Sentencia RP-0498-22 — Registro 17869
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión contra las sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyo por el delito de trafico de drogas y otros, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (13): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. IV. Que, en resumen y visto lo anteriormente motivado, no es de recibo para la Sala de lo Constitucional, la petición de la garantista, Abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, pues efectuada la comparación de rigor entre las sanciones penales contenidas en la norma penal vigente, y las contenidas en el Decreto 144-1983, y en el artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, bajo las cuales resultó condenado el ciudadano MIGUEL ÁNGEL BANEGAS SILES; guardarían éstas aún favorabilidad respecto a las penas contempladas en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), en relación con todos los delitos enunciados y sus causas legales específicas de agravación de la pena. Por todo lo cual NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva en favor del ciudadano solicitante, señor MIGUEL ÁNGEL BANEGAS SILES. CONSIDERANDO (14): Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la presente garantía constitucional de revisión, considera esta Sala que no se subsume el caso sub judice en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al no cumplirse los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva, como por la Ley Sobre Justicia Constitucional, para dictar su otorgamiento. Por consiguiente, no es procedente la aplicación retroactiva de la norma penal vigente a favor del señor MIGUEL ÁNGEL BANEGAS SILES; por no resultarle más benigna que, las leyes penales vigentes, al momento de dictársele sentencia condenatoria; examinada que fue la petición conforme a los cauces legales de la garantía constitucional de revisión y los postulados dogmáticos que enmarcan el principio de legalidad.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Siguatepeque, Municipio de Comayagua, a los treinta días del mes de enero de dos mil veinticuatro. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por la Abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, a favor del señor MIGUEL ANGEL BANEGAS SILES, contra las sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diez (10) de mayo del dos mil trece (2013), con relación a la causa que se instruyó contra el señor MIGUEL ANGEL BANEGAS SILES, por el delito de TRAFICO DE DROGAS Y OTROS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de San pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado RAUL ENRIQUE REYES CARVAJAL, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores EDUARDO ELIAS HANDAL SAYBE, MIGUEL ANGEL BANEGAS SILES y JUAN CARLOS GARCIA URBINA, por los delitos de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, TRAFICO DE ARMAS, ALMACENAMIENTO DE ARMAS Y MUNICIONES ILEGALES y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS (Folios 1 al 9 de pieza del Juzgado) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha diez (10) de mayo del año dos mil trece (2013), el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor MIGUEL ANGEL BANEGAS SILES, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a una pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN Y UN MILLÓN DE LEMPIRAS en concepto de multa, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-SEGUNDO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor MIGUEL ANGEL BANEGAS SILES, a una pena de OCHO AÑOS DE RECLUSIÓN Y CINCO MIL LEMPIRAS en concepto de multa, por cada una de las armas incautadas, por el delito de ALMACENAMIENTO DE ARMAS, MUNICIONES Y MATERIAL DE GUERRA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS según lo establece.-TERCERO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor MIGUEL ANGEL BANEGAS SILES, a una pena de TRES AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES COMERCIALES en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Todas las anteriores como penas principales para el acusado, por considerarlo responsable en concepto de COAUTOR de la comisión de los delitos mencionados. Al tenor de lo establecido en el artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, artículos 332- A y 332-B del Código Penal, las que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Támara, Departamento de Francisco Morazán, quedando sujeto a obras públicas o las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se han encontrado en prisión preventiva por ésta causa.-CUARTO: De igual manera se le condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena.- QUINTO: Se declara al condenado MIGUEL ANGEL BANEGAS SILES, responsable civilmente, lo que deberá ser reclamado de conformidad a lo establecido en el artículo 432 y siguientes del Código Procesal Penal.-SEXTO: Procede el comiso de lo ya detallado en el numeral Décimo tercero de esta sentencia, siendo esto lo que fuera puesto a la orden del Tribunal.- OCTAVO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.-( Folios 619 al 635 de la pieza del Juzgado) 3) Que la recurrente Abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, compareció ante el Tribunal en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor del señor MIGUEL ANGEL BANEGAS SILES, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha diez (10) de mayo del año dos mil trece (2013). 4) Que en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. 5) Que en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido Abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, en su condición de Apoderada Legal del señor MIGUEL ANGEL BANEGAS SILES, y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Cedida que fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión, habiendo manifestando la recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), pronunciándose únicamente respecto a la favorabilidad que ameritaría el agraviado por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, por el cual resultó condenado a una pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN y UN MILLÓN DE LEMPIRAS en concepto de multa; no así en cuanto a las penas relativas a los dos (2) primeros delitos de ALMACENAMIENTO DE ARMAS, MUNICIONES Y MATERIAL DE GUERRA, y de ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES COMERCIALES, ambos en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; las cuales ascienden a OCHO AÑOS DE RECLUSIÓN y CINCO MIL LEMPIRAS en concepto de multa, por cada una de las armas incautadas; y, a una pena de TRES AÑOS DE RECLUSIÓN, respectivamente. Justificó tal parecer omisivo, argumentando que el agraviado ha superado ya este tiempo en efectiva prisión, ya que a la fecha en que se realizare la Audiencia, computaba doce años, dos meses y veinte días; siendo el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en su modalidad de propulsores, la que tiene a su defendido privado de libertad. La representante del Ministerio Público, mientras tanto, fue de la opinión porque se NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por la revisionista no está conforme a la Ley; en vista a que no procedería aplicar la retroactividad de la norma penal sustancial más beneficiosa, al determinarse que, a los delitos de ALMACENAMIENTO DE ARMAS, MUNICIONES Y MATERIAL DE GUERRA y de ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES COMERCIALES, ambos en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURA, les corresponde penas mayores que las porque fue sentenciado el beneficiario del presente recurso; mientras que, el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, por el cual también resultó condenado el señor MIGUEL ANGEL BANEGAS SILES a una pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN y UN MILLÓN DE LEMPIRAS en concepto de multa, tendría equivalente penológico en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) en una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de reclusión, por no representar un beneficio respecto al Quantum de la pena en comparación con la legislación anterior, conforme a lo establecido en el artículo 616 del Código Penal vigente. Es imperativo que las disposiciones del nuevo Código Penal resulten más favorables tomadas en su conjunto, ya que no es admisible la aplicación fragmentando las dos (2) normas sustantivas, en atención a lo establecido en el artículo 615 del Código Penal vigente. No resultando del caso, en definitiva, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 96, numeral 8), de la Ley Sobre Justicia Constitucional; con relación al artículo 96 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos expuestos por la parte recurrente en el líbelo de interposición y en comparecencia a la Audiencia de oposición y presentación de pruebas. La garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El cual sería el caso, según expone la recurrente, de la Sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diez (10) de mayo del dos mil trece (2013), con relación a la causa que se instruyó contra el beneficiario del presente recurso, señor MIGUEL ANGEL BANEGAS SILES, por el delito de TRAFICO DE DROGAS Y OTROS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, resolución judicial cuyo contenido prescriptivo obra transcrito en el Antecedente 2) de la presente sentencia. Expone la peticionaria, que el motivo principal del Recurso de Revisión Penal planteado, radica en que, a su juicio, la droga, estupefaciente o sustancia controlada por cuya modalidad de tráfico fue condenado el señor MIGUEL ANGEL BANEGAS SILES, de conformidad al artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, no es tal, sino un mero precursor químico en la elaboración de drogas sintéticas: “…. Por tanto, cometió un delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en su modalidad de tráfico de sustancias controladas, o precursores. Extremo que hemos querido dejar debidamente aclarado, por los efectos de la presente petición de aplicación de ley más favorable”. Obviando pronunciarse la revisionista, sobre los dos (2) primeros delitos de ALMACENAMIENTO DE ARMAS, MUNICIONES Y MATERIAL DE GUERRA, y de ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES COMERCIALES, ambos en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; en vista a que el agraviado habría superado ya el cumplimiento de ambas penas, correspondiendo la extinción de las mismas, por parte de la Sala; “… deviniendo únicamente en el presente escrito, la obligación de referirnos al delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en su modalidad de tráfico de precursores, por ser la pena que no se ha cumplido”. Considera la garantista que tal supuesto resulta de la perfecta correspondencia, entre la sustancia controlada (fenilpropanolamina), intervenida al ahora condenado, y el contenido prescriptivo del Anexo Cuadro 1 a la Convención de Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, efectuada en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988, cuadro el cual establecería, a la letra: “Ácido lisérgico Efedrina Ergometrina 1-fenil-2-propanoma Seudoefedrina. Las sales de las sustancias enumeradas en el presente cuadro siempre que la existencia de dichas sales sea posible”; de lo cual se desprendería favorabilidad penal, en revisión de la sentencia condenatoria dictada contra el imputado y la consiguiente aplicación retroactiva, como nueva pena, de varios artículos del nuevo Código Penal, en conjunto a la Convención suprareferida, por serle más favorable; particularmente, según lo prescrito en el artículo 314 del nuevo Código Penal para el Tráfico Ilícito de Drogas, en su modalidad de precursores, el cual sanciona dicha conducta con una pena abstracta de Cuatro (4) a Seis (6) años de Reclusión, más una multa de cien (100) a trescientos (300) días; siéndole aplicable en determinación de la pena concreta, la pena mínima aquí enunciada; y, en consecuencia, la suspensión de la misma al tenor del artículo 78 del nuevo Código Penal, ordenándose su inmediata libertad. CONSIDERANDO (4): Dictamen vertido por la Fiscalía del Ministerio Público, ante esta Sala, en ocasión de la Audiencia de oposición y presentación de pruebas. Señala la representante del Ministerio Público, que fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por la revisionista no está conforme a la Ley. Considera no resultarle de aplicabilidad al garantista la retroactividad de la norma penal sustancial más beneficiosa, analizándose que fue, en forma detenida, su petitorio. Sostiene que, mediando la comparación relativa entre las penas abstractas fijadas en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal derogado y del artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, contentivos de los delitos de ALMACENAMIENTO DE ARMAS, MUNICIONES Y MATERIAL DE GUERRA y de ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES COMERCIALES, ambos en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, y de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, por los cuales resultó condenado el señor MIGUEL ANGEL BANEGAS SILES a las penas principales de: OCHO AÑOS DE RECLUSIÓN Y CINCO MIL LEMPIRAS en concepto de multa, por cada una de las armas incautadas; concursadas materialmente a otra pena de TRES AÑOS DE RECLUSIÓN, por el segundo delito enunciado; y, finalmente, a otra pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN y UN MILLÓN DE LEMPIRAS en concepto de multa, por el delito prescrito en ley penal especial, respectivamente; éstas tendrían su equivalente en norma penal vigente, de conformidad al nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), según la exposición que obra sintetizada en el Antecedente 5) de la presente sentencia; de donde se desprendería no resulta procedente conceder el Recurso de Revisión interpuesto, ya que se denota más favorabilidad la aplicación de la norma penal vigente, al no representar un beneficio respecto al Quantum de la pena establecido en la legislación penal anterior, conforme a las reglas de comparación entre normas penales sustantivas establecidas en los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente. - Tal es, en resumen, la argumentación expuesta por las partes comparecientes, en la Audiencia de oposición y presentación de pruebas, que tuviera lugar en fecha cuatro de mayo del año dos mil veintitrés. CONSIDERANDO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación, entre lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada; teniendo, como consecuencia, la aplicación de la norma que resultare más favorable. CONSIDERANDO (6): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. I. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, mediante sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diez (10) de mayo del dos mil trece (2013), contra el beneficiario del presente recurso, señor MIGUEL ANGEL BANEGAS SILES, se le condenó por los delitos de: a) ALMACENAMIENTO DE ARMAS, MUNICIONES Y MATERIAL DE GUERRA, b) ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES COMERCIALES, ambos en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y, finalmente, c) el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, imponiéndosele las siguientes penas principales de: OCHO AÑOS DE RECLUSIÓN y CINCO MIL LEMPIRAS en concepto de multa, por cada una de las armas incautadas, por el primer delito; concursadas materialmente a la pena de TRES AÑOS DE RECLUSIÓN, por el segundo delito enunciado; y, finalmente, se le impuso al señor MIGUEL ANGEL BANEGAS SILES, la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN y UN MILLÓN DE LEMPIRAS en concepto de multa, por el último delito enunciado, como es el de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; dando lugar a la suma de VEINTISEIS AÑOS DE RECLUSIÓN, más las demás penas pecuniarias impuestas. Para efectuar la revisión solicitada, debe tenerse primero en cuenta, el tenor de lo establecido en los artículos 332-A, 332-B del Código Penal derogado, por la reforma vigente del Código Penal, estimada como más favorable por el garantista, y lo establecido en el artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, los cuales se han sistematizado en el presente capítulo de la sentencia. CONSIDERANDO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, la Ley penal deberá ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, transgrediéndose, de lo contrario, el Principio de Legalidad. CONSIDERANDO (10): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. I. Que, conforme a las disposiciones precitadas del Código Penal Decreto 144-83, y del artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, los delitos por los cuales fuera sentenciado el ciudadano MIGUEL ÁNGEL BANEGAS SILES, son penalizados en el nuevo Código Penal (Decreto Legislativo No. 130-2017), vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020), de la siguiente forma: a) ALMACENAMIENTO DE ARMAS, MUNICIONES Y MATERIAL DE GUERRA, tipificado anteriormente en el artículo 332-A del Código Penal derogado, y ahora en el artículo 581 del nuevo Código Penal (Decreto Legislativo No. 130-2017), el cual literalmente dispone: “Artículo 581.- DEPÓSITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES O EXPLOSIVOS. Quien sin autorización, posee un depósito de armas de fuego debe ser castigado con laspenas siguientes: 1) De ocho (8) a doce (12) años y localización permanente de hasta cinco (5) años, si se trata de armas de fuego de uso permitido; y 2) De diez (10) a doce (12)añosy localizaciónpermanente de hasta cinco (5) años,si setratadearmas de fuego prohibidas. Si el depósito lo fuera de municiones, las penas debendisminuir en sus respectivos casos en un tercio (1/3).Quien sin autorización, posee un depósito de explosivos, debeser castigado con las penas de prisión de diez (10) a quince(15) años y localización permanente de hasta diez (10) años.A los efectos de este precepto se considera depósito de armasde fuego la reunión de más de diez (10) armas. Respectode las municiones y explosivos, el Órgano Jurisdiccionalcompetente, teniendo en cuenta la cantidad y clase de lasmismas, debe declarar si constituyen depósito a los efectosde este precepto”. El delito de ALMACENAMIENTO DE ARMAS, MUNICIONES Y MATERIAL DE GUERRA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS era sancionado en la norma penal derogada, con una pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN MAS UNA MULTA DE CINCO MIL (5,000.00) LEMPIRAS, en concepto de multa, por cada una de las armas incautadas, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Mientras tanto, la nueva norma penal aplicable exaspera y agrava severamente la penalidad para el delito de DEPÓSITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES O EXPLOSIVOS, aplicables por tratarse de fusiles de guerra marca AK 47 y AR-15, en número mayor de diez; además de granadas y Lanzagranadas M-203, entre otras armas, municiones y artefactos de guerra; es decir: “… Teniendo en cuenta la cantidad y clase de las mismas, (…)”, como prevé la norma penal vigente que subsume el caso, al establecer penas: … De diez (10) a doce (12) años y localización permanente de hasta cinco (5) años, si se trata de armas de fuego prohibidas. (…)”. A los efectos de este precepto se considera depósito de armas de fuego la reunión de más de diez (10) armas. Por ello, resulta ostensible no resultar favorabilidad en las penas contempladas en el Decreto 130-2017, contentivo del nuevo Código Penal; el cual prescribe una pena privativa de libertad superior, en su rango mínimo, respecto a la pena concreta que se le impusiera, en su oportunidad legal, al ciudadano garantista. CONSIDERANDO (11): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. II. ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES, también en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, tipificado anteriormente en el artículo 332-B del Código Penal derogado, bajo el nomine iuris de FABRICACIÓN Y TRÁFICO DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES COMERCIALES, DE DEFENSA PERSONAL O DEPORTIVAS Y EXPLOSIVOS COMERCIALES. Para efectuar la revisión solicitada, tómese en cuenta, que, conforme a lo establecido en el artículo 332-B del Código Penal derogado, la conducta peligrosa en mención, era sancionada con una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Tipología penal homogénea aparece en el nuevo Código Penal (Decreto Legislativo No. 130-2017), transcrito en el Considerando anterior; particularmente en los Artículos 581, numeral 1), como en el Artículo 580.- TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, ambos prescritos en el susodicho Decreto 130-2017. A este respecto, considérese que el numeral 2) de dicho artículo 580 prevé una pena de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas; agravada específicamente en un tercio (1/3), por ministerio del Artículo 584, numerales 1) y 3), del nuevo Código Penal (Decreto Legislativo No. 130-2017), por tratarse de hechos cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado, tratándose de la tenencia de armas, municiones o explosivos ilícitos que tienen una gran potencialidad para causar daño; con lo cual, el margen de pena abstracta pasaría, en su modalidad agravada, a cinco (5) años cuatro (4) meses a ocho (8) años de prisión. Resulta acertada la oposición a la presente por la Fiscal conocedora del presente recurso, por cuanto la pena privativa de libertad impuesta conforme a la legislación derogada, resulta inferior a la contemplada en el Código Penal vigente; no resultando favorabilidad alguna en las penas contempladas en el Decreto 130-2017, contentivo del nuevo Código Penal; respecto a la pena concreta que se le impusiera, en su oportunidad legal, al ciudadano garantista. CONSIDERANDO (12): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. Que, finalmente, procede analizar la pena correspondiente a: c) El delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS: “Artículo 18. El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras”. En el Código Penal Vigente, el delito de TRÁFICO DE DROGA se encuentra regulado en el artículo 311 que sanciona al culpable de este delito, con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos…. y multa de cien (100) a quinientos (500) días. Por su parte, el artículo 53, dispone. - PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). Asimismo, el artículo 312 del Código Penal Vigente, establece las agravantes específicas del delito de TRÁFICO DE DROGA, entre las cuales se encuentra la numerada 3), consistente en acreditarse que el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado y la 5), consistente en la valoración de la cantidad objeto del delito como de especial importancia; sendos casos en el cual se deberá imponer las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y de multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, incrementada la pena de prisión en un tercio (1/3). En tal sentido, debe mencionarse que se acreditó en el proceso que al señor MIGUEL ÁNGEL BANEGAS SILES se le incautó una cantidad considerable de sustancias controladas, causantes de graves daños a la salud; mismas que no reúnen propiamente la calidad de precursores, al no encontrarse entre las taxativamente señaladas en los Cuadros I y II de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988; actividad ilícita que, por otra parte, se realizó en el ámbito o marco situacional de inmersión en un grupo delictivo organizado, por lo cual, de conformidad con las disposiciones del Código Penal vigente, es susceptible de que se le imponga un marco punitivo especialmente agravado, atendiendo la gravedad del daño que causa la cantidad de droga decomisada a la Salud Pública del Estado de Honduras, como bien jurídico protegido. De todo lo cual se desprendería, que resulta estimada la oposición a la presente garantía, por la Fiscal conocedora del presente recurso; en cuanto a que la pena privativa de libertad concreta por la cual fue sentenciado el beneficiario del recurso, estaría implícita en el marco de las penas que contempla el nuevo Código Penal para sancionar especialmente el delito de TRÁFICO DE DROGA agravado; no siendo admisible aplicar disposiciones tomando en cuenta sólo lo que uno considere le favorece, y rechazando en lo que perjudiquen; “… pues no está legalmente permitido fragmentar las dos normas bajo análisis comparativo, en atención a lo establecido en el artículo 616 del Código Penal vigente”; por cuanto la pena privativa de libertad impuesta conforme a la legislación derogada, resulta también imponible a los hechos juzgados con arreglo al Código Penal vigente. CONSIDERANDO (13): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. IV. Que, en resumen y visto lo anteriormente motivado, no es de recibo para la Sala de lo Constitucional, la petición de la garantista, Abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, pues efectuada la comparación de rigor entre las sanciones penales contenidas en la norma penal vigente, y las contenidas en el Decreto 144-1983, y en el artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, bajo las cuales resultó condenado el ciudadano MIGUEL ÁNGEL BANEGAS SILES; guardarían éstas aún favorabilidad respecto a las penas contempladas en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), en relación con todos los delitos enunciados y sus causas legales específicas de agravación de la pena. Por todo lo cual NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva en favor del ciudadano solicitante, señor MIGUEL ÁNGEL BANEGAS SILES. CONSIDERANDO (14): Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la presente garantía constitucional de revisión, considera esta Sala que no se subsume el caso sub judice en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al no cumplirse los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva, como por la Ley Sobre Justicia Constitucional, para dictar su otorgamiento. Por consiguiente, no es procedente la aplicación retroactiva de la norma penal vigente a favor del señor MIGUEL ÁNGEL BANEGAS SILES; por no resultarle más benigna que, las leyes penales vigentes, al momento de dictársele sentencia condenatoria; examinada que fue la petición conforme a los cauces legales de la garantía constitucional de revisión y los postulados dogmáticos que enmarcan el principio de legalidad. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 59, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 69, 311, 312, 321, 580, 581, 584, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017. FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, a favor del ciudadano MIGUEL ÁNGEL BANEGAS SILES. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-498-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL