Sentencia RI-1465-24 — Registro 18054
Resumen
alegando el recurrente que dicho decreto otorga incondicionalmente a las municipalidades las facultades para otorgar permisos de construcción sin considerar los derechos constitucionales de su mandante, contenidos en los artículos 145 y 172 de la norma primaria, referentes al patrimonio cultural, arqueológico e histórico de la nación y de la salud y del medio ambiente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
: Que este Tribunal en reiterada jurisprudencia, ha dejado establecido que es responsabilidad exclusiva del recurrente el confrontar con claridad y de manera científica las normas del ordenamiento adjetivo secundario que acusa de inconstitucionales, determinando en su caso, como se violentan con su aplicación, alguno (s) de los preceptos fundamentales contenidos en nuestra norma Constitucional, pues en esta acción, contrario a lo que acontece con el planteamiento de una acción de amparo, al no existir otra instancia del procedimiento en la cual el peticionario pueda formalizar su recurso, dicha omisión no puede ser enmendada oficiosamente por esta Sala al momento de dictarse el fallo de constitucionalidad pretendido. CONSIDERANDO: Que examinado el escrito de interposición contentivo del recurso de inconstitucionalidad planteado por vía de excepción, se aprecia que si bien el recurrente ha expuesto los motivos que le sirven de fundamento a su pretensión y ha señalado en forma expresa el motivo de la inaplicabilidad vía inconstitucionalidad que pretende, esta Sala advierte que no se ha referido en forma clara y precisa al interés directo, personal, actual y legítimo que motiva su acción, requisito sine qua non para su admisión, lo que torna difusa e imprecisa su acción. CONSIDERANDO: Que por tal razón y vistos los defectos de forma en el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad presentada, se impone declarar inadmisible el presente recurso, sin perjuicio que el mismo pueda ser intentado nuevamente una vez subsanada su omisión, con una adecuada motivación jurídica de la acción constitucional que se pretende. CONSIDERANDO: Que esta Sala para mayor ilustración al recurrente debe indicar que los argumentos que ha expuesto son de manera general y no individualizada, ya que hace referencia a situaciones abstractas, que no pueden entrar a analizarse tal y como han sido formuladas, pues para ello es necesario que la Sala ejerza un control en abstracto que resultaría contrario a la lógica jurídica, pues el recurrente no expresa con exactitud qué actos u omisiones concretas han sido llevadas a cabo en perjuicio de su mandante que motive la interposición de la presente garantía del recurso, consecuentemente, no ha sido posible precisar la lesión jurídica concreta que justifique la interposición y por ende la admisión de la acción constitucional que nos ocupa. CONSIDERANDO: Que por tales razones y vistos las falencias de forma en el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad presentada, esta Sala determina que la misma no se ajusta a lo establecido para tal efecto por el artículo 79 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede declarar la inadmisibilidad de la presente acción interpuesta, sin perjuicio que el mismo pueda ser intentado nuevamente una vez subsanada su omisión, con una adecuada motivación jurídica de la acción constitucional que se pretenda.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 74 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, diez de abril del año dos mil veinticuatro. VISTO: el recurso de inconstitucionalidad vía excepción en la forma por razón de contenido, interpuesto por el Abogado LUDWIN LISANDRO OCHOA MANZANO, a favor de MARÍA MARGARITA ORDOÑEZ FLORES, solicitando la inaplicabilidad del artículo 84 del Decreto 134-90 contentivo de la LEY DE MUNICIPALIDAD, y los artículos 151 y 152 del Decreto 018-93 que contiene el REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES, alegando el recurrente que dicho decreto otorga incondicionalmente a las municipalidades las facultades para otorgar permisos de construcción sin considerar los derechos constitucionales de su mandante, contenidos en los artículos 145 y 172 de la norma primaria, referentes al patrimonio cultural, arqueológico e histórico de la nación y de la salud y del medio ambiente. CONSIDERANDO: Que tal y como lo establece la Constitución de la República en su artículo 185, la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad, podrá solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. CONSIDERANDO: Que en este sentido la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 79, determina, entre otros, como requisitos fundamentales para pronunciarse sobre la procedencia de la acción de inconstitucionalidad por vía de acción, la “Explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva su acción …”. CONSIDERANDO: Que al exigir este requisito de admisión al Recurso de Inconstitucionalidad, nuestra ley sigue el razonamiento que determina que la función jurisdiccional del Estado, entendida en este caso como el control constitucional, debe estar debidamente justificado y no puede provocarse, sino resulta claramente establecido el daño jurídico y actual que se ocasiona en una situación concreta al recurrente. Esta Sala comparte lo que en su momento determinó en su jurisprudencia el Tribunal de Garantías Constitucionales de España, al establecer que su actuación debía resultar de la defensa de un interés jurídico y actual, y no de un interés genérico y abstracto en la constitucionalidad del ordenamiento. De acuerdo con la profesora Ruíz Lapeña, lo que tutelaba el referido Tribunal, era “la constitucionalidad de las normas legales sólo en tanto que de ellas pudiera derivarse una lesión jurídica concreta”. CONSIDERANDO: Que en tal sentido, es preciso indicarle al peticionario, que la respuesta del órgano constitucional mediante su pronunciamiento con respecto a la constitucionalidad de la Ley, solo podrá ser eficaz y ágil para el fin determinado por el recurrente, una vez establecida de manera concreta la afectación de un interés particular determinado por la violación de la norma secundaria impugnada, de acuerdo a lo dispuesto en nuestro texto Constitucional; garantizando de esta manera el provecho del agraviado y en definitiva de la sociedad con la resolución sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad que emita esta Sala. CONSIDERANDO: Que este Tribunal en reiterada jurisprudencia, ha dejado establecido que es responsabilidad exclusiva del recurrente el confrontar con claridad y de manera científica las normas del ordenamiento adjetivo secundario que acusa de inconstitucionales, determinando en su caso, como se violentan con su aplicación, alguno (s) de los preceptos fundamentales contenidos en nuestra norma Constitucional, pues en esta acción, contrario a lo que acontece con el planteamiento de una acción de amparo, al no existir otra instancia del procedimiento en la cual el peticionario pueda formalizar su recurso, dicha omisión no puede ser enmendada oficiosamente por esta Sala al momento de dictarse el fallo de constitucionalidad pretendido. CONSIDERANDO: Que examinado el escrito de interposición contentivo del recurso de inconstitucionalidad planteado por vía de excepción, se aprecia que si bien el recurrente ha expuesto los motivos que le sirven de fundamento a su pretensión y ha señalado en forma expresa el motivo de la inaplicabilidad vía inconstitucionalidad que pretende, esta Sala advierte que no se ha referido en forma clara y precisa al interés directo, personal, actual y legítimo que motiva su acción, requisito sine qua non para su admisión, lo que torna difusa e imprecisa su acción. CONSIDERANDO: Que por tal razón y vistos los defectos de forma en el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad presentada, se impone declarar inadmisible el presente recurso, sin perjuicio que el mismo pueda ser intentado nuevamente una vez subsanada su omisión, con una adecuada motivación jurídica de la acción constitucional que se pretende. CONSIDERANDO: Que esta Sala para mayor ilustración al recurrente debe indicar que los argumentos que ha expuesto son de manera general y no individualizada, ya que hace referencia a situaciones abstractas, que no pueden entrar a analizarse tal y como han sido formuladas, pues para ello es necesario que la Sala ejerza un control en abstracto que resultaría contrario a la lógica jurídica, pues el recurrente no expresa con exactitud qué actos u omisiones concretas han sido llevadas a cabo en perjuicio de su mandante que motive la interposición de la presente garantía del recurso, consecuentemente, no ha sido posible precisar la lesión jurídica concreta que justifique la interposición y por ende la admisión de la acción constitucional que nos ocupa. CONSIDERANDO: Que por tales razones y vistos las falencias de forma en el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad presentada, esta Sala determina que la misma no se ajusta a lo establecido para tal efecto por el artículo 79 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede declarar la inadmisibilidad de la presente acción interpuesta, sin perjuicio que el mismo pueda ser intentado nuevamente una vez subsanada su omisión, con una adecuada motivación jurídica de la acción constitucional que se pretenda. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de esta Corte Suprema de Justicia, por unanimidad; en aplicación de los artículos 184, 185 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 74, 79 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: INADMITIR el recurso de inconstitucionalidad de mérito interpuesto por el Abogado LUDWIN LISANDRO OCHOA MANZANO, a favor de MARÍA MARGARITA ORDOÑEZ FLORES, solicitando la inaplicabilidad del artículo 84 del Decreto 134-90 contentivo de la LEY DE MUNICIPALIDAD, y los artículos 151 y 152 del Decreto 018-93 que contiene el REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES; por no reunir los requisitos que la ley exige al advertirse la falta de legitimación de quien indica el recurrente ha sido agraviado, ; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se proceda al archivo de los autos. NOTIFÍQUESE. FIRMAS. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación de la resolución de fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad registrado en este Tribunal con el número SCO-1465-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL