Sentencia RP-1032-22 — Registro 18065
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del Principio de retroactividad de la Ley en materia penal con relación a la causa que se instruyó contra recurrente, por haber sido condenado por los delitos de SECUESTRO, SECUESTRO AGRAVADO y ROBO DE VEHICULO en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS, considerando la Sala Constitucional que no procede, concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme a las reglas dispuestas en el artículo 616 del nuevo Código Penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
- En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Onelmys Valle Casaña, por el delito de secuestro la pena de 25 años de reclusión; por el delito de secuestro agravado, la pena de 30 años de reclusión; y por el delito de robo de vehículo la pena de 13 años de reclusión. En cuanto al delito de secuestro en el nuevo código penal (art. 239) tiene una pena abstracta de 8 a 12 años de prisión. En relación con el secuestro agravado, en el NCP art. 240, tiene una pena abstracta de 12 a 15 años de prisión, y como concurren las agravantes de 240.1.4.7 consistentes en que el autor logra el cumplimiento de la condición; la edad avanzada de la víctima y se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado, por lo que al concurrir 2 o más agravantes la nueva pena abstracta es de 15 a 20 años de prisión. Con respecto al delito de robo de vehículo, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 364, último párrafo: “si para la sustracción se emplea violencia e intimidación las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación”; esto se refiere al artículo 361, que tiene una pena abstracta de 4 a 8 años de prisión, aumentada en 2/3 por la agravantes especificas el 363.7.9, ya que la conducta se llevó a cabo abusando de las circunstancias personales de la víctima al ser mayor de 60 años, y al cometer el hecho empleando armas, resultando con el nuevo código penal una pena abstracta de 8 a 13 años 4 meses de prisión. 2. El artículo 616 del código penal vigente establece en su primer párrafo: “…no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que el favorece y rechazando lo que le perjudique”. En el presente caso, si bien es cierto, las penas por los delitos de secuestro y secuestro agravados, le son más favorables al condenado, no sucede lo mismo con la pena del delito de robo de vehículo, a quien se le impuso la pena de 13 años de reclusión, la que a su vez está dentro del mismo espacio de juego de la pena abstracta establecida en el código penal vigente, que va de 8 a 13 años y 4 meses, por lo que resulta también imponible con arreglo al presente código penal; razón por la cual no procede aplicar el artículo 96 Constitucional. 3. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme a las reglas dispuestas en el artículo 616 del nuevo Código Penal.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numero 8 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de mayo del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Mirian Ivone Palomo Nuñez, a favor del señor Onelmys Valle Casaña, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, con relación a la causa que se instruyó contra el señor ONELMYS VALLE CASAÑA, por haber sido condenado por los delitos de SECUESTRO, SECUESTRO AGRAVADO y ROBO DE VEHICULO en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS CON CLAVES 328-12 Y 128-12. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL “Primero: Que el día 5 de septiembre de 2012, a las 8:30 de la mañana, la testigo protegida con clave 0228-2012, se conducía en su vehículo hacia el barrio Barandillas, cuando a inmediaciones de la Empacadora Continental de esta ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, un vehículo tipo: turismo, color: gris, le hizo cambio de luces, razón por la cual aceleró su automóvil, pero al llegar a la heladería Kobs, éste mismo vehículo se le atravesó y de él bajaron dos hombres, siendo uno de ellos Walter Iván Pérez (quien no es parte de este proceso) y Rodolfo Reyes Pérez, quien portaba un arma de fuego, obligándola a pasarse al asiento del co-piloto, exigiéndole también que llamara a un familiar, para que éste les pagara por su liberación la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS. Cuando iba a bordo del vehículo la testigo 0228-12, escuchó que iban por Zizima (carretera hacía la Lima, Cortés), sintió que iban por carretera pavimentada, luego sintió que entraron a una calle de tierra, escuchando que se abrieron unos portones, ingresando el carro de retroceso, pudiendo observar que se trataba de una cuartería; en donde la introdujeron a un cuarto con dos camas, desde donde llamaron a varios teléfonos de familiares de la testigo para pedirles el dinero que exigían por la liberación de la misma; habiendo llamado a varios familiares sin obtener respuesta positiva, determinando las personas que la tenían, en horas de la noche, llevarla hasta los bordos de la colonia Felipe Zelaya, en donde la dejaron sola en un vehículo, pudiendo constatar la testigo que se encontraba en el sector de la colonia Rivera Hernández. Segundo: El día 18 de septiembre de 2012, a eso de la 1:30 de la tarde, las testigos protegidas con clave 0328-12 y 0128-12, ésta última mayor de sesenta años de edad, se conducía a bordo de un vehículo tipo: turismo, color: blanco, Marca: Toyota Corolla, placas: PCR 3195, año 2002, chasis: INXBR12E82Z569473, propiedad de la primera testigo, cuando iban por la avenida Circunvalación a inmediaciones del mercado Dandy de esta ciudad de San Pedro Sula, fueron impactadas en la parte trasera del vehículo en el cual se conducían, por otro vehículo tipo: turismo, color: azul, razón por la cual se bajaron para ver la magnitud del golpe, en ese momento aparecieron RODOLFO REYES PÉREZ y Walter Iván Pérez (quien no es parte de este proceso), diciéndoles este último que se trataba de un secuestro express y de inmediato procedió a subirlas al vehículo en el que ambas se conducían colocando a la testigo 0328-12 en el asiento del copiloto y a la testigo 0128-12 en la parte trasera del automóvil, tomando la conducción del mismo, manifestándoles que si no pagaban CIEN MIL LEMPIRAS, las iban a matar. El carro azul iba adelante conducido por RODOLFO REYES PÉREZ, quien se comunicaba con ellos para indicarles que el camino estaba libre de Policías. Tercero: Al haber transitado varios kilómetros, llegaron a una casa donde cerraron un portón, introduciéndolas en un cuarto donde habían dos camas, estando allí, Walter Iván Pérez (quien no forma parte de este proceso), mantuvo relaciones sexuales con la testigo 0328-12 en contra de su voluntad; después de haber hecho esto, le manifestó a la testigo que llamara de su teléfono algún familiar de ella, para que les pidiera dinero que solicitaban a cambio de la liberación de ambas; mientras tanto estaban custodiadas por ONELMYS VALLE CAZAÑA, quien se encargaba de vigilarlas y ofrecerles alimentos. Como a eso de las 5:00 de la tarde les manifestaron que ya se iban, porque ya habían pagado, conduciéndolas en el vehículo Toyota Corolla, color: blanco, placas: PCR 3195, año: 2002, chasis: INXBR12E82Z569473, propiedad de la testigo 0328-12, hasta los bordos de la colonia Felipe Zelaya, en donde las dejaron, llevándose el vehículo antes descrito.” ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinte (20) de agosto de dos mil catorce (2014), el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, dictó sentencia definitiva mediante la cual falló: “Primero:… Segundo: … Tercero: ….Cuarto: … Quinto: Que debemos condenar y condenamos al acusado Onelmys Valle Cazaña, de generales ya establecidas, como autor responsable penalmente de un delito de Secuestro, en perjuicio de Testigo protegido con clave 0328-12, a cumplir una pena de Veinticinco (25) años de reclusión, en la Penitenciaría Nacional, Marco Aurelio Soto, de Támara, Departamento de Francisco Morazán, abonándose al cumplimiento de la misma el tiempo que el acusado ha permanecido cautelarmente detenido por esta causa. Sexto: Que debemos condenar y condenamos al acusado Onelmys Valle Cazaña, de generales ya establecidas, como autor responsable penalmente de un delito de Secuestro Agravado, en perjuicio de Testigo protegido con clave 0128-12, a cumplir una pena 30 años de reclusión, en la Penitenciaría Nacional, Marco Aurelio Soto, de Tamara, Departamento de Francisco Morazán, abonándose al cumplimiento de la misma el tiempo que el acusado ha permanecido cautelarmente detenido por esta causa. Séptimo: Que debemos condenar y condenamos al acusado Onelmys Valle Cazaña, de generales ya establecidas, como autor responsable penalmente de un delito de Robo de Vehículo, en perjuicio de la Testigo protegido con clave 0328-12, a cumplir una pena de Trece (13) años de reclusión, en la Penitenciaría Nacional, Marco Aurelio Soto, de Tamara, Departamento de Francisco Morazán, abonándose al cumplimiento de la misma el tiempo que el acusado ha permanecido cautelarmente detenido por esta causa. Octavo: Que debemos condenar y condenamos a los acusados Rodolfo Reyes Pérez y Onelmys Valle Cazaña, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, además, a trabajar durante el tiempo que dure la condena en obras públicas dentro de la institución penitenciaria. Noveno: Procédase a declarar la responsabilidad civil de los condenados Rodolfo Reyes Pérez y Onelmys Valle Cazaña. Décimo: … Décimo Primero: …Décimo Segundo: … Décimo Tercero: … Décimo Cuarto: Que debemos absolver y absolvemos al acusado Onelmys Valle Cazaña, de generales ya establecidas, como autor responsable penalmente de un delito de Robo de agravado, en perjuicio de las Testigos protegidos con clave 0328-12 y 0128-12. Décimo Quinto: Que debemos absolver y absolvemos al acusado Onelmys Valle Cazaña, de generales ya establecidas, como autor responsable penalmente de un delito de Portación llegal de armas, en perjuicio de la Seguridad interior del Estado de Honduras. Décimo Sexto: Que debemos absolver y absolvemos al acusado Onelmys Valle Cazaña, de generales ya establecidas, como autor responsable penalmente de un delito de Secuestro Agravado, en perjuicio de la Testigo protegido con clave 0228-12. Décimo Séptimo: Que debemos absolver y absolvemos al acusado Onelmys Valle Cazaña, de generales ya establecidas, como autor responsable penalmente de un delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado. Décimo Séptimo: Que debemos absolver y absolvemos al acusado Onelmys Valle Cazaña, de generales ya establecidas, como autor responsable penalmente de un delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado...” (Folios 1 al 19 de la pieza de antecedentes). 2) Que en fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, la Abogada MIRYAN IVONE PALOMO NUÑEZ, presentando recurso de Revisión Penal a favor del señor ONELMYS VALLE CAZAÑA, contra la sentencia condenatoria de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-05 del recurso). 3)Que en fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo constitucional, habiendo comparecido la Abogada MIRYAN IVONE PALOMO NUÑEZ, en su condición de apoderado legal de los señores ONELMYS VALLE CAZAÑA y la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de Revisión en aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo que fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por no ser la misma más favorable para el condenado…”. (Folios 38 al 41 del recurso de mérito). FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de Revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al Principio de Seguridad Jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada Miryan Ivone Palomo Nuñez, a favor del señor Onelmys Valle Casaña, como revisionista; y, la Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. La Abogada Miryan Ivone Palomo Nuñez, solicita la revisión de la pena y que se aplique el principio de retroactividad de la ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigentes en el Decreto 130-2017, en base al artículo 96 de la Constitución, se solicita la retroactividad de la ley, siempre que favorezca al reo, por lo que se solicita la revisión de las penas. Por su parte el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables al sentenciado; por lo que solicita que no se otorgue la revisión solicitada. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Onelmys Valle Casaña, por el delito de secuestro la pena de 25 años de reclusión; por el delito de secuestro agravado, la pena de 30 años de reclusión; y por el delito de robo de vehículo la pena de 13 años de reclusión. En cuanto al delito de secuestro en el nuevo código penal (art. 239) tiene una pena abstracta de 8 a 12 años de prisión. En relación con el secuestro agravado, en el NCP art. 240, tiene una pena abstracta de 12 a 15 años de prisión, y como concurren las agravantes de 240.1.4.7 consistentes en que el autor logra el cumplimiento de la condición; la edad avanzada de la víctima y se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado, por lo que al concurrir 2 o más agravantes la nueva pena abstracta es de 15 a 20 años de prisión. Con respecto al delito de robo de vehículo, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 364, último párrafo: “si para la sustracción se emplea violencia e intimidación las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación”; esto se refiere al artículo 361, que tiene una pena abstracta de 4 a 8 años de prisión, aumentada en 2/3 por la agravantes especificas el 363.7.9, ya que la conducta se llevó a cabo abusando de las circunstancias personales de la víctima al ser mayor de 60 años, y al cometer el hecho empleando armas, resultando con el nuevo código penal una pena abstracta de 8 a 13 años 4 meses de prisión. 2. El artículo 616 del código penal vigente establece en su primer párrafo: “…no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que el favorece y rechazando lo que le perjudique”. En el presente caso, si bien es cierto, las penas por los delitos de secuestro y secuestro agravados, le son más favorables al condenado, no sucede lo mismo con la pena del delito de robo de vehículo, a quien se le impuso la pena de 13 años de reclusión, la que a su vez está dentro del mismo espacio de juego de la pena abstracta establecida en el código penal vigente, que va de 8 a 13 años y 4 meses, por lo que resulta también imponible con arreglo al presente código penal; razón por la cual no procede aplicar el artículo 96 Constitucional. 3. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme a las reglas dispuestas en el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 por Decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. Artículo 618 del código penal vigente. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada Mirian Ivone Palomo Nuñez, en favor del señor ONELMYS VALLE CASAÑA. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. -Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha seis de mayo del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1032-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL