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Sentencia RP-0199-22 — Registro 19408

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la Sentencia Condenatoria por el delito de extorsión simple en perjuicio de testigo protegido AB-221. Se declaro sin lugar el recurso de revisión. No corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto a la cantidad de la pena en comparación con la legislación penal anterior.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. La sentencia venida en revisión penal, se impuso a PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido AB221 más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito (conducta tipificada en el artículo 222 del Código Penal derogado). Asimismo, quedó establecido como hechos probados lo siguiente: “que según denuncia interpuesta en fecha 04 de mayo de 2017 por el Testigo Protegido AB221, en las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión, la cual fue registrada con el número 221-2017 manifiesta que este hace seis meses está siendo víctima de delito de extorsión por tres sujetos que llegaron a su lugar de trabajo a bordo de un vehículo turismo color blanco y le manifestaron ser miembros de la mara MS y que a partir de la fecha iniciarían a pagar la renta de no hacer efectivo el pago del impuesto de guerra comenzarían a asesinar gente en el trabajo del ofendido, después de negociar con los supuestos extorsionadores el Testigo Protegido comenzó a pagar la cantidad de doce mil lempiras semanales, dinero que entregaba en la Colonia tres de mayo de Comayagüela los días domingos de cada semana desde hace aproximadamente dos meses el dinero lo ha recibido una persona con las siguientes características: tez trigueña, contextura gruesa, 35 años de edad aproximadamente, el día 04 de mayo del 2017 a eso de las 08:00 de la mañana, paso el mismo joven por el centro de trabajo del Testigo protegido quien le pregunto si ya habían recogido el dinero, respondiendo que no, por lo que este le dijo que el domingo 07 de mayo del 2017 quería el dinero en la entrada del parque Obrero a las 02:00 de la tarde, por lo que el agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión encargado del caso lo asesoró sobre el procedimiento correspondiente.- Segundo Hecho Probado: El domingo 07 de mayo del 2017 siendo las 12:00 se presentó el Testigo Protegido a las oficinas de la FNA con el fin de realizar el paquete, el cual sería usado para la entrega del dinero en donde los proporcionó a los agentes dos billetes de quinientos lempiras (L. 500.00) con serie W960260,Z3276536, colocándolos en un sobre color blanco junto a recortes de papel periódico, de lo cual se realizó el acta de sereo de dinero, se organizaron en 3 equipos de trabajo de agentes de la FNA, para salir a realizar vigilancia al sector de Valle de Ángeles en el lugar que les habían indicado al ofendido por los supuestos extorsionadores siendo las 13.50 horas permaneció por el término de 20 minutos, siendo las 14:10 horas observaron que en la entrada del parque Obrero llego una persona del sexo masculino, alta de tez trigueña, contextura gruesa, vestía una camisa de color café rayas color blanco y pantalón jeans color azul, quien le entregó un sobre blanco el testigo protegido, retirándose con dirección al interior del parque obrero de donde había salido encontrándose con dos personas del sexo femenino de inmediato fue requerido por los agentes al momento de registrarlo se identificó con el nombre de PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ decomisándosele en la bolsa frontal izquierda del pantalón un sobre de color blanco conteniendo en el interior dos billetes de quinientos lempiras con las series antes descritas y dos teléfonos celulares marca HUAWEI color negro y otra marca Samsumg color negro, dándole detención siendo las 14.30 horas, y posteriormente realizar el procedimiento que la ley establece. Asimismo el acusado se sometió al proceso abreviado para la investigación y sanción de toda clase de delitos de acción pública y que el Juez comprobó que el imputado dio su consentimiento para acogerse a tal procedimiento estando consciente de los alcances de la misma, manifestándose con la pena de once (11) años tres (3) meses, solicitada por el Fiscal peticionando se le imponga a su representado la pena mínima de once (11) años tres meses (3) de reclusión y adhiriéndose a la multa solicitad por el representante del Ministerio Público. La conducta antes relacionada y por la cual fue condenado PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ, está prevista en el Código Penal 130-2017, en el artículo 373 como delito de extorsión, precepto reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, que establece “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”, de lo anterior se observa que penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal, nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. La sentencia venida en revisión penal, se impuso a PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido AB221 más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito (conducta tipificada en el artículo 222 del Código Penal derogado). Asimismo, quedó establecido como hechos probados lo siguiente: “que según denuncia interpuesta en fecha 04 de mayo de 2017 por el Testigo Protegido AB221, en las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión, la cual fue registrada con el número 221-2017 manifiesta que este hace seis meses está siendo víctima de delito de extorsión por tres sujetos que llegaron a su lugar de trabajo a bordo de un vehículo turismo color blanco y le manifestaron ser miembros de la mara MS y que a partir de la fecha iniciarían a pagar la renta de no hacer efectivo el pago del impuesto de guerra comenzarían a asesinar gente en el trabajo del ofendido, después de negociar con los supuestos extorsionadores el Testigo Protegido comenzó a pagar la cantidad de doce mil lempiras semanales, dinero que entregaba en la Colonia tres de mayo de Comayagüela los días domingos de cada semana desde hace aproximadamente dos meses el dinero lo ha recibido una persona con las siguientes características: tez trigueña, contextura gruesa, 35 años de edad aproximadamente, el día 04 de mayo del 2017 a eso de las 08:00 de la mañana, paso el mismo joven por el centro de trabajo del Testigo protegido quien le pregunto si ya habían recogido el dinero, respondiendo que no, por lo que este le dijo que el domingo 07 de mayo del 2017 quería el dinero en la entrada del parque Obrero a las 02:00 de la tarde, por lo que el agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión encargado del caso lo asesoró sobre el procedimiento correspondiente.- Segundo Hecho Probado: El domingo 07 de mayo del 2017 siendo las 12:00 se presentó el Testigo Protegido a las oficinas de la FNA con el fin de realizar el paquete, el cual sería usado para la entrega del dinero en donde los proporcionó a los agentes dos billetes de quinientos lempiras (L. 500.00) con serie W960260,Z3276536, colocándolos en un sobre color blanco junto a recortes de papel periódico, de lo cual se realizó el acta de sereo de dinero, se organizaron en 3 equipos de trabajo de agentes de la FNA, para salir a realizar vigilancia al sector de Valle de Ángeles en el lugar que les habían indicado al ofendido por los supuestos extorsionadores siendo las 13.50 horas permaneció por el término de 20 minutos, siendo las 14:10 horas observaron que en la entrada del parque Obrero llego una persona del sexo masculino, alta de tez trigueña, contextura gruesa, vestía una camisa de color café rayas color blanco y pantalón jeans color azul, quien le entregó un sobre blanco el testigo protegido, retirándose con dirección al interior del parque obrero de donde había salido encontrándose con dos personas del sexo femenino de inmediato fue requerido por los agentes al momento de registrarlo se identificó con el nombre de PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ decomisándosele en la bolsa frontal izquierda del pantalón un sobre de color blanco conteniendo en el interior dos billetes de quinientos lempiras con las series antes descritas y dos teléfonos celulares marca HUAWEI color negro y otra marca Samsumg color negro, dándole detención siendo las 14.30 horas, y posteriormente realizar el procedimiento que la ley establece. Asimismo el acusado se sometió al proceso abreviado para la investigación y sanción de toda clase de delitos de acción pública y que el Juez comprobó que el imputado dio su consentimiento para acogerse a tal procedimiento estando consciente de los alcances de la misma, manifestándose con la pena de once (11) años tres (3) meses, solicitada por el Fiscal peticionando se le imponga a su representado la pena mínima de once (11) años tres meses (3) de reclusión y adhiriéndose a la multa solicitad por el representante del Ministerio Público. La conducta antes relacionada y por la cual fue condenado PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ, está prevista en el Código Penal 130-2017, en el artículo 373 como delito de extorsión, precepto reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, que establece “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”, de lo anterior se observa que penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal, nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. La sentencia venida en revisión penal, se impuso a PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido AB221 más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito (conducta tipificada en el artículo 222 del Código Penal derogado). Asimismo, quedó establecido como hechos probados lo siguiente: “que según denuncia interpuesta en fecha 04 de mayo de 2017 por el Testigo Protegido AB221, en las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión, la cual fue registrada con el número 221-2017 manifiesta que este hace seis meses está siendo víctima de delito de extorsión por tres sujetos que llegaron a su lugar de trabajo a bordo de un vehículo turismo color blanco y le manifestaron ser miembros de la mara MS y que a partir de la fecha iniciarían a pagar la renta de no hacer efectivo el pago del impuesto de guerra comenzarían a asesinar gente en el trabajo del ofendido, después de negociar con los supuestos extorsionadores el Testigo Protegido comenzó a pagar la cantidad de doce mil lempiras semanales, dinero que entregaba en la Colonia tres de mayo de Comayagüela los días domingos de cada semana desde hace aproximadamente dos meses el dinero lo ha recibido una persona con las siguientes características: tez trigueña, contextura gruesa, 35 años de edad aproximadamente, el día 04 de mayo del 2017 a eso de las 08:00 de la mañana, paso el mismo joven por el centro de trabajo del Testigo protegido quien le pregunto si ya habían recogido el dinero, respondiendo que no, por lo que este le dijo que el domingo 07 de mayo del 2017 quería el dinero en la entrada del parque Obrero a las 02:00 de la tarde, por lo que el agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión encargado del caso lo asesoró sobre el procedimiento correspondiente.- Segundo Hecho Probado: El domingo 07 de mayo del 2017 siendo las 12:00 se presentó el Testigo Protegido a las oficinas de la FNA con el fin de realizar el paquete, el cual sería usado para la entrega del dinero en donde los proporcionó a los agentes dos billetes de quinientos lempiras (L. 500.00) con serie W960260,Z3276536, colocándolos en un sobre color blanco junto a recortes de papel periódico, de lo cual se realizó el acta de sereo de dinero, se organizaron en 3 equipos de trabajo de agentes de la FNA, para salir a realizar vigilancia al sector de Valle de Ángeles en el lugar que les habían indicado al ofendido por los supuestos extorsionadores siendo las 13.50 horas permaneció por el término de 20 minutos, siendo las 14:10 horas observaron que en la entrada del parque Obrero llego una persona del sexo masculino, alta de tez trigueña, contextura gruesa, vestía una camisa de color café rayas color blanco y pantalón jeans color azul, quien le entregó un sobre blanco el testigo protegido, retirándose con dirección al interior del parque obrero de donde había salido encontrándose con dos personas del sexo femenino de inmediato fue requerido por los agentes al momento de registrarlo se identificó con el nombre de PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ decomisándosele en la bolsa frontal izquierda del pantalón un sobre de color blanco conteniendo en el interior dos billetes de quinientos lempiras con las series antes descritas y dos teléfonos celulares marca HUAWEI color negro y otra marca Samsumg color negro, dándole detención siendo las 14.30 horas, y posteriormente realizar el procedimiento que la ley establece. Asimismo el acusado se sometió al proceso abreviado para la investigación y sanción de toda clase de delitos de acción pública y que el Juez comprobó que el imputado dio su consentimiento para acogerse a tal procedimiento estando consciente de los alcances de la misma, manifestándose con la pena de once (11) años tres (3) meses, solicitada por el Fiscal peticionando se le imponga a su representado la pena mínima de once (11) años tres meses (3) de reclusión y adhiriéndose a la multa solicitad por el representante del Ministerio Público. La conducta antes relacionada y por la cual fue condenado PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ, está prevista en el Código Penal 130-2017, en el artículo 373 como delito de extorsión, precepto reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, que establece “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”, de lo anterior se observa que penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal, nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha seis de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra el señor PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ, por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-221. ANTECEDENTES1)Que en fecha ocho (08) de mayo de dos mil dieciocho (2018), el Fiscal del Ministerio Público, Abogada HEIDI MALDONADO, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando requerimiento fiscal contra el Señor PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ, por suponerlo responsable a título de autor del delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AB221”. (Folios 02-04 de la pieza de antecedentes).2)Que continuado que fue el proceso, en fecha seis de abril de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Falló: “PRIMERO: CONDENANDO al encausado PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta Sentencia, como autor del delito de EXTORSION SIMPLE, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB221 a la pena principal de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSION, más una pena de multa de 37.5 salarios mínimos, los que deberá cumplirse en Centro Penitenciario Nacional de Tamara; con sede en Támara, Francisco Morazán de este Departamento. SEGUNDO: CONDENANDO al imputado PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL QUE PROCEDIEREN EN EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA, así como trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario por el tiempo que dure la condena…” (Folios 52 al 56 de la pieza de antecedentes) 3)Que en fecha uno de febrero de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado RAMON MATAMOROS, presentando recurso de revisión penal a favor del señor PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ, contra la sentencia condenatoria de fecha seis de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. Folio 01-04 del recurso) 4)Que en fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de apoderada legal del señor PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ y la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión,…”. (Folios 22 al 24 del recurso de mérito) FUNDAMENTACIÓN I.Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . II.Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. En fecha ocho (08) de Junio de dos mil veintitrés se llevó a cabo la audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Ramón Matamoros, en representación de PERDO JOSUE RIVERA ORTEZ, como revisionista; y la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de fiscal del Ministerio Público acreditada ante este Tribunal quien comparece para los efectos de efectuar la oposición del ente acusador en el presente asunto, habiéndose comprobado la inexistencia de un abogado acusador privado, el magistrado que preside le cedió la palabra al abogado RAMON MATAMOROS en su condición supra aludida a efecto de que haga uso de réplica y que presente las pruebas que estime convenientes, quien manifiesta: Buenos días señores magistrados todas estas personas que han interpuestos recursos que actualmente tienen una sentencia firme deben ser tratados por igual y para la retroactividad de la ley penal que es la más favorable y que es una garantía de libertad individual buscando casos en que se tratara de imponer penas y multas gravosas, asimismo se ratifica el contenido de la solicitud de revisión de la sentencia condenatoria, se solicita muy respetuosamente que se aplique el principio de retroactividad de la ley penal al señor PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ, por el delito de extorsión simple en perjuicio de testigo protegido AB221 a una pena de once años y tres meses de reclusión y una multa de 37.5 salarios mínimos del artículo 222 del Código Penal derogado. Sustituirle la pena y multa por el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia) en donde establece que para el delito de extorsión simple es de 10-15 años una multa de 500 a 1,000 días.- Al igual debe hacérsele una rebaja de ¼ parte de la pena y multa, por haber aceptado la figura de procedimiento abreviado. Que los más beneficioso para los intereses personales del condenado es la ley intermedia, en donde se solicita una pena mínima de 7 años seis meses de reclusión y una multa de 375 días, se ofrece como medio de prueba la sentencia de mérito, misma que se encuentra incorporada la presente pieza de autos.se ratifica el contenido de la solicitud de revisión de la sentencia condenatoria, se solicita muy respetuosamente que se aplique el principio de retroactividad de la ley penal a su representado por el delito de extorsión simple en perjuicio de testigo protegido AB221 por lo que fue condenado a la pena de 11 años con tres meses de reclusión y una multa de 37.5 salarios mínimos por haber aceptado la figura de procedimiento abreviado se le debe rebajar ¼ parte de la pena y multa del artículo 222 del Código Penal derogado, sustituirle la pena y multa por el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia) en donde establece que para el delito de extorsión la pena es de 10 a 15 años y multa de 500 a 1000 días.- Que lo más beneficioso para los intereses personales del condenado es la Ley Intermedia en donde se solicita una pena mínima de 7 años con seis meses y multa de 375 días que razón de 20 equivalente a L. 7,500.00, ofrece como medio de prueba la sentencia de mérito, misma que se encuentra incorporada la presente pieza de autos.- Seguidamente la señora Fiscal en representación del Ministerio Público se le cede la palabra a efecto de que presente la oposición del ente acusador al recurso de revisión de mérito, haciéndolo de la siguiente manera: Refiriéndose al recurso extraordinario de revisión Penal, interpuesto por el abogado RAMON MATAMOROS planteado en relación a la revisión de la sentencia dictada expone su apreciación jurídica: el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en vista que del análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de EXTORSION en su artículo 222 el cual era castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, mientras que el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), regula la misma conducta penal de EXTORSIÓN en el artículo 373 reformado mediante Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 01 de noviembre de 2021 y vigente a partir del día siguiente a su publicación, resultando que, a la fecha en que fue presentado el escrito de Recurso Extraordinaria de Revisión Penal (1 de febrero de 2022), el artículo 373 ya había sido reformado el cual señala: Debe ser castigado con la pena de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, que al relacionarlo con el artículo 53, se establece que cada día multa tiene un valor no menor de veinte Lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L. 5,000.00). De las normas transcritas, se extrae que el nuevo Código Penal Vigente contempla la misma pena de 15 a 20 años de prisión para el delito de EXTORSIÓN, misma que debe ser rebajada en ¼ por la aplicación de la figura procesal de procedimiento abreviado quedando en una pena de 11 años y 3 meses a 15 años de prisión. Asimismo se aprecia que también se condenó al procesado a la pena de multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos en su nivel más bajo equivalente a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 386,853.75), por lo que en relación a la condena de multa, con el nuevo Código Penal esta fue modificada a días multa, que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) días, y al ser rebajados en ¼ por la aplicación de la figura procesal del procedimiento abreviado resulta una pena de 375 a 500 días que aplicado en su nivel más bajo corresponde imponer una multa de L 1,875,000.00 de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 53 y 616 del nuevo Código Penal. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponérsele conforme a la norma sustantiva vigente, sumado a que la pena de multa a imponer resulta más onerosa, de ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a ley, tal y como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la ley penal, por no ser mas benigna al condenado. III. Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. IV. Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. La sentencia venida en revisión penal, se impuso a PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido AB221 más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito (conducta tipificada en el artículo 222 del Código Penal derogado). Asimismo, quedó establecido como hechos probados lo siguiente: “que según denuncia interpuesta en fecha 04 de mayo de 2017 por el Testigo Protegido AB221, en las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión, la cual fue registrada con el número 221-2017 manifiesta que este hace seis meses está siendo víctima de delito de extorsión por tres sujetos que llegaron a su lugar de trabajo a bordo de un vehículo turismo color blanco y le manifestaron ser miembros de la mara MS y que a partir de la fecha iniciarían a pagar la renta de no hacer efectivo el pago del impuesto de guerra comenzarían a asesinar gente en el trabajo del ofendido, después de negociar con los supuestos extorsionadores el Testigo Protegido comenzó a pagar la cantidad de doce mil lempiras semanales, dinero que entregaba en la Colonia tres de mayo de Comayagüela los días domingos de cada semana desde hace aproximadamente dos meses el dinero lo ha recibido una persona con las siguientes características: tez trigueña, contextura gruesa, 35 años de edad aproximadamente, el día 04 de mayo del 2017 a eso de las 08:00 de la mañana, paso el mismo joven por el centro de trabajo del Testigo protegido quien le pregunto si ya habían recogido el dinero, respondiendo que no, por lo que este le dijo que el domingo 07 de mayo del 2017 quería el dinero en la entrada del parque Obrero a las 02:00 de la tarde, por lo que el agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión encargado del caso lo asesoró sobre el procedimiento correspondiente.- Segundo Hecho Probado: El domingo 07 de mayo del 2017 siendo las 12:00 se presentó el Testigo Protegido a las oficinas de la FNA con el fin de realizar el paquete, el cual sería usado para la entrega del dinero en donde los proporcionó a los agentes dos billetes de quinientos lempiras (L. 500.00) con serie W960260,Z3276536, colocándolos en un sobre color blanco junto a recortes de papel periódico, de lo cual se realizó el acta de sereo de dinero, se organizaron en 3 equipos de trabajo de agentes de la FNA, para salir a realizar vigilancia al sector de Valle de Ángeles en el lugar que les habían indicado al ofendido por los supuestos extorsionadores siendo las 13.50 horas permaneció por el término de 20 minutos, siendo las 14:10 horas observaron que en la entrada del parque Obrero llego una persona del sexo masculino, alta de tez trigueña, contextura gruesa, vestía una camisa de color café rayas color blanco y pantalón jeans color azul, quien le entregó un sobre blanco el testigo protegido, retirándose con dirección al interior del parque obrero de donde había salido encontrándose con dos personas del sexo femenino de inmediato fue requerido por los agentes al momento de registrarlo se identificó con el nombre de PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ decomisándosele en la bolsa frontal izquierda del pantalón un sobre de color blanco conteniendo en el interior dos billetes de quinientos lempiras con las series antes descritas y dos teléfonos celulares marca HUAWEI color negro y otra marca Samsumg color negro, dándole detención siendo las 14.30 horas, y posteriormente realizar el procedimiento que la ley establece. Asimismo el acusado se sometió al proceso abreviado para la investigación y sanción de toda clase de delitos de acción pública y que el Juez comprobó que el imputado dio su consentimiento para acogerse a tal procedimiento estando consciente de los alcances de la misma, manifestándose con la pena de once (11) años tres (3) meses, solicitada por el Fiscal peticionando se le imponga a su representado la pena mínima de once (11) años tres meses (3) de reclusión y adhiriéndose a la multa solicitad por el representante del Ministerio Público. La conducta antes relacionada y por la cual fue condenado PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ, está prevista en el Código Penal 130-2017, en el artículo 373 como delito de extorsión, precepto reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, que establece “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”, de lo anterior se observa que penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal, nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMÓN MATAMOROS, en favor del señor PEDRO JOSUE RIVERA ORTEZ. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha once de septiembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0199-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL