Sentencia RI-1222-21 — Registro 18948
Resumen
La Corte de Apelaciones declaró ha lugar recurso de apelación contra Auto apelado que decretó auto de formal procesamiento, imponiendo medidas cautelares distintas a prisión preventiva contra imputada (Art 173 número 5, 6 y 7 del CPP); Dicha Corte reformó el Auto dictándolo por los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas agravado y Porte Ilegal de Municiones permitidas agravadas e impuso medida cautelar de prisión preventiva. El Juez de instancia planteó de oficio Recurso de Inconstitucionalidad contra la norma penal recurrida por considerar que violenta garantías constitucionales al prohibir que en delitos de tráfico de drogas se impongan medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, pues prejuzga la condición de inocencia para defenderse en libertad y que la caución es una medida cautelar de orden constitucional y no hace excepción para su otorgamiento; La Sala consideró que la medida cautelar de fianza o caución se sujeta a la concurrencia de los presupuestos legitimadores, su aceptación es potestativa, el que la autoridad judicial la deniegue no implica vulneración de derechos fundamentales; Los argumentos del recurrente son escasos para justificar se declare la procedencia del recurso de mérito
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la Constitución de la República señala que no se permite ningún tipo de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos en la ley; por lo tanto la ley fundamental reconoce la libertad personal como un derecho fundamental, pero al mismo tiempo consagra su carácter relativo, a legitimizar su afectación por causales previstas en el marco estricto de la legalidad, una de estas restricciones es la prisión preventiva, que es esencialmente una medida cautelar de naturaleza personal, pues, recae directamente sobre la libertad del sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal, cuya incidencia jurídica pretende garantizar la condena del presunto culpable..."..."La ausencia del imputado en algunas diligencias puede provocar la ineficacia probatoria, en consecuencia, hay excepciones en las que se hace necesaria la intervención estatal para que durante el procedimiento se asegure la actuación de ciertas pruebas que faciliten el esclarecimiento de su objeto...La prisión preventiva es una medida de coerción procesal valida, cuya legitimidad está condicionada a la concurrencia de ciertos presupuestos (formales y materiales), que debe tomar en cuenta el Juzgador al momento de decidir la medida, que se encuentran taxativamente previstos en las normas que modulan su aplicación. Ella sirve a tres objetivos: 1.- Pretende asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal. 2.- Pretende garantizar una investigación de los hechos, en debida forma, por los órganos de persecución penal. 3.- Pretende asegurar la ejecución penal. La prisión preventiva es una medida coercitiva que tiene por objeto asegurar a la persona del imputado a los fines del cumplimiento de la pena privativa de libertad..."..."Las características esenciales o notas identificativas de la prisión preventiva son su provisionalidad preventiva, instrumentalidad y cautelar, sometida su aplicación al principio de jurisdiccionalidad, y para Binder, existiría un tercer principio: el de proporcionalidad: la violencia que se ejerce como medida de coerción nunca puede ser mayor que la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de una pena, en caso de probarse el delito en cuestión. Entre las medidas que aseguran el procedimiento, la prisión preventiva es la injerencia más grave en la libertad individual; por otra parte, ello es indispensable en algunos casos para una administración de justicia penal eficiente. El principio constitucional de proporcionalidad exige restringir la medida y los límites de la prisión preventivas lo estrictamente necesario..."..."la legitimidad sustancial de la prisión preventiva supone también someter su duración en el tiempo al principio de provisionalidad. Los fines de la detención preventiva son de asegurar la pretensión punitiva estatal, que se materializan a través de la condena, así como de realizar una actividad probatoria que pueda reconstruir el hecho punible tal y como aconteció en realidad. La prisión preventiva, entonces, para no vulnerar el principio de legalidad debe durar lo estrictamente necesario para alcanzar los fines propuestos en el proceso. Si esta rebasa el tiempo estrictamente razonable, la medida se convierte en arbitraria e inconstitucional. El carácter provisorio de la prisión preventiva está relacionado directamente con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es decir, el derecho que tiene todo justiciable a que su situación jurídica sea resuelta en un plazo razonable, de acuerdo a lo estipulado en los Convenios Internacionales. Al vencimiento del plazo sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en diligencias judiciales..."..."existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún más, con el contenido de los Artículos 183 y 184, reformados, del Código Procesal Penal. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor;..."..."la jurisprudencia nacional ha sido enfática en coincidir que, en lo referente a la procedencia, naturaleza, regulación y aceptación de las cauciones, la Constitución claramente las remite a la legislación secundaria cuando declara que aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley. Siendo así, la Sala ha considerado que, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución estará sujeta a la concurrencia de los presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, al estar condicionada a estos requerimientos, siendo éste el alcance de la disposición constitucional que la ha instaurado, por ende su denegatoria por autoridad judicial o su restricción legal, como lo es el caso de todas las demás medidas cautelares, no implican incumplimiento, vulneración o desatención de los derechos fundamentales del imputado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 78 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 86 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 93 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 184 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 75 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Constitución de la República señala que no se permite ningún tipo de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos en la ley; por lo tanto la ley fundamental reconoce la libertad personal como un derecho fundamental, pero al mismo tiempo consagra su carácter relativo, a legitimizar su afectación por causales previstas en el marco estricto de la legalidad, una de estas restricciones es la prisión preventiva, que es esencialmente una medida cautelar de naturaleza personal, pues, recae directamente sobre la libertad del sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal, cuya incidencia jurídica pretende garantizar la condena del presunto culpable..."..."La ausencia del imputado en algunas diligencias puede provocar la ineficacia probatoria, en consecuencia, hay excepciones en las que se hace necesaria la intervención estatal para que durante el procedimiento se asegure la actuación de ciertas pruebas que faciliten el esclarecimiento de su objeto...La prisión preventiva es una medida de coerción procesal valida, cuya legitimidad está condicionada a la concurrencia de ciertos presupuestos (formales y materiales), que debe tomar en cuenta el Juzgador al momento de decidir la medida, que se encuentran taxativamente previstos en las normas que modulan su aplicación. Ella sirve a tres objetivos: 1.- Pretende asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal. 2.- Pretende garantizar una investigación de los hechos, en debida forma, por los órganos de persecución penal. 3.- Pretende asegurar la ejecución penal. La prisión preventiva es una medida coercitiva que tiene por objeto asegurar a la persona del imputado a los fines del cumplimiento de la pena privativa de libertad..."..."Las características esenciales o notas identificativas de la prisión preventiva son su provisionalidad preventiva, instrumentalidad y cautelar, sometida su aplicación al principio de jurisdiccionalidad, y para Binder, existiría un tercer principio: el de proporcionalidad: la violencia que se ejerce como medida de coerción nunca puede ser mayor que la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de una pena, en caso de probarse el delito en cuestión. Entre las medidas que aseguran el procedimiento, la prisión preventiva es la injerencia más grave en la libertad individual; por otra parte, ello es indispensable en algunos casos para una administración de justicia penal eficiente. El principio constitucional de proporcionalidad exige restringir la medida y los límites de la prisión preventivas lo estrictamente necesario..."..."la legitimidad sustancial de la prisión preventiva supone también someter su duración en el tiempo al principio de provisionalidad. Los fines de la detención preventiva son de asegurar la pretensión punitiva estatal, que se materializan a través de la condena, así como de realizar una actividad probatoria que pueda reconstruir el hecho punible tal y como aconteció en realidad. La prisión preventiva, entonces, para no vulnerar el principio de legalidad debe durar lo estrictamente necesario para alcanzar los fines propuestos en el proceso. Si esta rebasa el tiempo estrictamente razonable, la medida se convierte en arbitraria e inconstitucional. El carácter provisorio de la prisión preventiva está relacionado directamente con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es decir, el derecho que tiene todo justiciable a que su situación jurídica sea resuelta en un plazo razonable, de acuerdo a lo estipulado en los Convenios Internacionales. Al vencimiento del plazo sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en diligencias judiciales..."..."existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún más, con el contenido de los Artículos 183 y 184, reformados, del Código Procesal Penal. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor;..."..."la jurisprudencia nacional ha sido enfática en coincidir que, en lo referente a la procedencia, naturaleza, regulación y aceptación de las cauciones, la Constitución claramente las remite a la legislación secundaria cuando declara que aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley. Siendo así, la Sala ha considerado que, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución estará sujeta a la concurrencia de los presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, al estar condicionada a estos requerimientos, siendo éste el alcance de la disposición constitucional que la ha instaurado, por ende su denegatoria por autoridad judicial o su restricción legal, como lo es el caso de todas las demás medidas cautelares, no implican incumplimiento, vulneración o desatención de los derechos fundamentales del imputado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 86 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 87 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 93 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 184 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 75 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 80 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 92 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Constitución de la República señala que no se permite ningún tipo de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos en la ley; por lo tanto la ley fundamental reconoce la libertad personal como un derecho fundamental, pero al mismo tiempo consagra su carácter relativo, a legitimizar su afectación por causales previstas en el marco estricto de la legalidad, una de estas restricciones es la prisión preventiva, que es esencialmente una medida cautelar de naturaleza personal, pues, recae directamente sobre la libertad del sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal, cuya incidencia jurídica pretende garantizar la condena del presunto culpable..."..."La ausencia del imputado en algunas diligencias puede provocar la ineficacia probatoria, en consecuencia, hay excepciones en las que se hace necesaria la intervención estatal para que durante el procedimiento se asegure la actuación de ciertas pruebas que faciliten el esclarecimiento de su objeto...La prisión preventiva es una medida de coerción procesal valida, cuya legitimidad está condicionada a la concurrencia de ciertos presupuestos (formales y materiales), que debe tomar en cuenta el Juzgador al momento de decidir la medida, que se encuentran taxativamente previstos en las normas que modulan su aplicación. Ella sirve a tres objetivos: 1.- Pretende asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal. 2.- Pretende garantizar una investigación de los hechos, en debida forma, por los órganos de persecución penal. 3.- Pretende asegurar la ejecución penal. La prisión preventiva es una medida coercitiva que tiene por objeto asegurar a la persona del imputado a los fines del cumplimiento de la pena privativa de libertad..."..."Las características esenciales o notas identificativas de la prisión preventiva son su provisionalidad preventiva, instrumentalidad y cautelar, sometida su aplicación al principio de jurisdiccionalidad, y para Binder, existiría un tercer principio: el de proporcionalidad: la violencia que se ejerce como medida de coerción nunca puede ser mayor que la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de una pena, en caso de probarse el delito en cuestión. Entre las medidas que aseguran el procedimiento, la prisión preventiva es la injerencia más grave en la libertad individual; por otra parte, ello es indispensable en algunos casos para una administración de justicia penal eficiente. El principio constitucional de proporcionalidad exige restringir la medida y los límites de la prisión preventivas lo estrictamente necesario..."..."la legitimidad sustancial de la prisión preventiva supone también someter su duración en el tiempo al principio de provisionalidad. Los fines de la detención preventiva son de asegurar la pretensión punitiva estatal, que se materializan a través de la condena, así como de realizar una actividad probatoria que pueda reconstruir el hecho punible tal y como aconteció en realidad. La prisión preventiva, entonces, para no vulnerar el principio de legalidad debe durar lo estrictamente necesario para alcanzar los fines propuestos en el proceso. Si esta rebasa el tiempo estrictamente razonable, la medida se convierte en arbitraria e inconstitucional. El carácter provisorio de la prisión preventiva está relacionado directamente con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es decir, el derecho que tiene todo justiciable a que su situación jurídica sea resuelta en un plazo razonable, de acuerdo a lo estipulado en los Convenios Internacionales. Al vencimiento del plazo sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en diligencias judiciales..."..."existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún más, con el contenido de los Artículos 183 y 184, reformados, del Código Procesal Penal. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor;..."..."la jurisprudencia nacional ha sido enfática en coincidir que, en lo referente a la procedencia, naturaleza, regulación y aceptación de las cauciones, la Constitución claramente las remite a la legislación secundaria cuando declara que aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley. Siendo así, la Sala ha considerado que, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución estará sujeta a la concurrencia de los presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, al estar condicionada a estos requerimientos, siendo éste el alcance de la disposición constitucional que la ha instaurado, por ende su denegatoria por autoridad judicial o su restricción legal, como lo es el caso de todas las demás medidas cautelares, no implican incumplimiento, vulneración o desatención de los derechos fundamentales del imputado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 86 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 87 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 93 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 184 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 75 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 80 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 92 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Constitución de la República señala que no se permite ningún tipo de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos en la ley; por lo tanto la ley fundamental reconoce la libertad personal como un derecho fundamental, pero al mismo tiempo consagra su carácter relativo, a legitimizar su afectación por causales previstas en el marco estricto de la legalidad, una de estas restricciones es la prisión preventiva, que es esencialmente una medida cautelar de naturaleza personal, pues, recae directamente sobre la libertad del sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal, cuya incidencia jurídica pretende garantizar la condena del presunto culpable..."..."La ausencia del imputado en algunas diligencias puede provocar la ineficacia probatoria, en consecuencia, hay excepciones en las que se hace necesaria la intervención estatal para que durante el procedimiento se asegure la actuación de ciertas pruebas que faciliten el esclarecimiento de su objeto...La prisión preventiva es una medida de coerción procesal valida, cuya legitimidad está condicionada a la concurrencia de ciertos presupuestos (formales y materiales), que debe tomar en cuenta el Juzgador al momento de decidir la medida, que se encuentran taxativamente previstos en las normas que modulan su aplicación. Ella sirve a tres objetivos: 1.- Pretende asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal. 2.- Pretende garantizar una investigación de los hechos, en debida forma, por los órganos de persecución penal. 3.- Pretende asegurar la ejecución penal. La prisión preventiva es una medida coercitiva que tiene por objeto asegurar a la persona del imputado a los fines del cumplimiento de la pena privativa de libertad..."..."Las características esenciales o notas identificativas de la prisión preventiva son su provisionalidad preventiva, instrumentalidad y cautelar, sometida su aplicación al principio de jurisdiccionalidad, y para Binder, existiría un tercer principio: el de proporcionalidad: la violencia que se ejerce como medida de coerción nunca puede ser mayor que la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de una pena, en caso de probarse el delito en cuestión. Entre las medidas que aseguran el procedimiento, la prisión preventiva es la injerencia más grave en la libertad individual; por otra parte, ello es indispensable en algunos casos para una administración de justicia penal eficiente. El principio constitucional de proporcionalidad exige restringir la medida y los límites de la prisión preventivas lo estrictamente necesario..."..."la legitimidad sustancial de la prisión preventiva supone también someter su duración en el tiempo al principio de provisionalidad. Los fines de la detención preventiva son de asegurar la pretensión punitiva estatal, que se materializan a través de la condena, así como de realizar una actividad probatoria que pueda reconstruir el hecho punible tal y como aconteció en realidad. La prisión preventiva, entonces, para no vulnerar el principio de legalidad debe durar lo estrictamente necesario para alcanzar los fines propuestos en el proceso. Si esta rebasa el tiempo estrictamente razonable, la medida se convierte en arbitraria e inconstitucional. El carácter provisorio de la prisión preventiva está relacionado directamente con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es decir, el derecho que tiene todo justiciable a que su situación jurídica sea resuelta en un plazo razonable, de acuerdo a lo estipulado en los Convenios Internacionales. Al vencimiento del plazo sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en diligencias judiciales..."..."existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún más, con el contenido de los Artículos 183 y 184, reformados, del Código Procesal Penal. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor;..."..."la jurisprudencia nacional ha sido enfática en coincidir que, en lo referente a la procedencia, naturaleza, regulación y aceptación de las cauciones, la Constitución claramente las remite a la legislación secundaria cuando declara que aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley. Siendo así, la Sala ha considerado que, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución estará sujeta a la concurrencia de los presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, al estar condicionada a estos requerimientos, siendo éste el alcance de la disposición constitucional que la ha instaurado, por ende su denegatoria por autoridad judicial o su restricción legal, como lo es el caso de todas las demás medidas cautelares, no implican incumplimiento, vulneración o desatención de los derechos fundamentales del imputado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 61 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 71 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 78 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 86 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 93 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 184 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 75 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 81 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 91 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Constitución de la República señala que no se permite ningún tipo de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos en la ley; por lo tanto la ley fundamental reconoce la libertad personal como un derecho fundamental, pero al mismo tiempo consagra su carácter relativo, a legitimizar su afectación por causales previstas en el marco estricto de la legalidad, una de estas restricciones es la prisión preventiva, que es esencialmente una medida cautelar de naturaleza personal, pues, recae directamente sobre la libertad del sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal, cuya incidencia jurídica pretende garantizar la condena del presunto culpable..."..."La ausencia del imputado en algunas diligencias puede provocar la ineficacia probatoria, en consecuencia, hay excepciones en las que se hace necesaria la intervención estatal para que durante el procedimiento se asegure la actuación de ciertas pruebas que faciliten el esclarecimiento de su objeto...La prisión preventiva es una medida de coerción procesal valida, cuya legitimidad está condicionada a la concurrencia de ciertos presupuestos (formales y materiales), que debe tomar en cuenta el Juzgador al momento de decidir la medida, que se encuentran taxativamente previstos en las normas que modulan su aplicación. Ella sirve a tres objetivos: 1.- Pretende asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal. 2.- Pretende garantizar una investigación de los hechos, en debida forma, por los órganos de persecución penal. 3.- Pretende asegurar la ejecución penal. La prisión preventiva es una medida coercitiva que tiene por objeto asegurar a la persona del imputado a los fines del cumplimiento de la pena privativa de libertad..."..."Las características esenciales o notas identificativas de la prisión preventiva son su provisionalidad preventiva, instrumentalidad y cautelar, sometida su aplicación al principio de jurisdiccionalidad, y para Binder, existiría un tercer principio: el de proporcionalidad: la violencia que se ejerce como medida de coerción nunca puede ser mayor que la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de una pena, en caso de probarse el delito en cuestión. Entre las medidas que aseguran el procedimiento, la prisión preventiva es la injerencia más grave en la libertad individual; por otra parte, ello es indispensable en algunos casos para una administración de justicia penal eficiente. El principio constitucional de proporcionalidad exige restringir la medida y los límites de la prisión preventivas lo estrictamente necesario..."..."la legitimidad sustancial de la prisión preventiva supone también someter su duración en el tiempo al principio de provisionalidad. Los fines de la detención preventiva son de asegurar la pretensión punitiva estatal, que se materializan a través de la condena, así como de realizar una actividad probatoria que pueda reconstruir el hecho punible tal y como aconteció en realidad. La prisión preventiva, entonces, para no vulnerar el principio de legalidad debe durar lo estrictamente necesario para alcanzar los fines propuestos en el proceso. Si esta rebasa el tiempo estrictamente razonable, la medida se convierte en arbitraria e inconstitucional. El carácter provisorio de la prisión preventiva está relacionado directamente con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es decir, el derecho que tiene todo justiciable a que su situación jurídica sea resuelta en un plazo razonable, de acuerdo a lo estipulado en los Convenios Internacionales. Al vencimiento del plazo sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en diligencias judiciales..."..."existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún más, con el contenido de los Artículos 183 y 184, reformados, del Código Procesal Penal. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor;..."..."la jurisprudencia nacional ha sido enfática en coincidir que, en lo referente a la procedencia, naturaleza, regulación y aceptación de las cauciones, la Constitución claramente las remite a la legislación secundaria cuando declara que aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley. Siendo así, la Sala ha considerado que, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución estará sujeta a la concurrencia de los presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, al estar condicionada a estos requerimientos, siendo éste el alcance de la disposición constitucional que la ha instaurado, por ende su denegatoria por autoridad judicial o su restricción legal, como lo es el caso de todas las demás medidas cautelares, no implican incumplimiento, vulneración o desatención de los derechos fundamentales del imputado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 78 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 86 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 93 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 184 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 75 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 77 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 81 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 91 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Constitución de la República señala que no se permite ningún tipo de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos en la ley; por lo tanto la ley fundamental reconoce la libertad personal como un derecho fundamental, pero al mismo tiempo consagra su carácter relativo, a legitimizar su afectación por causales previstas en el marco estricto de la legalidad, una de estas restricciones es la prisión preventiva, que es esencialmente una medida cautelar de naturaleza personal, pues, recae directamente sobre la libertad del sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal, cuya incidencia jurídica pretende garantizar la condena del presunto culpable..."..."La ausencia del imputado en algunas diligencias puede provocar la ineficacia probatoria, en consecuencia, hay excepciones en las que se hace necesaria la intervención estatal para que durante el procedimiento se asegure la actuación de ciertas pruebas que faciliten el esclarecimiento de su objeto...La prisión preventiva es una medida de coerción procesal valida, cuya legitimidad está condicionada a la concurrencia de ciertos presupuestos (formales y materiales), que debe tomar en cuenta el Juzgador al momento de decidir la medida, que se encuentran taxativamente previstos en las normas que modulan su aplicación. Ella sirve a tres objetivos: 1.- Pretende asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal. 2.- Pretende garantizar una investigación de los hechos, en debida forma, por los órganos de persecución penal. 3.- Pretende asegurar la ejecución penal. La prisión preventiva es una medida coercitiva que tiene por objeto asegurar a la persona del imputado a los fines del cumplimiento de la pena privativa de libertad..."..."Las características esenciales o notas identificativas de la prisión preventiva son su provisionalidad preventiva, instrumentalidad y cautelar, sometida su aplicación al principio de jurisdiccionalidad, y para Binder, existiría un tercer principio: el de proporcionalidad: la violencia que se ejerce como medida de coerción nunca puede ser mayor que la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de una pena, en caso de probarse el delito en cuestión. Entre las medidas que aseguran el procedimiento, la prisión preventiva es la injerencia más grave en la libertad individual; por otra parte, ello es indispensable en algunos casos para una administración de justicia penal eficiente. El principio constitucional de proporcionalidad exige restringir la medida y los límites de la prisión preventivas lo estrictamente necesario..."..."la legitimidad sustancial de la prisión preventiva supone también someter su duración en el tiempo al principio de provisionalidad. Los fines de la detención preventiva son de asegurar la pretensión punitiva estatal, que se materializan a través de la condena, así como de realizar una actividad probatoria que pueda reconstruir el hecho punible tal y como aconteció en realidad. La prisión preventiva, entonces, para no vulnerar el principio de legalidad debe durar lo estrictamente necesario para alcanzar los fines propuestos en el proceso. Si esta rebasa el tiempo estrictamente razonable, la medida se convierte en arbitraria e inconstitucional. El carácter provisorio de la prisión preventiva está relacionado directamente con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es decir, el derecho que tiene todo justiciable a que su situación jurídica sea resuelta en un plazo razonable, de acuerdo a lo estipulado en los Convenios Internacionales. Al vencimiento del plazo sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en diligencias judiciales..."..."existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún más, con el contenido de los Artículos 183 y 184, reformados, del Código Procesal Penal. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor;..."..."la jurisprudencia nacional ha sido enfática en coincidir que, en lo referente a la procedencia, naturaleza, regulación y aceptación de las cauciones, la Constitución claramente las remite a la legislación secundaria cuando declara que aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley. Siendo así, la Sala ha considerado que, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución estará sujeta a la concurrencia de los presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, al estar condicionada a estos requerimientos, siendo éste el alcance de la disposición constitucional que la ha instaurado, por ende su denegatoria por autoridad judicial o su restricción legal, como lo es el caso de todas las demás medidas cautelares, no implican incumplimiento, vulneración o desatención de los derechos fundamentales del imputado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 86 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 87 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 93 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 184 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 74 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 77 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 80 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Constitución de la República señala que no se permite ningún tipo de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos en la ley; por lo tanto la ley fundamental reconoce la libertad personal como un derecho fundamental, pero al mismo tiempo consagra su carácter relativo, a legitimizar su afectación por causales previstas en el marco estricto de la legalidad, una de estas restricciones es la prisión preventiva, que es esencialmente una medida cautelar de naturaleza personal, pues, recae directamente sobre la libertad del sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal, cuya incidencia jurídica pretende garantizar la condena del presunto culpable..."..."La ausencia del imputado en algunas diligencias puede provocar la ineficacia probatoria, en consecuencia, hay excepciones en las que se hace necesaria la intervención estatal para que durante el procedimiento se asegure la actuación de ciertas pruebas que faciliten el esclarecimiento de su objeto...La prisión preventiva es una medida de coerción procesal valida, cuya legitimidad está condicionada a la concurrencia de ciertos presupuestos (formales y materiales), que debe tomar en cuenta el Juzgador al momento de decidir la medida, que se encuentran taxativamente previstos en las normas que modulan su aplicación. Ella sirve a tres objetivos: 1.- Pretende asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal. 2.- Pretende garantizar una investigación de los hechos, en debida forma, por los órganos de persecución penal. 3.- Pretende asegurar la ejecución penal. La prisión preventiva es una medida coercitiva que tiene por objeto asegurar a la persona del imputado a los fines del cumplimiento de la pena privativa de libertad..."..."Las características esenciales o notas identificativas de la prisión preventiva son su provisionalidad preventiva, instrumentalidad y cautelar, sometida su aplicación al principio de jurisdiccionalidad, y para Binder, existiría un tercer principio: el de proporcionalidad: la violencia que se ejerce como medida de coerción nunca puede ser mayor que la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de una pena, en caso de probarse el delito en cuestión. Entre las medidas que aseguran el procedimiento, la prisión preventiva es la injerencia más grave en la libertad individual; por otra parte, ello es indispensable en algunos casos para una administración de justicia penal eficiente. El principio constitucional de proporcionalidad exige restringir la medida y los límites de la prisión preventivas lo estrictamente necesario..."..."la legitimidad sustancial de la prisión preventiva supone también someter su duración en el tiempo al principio de provisionalidad. Los fines de la detención preventiva son de asegurar la pretensión punitiva estatal, que se materializan a través de la condena, así como de realizar una actividad probatoria que pueda reconstruir el hecho punible tal y como aconteció en realidad. La prisión preventiva, entonces, para no vulnerar el principio de legalidad debe durar lo estrictamente necesario para alcanzar los fines propuestos en el proceso. Si esta rebasa el tiempo estrictamente razonable, la medida se convierte en arbitraria e inconstitucional. El carácter provisorio de la prisión preventiva está relacionado directamente con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es decir, el derecho que tiene todo justiciable a que su situación jurídica sea resuelta en un plazo razonable, de acuerdo a lo estipulado en los Convenios Internacionales. Al vencimiento del plazo sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en diligencias judiciales..."..."existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún más, con el contenido de los Artículos 183 y 184, reformados, del Código Procesal Penal. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor;..."..."la jurisprudencia nacional ha sido enfática en coincidir que, en lo referente a la procedencia, naturaleza, regulación y aceptación de las cauciones, la Constitución claramente las remite a la legislación secundaria cuando declara que aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley. Siendo así, la Sala ha considerado que, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución estará sujeta a la concurrencia de los presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, al estar condicionada a estos requerimientos, siendo éste el alcance de la disposición constitucional que la ha instaurado, por ende su denegatoria por autoridad judicial o su restricción legal, como lo es el caso de todas las demás medidas cautelares, no implican incumplimiento, vulneración o desatención de los derechos fundamentales del imputado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 87 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 184 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 74 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 77 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 91 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Constitución de la República señala que no se permite ningún tipo de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos en la ley; por lo tanto la ley fundamental reconoce la libertad personal como un derecho fundamental, pero al mismo tiempo consagra su carácter relativo, a legitimizar su afectación por causales previstas en el marco estricto de la legalidad, una de estas restricciones es la prisión preventiva, que es esencialmente una medida cautelar de naturaleza personal, pues, recae directamente sobre la libertad del sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal, cuya incidencia jurídica pretende garantizar la condena del presunto culpable..."..."La ausencia del imputado en algunas diligencias puede provocar la ineficacia probatoria, en consecuencia, hay excepciones en las que se hace necesaria la intervención estatal para que durante el procedimiento se asegure la actuación de ciertas pruebas que faciliten el esclarecimiento de su objeto...La prisión preventiva es una medida de coerción procesal valida, cuya legitimidad está condicionada a la concurrencia de ciertos presupuestos (formales y materiales), que debe tomar en cuenta el Juzgador al momento de decidir la medida, que se encuentran taxativamente previstos en las normas que modulan su aplicación. Ella sirve a tres objetivos: 1.- Pretende asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal. 2.- Pretende garantizar una investigación de los hechos, en debida forma, por los órganos de persecución penal. 3.- Pretende asegurar la ejecución penal. La prisión preventiva es una medida coercitiva que tiene por objeto asegurar a la persona del imputado a los fines del cumplimiento de la pena privativa de libertad..."..."Las características esenciales o notas identificativas de la prisión preventiva son su provisionalidad preventiva, instrumentalidad y cautelar, sometida su aplicación al principio de jurisdiccionalidad, y para Binder, existiría un tercer principio: el de proporcionalidad: la violencia que se ejerce como medida de coerción nunca puede ser mayor que la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de una pena, en caso de probarse el delito en cuestión. Entre las medidas que aseguran el procedimiento, la prisión preventiva es la injerencia más grave en la libertad individual; por otra parte, ello es indispensable en algunos casos para una administración de justicia penal eficiente. El principio constitucional de proporcionalidad exige restringir la medida y los límites de la prisión preventivas lo estrictamente necesario..."..."la legitimidad sustancial de la prisión preventiva supone también someter su duración en el tiempo al principio de provisionalidad. Los fines de la detención preventiva son de asegurar la pretensión punitiva estatal, que se materializan a través de la condena, así como de realizar una actividad probatoria que pueda reconstruir el hecho punible tal y como aconteció en realidad. La prisión preventiva, entonces, para no vulnerar el principio de legalidad debe durar lo estrictamente necesario para alcanzar los fines propuestos en el proceso. Si esta rebasa el tiempo estrictamente razonable, la medida se convierte en arbitraria e inconstitucional. El carácter provisorio de la prisión preventiva está relacionado directamente con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es decir, el derecho que tiene todo justiciable a que su situación jurídica sea resuelta en un plazo razonable, de acuerdo a lo estipulado en los Convenios Internacionales. Al vencimiento del plazo sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en diligencias judiciales..."..."existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún más, con el contenido de los Artículos 183 y 184, reformados, del Código Procesal Penal. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor;..."..."la jurisprudencia nacional ha sido enfática en coincidir que, en lo referente a la procedencia, naturaleza, regulación y aceptación de las cauciones, la Constitución claramente las remite a la legislación secundaria cuando declara que aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley. Siendo así, la Sala ha considerado que, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución estará sujeta a la concurrencia de los presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, al estar condicionada a estos requerimientos, siendo éste el alcance de la disposición constitucional que la ha instaurado, por ende su denegatoria por autoridad judicial o su restricción legal, como lo es el caso de todas las demás medidas cautelares, no implican incumplimiento, vulneración o desatención de los derechos fundamentales del imputado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 86 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 93 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 184 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 74 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 80 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 92 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Constitución de la República señala que no se permite ningún tipo de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos en la ley; por lo tanto la ley fundamental reconoce la libertad personal como un derecho fundamental, pero al mismo tiempo consagra su carácter relativo, a legitimizar su afectación por causales previstas en el marco estricto de la legalidad, una de estas restricciones es la prisión preventiva, que es esencialmente una medida cautelar de naturaleza personal, pues, recae directamente sobre la libertad del sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal, cuya incidencia jurídica pretende garantizar la condena del presunto culpable..."..."La ausencia del imputado en algunas diligencias puede provocar la ineficacia probatoria, en consecuencia, hay excepciones en las que se hace necesaria la intervención estatal para que durante el procedimiento se asegure la actuación de ciertas pruebas que faciliten el esclarecimiento de su objeto...La prisión preventiva es una medida de coerción procesal valida, cuya legitimidad está condicionada a la concurrencia de ciertos presupuestos (formales y materiales), que debe tomar en cuenta el Juzgador al momento de decidir la medida, que se encuentran taxativamente previstos en las normas que modulan su aplicación. Ella sirve a tres objetivos: 1.- Pretende asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal. 2.- Pretende garantizar una investigación de los hechos, en debida forma, por los órganos de persecución penal. 3.- Pretende asegurar la ejecución penal. La prisión preventiva es una medida coercitiva que tiene por objeto asegurar a la persona del imputado a los fines del cumplimiento de la pena privativa de libertad..."..."Las características esenciales o notas identificativas de la prisión preventiva son su provisionalidad preventiva, instrumentalidad y cautelar, sometida su aplicación al principio de jurisdiccionalidad, y para Binder, existiría un tercer principio: el de proporcionalidad: la violencia que se ejerce como medida de coerción nunca puede ser mayor que la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de una pena, en caso de probarse el delito en cuestión. Entre las medidas que aseguran el procedimiento, la prisión preventiva es la injerencia más grave en la libertad individual; por otra parte, ello es indispensable en algunos casos para una administración de justicia penal eficiente. El principio constitucional de proporcionalidad exige restringir la medida y los límites de la prisión preventivas lo estrictamente necesario..."..."la legitimidad sustancial de la prisión preventiva supone también someter su duración en el tiempo al principio de provisionalidad. Los fines de la detención preventiva son de asegurar la pretensión punitiva estatal, que se materializan a través de la condena, así como de realizar una actividad probatoria que pueda reconstruir el hecho punible tal y como aconteció en realidad. La prisión preventiva, entonces, para no vulnerar el principio de legalidad debe durar lo estrictamente necesario para alcanzar los fines propuestos en el proceso. Si esta rebasa el tiempo estrictamente razonable, la medida se convierte en arbitraria e inconstitucional. El carácter provisorio de la prisión preventiva está relacionado directamente con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es decir, el derecho que tiene todo justiciable a que su situación jurídica sea resuelta en un plazo razonable, de acuerdo a lo estipulado en los Convenios Internacionales. Al vencimiento del plazo sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en diligencias judiciales..."..."existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún más, con el contenido de los Artículos 183 y 184, reformados, del Código Procesal Penal. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor;..."..."la jurisprudencia nacional ha sido enfática en coincidir que, en lo referente a la procedencia, naturaleza, regulación y aceptación de las cauciones, la Constitución claramente las remite a la legislación secundaria cuando declara que aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley. Siendo así, la Sala ha considerado que, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución estará sujeta a la concurrencia de los presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, al estar condicionada a estos requerimientos, siendo éste el alcance de la disposición constitucional que la ha instaurado, por ende su denegatoria por autoridad judicial o su restricción legal, como lo es el caso de todas las demás medidas cautelares, no implican incumplimiento, vulneración o desatención de los derechos fundamentales del imputado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 86 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 87 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 184 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 185 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 74 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 80 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 81 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de mayo de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto Vía Oficio por el Abogado PLINIO LEONEL CONSUEGRA MONDRAGÓN, en su condición de Juez de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, contra el Artículo 184 del Código Procesal Penal, último párrafo contenido en el Decreto No. 56-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha 16 de abril de 2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 33, 126 del 17 de mayo del año 2013 reformado mediante decreto 36-2020 del veinticuatro de abril dos 2020, en cuanto a la regulación de la sustitución de la medida cautelar de Prisión Preventiva., en la causa instruida contra la señora IVANYA GISELL SÁNCHEZ ADRIANO, por suponerla responsable del delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS y por el delito de PORTE ILEGAL DE MUNICIONES PERMITIDAS AGRAVADAS en perjuicio del ORDEN PÚBLICO. ANTECEDENTES 1.En fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, la Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogada MELISSA TURCIOS, compareció al Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, a presentar Requerimiento Fiscal en contra de la señora IVANYA GISELL SÁNCHEZ ADRIANO, por suponerla responsable del delito de TRÁFICO DE DROGAS Y PORTE ILEGAL DE MUNICIONES PERMITIDAS AGRAVADAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS y del ORDEN PÚBLICO. 2.En fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, el referido Juzgado de Letras Penal, celebró Audiencia Inicial, en la cual decretó Auto de Formal Procesamiento contra la señora IVANYA GISELL SÁNCHEZ ADRIANO, por el delito de ENCUBRIMIENTO PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, en concurso real con el delito de ENCUBRIMIENTO PARA EL PORTE ILEGAL DE MUNICIONES PERMITIDAS imponiéndole las medidas cautelares consignadas en el Artículo 173 numerales 5, 6 y 7 del Código Procesal Penal, resolución que fue impugnada en apelación por el Ministerio Público.3.En fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, resolvió declarando HA LUGAR, el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RENE RAÚL GARCIA, como representante del Ministerio Público y reformando el auto dictado por el A Quo dictándolo por los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado y Porte Ilegal de Municiones permitidas agravadas, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva. 4.En fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, el Abogado JOSUE ISRAEL CÁCERES, actuando en su condición de Apoderado Legal de la Señora IVANYA GISELL SANCHEZ ADRIANO, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, solicitando la Revisión de la medida cautelar de Prisión Preventiva por una menos gravosa. (Folio 132 de la pieza de antecedentes).5.En fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, remitió las diligencias instruidas contra IVANYA GISELL SANCHEZ ADRIANO, en virtud de un recurso de Inconstitucionalidad interpuesto (sic) vía excepción por el Abogado PLINIO LEONEL CONSUEGRA MONDRAGÓN, en su condición de Juez de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.6.En fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós, la Sala previo a la admisión del recurso de Inconstitucionalidad de que se hecho relación, ordenó librar comunicación al Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, junto con los antecedentes, para que dentro del plazo de tres (3) días hábiles remitiera el escrito que contenía el Recurso de Inconstitucionalidad intentado, ya que de la revisión de dichos antecedentes, no se apreciaba que el mismo constara en el expediente de mérito. (Folio 3 del Recurso).7.En fecha seis de abril de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, cumplimentó lo solicitado, remitiendo a la Sala de lo Constitucional el escrito del Recurso de Inconstitucionalidad, interpuesto vía excepción por el Abogado PLINIO LEONEL CONSUEGRA MONDRAGÓN, en su condición de Juez de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, contra el Artículo 184 del Código Procesal Penal, manifestando que interpone el mismo, ya que al llevarse a cabo la audiencia de medidas cautelares solicitada por la defensa, el Ministerio Público se opuso a la misma, por considerar que el citado Artículo prohíbe que los delitos relacionados con el Tráfico de Drogas, se impongan medidas cautelares diferentes. El Juez de Letras Penal ordenó imponer las medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, planteando por la vía de excepción recurso de inconstitucionalidad contra el Artículo 184 del Código Procesal Penal, y se declare su inconstitucionalidad. (Folio 9 y 10 del presente recurso).8.En fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós, la Sala admitió el recurso de inconstitucionalidad de mérito, presentado de oficio por el Abogado PLINIO LEONEL CONSUEGRA MONDRAGÓN en su condición de Juez de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán omitiendo el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional, al estar dirigido el recurso contra el Artículo 184 del Código Procesal Penal, y disponiendo dar traslado de las diligencias al Fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen. (Folio 15 del recurso).9.En fecha doce de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por evacuado el traslado concedido a la Fiscal del Ministerio Público Abogada SANDRA LORENA ZÚNIGA, teniéndola por abstenida de emitir dictamen de conformidad al artículo 37 de la Ley del Ministerio Público, al derivarse la misma de una acción promovida por dicho ente. (Folios 18 al 21 del expediente contentivo del recurso).FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA I.Sobre la garantía de inconstitucionalidad. De conformidad con el artículo 184 de la Constitución, las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir, por inconstitucionalidad formal o material; correspondiendo a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia, debiendo pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas.1.Refiere la primera modalidad a la formación de la Ley, verificando si se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco Constitucional.2. En cuanto a la segunda opción, con ésta se determinaría la posible inadecuación de la ley secundaria respecto a la norma primaria; problema de fondo que requerirá una labor de interpretación y confrontación de dos (2) normas de distinto rango y jerarquía; a fin de verificar la conformidad, o disconformidad, de la norma secundaria, respecto a la norma fundamental, a efecto hacer prevalecer el valor de la Supremacía Constitucional. De verificarse tal antinomia, es decir, la confrontación esencial, no susceptible de armonización a través de la interpretación conforme; se procederá por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a decretar la expulsión de la norma declarada inconstitucional del ordenamiento jurídico. Asimismo, la Ley determina que tal declaratoria será de ejecución inmediata y tendrá efectos generales, comportando la derogación de la norma inconstitucional; debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario Oficial “La Gaceta”. II. Examen sobre la legitimación activa de quien interpone la garantía de inconstitucionalidad. La Constitución de la República dispone en el artículo 185, quienes están facultados para interponer la garantía de inconstitucionalidad, así: “Artículo 185. La declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, debe solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo: 1) Por vía de acción que se debe entablar ante la Corte Suprema de Justicia; 2) Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial; y, 3) También el órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación antes de dictar resolución. En los casos contemplados en los numerales 2) y 3), se debe elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, siguiéndose el procedimiento hasta el momento de la citación para la sentencia, a partir de lo cual se debe suspender el procedimiento judicial de la cuestión parcial en espera de la resolución sobre la inconstitucionalidad.” De lo anteriormente expuesto, las normativas constitucional y legal, establecen con meridiana claridad, que la solicitud de oficio sólo pueda ser interpuesta por el órgano jurisdiccional que conozca del procedimiento judicial, refiriéndose obviamente al caso concreto en el que se deba de aplicar la norma presumiblemente inconstitucional. III.En continencia a lo anteriormente establecido, la Constitución de la República en su artículo 185, con relación a los artículos 77 párrafo tercero, 78 y 79 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, garantiza el derecho que asiste al órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento judicial a instar la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación antes de dictar resolución, por la vía de oficio ante la Corte Suprema de Justicia; siempre que se acredite el interés directo, personal y legítimo del solicitante. IV. Que, en consideración al cumplimiento de los mencionados requisitos de procedibilidad constitucional, esta Sala conoce de la acción de Inconstitucionalidad que ha promovido el compareciente, Abogado PLINIO LEONEL CONSUEGRA MONDRAGÓN, en su condición de Juez de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, contra la norma legal comprendida en el Artículo 184 del Código Procesal Penal, (Decreto Legislativo No. 56-2013), que prohíbe que en los delitos relacionados con el tráfico de drogas se impongan medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, Argumenta el compareciente que dicha disposición violenta las garantías constitucionales señaladas en el artículo 69, 90, y 93 de la Constitución de la república, explicando sus motivos así:1.El accionante discute que la cuestionada norma violenta el derecho de libertad por cuanto no permite al juez que el ciudadano pueda: “optar en válido estado de inocencia a la posibilidad de defenderse en libertad.”2.A su vez, arguye que la norma procesal del Artículo 184 del Código Procesal Penal se contrapone al debido proceso por cuanto prejuzga la condición de inocencia impidiendo que la ciudadana IVANYA GISELL SÁNCHEZ ADRIANO pueda defenderse en libertad, señalando el impetrante que:“no es inocente por lo que se presume como traficante y como traficante no se permite su libertad.”3.Se argumenta a su vez que, siendo la caución una medida cautelar de orden constitucional, se discute que la Constitución no hace excepción alguna para su otorgamiento pero que la norma secundaria impugnada si lo hace, al ordenar la prohibición para tres tipos de delitos, cuando la ley constitucional:“no excluye a ningún ciudadano de la posibilidad de obtener su libertad en juicio por su estado de inocencia” V.Que, realizado el traslado de ley al Ministerio Público, este se pronunció en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), absteniéndose de emitir opinión en virtud que la presente acción promovida por el Juez Plinio Leonel Consuegra, es en relación directa al proceso que promoviera el Ministerio Público a través de requerimiento fiscal presentado contra la ciudadana IVANYA GISSELL SÁNCHEZ.VI. Examen de la Sala de lo Constitucional a lo expuesto por el recurrente: 1. Que con respecto a la alegada contraposición del Artículo 184 del Código Procesal Penal con los derechos a la libertad, al debido proceso y a la presunción de inocencia reconocidos en la Constitución de la República, la Sala ya se ha pronunciado al respecto en la acción de inconstitucionalidad con número de registro RI 0882-2015, cuya sentencia fue dictada en 21 de febrero de 2017, estableciéndose lo siguiente:“…CONSIDERANDO OCHO (8): Que como es sabido, el proceso penal es la única vía legitimada para qué el Estado pueda imponer su pretensión punitiva, que solo puede materializarse a través de un procedimiento con todas las garantías establecidas en la Constitución y las leyes. La justicia material para lograr su consolidación debe imponer las sanciones conforme al ordenamiento jurídico-punitivo caso contrario se constituiría en un mero simbolismo que en nada coadyuvaría al fortalecimiento de un Estado de Derecho Constitucional. El proceso penal se orienta a la concretización de la pena y a la satisfacción de la exigencia económica de reparar los daños causados en los bienes jurídicos de la víctima. De tal manera que el proceso penal realmente garantista debe orientar su funcionalidad para acoger ambas pretensiones con celeridad y eficacia a efecto de lograr la tutela jurisdiccional. En este contexto la legislación procesal penal, prevé una serie de medidas cautelares que tienen por objetivo esencial garantizar la materialización efectiva de la condena y de la reparación civil; lo que constituye un fenómeno de ejecución anticipada para obtener los medios de prueba necesarios para reconstruir los hechos acaecidos en la realidad. Tanto la pretensión penal y civil deben ser resguardados y cautelados para que al final del procedimiento penal puedan ser materializados en los bienes jurídicos del imputado, quién puede verse sometido a restricciones de la más variable índole. En efecto, la persecución penal amerita la imposición de ciertas medidas, que tienden a cautelar sus fines esenciales, esto es, la imposición de la condena y la satisfacción económica del agraviado (reparación civil). Es difícil que el imputado acepte libremente someterse a una persecución que afectara sus intereses particulares, puesto que conocido el requerimiento por parte de la justicia tratara de sustraerse de aquella eludiendo su llamamiento. Antes que beneficiar al proceso, la inasistencia del procesado provoca graves perjuicios a la actividad probatoria, no por constituir fuente de prueba sino porque su presencia condiciona la validez de las diligencias de conformidad con un sistema adversarial-acusatorio, así como la prohibición constitucional de condena en ausencia. Por otro lado, es muy probable que trate de enajenar sus bienes con el consiguiente perjuicio a la víctima. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Constitución de la República señala que no se permite ningún tipo de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos en la ley; por lo tanto la ley fundamental reconoce la libertad personal como un derecho fundamental, pero al mismo tiempo consagra su carácter relativo, a legitimizar su afectación por causales previstas en el marco estricto de la legalidad, una de estas restricciones es la prisión preventiva, que es esencialmente una medida cautelar de naturaleza personal, pues, recae directamente sobre la libertad del sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal, cuya incidencia jurídica pretende garantizar la condena del presunto culpable. La libertad es un bien jurídico que permite la autorrealización del individuo y que posibilita su intervención en concretas actividades socioeconómicas. La libertad en el antiguo régimen inquisitivo era un bien jurídico devaluado, su aceptación era la regla y su confirmación la excepción y era utilizada como medida cautelar destinada a asegurar los efectos positivos de la condena, así como para propiciar suplicios y dolores al detenido. En el modelo procesal mixto la libertad individual únicamente se limitaba a razones de necesidad y urgencia, la justicia penal debía realizarse en presencia del imputado, de acuerdo con una actividad probatoria y de acuerdo a las reglas del contradictorio y el derecho de defensa. Debe advertirse que la condena es la culminación del procedimiento, la eficacia de la investigación depende del desarrollo probatorio que se pueda alcanzar mediante la intervención de los sujetos procesales; y es fundamental la presencia del imputado, puesto que lejos de considerarlo un objeto de prueba, su participación es necesaria para la actuación de ciertos medios probatorios. La ausencia del imputado en algunas diligencias puede provocar la ineficacia probatoria, en consecuencia, hay excepciones en las que se hace necesaria la intervención estatal para que durante el procedimiento se asegure la actuación de ciertas pruebas que faciliten el esclarecimiento de su objeto. La prisión provisional para Fenech es un acto cautelar por el que se produce una limitación de la libertad individual de una persona en virtud de una resolución judicial y que tiene por objeto el ingreso de esta en un establecimiento público, destinado al efecto, con el fin de asegurar los fines del proceso y la eventual ejecución de la pena. La prisión preventiva es una medida de coerción procesal valida, cuya legitimidad está condicionada a la concurrencia de ciertos presupuestos (formales y materiales), que debe tomar en cuenta el Juzgador al momento de decidir la medida, que se encuentran taxativamente previstos en las normas que modulan su aplicación. Ella sirve a tres objetivos: 1.- Pretende asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal. 2.- Pretende garantizar una investigación de los hechos, en debida forma, por los órganos de persecución penal. 3.- Pretende asegurar la ejecución penal. La prisión preventiva es una medida coercitiva que tiene por objeto asegurar a la persona del imputado a los fines del cumplimiento de la pena privativa de libertad. El aseguramiento de una pena corporal, traducido en la detención judicial intenta justificar una medida preventiva que tiene su génesis en la inseguridad que genera la criminalidad para la sociedad que necesariamente se plasma en primer lugar en el imputado. Este razonado temor e inseguridad que genera la criminalidad en la sociedad aumenta en nuestro país debido a los altos índices de criminalidad que registra en la actualidad. Toda sociedad busca su seguridad jurídica, entendida esta última como un supuesto esencial para la vida de los pueblos, el desenvolvimiento normal de los individuos e instituciones que los integran, en virtud a ella el mandato de detención aparece como una respuesta del sistema penal frente a la potencialidad delictiva del imputado; la aplicación de dicha medida transitoriamente asegurará a la sociedad frente al presunto culpable y es admisible en cualquier estado del procedimiento. Las características esenciales o notas identificativas de la prisión preventiva son su provisionalidad preventiva, instrumentalidad y cautelar, sometida su aplicación al principio de jurisdiccionalidad, y para Binder, existiría un tercer principio: el de proporcionalidad: la violencia que se ejerce como medida de coerción nunca puede ser mayor que la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de una pena, en caso de probarse el delito en cuestión. Entre las medidas que aseguran el procedimiento, la prisión preventiva es la injerencia más grave en la libertad individual; por otra parte, ello es indispensable en algunos casos para una administración de justicia penal eficiente. El principio constitucional de proporcionalidad exige restringir la medida y los límites de la prisión preventivas lo estrictamente necesario. El problema se potencializa en países en que las tasas de criminalidad son altas y el sistema procesal penal no es suficiente para luchar contra ese fenómeno, uno de esas sociedades es la hondureña que tiene altos índices de criminalidad, por lo que la aplicación de esta medida de seguridad resulta necesaria y la colisión de derechos libertad-seguridad son aún muy discutibles. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la legitimidad material (constitucional) de la prisión preventiva está condicionada a la concurrencia de presupuestos materiales (funus bonus iuris y periculum in mora), formales (jurisdiccionalidad, motivación) y que se adopte la medida bajo las reglas del principio acusatorio. Empero, la legitimidad sustancial de la prisión preventiva supone también someter su duración en el tiempo al principio de provisionalidad. Los fines de la detención preventiva son de asegurar la pretensión punitiva estatal, que se materializan a través de la condena, así como de realizar una actividad probatoria que pueda reconstruir el hecho punible tal y como aconteció en realidad. La prisión preventiva, entonces, para no vulnerar el principio de legalidad debe durar lo estrictamente necesario para alcanzar los fines propuestos en el proceso. Si esta rebasa el tiempo estrictamente razonable, la medida se convierte en arbitraria e inconstitucional. El carácter provisorio de la prisión preventiva está relacionado directamente con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es decir, el derecho que tiene todo justiciable a que su situación jurídica sea resuelta en un plazo razonable, de acuerdo a lo estipulado en los Convenios Internacionales. Al vencimiento del plazo sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en diligencias judiciales. CONSIDERANDO ONCE (11): Que si bien se establece de una manera general por el Artículo 69 de la Constitución de la República que la libertad personal es inviolable y que sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente, también es cierto que no podemos desconocer que algunos derechos no son absolutos, con excepciones como el derecho a la vida, a la integridad física, derecho de defensa, etc., que son totalmente absolutos; existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún más, con el contenido de los Artículos 183 y 184, reformados, del Código Procesal Penal. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. Pero, la retroactividad de la ley procesal en virtud del principio “tempus regit actum” (los actos procesales se rigen por las normas vigentes en el momento en que deben producirse tales actos), el cual debe estar referido al momento del proceso y no al de la comisión del delito; por otro lado, hay quien sugiere que no es del todo acertado hablar de “retroactividad” de la ley procesal, puesto que ésta se aplica en relación con actos procesales que van a ser realizados en el futuro, por lo que en realidad no se proyecta hacia atrás…”.2.Con respecto a la alegada violación del derecho a rendir caución, se advierte que, aunque el recurrente ha sido muy escaso en esta—y en todas sus argumentaciones—pareciera entender, erróneamente, que el ofrecimiento de fianza o caución en un proceso penal implica la aquiescencia obligatoria del órgano jurisdiccional que conoce del asunto que que la misma debe ser otorgada sin excepción alguna e incluso, pareciera aducirse que el ofrecimiento de caución debe ser concedida por el órgano jurisdiccional de pleno derecho. Sobre este tema, la jurisprudencia nacional ha sido enfática en coincidir que, en lo referente a la procedencia, naturaleza, regulación y aceptación de las cauciones, la Constitución claramente las remite a la legislación secundaria cuando declara que aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley. Siendo así, la Sala ha considerado que, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución estará sujeta a la concurrencia de los presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, al estar condicionada a estos requerimientos, siendo éste el alcance de la disposición constitucional que la ha instaurado, por ende su denegatoria por autoridad judicial o su restricción legal, como lo es el caso de todas las demás medidas cautelares, no implican incumplimiento, vulneración o desatención de los derechos fundamentales del imputado. Es oportuno acotar además, que al momento del decreto y sanción de la Constitución de la República y del texto del Artículo 93—que no ha sufrido reformas—el procedimiento penal se encontraba regulado por el Código de Procedimiento de 1906, específicamente en su segunda parte relativa a los PROCEDIMIENTOS EN MATERIA CRIMINAL, que regulaba las cauciones en el Título IV, en lo relacionado a los incidentes en el juicio criminal; disponiendo en el artículo 1260 que la libertad bajo caución estaba condicionada a que el delito fuese de naturaleza que por ley no mereciera pena de presidio o reclusión mayor.Con posterioridad, al aprobarse el CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES de 1985, fue intención del legislador, limitar a su vez los delitos en los que permitía la libertad bajo caución, siendo éstos únicamente aquellos en los que la pena no fuese mayor a los cinco años de reclusión.Con la aprobación del CÓDIGO PROCESAL PENAL en vigencia desde 2002, el legislador se apartó del criterio que predominó por más de 80 años en nuestro país de limitar la libertad bajo caución atendiendo a la naturaleza del delito o a la extensión de la pena, optando por fijarla en el proceso cautelar como una medida de carácter patrimonial, y, aunque esta normativa ha sido objeto de críticas por la exigua regulación ofrecida por el legislador legal, resulta patente que la intención del legislador ha sido que, el ofrecimiento de fianza o caución, como toda medida cautelar, estará sujeto al cumplimiento de determinados presupuestos materiales y formales, que serán considerados por el órgano jurisdiccional de que se trate, como ya queda dicho. VIL. Dicho lo anterior, y quedando establecido que la garantía de inconstitucionalidad ha sido configurada para que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional, sea por confrontar el contenido esencial de derechos resguardados por la Carta Magna, o bien, por vulnerar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional en materia de Derechos Humanos, la Sala de lo Constitucional observa que, resulta evidente que los argumentos presentados por el Juez PLINIO LEONEL CONSUEGRA MONDRAGÓN, han resultado escasos e insuficientes para acreditar y justificar causal alguna que permita declarar la procedencia del Recurso de Inconstitucionalidad que se ha presentado, siendo además que esta Sala con anterioridad ya emitió pronunciamiento con respecto a dos de los tres motivos de inconstitucionalidad que se han planteado en la presente acción, esto en los Recursos de Inconstitucionalidad con números de registro RI 275-2015 y RI 882-15, cuyos razonamientos se han hecho valer en el presente fallo, somos del firme criterio porque la presente acción de inconstitucionalidad debe ser desestimada y así debe declararse.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 18, 59, 60, 61, 64, 68, 69, 71, 78, 82, 86, 87, 89, 90, 93, 184, 185 No. 1, 303, 304, 313 No. 5 y 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 1) y 4), 77 No. 1), 78, 79, 80, 81,91, 92 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de inconstitucionalidad promovido vía Oficio por el Juez PLINIO LEONEL CONSUEGRA MONDRAGÓN, por razón de contenido contra el artículo 184 del Código Procesal Penal, comprendido en el Decreto No. 56-2013 del Congreso Nacional de la República aprobado en fecha 16 de abril de 2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 33, 126 del 17 de mayo del año 2013, reformado mediante decreto 36-2020 del veinticuatro de abril dos 2020; específicamente contra el último párrafo del referido artículo; Y MANDA: 1) Que se proceda a hacer del conocimiento de la garantista el presente fallo, y; 2) Que se proceda a la devolución de los antecedentes y se proceda, en su oportunidad, al archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de Fecha siete de mayo de dos mil veinticuatro, recaídas en el Recurso de Inconstitucionalidad Registrado en este Tribunal con el número SCO-1222-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL