Sentencia RP-1010-22 — Registro 18586
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, con relación a la causa que se instruyó por el delito de Secuestro Agravado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para Otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a MARIA ADELINA CHAVEZ, las penas principales de veintiún (21) años de reclusión, por ser autora penalmente responsable de un delito de Secuestro Agravado, en perjuicio de JOSE ANTONIO PALACIOS; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Después de hacer el análisis siguiente: I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al Artículo 192 del Código Penal Decreto número 144-1983, derogada, la pena a imponer por el delito de SECUESTRO era reclusión de veinte (20) a privación de la libertad de por vida. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena…” Mientras que la pena regulada en el artículo 240 del vigente Código Penal, establece que SECUESTRO AGRAVADO. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra algunas de las circunstancias siguientes: 1)……2)……3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas. 4)……5)…..6)……..7) El delito se cometa en el ámbito de un grupo delictivo organizado. 8)……9)….Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años………. como ocurre en el caso de autos. Bajo este examen, después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código le benefician al encausado. III. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal Decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en los hechos probados y la fundamentación jurídica se estableció que la condenada MARIA ADELINA CHAVEZ participó en compañía de otras personas en la privación de la libertad del señor JOSE ANTONIO PALACIOS, por más de 24 horas, estimando el Tribunal Juzgador imponer una pena entre más cercana a la mínima de la pena señalada para el delito de Secuestro a la señora MARIA ADELINA CHAVEZ VASQUEZ. En tal sentido, la pena a aplicar es de dieciséis (16) años, para el delito de SECUESTRO. IV.- Por lo tanto, esta Sala considera que se debe imponer la pena más cerca a la mínima para esos ilícitos penales, en base al principio pro homine. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactividad en favor de la señora MARIA ADELINA CHAVEZ VASQUEZ, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 240 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101.4 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la señora María Adelina Chávez Vásquez, a favor de Sí Misma, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, con relación a la causa que se instruyó contra la señora María Adelina Chávez Vásquez, por haber sido condenada por el delito de Secuestro Agravado en perjuicio del señor José Antonio Palacios. ANTECEDENTES 1) En fecha veintiún de abril de dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado Inmer M. Huete, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal en contra los señores Luis Geovany Arriaga Castellanos, Juan Pablo Chacón Gavarrete y María Adelina Chávez, por suponerlos responsables del delito de Secuestro Agravado en perjuicio del señor José Antonio Palacios. (Folios 2-6 del antecedente).2) Que en fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“… PRIMERO: Condenamos al señor LUIS GIOVANNI ARRIAGA CASTELLANOS cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de la libertad del Señor JOSE ANTONIO PALACIOS, imponiendo a los acusados, una pena principal de VEINTITRES (23) AÑOS DE RECLUSIÓN, debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluido de manera efectiva en el Centro Penitenciario respectivo. SEGUNDO: Condenamos a la señora MARIA ADELINA CHAVEZ cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de la libertad del Señor JOSE ANTONIO PALACIOS, imponiéndole a la acusada, una pena principal de VEINTIUN (21) AÑOS DE RECLUSIÓN, debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluido de manera efectiva en el Centro Penitenciario respectivo. TERCERO: Condenamos, a los acusados LUIS GIOVANNI ARRIAGA CASTELLANOS Y MARIA ADELINA CHAVEZ como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, en la forma señalada en esta sentencia; así como también a trabajar durante aquel tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento Penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema Penitenciario Nacional. CUARTO: Decretar sobreseimiento definitivo al señor Juan Pablo Chacón Gabarrete, por la extinción de la responsabilidad penal. QUINTO: Debemos declarar la responsabilidad civil de los condenados; Luis Giovanni Arriaga Castellanos y Maria Adelina Chávez, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. SEXTO: No procede la condena de los acusados, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SEPTIMO: Se declara el comiso de: 1) Un celular LG azul con negro IMEI 0121337-00731503-5 batería chip Tigo 8950402402081737322.-2) Un celular Motorola color negro con gris sin su tapadera IMEI no legible, batería y chip Tigo 8950402502013747321 y 3) un Celular NYX azul con negro IMEI 358383045443916, SIN Chip. Lo cual es procedente el comiso de las mismas, evidencias estas que están en poder del Ministerio Publico. Que se notifique esta sentencia a las partes procesales que han intervenido, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación dentro del término de veinte días. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 52-68 vuelto del antecedente).3) En fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el Recurso de Revisión Penal interpuesto por la señora María Adelina Chávez Vásquez a favor de Sí Misma, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), por considerar que es más benigno para su causa. (Folios 1-5 del recurso de mérito).4) En fecha veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Luis Alonso Discua Cerrato, con la comparecencia de la Abogada María Elena Fonseca Cruz, en su condición de Apoderada Legal de la señora María Adelina Chávez Vásquez; quien establecido que la señora Maria Adelina Vásquez fue condenada a la pena de veintiún años (21) de reclusión por el delito de Secuestro Agravado en perjuicio de José Antonio Palacios y que en aplicación al artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pide que se le aplique la ley más benigna según los artículos 1 y 4 del Código Penal Vigente, en base al principio de legalidad, ya que la pena anterior según el artículo 192 era de 20 a cuarenta (40) años y bajo el artículo 239 del Código Penal vigente, la pena del delito de Secuestro es de ocho (8) a doce (12) años de reclusión ya como está estipulado en el artículo 615 del mismo código, por lo que solicita se le impugna la pena mínima de ocho años más un 1/3, a su representada por el delito de Secuestro. Por su Parte, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público consideró: “… II. ANÁLISIS JURÍDICO: Esta representación del Ministerio Público, aprecia del escrito de interposición del recurso, que la revisionista solicita que se revea la Sentencia definitiva antes indicada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el Código Penal vigente, que contempla una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1) 2) 3), 4) 5) 6) 7), 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,..." relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal. De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público encuentra que en el Código Penal derogado regulaba el delito de SECUESTRO en el artículo 192, el cual era sancionado con la pena de reclusión de "veinte (20) años a privación de la libertad de por vida". Del examen del fallo sub-judice, el Ministerio Público aprecia de los hechos probados de la sentencia de mérito, que en el presente caso se acreditó que el ofendido fue interceptado por tres individuos, quienes lo sometieron ingresándolo al vehículo en que se conducían, manteniéndolo secuestrado desde el día 13 al día 20 de abril del año 2012, por lo que al concurrir dichas agravantes, el accionar ilícito de la imputada se enmarca conforme el Código Penal Vigente en el delito de SECUESTRO AGRAVADO, regulado en el artículo 240 que señala: "El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) ...-2…. 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas: 4) La persona secuestrada es menor de dieciocho años, mujer embarazada, persona de avanzada edad (la víctima contaba con más de 60 años al momento de los hechos)... 5)…. 6)...: 7) E1 delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado...; 8) Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. De lo expuesto en el presente caso, al concurrir las agravantes antes citadas se configura el delito de SECUESTRO AGRAVADO cuya pena a imponer a la condenada será de 15 a 20 años de prisión, de conformidad a los mismos términos de la sentencia impugnada, en virtud de lo cual se aprecia que la aplicación de la nueva Ley penal resulta más favorable al condenado, por lo que es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” (Folios 21-23 del recurso de mérito). HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA QUE SE CONOCE EN REVISION“Primero: El día viernes 13 de abril del año 2012, a eso de las 9:00 de la mañana, el señor José Antonio Palacios salió de su casa de habitación ubicada en la Colonia Santa Rosa de San Pedro Sula, salida al Municipio de la Lima, Cortés; cuando había transitado a unas pocas cuadras, fue interceptado por un vehículo tipo turismo, color negro, del cual se bajaron tres individuos quienes, sin mediar palabra sometieron al señor Palacios al interior del automotor en el que se conducían ellos, despojándolo de sus pertenencias personales como ser un teléfono celular Marca Motorola, color negro, con numero de 97-789315 y documentos personales, llevándose al señor Palacios con rumbo desconocido. Este mismo día a entre las 13:35:52 y 13:52:47 de la tarde, la señora Ana del Carmen Cortés hija del ofendido, recibió una llamada a su teléfono celular número No. 97-24-1456, la cual provenía del número 3180-0949, manifestándole la persona que le llamaba que tenían secuestrado a su padre el señor José Antonio Palacios, ordenándole que no dieran reporte a la Policía, y que pedían por la liberación del señor Palacios la cantidad de seis millones de Lempiras. SEGUNDO: El día sábado 14 de abril a las 11:51 de la mañana, nuevamente la familia del señor José Palacios, recibió otra llamada telefónica del número 8967-7025, mediante la cual un individuo que se identificó como “Maco” les preguntó que si ya tenían el dinero que habían exigido por la liberación del señor Palacios, diciéndoles además que si no les daban plazo hasta el día lunes 16 de abril del año 2012, para que cumplieran con las exigencias. TERCERO: El día viernes 20 de abril del año 2012, el grupo especializado Antisecuestros (GEAS) obtuvieron información que en la Colonia Villas del Rio, Sector de Villa Nueva, Cortés, se encontraba el ofendido José Antonio Palacios y que específicamente estaba en una casa que se ubica en el segundo pasaje, una casa color melón, portón de metal color negro, y que la misma era habitada por el señor Luis Giovanni Arriaga Castellanos, razón por la cual los Agentes de Policía se trasladaran al lugar, ubicando la vivienda ya una vez ubicada la misma, se contactaron a la señora Carolina Monserrat Perdomo Saldivar quien es la esposa del señor Luis Giovanni Arriaga, quien les autorizo ingresar la referida vivienda, en el interior se encontraba su compañero de hogar el señor Arriaga Castellanos, quien intento escaparse del lugar al mirar la presencia policial, a quien se le cayó un celular marca Motorola, color negro con gris, mismo que era propiedad de la víctima señor José Antonio Palacios. CUARTO: El mismo día viernes 20 de abril del año 2012, el Grupo Especial Antisecuestros (GEAS), tenía información que en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés, en la Colonia Suyapa, en una casa color verde, con barrotes negros, techo de sin, ubicada en la quinta avenida, 1 y 2 calle, se encontraba el señor José Antonio Palacios, por lo que se desplazaron los agentes policiales, a ese lugar y lograron ubicar la vivienda y a eso de las 16:50 horas, procedieron a allanar la misma, en su interior se encontraba acostado en una cama el señor Palacios, atado de pies y manos, siendo vigilado por el acusado Juan Pablo Chacón Gabarrete (fallecido), asimismo en el interior de dicha vivienda se encontraba la imputada Maria Adelina Chávez y un menor de edad no identificado, a quien se le dio detención por parte de Agentes de la Policía. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de Revisión Penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que: “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Cabe destacar que el Principio de Retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal se celebró en fecha veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023) ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada MARIA ELENA FONSECA CRUZ, en representación de MARIA ADELINA CHAVEZ VASQUEZ como revisionista y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. La Abogada María Elena Fonseca Cruz, en su condición de Apoderada Legal de la señora María Adelina Chávez Vásquez; quien establecido que la señora Maria Adelina Vásquez, fue condenada a la pena de veintiún años (21) de reclusión por el delito de Secuestro Agravado en perjuicio de José Antonio Palacios, y que en aplicación al artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional pide, que se le aplique la ley más benigna según los artículos 1 y 4 del Código Penal Vigente, en base al Principio de Legalidad, ya que la pena anterior según el artículo 192 era de 20 a cuarenta (40) años y bajo el artículo 239 del Código Penal vigente, la pena del delito de Secuestro es de ocho (8) a doce (12) años de reclusión, ya como está estipulado en el artículo 615 del mismo código, por lo que solicita la pena mínima de ocho años más un 1/3, para su representada, por el delito de Secuestro. Por su Parte, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público consideró: “… II. ANÁLISIS JURÍDICO: Esta representación del Ministerio Público, aprecia del escrito de interposición del recurso, que la revisionista solicita que se revea la Sentencia definitiva antes indicada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el Código Penal vigente, que contempla una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1) 2) 3), 4) 5) 6) 7), 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,..." relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal. De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público encuentra que en el Código Penal derogado regulaba el delito de SECUESTRO en el artículo 192, el cual era sancionado con la pena de reclusión de "veinte (20) años a privación de la libertad de por vida". Del examen del fallo sub-judice, el Ministerio Público aprecia de los hechos probados de la sentencia de mérito, que en el presente caso se acreditó que el ofendido fue interceptado por tres individuos, quienes lo sometieron ingresándolo al vehículo en que se conducían, manteniéndolo secuestrado desde el día 13 al día 20 de abril del año 2012, por lo que al concurrir dichas agravantes, el accionar ilícito de la imputada se enmarca conforme el Código Penal Vigente en el delito de SECUESTRO AGRAVADO, regulado en el artículo 240 que señala: "El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) ...-2…. 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas: 4) La persona secuestrada es menor de dieciocho años, mujer embarazada, persona de avanzada edad (la víctima contaba con más de 60 años al momento de los hechos)... 5)…. 6)...: 7) E1 delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado...; 8) Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. De lo expuesto en el presente caso, al concurrir las agravantes antes citadas se configura el delito de SECUESTRO AGRAVADO cuya pena a imponer a la condenada será de 15 a 20 años de prisión, de conformidad a los mismos términos de la sentencia impugnada, en virtud de lo cual se aprecia que la aplicación de la nueva Ley penal resulta más favorable al condenado, por lo que es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” (Folios 21-23 del recurso de mérito).CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultará a éste para que señale la que más le favorece.CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para Otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a MARIA ADELINA CHAVEZ, las penas principales de veintiún (21) años de reclusión, por ser autora penalmente responsable de un delito de Secuestro Agravado, en perjuicio de JOSE ANTONIO PALACIOS; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Después de hacer el análisis siguiente: I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al Artículo 192 del Código Penal Decreto número 144-1983, derogada, la pena a imponer por el delito de SECUESTRO era reclusión de veinte (20) a privación de la libertad de por vida. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena…” Mientras que la pena regulada en el artículo 240 del vigente Código Penal, establece que SECUESTRO AGRAVADO. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra algunas de las circunstancias siguientes: 1)……2)……3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas. 4)……5)…..6)……..7) El delito se cometa en el ámbito de un grupo delictivo organizado. 8)……9)….Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años………. como ocurre en el caso de autos. Bajo este examen, después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código le benefician al encausado. III. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal Decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en los hechos probados y la fundamentación jurídica se estableció que la condenada MARIA ADELINA CHAVEZ participó en compañía de otras personas en la privación de la libertad del señor JOSE ANTONIO PALACIOS, por más de 24 horas, estimando el Tribunal Juzgador imponer una pena entre más cercana a la mínima de la pena señalada para el delito de Secuestro a la señora MARIA ADELINA CHAVEZ VASQUEZ. En tal sentido, la pena a aplicar es de dieciséis (16) años, para el delito de SECUESTRO. IV.- Por lo tanto, esta Sala considera que se debe imponer la pena más cerca a la mínima para esos ilícitos penales, en base al principio pro homine. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactividad en favor de la señora MARIA ADELINA CHAVEZ VASQUEZ, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: ÚNICO: Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la señora MARIA ADELINA CHAVEZ VASQUEZ, a favor de sí misma. II) ANULAR PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, DE FECHA dieciséis de junio del año dos mil catorce; y, II) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a la señora MARIA ADELINA CHAVEZ VASQUEZ, por el delito SECUESTRO en perjuicio del señor JOSE ANTONIO PALACIOS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a la señora MARIA ADELINA CHAVEZ VASQUEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, a la pena de DIECISEIS (16) AÑOS de RECLUSION, en perjuicio del señor JOSE ANTONIO PALACIOS. Más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento. Redactó el Magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro recaída en el Recurso de Revision Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1010-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL