Lara, Germahin Redondo Velásquez, Homer Alberto Miranda, Imad Said Munguía, Nobis Emanuel Barceló, Juan Carlos Mejía, Emerson Jonatán Ortiz, Carlos Humberto Evennks, y Juan Miguel Félix. como autores responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras por el cual se impone una pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION como pena principal; pena que deberán cumplir en la penitenciaría Nacional que el Juez de ejecución estime pertinente; quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el sistema Penitenciario Nacional; se les impone las penas accesorias de inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; ambas penas accesorias se imponen durante el tiempo de la condena. SEGUNDO: CONDENAR A LOS SEÑORES Melvis David Arando Romero, Gerson Fernando Rodríguez Turcios, Jhon Alexander Morales, Francisco Arturo Lara, Germahin Redondo Velásquez, Homer Alberto Miranda, Imad Said Munguía, Nobis Emanuel Barcelo, Juan Carlos Mejía, Emerson Jonatán Ortiz, Carlos Humberto Evennks, y Juan Miguel Félix , como autores del delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA y MUNICION DE USO PROHIBIDA Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS por el cual se impone una pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSION, más multa de cinco mil lempiras (L.5000,00) como pena principal; misma que se impone en CONCURSO IDEAL, pena que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente, quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional; además se les impone las penas accesorias de inhabilitación Absoluta e interdicción Civil, ambas penas accesorias se imponen durante el tiempo de duración de la condena.- Tercero: Se les declara a los condenados responsables civilmente, CUARTO: SE DECLARA EN COMISO LA CANTIDAD DE NOVENTA Y NUEVE MIL DOLARES AMERICANOS EXACTOS($99,000.00); ASI MISMO EL COMISO DE VARIAS ARMAS Y MUNICIONES. CONSIDERANDO: Que el acto por el cual el peticionario solicita reposición de la revisión; es 1.- Al considerar que existen diversos recursos donde se ha otorgado la revisión por el delito de Lavado de activos al establecerse que en la sentencia se utilizo el verbo rector de la no justificación el cual se castigaba en el articulo 439 de nuestra norma Penal, hasta la entrada en vigencia del decreto 93-2021 el cual fue publicado el uno (1) de noviembre del año dos mil veintiuno(2021), donde desaparece es verbo rector y es indispensable que el dinero que las personas no podían justificar necesariamente tenia que tener antecedentes que venia de un delito precedente como lo establece el mismo decreto; que en el caso que nos ocupa su representado fue condenado por el delito de Lavado de Activos, Por no Justificar la Cantidad de Noventa y nueve mil Dólares Americanos ($ 99,000.00) que le fueron encontrados no solamente a él, sino a las trece personas que nunca se pudo establecer de quien realmente eran dichos dólares; Así mismo el delito de Almacenamiento de Armas y Municiones de uso prohibido y Comercial, delito que nunca aparece en el decreto93-2021 como delito precedente para el delito de Lavado de Activos. Reclama el recurrente que al no aplicarse el decreto 93-21 se están vulnerando garantías y principios fundamentales de la ley penal de nuestro país olvidándose del principio de temporalidad de una ley que es el tiempo en que la ley es vigente y Obligatoria. 2.- En relación al delito de Almacenamiento Ilegal de Armas y Munición de Uso Prohibido y Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones de Uso Comercial, el cual establece en la sentencia que la misma tendría una pena que oscila entre los 20 años a 26 años, esto causa gran asombro porque es una pena tan alta siendo desproporcional y totalmente contradictora a la realidad, en virtud que no es posible que el Tribunal de Sentencia haya condenado a su representado y a las demás personas en concurso ideal, sin interponer ninguna agravante, y como es posible que la sala en su valoración pueda establecer agravantes que no existieron y no fueron probadas en juicio, eso se ve cuando establece que mi representado cometió el delito en un grupo delictivo organizado, agravante que jamás se alegó en juicio de su representado, siendo así que para que exista el crimen organizado se deben valorar ciertas pruebas que nunca fueron valoradas por parte del Tribunal Sentenciador, y que en audiencia el Ministerio publico estuvo de acuerdo en rebajar la Pena, no pudiendo entender de donde salió una pena tan alta, según lo señalado en el artículo 581 del código Penal, este articulo establece que es un deposito de armas, siendo así la cantidad de diez armas, por lo que e delito de almacenamiento de armas y municiones de uso prohibido desaparece para mi representado y las demás personas ya que a ellos se les encuentra dos armas de uso prohibidas cuales eran AK47 y un fusil R-15, y no diez por lo que se vuelve una mera tenencia de armas de uso prohibido siendo castigada con una pena de 4 a 6 años de reclusión; Así mismo en cuanto a las municiones de uso prohibido el órgano jurisdiccional tendría que establecer si se trata de un deposito o por la variedad de municiones, cantidad y otros elementos, por lo que la pena quedaría de cuatro(4) años de reclusión, y por el delito de Almacenamiento de armas y munición comercial, la pena quedaría según el nuevo código penal de ocho( 8 )a doce (12) años y ambos delitos en concurso ideal quedaría una pena de doce (12) a dieciséis (16) años utilizando las reglas del articulo 69 y 67 de nuestra norma Penal, por lo que solicita, que se absuelva a su representado por el delito de Lavado de Activos , debiendo aplica el decreto 93-2021, y señalar una pena de doce(12) años de reclusión por los delitos de Almacenamiento de Arma y munición de uso prohibido y Almacenamiento Ilegal de armas y Municiones de uso Comercial en concurso Ideal; por lo que procede a su criterio reponer el fallo y decretar en su favor la retroactividad en materia penal. CONSIDERANDO: Que esta sala de lo Constitucional, al argumentar su resolución establece claramente que se debe declarar sin lugar la Acción de Revisión Penal en relación a la sentencia que se estudió de fecha quince de diciembre del 2017 y que se impuso a JUAN MIGUEL FELIX, Y otros, la pena de QUINCE AÑOS de reclusión por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, y que también se condenó al Señor Juan Miguel Félix y otros , como autores del delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA y MUNICION DE USO PROHIBIDA Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS por el cual se impone una pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSION, más multa de cinco mil lempiras (L.5000,00) como pena principal; misma que se impone en CONCURSO IDEAL; además se les impone las penas accesorias de inhabilitación Absoluta e interdicción Civil, ambas penas accesorias se imponen durante el tiempo de duración de la condena, igualmente, Se les declara a los condenados responsables civilmente, y ordena EN COMISO LA CANTIDAD DE NOVENTA Y NUEVE MIL DOLARES AMERICANOS EXACTOS($99,000.00); ASI MISMO EL COMISO DE VARIAS ARMAS Y MUNICIONES. En virtud de que, para dictar este fallo condenatorio, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional aplicó lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de lavado de activos que señalaba una pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión; y Según el NCP 130-2017 entrado en vigencia a partir del 25 de junio de 2020 en el artículo 439 señala el Lavado de activos. “Incurre en Lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, de apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil urbanísticos, explotación de recursos naturales y medio ambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito, cometidos por el o por un tercero, o que no tengan causa o justificación económica o licita de su procedencia. El cual establecía como una de sus modalidades criminosas para la realización del delito, la no justificación de la procedencia lícita de los activos; es decir, según la construcción objetiva del tipo penal, bastaba al ente acusador demostrar la no justificación legal de los activos sin necesidad de que procedan de algún delito de los enumerados en el tipo penal o algún delito considerado grave. Por su parte, el sentenciado devenía obligado a acreditar la condición de licitud de los activos en descargo de la acusación o, que no procedían de un delito de los en listados en el tipo penal o considerado grave. No obstante, mediante el decreto legislativo No. 93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de lavado de activos, ya no se establece como modalidad criminosa que el sujeto no tenga justificación lícita de los activos, determinando el legislador que este supuesto de hecho no debe ser reprochable penalmente, debiendo el Ministerio Público acreditar que los activos son productos de un delito grave y a los cuales busca dárseles condición de licitud, Según los hechos probados del caso en estudio, es observable que los condenados fueron detenidos” En fecha 25 de enero del 2014, a eso de las 10:00 de la mañana. Autoridades de la fuerza naval de Puerto Castilla, conformadas por agentes del apostadero de Brus laguna y de palacios, ubicados en Puerto lempira, departamento de Gracias a dios, mientras se disponían a realizar operativos rutinarios en la zona y cuando estaban ubicados en la posición N15°55´43”W084°52´30”,sector de Plaplaya departamento de Gracias a Dios, recibieron información por parte de un informante anónimo, quien les indico a las autoridades de la Fuerza naval, que una casa de concreto de ese mismo sitio, se encontraban un grupo de personas con armas de Largas y calibre Pequeño, y que además tenían droga, por tal razón se dirigieron al lugar, cuando habían recorrido a bordo de sus lanchas una distancia de 150 a 200 metros, observaron en el sitio a un grupo de personas entre ellos los señores Melvis David Arando Romero, Gerson Fernando Rodríguez Turcios, Jhon Alexander Morales, Francisco Arturo Lara, Germahin Redondo Velásquez, Homer Alberto Miranda, Imad Said Munguía, Nobis Emanuel Barceló, Juan Carlos Mejía, Emerson Jonatán Ortiz, Carlos Humberto Evennks, y Juan Miguel Félix , quienes al observar la presencia de la autoridad pretendieron evadirlos, por lo que se les dio persecución, hasta una vivienda donde se refugiaron, al observar la presencia de los agentes de la naval salieron respetivamente de las viviendas donde se encontraban y dispararon en su contra repentinamente, repeliendo el ataque los agentes, quienes producto del enfrentamiento fallecieron por heridas de arma de fuego los señores Aragón y Westa, cayendo al suelo junto a estos una arma M16 y una pistola marca Girzan en el caso de este último, y una arma M16 con una lanza granadas incorporada a la mencionada M16 y que contenía una granada de 40mm; posteriormente los agentes policiales entraron a la vivienda en donde detuvieron a todos los sujetos antes señalados y se realizó el decomiso, de armas y municiones de guerra de uso prohibido así como de usos comercial, así como la cantidad de noventa y nueve mil dólares americanos de diferentes denominaciones”.- Siendo evidente la existencia y precedencia de un delito grave; y aun y cuando dicha ley fue derogada mediante decreto 43-2023 publicado en fecha 25 de julio 2023; En el caso bajo estudio, en el hecho probado de la sentencia se establece que los sentenciados se les decomiso cierta cantidad de dinero de diferentes denominaciones, así como el almacenamiento de un gran número de armas, municiones de todo calibre tanto comercial como de uso prohibido; por lo que los activos decomisados son productos directos o indirectos de un delito grave. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados encaja en la descripción de la nueva norma penal señalada; ya que tal como lo dijo el Ministerio publico el decreto 93-2021, contraviene disposiciones de tratados internaciones de que Honduras forma parte, y dicha reforma contraviene disposiciones garantizadas en el bloque de constitucional en lo atinente “que no tenga causa de justificación económica o licita de su procedencia” por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte”. Considerando que se violenta el numeral 7 del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados parte a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen licito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno; y, la convención de Palermo que en su artículo 12 numeral 7) que dice: “Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”; así como también considera lesionados el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. De lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional pone de relieve que los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República establecen que «Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales», y que, «los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno», se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño; En este sentido, la Sala encuentra una relación directa de las normas convencionales señaladas con el caso sometido a estudio; con los tipos penales señalados en la nueva norma penal, haciendo una descripción objetiva conminado con una pena que encaja con los hallazgos encontrados conforme a los hechos probados de la sentencia que se revisa; Así entonces, la Sala de lo Constitucional procedió hacer una revisión de los hechos sometidos a enjuiciamiento conforme lo establece el artículo 616 del código penal; al hacer una comparación conforme : al delito de lavado de activos, le correspondería la imposición de la pena de cinco (5) a ocho (8) años y multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) objeto del valor de lo lavado, margen que debe aumentarse en un tercio (1/3) al concurrir la agravante contemplada numeral 2) del párrafo último del artículo 439 del NCP, lo que equivale de ocho (8) años a diez (10) años ocho meses de prisión y sesenta y seis por ciento (66.%) del valor objeto de lavado; Sin embargo, en el caso concreto aun y cuando la pena de reclusión en instancia es mayor, no es procedente la Aplicación de la Retroactividad de la ley penal, ya que según las reglas de ponderación señaladas en el artículo 616 del código penal decreto 130-2017 que establece que para determinar cuál sea la ley mas favorable se comprará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. Así para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde a la realidad del caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia, lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Vale precisar que este no es un recurso diseñado para hacer valoraciones sobre las decisiones tomadas por el Juzgador primario, solo se limita a precisar o no, de benignidad de una nueva norma penal para si garantizar la satisfacción del articulo 96 de la Constitución, Que el artículo 616 del decreto 130-2017 establece que, en caso de concurso ideal de delitos, procederá realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente código. Únicamente en el caso en que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiere a la conducta que continua siendo delictiva en una y otra legislación, igualmente, El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas, por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera confrontación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 versus todas las normas del Código 130-2017; Así pues, en relación al delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICION DE USO PROHIBIDO Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS regulados en ellos articulo 332-A y 332-B del código penal decreto 144-83; al respecto en el código Penal vigente decreto 130-2017 en el artículo 581 refiere el DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO MUNICIONES O EXPLOSIVOS y señala una pena de ocho(8) a doce (12) años de prisión y localización permanente de hasta cinco (5) años, si se trata de armas de fuego de uso permitido; y de diez (10) a doce (12) años si se trata de armas de fuego prohibidas, si el depósito lo fuera de municiones, las penas deben disminuir en sus respectivos casos en un tercio1/3. Quien, sin autorización, posee un depósito de explosivos debe ser castigado con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y localización permanente de hasta diez (10) años. A los efectos de este precepto se considera depósito de armas de fuego la reunión de más de diez armas; debiendo aumentarse un tercio por tratarse de un concurso ideal; quedando una pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión más la suma de un tercio de acuerdo a lo establecido en el artículo 584 numeral 1) Al tratarse de hechos cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado, y 4) La tenencia de armas, municiones o explosivos ilícitos que tienen una gran potencialidad para causar daño por lo que del examen de los hechos probados resulta una pena de Veinte ( 20) a veintiséis años (26) años ochos meses de Prisión“ ya que Grupo delictivo Organizado según artículo 136 de dicho código. Se considera a cualquier grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el presente código; Igualmente el articulo 69 de dicho código establece el aumento o disminución de fracciones de la pena, y establece que la pena aumentada en una fracción determinada se forma partiendo de la cifra máxima señalada en la ley para el delito de que se trate aumentando la fracción correspondiente, constituyendo la suma resultante su límite máximo; por lo que del contenido de las normas transcritas en este delito de ALMACENAMIENTO O DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO MUNICIONES O EXPLOSIVOS se aprecia que la nueva pena abstracta que se tendría que imponer conforme a las disposiciones del Código Penal Vigente no son más benignas, en tanto agravan la pena en la presente causa, ya que conforme los criterios establecidos en la Ley sustantiva para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y en la que entra en vigor; resultando evidente que no corresponde la aplicación retroactiva del NCP, porque lejos de beneficiar a los sentenciados más bien les perjudica en consecuencia y conforme se desprende de la motivación de la sentencia impugnada, esta se encuentra apegada a derecho y en consecuencia procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones para proceder a su enmienda. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la república 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre los Derechos Humanos; 99, 119, 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado DANIEL ABRAHAN RAMOS REYES. Y MANDA: Que se extienda la certificación al recurrente del fallo recaído en el recurso de mérito y en definitiva se dé cumplimiento a lo ordenado en la sentencia. - NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL” “Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de junio de dos mil veinticinco. VISTO: El Recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES a favor de los señores : Melvis David Arando Romero, Gerson Fernando Rodríguez Turcios, Jhon Alexander Morales, Francisco Arturo Lara, Germahin Redondo Velásquez, Homer Alberto Miranda, Imad Said Munguía, Nobis Emanuel Barceló, Juan Carlos Mejía, Emerson Jonatán Ortiz, Carlos Humberto Evennks (Reg. No. SCO-1035-2022), contra la sentencia de fecha cinco de Diciembre del dos mil veinticuatro, dictada por esta Sala Constitucional, que declara sin lugar el recurso de Revisión Penal contra la sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL, en fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, MEDIANTE LA CUAL FALLO: PRIMERO: CONDENAR , A LOS SEÑORES: Melvis David Arando Romero, Gerson Fernando Rodríguez Turcios, Jhon Alexander Morales, Francisco Arturo Lara, Germahin Redondo Velásquez, Homer Alberto Miranda, Imad Said Munguía, Nobis Emanuel Barceló, Juan Carlos Mejía, Emerson Jonatán Ortiz, Carlos Humberto Evennks, y Juan Miguel Félix. como autores responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras por el cual se impone una pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION como pena principal; pena que deberán cumplir en la penitenciaría Nacional que el Juez de ejecución estime pertinente; quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el sistema Penitenciario Nacional; se les impone las penas accesorias de inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; ambas penas accesorias se imponen durante el tiempo de la condena. SEGUNDO: CONDENAR A LOS SEÑORES Melvis David Arando Romero, Gerson Fernando Rodríguez Turcios, Jhon Alexander Morales, Francisco Arturo Lara, Germahin Redondo Velásquez, Homer Alberto Miranda, Imad Said Munguía, Nobis Emanuel Barcelo, Juan Carlos Mejía, Emerson Jonatán Ortiz, Carlos Humberto Evennks, y Juan Miguel Félix , como autores del delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA y MUNICION DE USO PROHIBIDA Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS por el cual se impone una pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSION, más multa de cinco mil lempiras (L.5000,00) como pena principal; misma que se impone en CONCURSO IDEAL, pena que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente, quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional; además se les impone las penas accesorias de inhabilitación Absoluta e interdicción Civil, ambas penas accesorias se imponen durante el tiempo de duración de la condena.- Tercero: Se les declara a los condenados responsables civilmente, CUARTO: SE DECLARA EN COMISO LA CANTIDAD DE NOVENTA Y NUEVE MIL DOLARES AMERICANOS EXACTOS($99,000.00); ASI MISMO EL COMISO DE VARIAS ARMAS Y MUNICIONES. CONSIDERANDO: Que el acto por el cual el peticionario solicita reposición de la revisión; es 1.- Al considerar que existen diversos recursos donde se ha otorgado la revisión por el delito de Lavado de activos al establecerse que en la sentencia se utilizo el verbo rector de la no justificación el cual se castigaba en el articulo 439 de nuestra norma Penal, hasta la entrada en vigencia del decreto 93-2021 el cual fue publicado el uno (1) de noviembre del año dos mil veintiuno(2021), donde desaparece es verbo rector y es indispensable que el dinero que las personas no podían justificar necesariamente tenia que tener antecedentes que venia de un delito precedente como lo establece el mismo decreto; que en el caso que nos ocupa sus representados fueron condenados por el delito de Lavado de Activos, Por no Justificar la Cantidad de Noventa y nueve mil Dólares Americanos ($ 99,000.00) que le fueron encontrados a todos; Así mismo el delito de Almacenamiento de Armas y Municiones de uso prohibido y Comercial, delito que nunca aparece en el decreto93-2021 como delito precedente para el delito de Lavado de Activos. Reclama el recurrente que al no aplicarse el decreto 93-21 se están vulnerando garantías y principios fundamentales de la ley penal de nuestro país olvidándose del principio de temporalidad de una ley que es el tiempo en que la ley es vigente y Obligatoria. 2.- En relación al delito de Almacenamiento Ilegal de Armas y Munición de Uso Prohibido y Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones de Uso Comercial, el cual establece en la sentencia que la misma tendría una pena que oscila entre los 20 años a 26 años, extremos que no comparte ya que según lo señalado en el artículo 581 del código Penal, este articulo establece que es un depósito de armas, conlleva un pena de ocho(8) a doce(12) años de prisión y localización permanente hasta por cinco(5) años, si se trata de armas de fuego de uso permitido y si se trata de armas de fuego de una prohibido la pena seria de diez(10) a doce(12) años, quedando en una pena de quince (15) a veinte(20), pena que considera más benigna a sus representados por lo que solicita, dejar sin valor y efecto el fallo anterior y dictar una nueva sentencia aplicando decreto 93-2021 declarando con lugar lo peticionado. CONSIDERANDO: Que esta sala de lo Constitucional, al argumentar su resolución estableció claramente los motivos por los que se debe declarar sin lugar la Acción de Revisión Penal en relación a la sentencia que se estudió de fecha quince de diciembre del 2017 y que se impuso a los condenados anteriormente referidos , la pena de QUINCE AÑOS de reclusión por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, y que también se condenó , como autores del delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA y MUNICION DE USO PROHIBIDA Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS por el cual se impone una pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSION, más multa de cinco mil lempiras (L.5000,00) como pena principal; misma que se impone en CONCURSO IDEAL; además se les impone las penas accesorias de inhabilitación Absoluta e interdicción Civil, ambas penas accesorias se imponen durante el tiempo de duración de la condena, igualmente, Se les declara a los condenados responsables civilmente, y ordena EN COMISO LA CANTIDAD DE NOVENTA Y NUEVE MIL DOLARES AMERICANOS EXACTOS($99,000.00); ASI MISMO EL COMISO DE VARIAS ARMAS Y MUNICIONES. Sin embargo, ante el recurso interpuesto, se le aclara nuevamente al recurrente que al hacer una comparación entre ambas legislaciones, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional aplicó lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de lavado de activos que señalaba una pena de quince (15)a veinte (20) años de reclusión; y Según el NCP 130-2017 entrado en vigencia a partir del 25 de junio de 2020 en el artículo 439 señala el Lavado de activos. “Incurre en Lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, de apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil urbanísticos, explotación de recursos naturales y medio ambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito, cometidos por el o por un tercero, o que no tengan causa o justificación económica o licita de su procedencia. El cual establecía como una de sus modalidades criminosas para la realización del delito, la no justificación de la procedencia lícita de los activos; es decir, según la construcción objetiva del tipo penal, bastaba al ente acusador demostrar la no justificación legal de los activos sin necesidad de que procedan de algún delito de los enumerados en el tipo penal o algún delito considerado grave. Por su parte, el sentenciado devenía obligado a acreditar la condición de licitud de los activos en descargo de la acusación o, que no procedían de un delito de los en listados en el tipo penal o considerado grave. No obstante, mediante el decreto legislativo No. 93-2021 , mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de lavado de activos, ya no se establece como modalidad criminosa que el sujeto no tenga justificación lícita de los activos, determinando el legislador que este supuesto de hecho no debe ser reprochable penalmente, debiendo el Ministerio Público acreditar que los activos son productos de un delito grave y a los cuales busca dárseles condición de licitud. Según los hechos probados del caso en estudio, es observable que los condenados fueron detenidos” En fecha 25 de enero del 2014, a eso de las 10:00 de la mañana. Autoridades de la fuerza naval de Puerto Castilla, conformadas por agentes del apostadero de Brus laguna y de palacios, ubicados en Puerto lempira, departamento de Gracias a dios, mientras se disponían a realizar operativos rutinarios en la zona y cuando estaban ubicados en la posición N15°55´43”W084°52´30”,sector de Plaplaya departamento de Gracias a Dios, recibieron información por parte de un informante anónimo, quien les indico a las autoridades de la Fuerza naval, que una casa de concreto de ese mismo sitio, se encontraban un grupo de personas con armas de Largas y calibre Pequeño, y que además tenían droga, por tal razón se dirigieron al lugar, cuando habían recorrido a bordo de sus lanchas una distancia de 150 a 200 metros, observaron en el sitio a un grupo de personas entre ellos los señores Melvis David Arando Romero, Gerson Fernando Rodríguez Turcios, Jhon Alexander Morales, Francisco Arturo Lara, Germahin Redondo Velásquez, Homer Alberto Miranda, Imad Said Munguía, Nobis Emanuel Barceló, Juan Carlos Mejía, Emerson Jonatán Ortiz, Carlos Humberto Evennks, y Juan Miguel Félix , quienes al observar la presencia de la autoridad pretendieron evadirlos, por lo que se les dio persecución, hasta una vivienda donde se refugiaron, al observar la presencia de los agentes de la naval salieron respetivamente de las viviendas donde se encontraban y dispararon en su contra repentinamente, repeliendo el ataque los agentes, quienes producto del enfrentamiento fallecieron por heridas de arma de fuego los señores Aragón y Westa, cayendo al suelo junto a estos una arma M16 y una pistola marca Girzan en el caso de este último, y una arma M16 con una lanza granadas incorporada a la mencionada M16 y que contenía una granada de 40mm; posteriormente los agentes policiales entraron a la vivienda en donde detuvieron a todos los sujetos antes señalados y se realizó el decomiso, de armas y municiones de guerra de uso prohibido así como de usos comercial, así como la cantidad de noventa y nueve mil dólares americanos de diferentes denominaciones”.- Siendo evidente la existencia y precedencia de un delito grave; y aun y cuando dicha ley fue derogada mediante decreto 43-2023 publicado en fecha 25 de julio 2023; En el caso bajo estudio, en el hecho probado de la sentencia se establece que los sentenciados se les decomiso cierta cantidad de dinero de diferentes denominaciones, así como el almacenamiento de un gran número de armas, municiones de todo calibre tanto comercial como de uso prohibido; por lo que los activos decomisados son productos directos o indirectos de un delito grave. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados encaja en la descripción de la nueva norma penal señalada; ya que tal como lo dijo el Ministerio publico el decreto 93-2021, contraviene disposiciones de tratados internaciones de que Honduras forma parte, y dicha reforma contraviene disposiciones garantizadas en el bloque de constitucional en lo atinente “que no tenga causa de justificación económica o licita de su procedencia” por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte”. Considerando que se violenta el numeral 7 del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados parte a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen licito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno; y, la convención de Palermo que en su artículo 12 numeral 7) que dice: “Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”; así como también considera lesionados el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. De lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional pone de relieve que los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República establecen que «Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales», y que, «los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno», se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño; En este sentido, la Sala encuentra una relación directa de las normas convencionales señaladas con el caso sometido a estudio; con los tipos penales señalados en la nueva norma penal, haciendo una descripción objetiva conminado con una pena que encaja con los hallazgos encontrados conforme a los hechos probados de la sentencia que se revisa; Así entonces, la Sala de lo Constitucional procedió hacer una revisión de los hechos sometidos a enjuiciamiento conforme lo establece el artículo 616 del código penal; al hacer una comparación conforme : al delito de lavado de activos, le correspondería la imposición de la pena de cinco (5) a ocho (8) años y multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) objeto del valor de lo lavado, margen que debe aumentarse en un tercio (1/3) al concurrir la agravante contemplada numeral 2) del párrafo último del artículo 439 del NCP, lo que equivale de ocho (8) años a diez (10) años ocho meses de prisión y sesenta y seis por ciento (66.%) del valor objeto de lavado; Sin embargo, en el caso concreto aun y cuando la pena de reclusión en instancia es mayor, no es procedente la Aplicación de la Retroactividad de la ley penal, ya que según las reglas de ponderación señaladas en el artículo 616 del código penal decreto 130-2017 que establece que para determinar cuál sea la ley mas favorable se comprará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. Así para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde a la realidad del caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia, lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Vale precisar que este no es un recurso diseñado para hacer valoraciones sobre las decisiones tomadas por el Juzgador primario, solo se limita a precisar o no, de benignidad de una nueva norma penal para si garantizar la satisfacción del articulo 96 de la Constitución, Que el artículo 616 del decreto 130-2017 establece que, en caso de concurso ideal de delitos, procederá realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente código. Únicamente en el caso en que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiere a la conducta que continua siendo delictiva en una y otra legislación, igualmente, El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas, por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera confrontación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 versus todas las normas del Código 130-2017; Así pues, en relación al delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICION DE USO PROHIBIDO Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS regulados en ellos artículo 332-A y 332-B del código penal decreto 144-83; al respecto en el código Penal vigente decreto 130-2017 en el artículo 581 refiere el DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO MUNICIONES O EXPLOSIVOS y señala una pena de ocho(8) a doce (12) años de prisión y localización permanente de hasta cinco (5) años, si se trata de armas de fuego de uso permitido; y de diez (10) a doce (12) años si se trata de armas de fuego prohibidas, si el depósito lo fuera de municiones, las penas deben disminuir en sus respectivos casos en un tercio1/3. Quien, sin autorización, posee un depósito de explosivos debe ser castigado con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y localización permanente de hasta diez (10) años. A los efectos de este precepto se considera depósito de armas de fuego la reunión de más de diez armas; debiendo aumentarse un tercio por tratarse de un concurso ideal; quedando una pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión más la suma de un tercio de acuerdo a lo establecido en el artículo 584 numeral 1) Al tratarse de hechos cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado, y 4) La tenencia de armas, municiones o explosivos ilícitos que tienen una gran potencialidad para causar daño por lo que del examen de los hechos probados resulta una pena de Veinte ( 20) a veintiséis años (26) años ochos meses de Prisión“ ya que Grupo delictivo Organizado según artículo 136 de dicho código. Se considera a cualquier grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el presente código; Igualmente el articulo 69 de dicho código establece el aumento o disminución de fracciones de la pena, y establece que la pena aumentada en una fracción determinada se forma partiendo de la cifra máxima señalada en la ley para el delito de que se trate aumentando la fracción correspondiente, constituyendo la suma resultante su límite máximo; por lo que del contenido de las normas transcritas en este delito de ALMACENAMIENTO O DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO MUNICIONES O EXPLOSIVOS se aprecia que la nueva pena abstracta que se tendría que imponer conforme a las disposiciones del Código Penal Vigente no son más benignas, en tanto agravan la pena en la presente causa, ya que conforme los criterios establecidos en la Ley sustantiva para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y en la que entra en vigor; resultando evidente que no corresponde la aplicación retroactiva del NCP, porque lejos de beneficiar a los sentenciados más bien les perjudica en consecuencia y conforme se desprende de la motivación de la sentencia impugnada, esta se encuentra apegada a derecho y en consecuencia procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones para proceder a su enmienda. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la república 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre los Derechos Humanos; 99, 119, 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES. Y MANDA: Que se extienda la certificación al recurrente del fallo recaído en el recurso de mérito y en definitiva se dé cumplimiento a lo ordenado en la sentencia. - NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días de septiembre del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha cinco de diciembre del dos mil veinticuatro y las Resoluciones de fecha veinticinco de marzo del dos mil veinticinco y de fecha veintisiete de junio del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal Acumulados registrado en este Tribunal con el número SCO-1035-2022 Y1111-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL