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Sentencia RP-1016-21 — Registro 18318

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria por el delito de secuestro. Imponiéndole la pena principal de veinte (20) años de reclusión, debiéndose computar la misma desde el día en que fueron recluido de manera efectiva en el Centro Penitenciario por esta causa.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CATORCE (14): Que una de las causales por las cuales se puede invocar la interposición de la garantía constitucional de revisión penal, la constituye la aplicación retroactiva de la ley penal por ser más benigna (artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional), entendiéndose que su alcance y contenido va orientado a que el nuevo precepto legal contemplado para el tipo penal por el cual ha sido condenado el recurrente, sea más favorable, bajo ese argumento se aprecia que la retroactividad no guarda relación por el delito por el cual ha sido condenado, sino que solo por su pena. Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos el ahora recurrente R.F.V. fue condenado al delito de SECUESTRO contenido en el Código Penal creado mediante decreto 144-83 y vigente a partir del 12 marzo de 1985, con la pena de reclusión de veinte (20) años entre tanto, con el artículo 240 del CP 130-2017 la misma conducta se sanciona con u marco penal de quince (15) a veinte (20) años de prisión y la prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por concurrir las circunstancias agravantes especificas siguientes: La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas. Y el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado (artículo 136). Por lo que en concordancia con las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud de lo cual resulta evidente que La aplicación de la nueva ley penal no resulta más favorable al reo, de conformidad al artículo 616 de la ley supra relacionada cuarto párrafo, que señala: “Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código se más favorable, cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”; en tanto no es procedente el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.". De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado; y por consiguiente no es procedente otorgar la revisión de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional, el trece (13) de septiembre del dos mil diecisiete (2017).”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Mario Leonel Munguía Ruiz, a favor del señor Roberto Figueroa Ventura, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional, de fecha trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa que se instruyó contra el señor Roberto Figueroa Ventura, por haber sido condenado con el delito de SECUESTRO, en perjuicio de la señora Karen Osiris Mejía. ANTECEDENTES 1) En fecha veintitrés (23) de junio de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras de lo penal con Competencia Territorial en Materia Penal, la Abogada Karla Yaneth Zavala Mendoza, actuando como Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores Jame Enrique Rodríguez Ventura y Roberto Figueroa Ventura, quienes se les supone responsables de la comisión del delito de Secuestro en perjuicio de Karen Osiris Mejía Martínez. (Folios 1-4 del antecedente) 2) Que en fecha trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional, dictó sentencia mediante la cual falla: (Sic) "... PRIMERO: Condenar como en efecto condenamos al señor ROBERTO FIGUEROA VENTURA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como coautor responsable de un delito de SECUESTRO, en perjuicio de la señora KAREN OSIRIS MEJIA MARTINEZ, imponiéndole la pena principal de VEINTE (20) Años de Reclusión, debiéndose computar la misma desde el día en que fueron recluido de manera efectiva en el Centro Penitenciario por esta causa. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al Señor ROBERTO FIGUEROA VENTURA, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras en labores dentro del establecimiento, de públicas de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario. TERCERO: Debemos declarar la responsabilidad civil del condenado; ROBERTO FIGUEROA VENTURA, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: No procede la condena del acusado, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: Se declara el comiso de dos (2) teléfonos celulares marcas Motorola color negro y gris y otra marca ZTE color negro y rojo, decomisados al acusado los cuales se demostró que sí fueron utilizados en la comisión del delito por lo tanto procede decretar el comiso de ambos aparatos, los que están bajo custodia del Ministerio Público. Que se notifique esta sentencia a las partes procesales que han intervenido, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación dentro del término de veinte días." (Folios 359- 379 del antecedente) 3) En fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), compareció ante esta Sala, el Abogado Mario Leonel Munguía Ruiz, interponiendo recurso de revisión a favor del señor Roberto Figueroa Ventura, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por este más benigno a sus representados. (1-18 del recurso de mérito). 4) En fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022), habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal, cítese a las partes para audiencia que se celebrará el día miércoles dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), a las diez con cuarenta y cinco minutos de la mañana (09: 45 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 31 del recurso de mérito) 5) En fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, con la comparecencia de la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Mario Leonel Munguía Ruiz, en su condición de Apoderada Legal del señor Roberto Figueroa Ventura; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: "..ratificar en todas y cada una de sus partes la solicitud que se plantea contra la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017)...". El Ministerio Público consideró: "...De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público aprecia que en el Código Penal derogado el delito de SECUESTRO se encontraba regulado en el artículo 192, el cual era sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad del examen del fallo sub-judice, el Ministerio Público aprecia de los hechos probados de la sentencia de mérito que en el presente caso la victima estuvo privada de su libertad por un espacio de tiempo de cuatro días (96 horas) y asimismo consta que fue mantenido en cautiverio por 3 individuos, de ahí que al concurrir dichas circunstancias el accionar ilícito del imputado se enmarca conforme el Código Penal Vigente en el delito de SECUESTRO AGRAVADO regulado en el artículo 240 que señala: "El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias. siguientes: 1... ; 2). ...; 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas. 4).....; 5); 6); 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 8).. Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. De las premisas expuestas, en el presente caso concurren las agravantes antes citadas por lo que la pena a imponer será de 15 a 20 años de prisión, por lo que de conformidad a las circunstancias en que ocurrieron los hechos correspondería imponer la pena máxima de 20 años de prisión, en virtud de lo cual, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud de lo cual resulta evidente que la aplicación de la nueva Ley penal no resulta más favorable al reo, de conformidad al artículo 616 de la ley supra relacionada cuarto párrafo, que señala: "Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente código sea más favorable, cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente código penal"; en tanto no es procedente el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente O procesado.". De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados”. Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista “…esta defensa propone los medios de prueba, la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional, asimismo, documental público, el cómputo de la pena que corre a folio 390 y vuelto en el expediente de mérito y como medio de prueba ilustrativa, presentamos la constancia de antecedentes penales del señor Roberto Figueroa Ventura…”. Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, declarando lo siguiente: “no tenemos pruebas que presentar.”. El Magistrado manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 33-36 del recurso de mérito) FUNDAMENTACIÓN CONSIDERANDO UNO (1): Del Recurso de Revisión Penal: Que en fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), compareció ante esta Sala, el Abogado Mario Leonel Munguía Ruiz, interponiendo recurso de revisión a favor del señor Roberto Figueroa Ventura, contra la sentencia emitida en fecha trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), por el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional, fundamentando su acción en el artículo 96 de la Constitución de la República, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, asimismo, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), enmarcándolo en el artículo 239 y 240, al referir que dicho Código establece una modificación a la pena para el delito de Secuestro por el cual su representado guarda prisión desde el veinticuatro (24) de junio de dos mil quince (2015), y que actualmente la cumple en el Centro Penitenciario de Támara. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo adopta la garantía Constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte de un proceso penal, pueda practicar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentra firme; en este sentido manda que la Ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir.- En ese orden el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que las sentencias condenatorias penales pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedido de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. El J.E.F.V. manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado Hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del G. expresados en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 186 de la Constitución de la República y el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes “La objeción contra la sentencia firme, dictada por el Tribunal de Sentencias con competencia Territorial Nacional, y de donde resulta el motivo del recurso extraordinario de revisión lo constituye que al hacer estudio de la sanción correspondiente de delito juzgado, con aplicación de una ley vigente al momento de cometerse los hechos pero novada con posterioridad al juzgamiento respetivo, esta resulta por ahora arbitraria y por supuesto violatoria, a la sanción penal establecida en el tipo penal correspondiente, ya que ahora es menor la sanción por ese ilícito penal, por haber sido reducida la misma en el nuevo código penal vigente…”. CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición y presentación de pruebas celebrada el dieciocho (18) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022) ante el Pleno de la Sala constitucional, con la comparecencia de la abogada S.R.G.M en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado M.L.M.R. en su condición de Apoderado Legal del señor R.F.V. expresando este último lo siguiente: "..ratificar en todas y cada una de sus partes la solicitud que se plantea contra la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017)...", por su parte el Ministerio Público consideró: "...De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público aprecia que en el Código Penal derogado el delito de SECUESTRO se encontraba regulado en el artículo 192, el cual era sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad del examen del fallo sub-judice, el Ministerio Público aprecia de los hechos probados de la sentencia de mérito que en el presente caso la victima estuvo privada de su libertad por un espacio de tiempo de cuatro días y asimismo consta que fue mantenido en cautiverio por 3 individuos, de ahí que al concurrir dichas circunstancias el accionar ilícito del imputado se enmarca conforme el Código Penal Vigente en el delito de SECUESTRO AGRAVADO regulado en el artículo 240 que señala: "El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias. siguientes: 1... ; 2). ...; 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas. 4).....; 5); 6); 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 8).. Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. De las premisas expuestas, en el presente caso concurren las agravantes antes citadas por lo que la pena a imponer será de 15 a 20 años de prisión, por lo que de conformidad a las circunstancias en que ocurrieron los hechos correspondería imponer la pena máxima de 20 años de prisión, en virtud de lo cual, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud de lo cual resulta evidente que la aplicación de la nueva Ley penal no resulta más favorable al reo, de conformidad al artículo 616 de la ley supra relacionada cuarto párrafo, que señala: "Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente código sea más favorable, cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente código penal"; en tanto no es procedente el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente O procesado.". De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados”. CONSIDERANDO SEIS (6): Retroactividad de la ley penal. Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor… Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. CONSIDERANDO SIETE (7): Principio de Legalidad: Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO NUEVE(9): Que dándose los requisitos antes señalados, solo podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen acerca de la benignidad de la ley, interpretando lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualizan los hechos concretos y probados, esbozados en la sentencia condenatoria así mismo sus penas y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la que sea más favorable. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo” CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia R.C. Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que discriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. CONSIDERANDO DOCE (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. La Sala hace su exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan a la presente garantía constitucional de revisión penal, esta Sala aprecia que efectivamente el R.F.V., fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional, mediante sentencia de fecha trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), a una pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de Secuestro Agravado, en perjuicio de K.O.M.M; así como a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que en la sentencia condenatoria firme antes señalada, el Órgano Jurisdiccional competente aplico lo dispuesto en los Artículos 27 numeral 12), 32, 48, 64, 69, 105, 110, 111, 192 literal a), del Código Penal derogado (Decreto 144-83), estimando que el condenado cometió el delito Secuestro Agravado. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que una de las causales por las cuales se puede invocar la interposición de la garantía constitucional de revisión penal, la constituye la aplicación retroactiva de la ley penal por ser más benigna (artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional), entendiéndose que su alcance y contenido va orientado a que el nuevo precepto legal contemplado para el tipo penal por el cual ha sido condenado el recurrente, sea más favorable, bajo ese argumento se aprecia que la retroactividad no guarda relación por el delito por el cual ha sido condenado, sino que solo por su pena. Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos el ahora recurrente R.F.V. fue condenado al delito de SECUESTRO contenido en el Código Penal creado mediante decreto 144-83 y vigente a partir del 12 marzo de 1985, con la pena de reclusión de veinte (20) años entre tanto, con el artículo 240 del CP 130-2017 la misma conducta se sanciona con u marco penal de quince (15) a veinte (20) años de prisión y la prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por concurrir las circunstancias agravantes especificas siguientes: La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas. Y el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado (artículo 136). Por lo que en concordancia con las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud de lo cual resulta evidente que La aplicación de la nueva ley penal no resulta más favorable al reo, de conformidad al artículo 616 de la ley supra relacionada cuarto párrafo, que señala: “Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código se más favorable, cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”; en tanto no es procedente el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.". De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado; y por consiguiente no es procedente otorgar la revisión de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional, el trece (13) de septiembre del dos mil diecisiete (2017). CONSIDERANDO QUINCE (15): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República de Honduras en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia el pronunciamiento del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los Artículos1.1, 9, 11.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 96 numeral 8; 1 y 240 del Código Penal Vigente; 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: SIN LUGAR el Recurso de Revisión interpuesto contra la sentencia de fecha trece (13) de septiembre del dos mil14 diecisiete (2017) dictada por el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFIQUESE. Redactó la MAGISTRADA DUBÓN VILLEDA DE FLORES LANZA. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1016-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL