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Sentencia EP-892-23 — Registro 18206

Resumen

Se recurre contra actuaciones de la autoridad penitenciaria de someter a agraviados a una serie de vejámenes y actos que atentan contra su dignidad de persona humana, exponiendo la peticionaria que el 26 de los corrientes los agraviados fueron sometidos a una serie de vejámenes y actos que atentan contra su dignidad de persona humana, ( al ser despojados de la totalidad de su ropa incluyendo sus prendas íntimas e introducir los miembros armados de la Policía Militar del Orden Público, meten sus dedos con guantes en las partes íntimas como ser el ano, sin el apoyo de personal sanitario como lo manda la Ley y sin ningún tipo de indicios que identifiquen que la persona sometida a este procedimiento porta objetos prohibidos, al igual que se les obligo realizar culucas, lagartijas y golpear sus genitales, luego se les obligo a permanecer solo en ropa interior amarrados unos tras otros todo el día expuestos al sol, sin alimentación ni agua y profiriendo palabras que hieren la dignidad de las personas..., por lo que considera la peticionaria se les están violentando varias de sus garantías constitucionales como ser el derecho a no ser objeto de tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción y molestia innecesaria para su seguridad individual

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" De la documentación presentada por los Jueces Ejecutores nombrados, a efecto de constatar los extremos denunciados, en el Módulo de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario Tamara, Francisco Morazán, se desprende las declaraciones de privados de libertad que resultan constitutivas de vejámenes, restricciones y molestias innecesarias para su seguridad individual como para el orden de la penitenciaria; vulnerando, por tanto, lo establecido en el numeral 1) literal b) del artículo 182 de la Constitución de la República, en relación a lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; del mismo modo, los ejecutores realizaron una exposición de veinticinco falencias que se deben corregir, por lo que resulta procedente otorgar la garantía de Hábeas Corpus Correctivo, a efecto de que se les restituya en el goce y disfrute de los derechos restringidos y/o conculcados, mediante las medidas correctivas que obran recomendadas..." …" En general, proveer los medios que garanticen la indemnidad personal de las personas recluidas, en virtud haber quedado establecida su vulnerabilidad; dadas las condiciones estructurales en que guardan detención o prisión legal, según ha quedado de manifiesto..."

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la señora Bessy Liseth Matero Argueta, en su condición de Presidenta de la Asociación de Familiares de Personas Recluidas en Centros Penales de Honduras (ASOFAPRECPH), a favor de Todas las Personas Privadas de Libertad del Módulo de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario ubicado en la localidad de Támara, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, contra actuaciones del Director de dicho Centro Penitenciario y de la Policía Militar del Orden Público, expone la peticionaria que recurre “…el 26 de los corrientes los agraviados fueron sometidos a una serie de vejámenes y actos que atentan contra su dignidad de persona humana, al ser despojados de la totalidad de su ropa incluyendo sus prendas íntimas e introducir los miembros armados de la Policía Militar del Orden Público, meten sus dedos con guantes en las partes íntimas como ser el ano, sin el apoyo de personal sanitario como lo manda la Ley y sin ningún tipo de indicios que identifiquen que la persona sometida a este procedimiento porta objetos prohibidos, al igual que se les obligo realizar culucas, lagartijas y golpear sus genitales, luego se les obligo a permanecer solo en ropa interior amarrados unos tras otros todo el día expuestos al sol, sin alimentación ni agua y profiriendo palabras que hieren la dignidad de las personas..., por lo que considera la peticionaria se les están violentando varias de sus garantías constitucionales como ser el derecho a no ser objeto de tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción y molestia innecesaria para su seguridad individual…" ANTECEDENTES 1. En fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés, compareció ante esta Sala, por la señora Bessy Liseth Mateo Argueta, en su condición de Presidenta de la Asociación de Familiares de Personas Recluidas en Centros Penales de Honduras (ASOFAPRECPH), interponiendo recurso de exhibición personal a favor de Todas las Personas Privadas de Libertad del Módulo de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario ubicado en la localidad de Támara, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, contra actuaciones del Director de dicho Centro Penitenciario y de la Policía Militar del Orden Público, expone la peticionaria que recurre “…el 26 de los corrientes los agraviados fueron sometidos a una serie de vejámenes y actos que atentan contra su dignidad de persona humana, al ser despojados de la totalidad de su ropa incluyendo sus prendas íntimas e introducir los miembros armados de la Policía Militar del Orden Público, meten sus dedos con guantes en las partes íntimas como ser el ano, sin el apoyo de personal sanitario como lo manda la Ley y sin ningún tipo de indicios que identifiquen que la persona sometida a este procedimiento porta objetos prohibidos, al igual que se les obligo realizar culucas, lagartijas y golpear sus genitales, luego se les obligo a permanecer solo en ropa interior amarrados unos tras otros todo el día expuestos al sol, sin alimentación ni agua y profiriendo palabras que hieren la dignidad de las personas..., por lo que considera la peticionaria se les están violentando varias de sus garantías constitucionales como ser el derecho a no ser objeto de tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción y molestia innecesaria para su seguridad individual…" (Folios 1-4 del recurso). 2. Esta Sala, admitió el recurso de mérito, en fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés, asimismo, nombró como Juez Ejecutor al Abogado Danny Roberto Zelaya Flores, en su condición de Inspector de Juzgados y Tribunales de la Corte Suprema de Justicia. (Folio 6 vuelto del recurso). 3. En fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés, esta Sala, amplia el auto relacionado en el numeral que antecede y nombra como Jueces Ejecutores a los Abogados Ramón Matamoros y Julieta Jerezano Rivera, quienes deberán de manera inmediata constituirse al Centro Penitenciario ubicado en la localidad de Támara, del Departamento de Francisco Morazán. (Folio 9 vuelto del recurso). 4. Los Jueces Ejecutores nombrados, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, comparecieron ante esta Sala, rindiendo el informe correspondiente en fecha dos de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual concluyeron: “…SEGUNDO: Los Jueces Ejecutores, realizaron las siguientes diligencias: 1) Constituirse en el Edificio del Instituto Nacional Penitenciario, que está ubicado en la calle de los Alcaldes, contiguo al negocio de Llantilandia, con la finalidad de Requerir al Señor Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, quien funge como Coronel de dicha Institución antes mencionada, de igual manera se procedió a Requerir al Señor Daniel Fúnez López, quien funge como Coronel de Infantería del Centro Penal de Tamara. 2) Entrevista a los Privados de Libertad del módulo de Máxima Seguridad.3) se requirió al Doctor Walter Ortez quien es el Médico de Guardia de Máxima de Seguridad, para que informe sobre los privados de libertad Javier Evelio Hernández Escobar V Douglas Noé Ponce Rivas quienes padecen de la enfermedad de V.I.H. sobre las condiciones médicas actuales tienen los mismos. 4) Se requirió al Abogado José Motzer Acosta Lazo; quien es el Coordinador Nacional de Jueces de Ejecución; en torno a las quejas de varios privados de libertad del módulo de Máxima Seguridad, en el retraso y aplicación de la justicia en sus casos penales. TERCERO: La permanencia de un ser humano en una cárcel, incluye desde su entrada hasta que algún día alcance su libertad. Atravesando por permisos, sanciones, traslados, visitas, enfermedades, trabajos, estudios y quejas. Una de las realidades es que la ejecución de la pena, como última etapa del proceso penal; los condenados quedan bajo la custodia de la Policía Militar de Orden Público, como sucede en este momento. Con la finalidad de que los presos no molesten a los jueces y evitar cualquier desborde que afecte al sistema político y que evidencie el abandono que el Estado tiene en relación a las cárceles. Esa falta de abundancia de herramientas necesarias para proveerles a los privados de libertad para Resocializarse para que se desarrolle como persona de forma tal que al recuperar la libertad pueda sentir que él tiene posibilidad de vivir de otra manera. Es una profunda crisis las cárceles que son espacios de violencia, corrupción y violación a los derechos humanos, caracterizadas por el hacinamiento, sobrepoblación en niveles críticos y alarmantes, transformándose en uno de los problemas y desafíos más serios que enfrenta el Sistema de Justicia Penal en Honduras provocando situaciones de grave vulneración a los derechos humanos y exponiendo al mismo Estado de Honduras a la férrea responsabilidad internacional. CUARTO: En el año 2017, se hizo la construcción del módulo de Máxima Seguridad en Tamara, ronda en dos (2) millones de dólares, equivalentes cincuenta (50) millones de lempiras, es para ubicar a los reos de alta peligrosidad, cabecillas de maras y pandillas, con comportamientos impulsivos, agresivos, violentos, pendencieros, provocadores, son en total ciento seis (106) celdas, sus paredes están reforzadas con mallas, varillas de hierro y concreto, las mismas cuentan con lavamanos y sanitarios de acero inoxidable, lámparas anti vandálicas, sin circuito eléctrico, hay una zona cero, para evitar intentos de fugas, ingreso de armas, drogas, dinero, teléfono celulares u otro dispositivos y visitas para impedir la acción de actos criminales, con escáner, cámaras y controles para los privados de libertad aislado en la celda, con un acceso a la luz del sol por una hora, era considerada como la cárcel más dura de nuestro país. Pues la mente del criminal siempre procura saltarse las reglas, como se ha visto el uso de la violencia y brutalidad demostradas por las pandillas actuales se han convertido en un problema de inseguridad pública, ese miedo que sus actividades generan violencia, narcomenudeo y extorsión en nuestro país son la razón principal por la que se dedican esfuerzos orientados a su control y prevención. QUINTO: Debido a las carencias en los recintos penitenciarios, no es que un simple militar con el resguardo de los perímetros carcelarios resolverá esta grave crisis, se necesita políticas penitenciarias que vaya en un buen y manejo de administración y funcionamiento en donde el estado asigne anualmente una partida presupuestaria de millones de lempiras, para el mantenimiento de veinticuatro (24) centros penales; que los fondos no solo se vaya en el pago de salarios, y que cubra las asignaciones presupuestarias incluyendo para la alimentación diaria, de cada privado de libertad, cada tiempo de comida, se limita arroz, frijoles y dos tortillas en cada tiempo, no se cuenta con equipo y medicamentos para atender la salud. Al final se convierten en universidades del crimen donde los reos comunes comparten y aprenden experiencias de los presos de alta peligrosidad. SEXTO: Principales problemas que afecta a los privados de libertad de Máxima Seguridad, quejas relacionadas a la falta de la emisión de su sentencia retardo de la aplicación de la justicia, malos tratos a familiares, peticiones de traslados por parte de los familiares, falta de carnet de visita, falta de entrega de suministros, atención médica, malos tratos recibidos. SEPTIMO: Es importante señalar que las medidas de seguridad Penitenciaria son necesarias utilizarlas para prevenir fugas, y que los reclusos de alto riesgo dirijan actividades delictivas desde prisión. Actividades relacionadas con el Crimen Organizado o acciones vinculadas con el narcotráfico, se trata de mantener un equilibrio justo entre la medida de seguridad y tratar a todos los privados de libertad de manera humana respetando la dignidad, hacemos relación de lo que expresa la recurrente; que se les obliga a realizar culucas, lagartijas y golpear sus genitales, permanecer solo en ropa interior amarados unos tras otros todo el día expuesto al sol, sin alimentación, ni agua, profiriendo palabras que hieren la dignidad de las personas. No son argumentos válidos ya que el régimen penitenciario es la búsqueda del orden y la seguridad dentro de las cárceles, esto provoca entre los mismos presos conflictos, violencia, con la Policía Militar de Orden Público, para evitar que se practiquen los registros en el interior de sus celdas, trasladarlos con grilletes afuera a un patio con más presos, son procedimientos con bastante frecuencia, con la finalidad de encontrar objetos ocultos, prohibidos, como teléfonos celulares, municiones, armas de fuego, explosivos, drogas, armas blancas, dinero, cuya tenencia le está prohibida dentro de las cárceles. OCTAVO: Las muertes violentas en los centros penales no cesan, en donde aparecen reos asesinados o ahorcados, sin que nadie haya visto nada. Esto tiene un impacto directo en nuestra sociedad y esos cambios de la Autoridad Penitenciaria para mantener el control de las cárceles hondureñas; son situaciones muy críticas que no ofrecen respuestas; al porque no se aplica un nuevo modelo de gestión o inversión penitenciaria que permitiría mejorar la calidad de vida de la población recluida y los procesos de rehabilitación. NOVENO: Que es necesario aplicar lo que es el indulto humanitario, cuando el privado de libertad, padece de una enfermedad grave o terminal y por consiguiente merece un trato especial y una muerte digna y que tenga conocimiento la autoridad penitenciaria de la gravedad de su enfermedad. Tal es el caso hoy nos ocupa del señor Javier Evelio Hernández Escobar, al ser entrevistado manifestó lo siguiente: Tiene una edad 58 años, está preso desde el año 2011 en Máxima Seguridad, el cual fue sentenciado 16 años, el cual tiene V.I.H. diabetes, tuberculosis, neumonía, asma, hemorroides, desde el año 2000 padece V.I.H. toma retroviral ahorita me retuvieron los retrovirales junto con la pastilla para la diabetes y la ansiedad aquí los médicos solo me ponen suero y antibiótico hace un año y medio que no me sacan a los hospitales tengo que estarme chequeando cada seis meses por ser V.I.H. Positivo. Durante la intervención de la Policía Militar me lesionaron fracturándome las castillas me dan antibióticos con autoridad, pero no me cura el dolor también padezco del colon y ulcera crónica agravada mi situación empeora, por alimentarme con arroz y frijoles durante el operativo perdí todos mis documentos hasta los anteojos para ver, me quitaron mis pertenecías, no recibo visitas de mi familia los médicos del penal me han evaluado y me habían prometido un traslado pero aún no ha sido posible necesito emergencia que me hagan un chequeo en los pulmones porque hasta el habla se me dificulta la circulación de la sangre es un problema que disminuye mi salud, quiero ser trasladado al Pozo de la Tolva para estar más cerca de mi familia le pido al gobierno que me saque de la prisión aunque sea que me manden al pozo aquí no recibo la atención medica que mis enfermedades ameritan antes pesaba 160 libras y ahora 140 libras. DECIMO: En cuanto a la visita al módulo de Reflexión; en donde están los privados de libertad Max Lorenzo Álvarez Zamora, Ricardo Ezecson López Cerrato, Junior Joel Colindres Ramírez, Ángelo Roberto López manifestaron que han sido trasladados a dicho modulo por castigo o porque los han confundido de persona, que no quieren estar allí, han solicitado a la Autoridad Penitenciaria su traslado sea para el módulo de Casablanca, no han obtenido respuesta alguna, de otra manera se tuvo conocimiento que los privados de libertad antes en mención son considerados como personas de alta peligrosidad y que sus vidas corren mucho peligro en otros módulos, algunos ellos han recibido amenazas de muerte directamente por parte de otras organizaciones criminales y de compañeros de celdas están cerca de ellos; que son testigos protegidos en casos penales en donde la Fiscalía del Ministerio Publico; los visita y ocupa en su investigación para deducir responsabilidad penal. En este punto es preciso señalar que son celdas reducidas y si bien es cierto no ofrece un numeroso espacio en donde el privado de libertad pueda realizar algún tipo deporte, gimnasia, pero no podemos olvidar también este lugar es un caldo de cultivo de maquinaciones, planes de fuga, motines, agresiones a otros presos, por lo que se debe asegurar con mucha vigilancia y seguridad de los privados de libertad, así como de las mismas personas que laboran en dicho módulo de Máxima Seguridad. ONCE: En cuanto al tiempo, de estar muchas horas cada día, durante años los privados de libertad en la cárcel; nunca hay nada que hacer, no puede planificar su tiempo en la que existe un desinterés en la Institución Penitenciaria para trabajar en el interior de las cárceles tampoco hay espacios adecuados para la preparación y la realización laboral del preso, no hay medios materiales adecuados ni personal preparado para llevar a cabo una formación laboral. Esto produce pérdida de tiempo, frustración y deterioro del autoconcepto de rehabilitación esto aumenta más los niveles de ansiedad caen en la drogadicción. DOCE: Que en la práctica de la seguridad interna de las cárceles de nuestro país; está a cargo de los privados de libertad, en la que los guardias penitenciarios no podían entrar al área donde viven los reclusos limitándose a realizar requisas y los privados de libertad al recibir sus visitas con sus esposas, compañeras, hijos, hijas, se encuentran a merced de su propia suerte. En donde un interno no tiene derecho a una celda, pues tiene que pagar para tener que dormir de lo contrario lo hace en el suelo. Estas condiciones variaban considerablemente dependiendo de que, si podían o no pagar las cuotas que le exigían los demás privados de libertad que también hacían uso de soborno para obtener artículos como televisión, equipo de sonidos, computadoras, microondas, tenis, refrigeradora, aires acondicionados, estufas, cable e internet. TRECE: El uso de la fuerza de la Policía Militar de Orden Público, es para prevenir la violencia de los privados de libertad; que no debe ser considerada como acciones de represión o castigo no es permitido utilizar fuerza letal y armas de fuego a excepcionalidad; en los casos de gravedad, urgencia y necesidad, relacionamos la situación actual que muestran las cárceles a nivel nacional, en donde no hay un control y ese peso tiene relevancia con las operaciones de la delincuencia organizada en mantener su dominio; ellos mismos colocan piezas que ejerzan control de los internos para realizar una diversidad de negocios ilegales, reyertas, disturbios, dentro de la población carcelaria. CATORCE: La herramienta legal que el Estado de Honduras debe implementar en los privados de libertad que tienen grandes necesidades, no tienen dinero, ni empleo, ni educación, ni vivienda, muchas veces suelen ser adictos a las drogas, y no gozan de buena salud, no solo es de construir nuevas cárceles, los objetivos del estado es garantizar una reinserción social, separación entre los procesados y sentenciados, tener suficiente seguridad y custodia, hacer actividades de trabajo, atención psicológica, mejorar la elaboración y calidad de los alimentos, aplicación de sanciones disciplinarias a los privados de libertad, programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, aumentar las actividades productivas educativas, deportivas, limpieza, equipamiento y materiales de salud, debe realizarse bajo estos planes. QUINCE: Los derechos de los privados de libertad incluyen; en habitar en instalaciones y condiciones aceptadas, no sufrir agresiones sexuales, no ser segregado en función a su raza, expresar sus quejas, los discapacitados, los homosexuales, bisexuales, transexuales que tengan programas e instalaciones especiales para evitar ataques sexuales, otras formas de violencia, y la discriminación y estigmatización dentro de la prisión, acceso fácil a personal del cuidado de la salud mental, los reclusos de la tercera edad, tiene que recibir programas de conducta delictivas, terapia, asesoramiento psicológico, los reclusos extranjeros, mejorar las barreras con el idioma, no debe existir marginación por su estado ilegal y económico. El acceso de los privados de libertad a visitas de sus familiares, implementar medidas para prevenir la corrupción y la participación de reclusos en actividades ilegales, desarrollar estrategias para reducir los incidentes de violencia dentro de los centros penales, mejorar las condiciones de higiene y saneamiento, el acceso a actividades culturales y artísticas, implementar sistemas de monitoreo y evaluación para medir la eficacia de las políticas y programas implementados en los centros penales, garantizar que los privados de libertad estén protegidos contra cualquier forma de tortura o maltrato, Estos son solo algunos de los derechos que le asisten para mejorar y garantizar el respeto a los derechos humanos a una atención médica personalizada, acceso a medicamentos, tener una buena alimentación, dotación permanente de agua potable y de instalaciones sanitarias adecuadas, espacio físico adecuado con luz y ventilación abundante, que se les brinde colchones y ropa de cama limpia, ser instruidos en el aprendizaje de algún oficio, crear mecanismos eficaces para evitar la introducción o elaboración de armas de cualquier tipo para garantizar la vida e integridad de los internos, poder tener contacto con su abogado permanentemente, ser notificados de sus cómputos de pena y posibles beneficios penitenciarios, cumplir sus penas en prisiones cercanas a sus lugares de origen, revisar periódicamente sus procesos, no ser exhibidos en los medios de comunicación, acceso a material de lectura, sería ideal una pequeña biblioteca en cada centro penal, proveerles de ropa limpia y buenos materiales de aseo personal, gozar de la posibilidad de poder ver alguna película o documental educativo. DIECISEIS: Es importante indicar que las medidas de seguridad en el módulo de Máxima Seguridad; se debe a que los privados de libertad han demostrado su peligrosidad mediante la efectiva comisión de un delito previo. Y para evitar en el futuro que vuelva a delinquir nuevamente; la medida de seguridad va dirigida a la neutralización de la peligrosidad del sujeto, que las críticas sobre la vigilancia penitenciarias se interpretan de una manera extraña en su ejecución con el objetivo de mantener el orden y tranquilidad en la cárcel. DIECISIETE: Se refleja una falta de voluntad de parte legislador para sustituir la multa a los privados de libertad esto da origen a una problemática para una efectiva prisión es agravar aún más la conducta que conduce a una aplicación discriminatoria de la capacidad económica de los condenados. La idea es reformar al delincuente, corregirlo, de mejorarlo desde la prisión. DIECIOCHO: Se cuestiona que las cárceles hondureñas puedan ser instrumento utilizado para la aplicación del tratamiento que conduzca a la resocialización del delincuente. La prisión es un medio hostil, desocializante y estigmatizador es muy difícil educar ya que la vida se caracteriza como una subcultura a la que ha de adaptarse el recluso si quiere sobrevivir, a las normas que le imponen sus compañeros. Con esto no es que aprende a vivir en sociedad si no que perfecciona su carrera criminal. La cárcel cambia al delincuente lo empeora no le enseña valores positivos, le hace perder facultades vitales y sociales, una actitud negativa frente a la sociedad. DIECIENUEVE: Lamentablemente es una práctica habitual por parte de la Autoridad Penitenciaria el utilizar traslados por razones médicas, motines o inhabitabilidad total o parcial de los establecimientos, seguridad personal y ese cambio de destino de un preso, como medida de carácter predominantemente regimental, esto ocasiona que no pueda recibir un tratamiento individualizado que le permita la reinserción social. VEINTE: Que deben hacerse registros minuciosos a las pertenencias de los reclusos con la finalidad detectar la presencia de objetos prohibidos en su ropa y enseres con independencia del lugar físico donde se encuentren. Cuando por razones hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia que pueda causar daño a la salud y que ese desnudo integral no es una intromisión a la intimidad personal, no se debe considerar lesiva, cuando los establecimientos penitenciarios lo practiquen considere una amenaza a la seguridad y el orden del centro penal. VEINTIUNO: Que la Ley orgánica de la Policía, Ley de Rehabilitación del Delincuente, Ley de Reo sin condena, Ley del Ministerio Público, así como las reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, no han dado las respuestas esperadas a los privados de libertad para que reciban un trato apropiado a su condición aun cuando no estén condenados. Con esto no hay más explicaciones. Cuando un funcionario de un centro penitenciario, está debidamente capacitado, adiestrado, asesorado, encargado de custodiar privados de libertad, cuando se practican requisas dentro de las cárceles, se hace con suficiente tiempo, en donde se ha explicado las circunstancias porque se realizan, utilizaran la medida posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y armas de fuego. VEINTIDOS: La intervención de las cárceles, la situación de violación de derechos humanos, la sobrepoblación, los jueces dicen que no pueden hacer nada, porque no tienen competencia, el gobierno actual ordena en ultima la construcción de más cárceles, que sus interpretaciones es más que todo como distribuir el recurso público en el ámbito carcelario. Por lo que no hay nuevas respuestas judiciales a las demandas sociales contra la separación penal y las condiciones inhumanas de reclusión que permitan evadir los muros que delimitan nuestra forma de entender con el castigo penitenciario. VEINTITRES: Vale decir que en algunos de los países como Inglaterra, Italia, Alemania, Francia y Noruega dejaron atrás las altas cifras de crecimiento delincuencial carcelarias, llevándolos a índice más bajo. Lo que dio como resultado fue la legislación del indulto esto provoco la liberación de una gran cantidad de vagabundos alcohólicos, que pasaron años en una situación deplorable en las cárceles. VEINTICUATRO: En nuestro país; existe actualmente una situación crítica de hacinamiento carcelario, la cual es causada por la sobrepoblación dentro de las cárceles, originada en gran parte por la reclusión de individuos reincidentes en donde hay escases de alimentos, servicios médicos, sanitarios, oportunidades de educación y trabajo como una posible solución a esta problemática seria implementar la justicia restaurativa que va en disminución de la reincidencia debido que se enfoca en reparar el tejido social a partir del reconocimiento de responsabilidad que hace el delincuente con el objetivo de reparar directamente a la víctimas, lo que garantiza una verdadera reintegración de los sujetos afectados en la sociedad y a largo plazo disminuyendo los delitos para reincidir. VEINTICINCO: Abordar la privación de libertad nunca es una tarea sencilla. Es un trabajo por descubrir esos puntos oscuros de la cárcel, es tan complejo que pocas veces nos detenemos a pensar, que pasa más allá de esos muros, es decir, que pasa en la sociedad, en los barrios y colonias, en las familias cuando se entra en contacto con los centros penales esto constituye un aporte económico que se incrementan los gastos para hacer visitas carcelarias, la concurrencia de la defensoría al centro penal, insumos básicos como vestimenta, comida, higiene, compra de tarjetas para sostener comunicaciones telefónicas, son costos elevados que las familias deben de afrontar con mucha dificultad. En ocasiones los niños pasan a vivir con diferentes familiares cercanos o incluso en hogares y otras instituciones. VEINTISEIS: Las torturas y malos tratos inhumanos o degradantes están absolutamente prohibidos bajo cualquier circunstancia y nunca se puede justificar. Para respetar esta prohibición, el estado tiene la obligación de no someter a personas a torturas o malos tratos, sino que además tienen la obligación expresa de hacer efectivo el derecho a vivir libre de torturas. En las prisiones las personas están expuestas al riesgo de ser víctima de la tortura o a los malos tratos debido al desequilibrio de poder sido provocado por la privación de libertad. Se debe asegurar la integridad física y psicológica de todas las personas detenidas para su bienestar. Debemos tener en cuenta lo que establece el artículo 19 Ley General contra la Tortura no considera la tortura, los dolores o sufrimientos que sean consecuencia de medidas legales o inherentes a estas, o las derivadas del uso legítimo de la fuerza. VEINTISIETE: Es cierto que en Honduras la tortura no forma parte del modus operandi por parte en los Centros Penales de los malos tratos que se ejercen de forma aislada y esporádica lo que existe es una ausencia, voluntad, falta de concienciación de parte del privado de libertad a seguir procedimiento de reinserción social. VEINTIOCHO: Las autoridades en honduras en el transcurso de los últimos años han emprendido reformas legales e institucionales importantes para fortalecer el sistema de justicia y las instituciones penitenciarias con el fin de incorporar salvaguardar contra la comisión de hechos de tortura y malos tratos. Así mismo Honduras se ha sometido al escrutinio de múltiples mecanismos internacionales de supervisión de los derechos humanos, destacando varias visitas de relatores de la Onu y exámenes por parte del Sistema Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, consideramos que se tomen medidas firmes y contundentes para revertir los problemas y desafíos tomándole las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en su última evaluación a nuestro a país. VEINTINUEVE: El Sistema Penal Penitenciario Hondureño se enfrenta a problemas graves, por el control de los propios reclusos en los establecimientos carcelarios. Las operaciones militares, es una necesidad urgente para evitar violaciones a los derechos humanos debido que los privados de libertad asociados con maras y pandillas, argumentan que han sido golpeados con toletes, patadas y palizas por la Policía Militar acciones militares, que no pudieron ser corroboradas por nosotros en nuestra condición de jueces ejecutores y que los informes rendidos por las autoridades policiales y penitenciarias aceptan torturas o malos tratos hacia los privados de libertad. TREINTA: Que existe falencias en el sistema penitenciario que se deberían corregir en base a los siguientes objetivos: 1. Implementación de programas de rehabilitación y reinserción social para los internos, incluyendo capacitación laboral y educativa. 2.Fomento de actividades culturales, deportivas y recreativas dentro de los centros penales para promover el bienestar y la convivencia pacífica. 3. Mejora en la infraestructura y condiciones de habitabilidad de las celdas y áreas comunes. 4. Capacitación del personal penitenciario en técnicas de manejo de conflictos y resolución pacífica de disputas. 5. Creación de programas de salud mental y apoyo psicológico para los internos que lo requieran. 6. Implementación de tecnologías de seguridad y vigilancia para prevenir la entrada de objetos prohibidos y garantizar la seguridad de los internos y el personal. 7. Desarrollo de un sistema de registro y seguimiento de los internos para conocer su perfil, antecedentes y necesidades específicas. 8. Promoción de visitas regulares y supervisadas de familiares y amigos para fortalecer los lazos sociales y afectivos de los internos. 9. Creación de unidades especializadas para la atención de grupos vulnerables, como mujeres, adolescentes y personas con discapacidad. 10. Establecimiento de mecanismos de quejas y sugerencias para que los internos puedan expresar sus inquietudes y recibir una respuesta adecuada. 11. Fomento de la transparencia y rendición de cuentas en la gestión y administración de los centros penales. 12. Implementación de protocolos de atención en situaciones de emergencia y desastres naturales 13. Establecimiento de un sistema de rehabilitación para personas con adicciones y problemas de drogas. 14. Promoción de programas de alfabetización para aquellos internos que no saben leer ni escribir. 15. Creación de áreas de visita conyugal para fomentar la unión familiar. 16. Implementación de programas de prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas y crónicas. 17. Establecimiento de áreas de recreación y esparcimiento al aire libre para los internos. 18. Promoción de actividades laborales y productivas dentro de los centros penales para generar ingresos para los internos y fomentar su responsabilidad. 19. Desarrollo de programas de apoyo legal para los internos que requieran asistencia en sus procesos judiciales. 20. Establecimiento de un sistema de vigilancia y monitoreo para prevenir y abordar la corrupción y el abuso de autoridad dentro de los centros penales. 21. Fomento de programas de educación para la prevención del delito y la violencia. 22. Promoción de la participación y el liderazgo de los internos en la toma de decisiones dentro de los centros penales. 23. Implementación de medidas para descongestionar los centros penales y evitar la sobrepoblación. 24. Establecimiento de programas de protección y asistencia para los internos que sean víctimas de violencia o abuso. 25. Fomento de la coordinación y colaboración entre las instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para mejorar la situación de los centros penales en Honduras. TREINTA Y UNO: Se acompañan a las presentes diligencias las actuaciones practicadas por los Jueces Ejecutores en relación a los privados de libertad del Módulo de Máxima Seguridad de Tamara. Por lo cual los suscritos Jueces Ejecutores DECLARA. SIN LUGAR LA ACCION DE EXHIBICION PERSONAL: POR TANTO: En nombre del Estado de Honduras en aplicación de los artículos 59, 60, 65, 80, 82, 84, 89 y 90, de la Constitución de la República 13, 14, 15, 16, 25, 26, 37, 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: 1. DECLARAR SIN LUGAR LA ACCION DE EXHIBICION PERSONAL, Interpuesta por la señora Bessy Liseth Mateo Argueta.” (Folios 14-21 vuelto del recurso de mérito). 5. En fecha veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, esta Sala dispuso que previo a dictar sentencia, se ordenara librar atenta comunicación con las inserciones de estilo a los jueces ejecutores nombrados en el presente recurso de exhibición personal, para que se pronunciaran sobre lo expuesto por la Abogada Bessy Liseth Mateo Argueta, en su condición antes indicada. (Folio 159 del recurso de mérito). 6. En fecha once de diciembre de dos mil veintitrés, los Jueces Ejecutores nombrados, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, comparecieron ante esta Sala, rindiendo ampliación al informe correspondiente, mediante el cual concluyeron: “…PRIMERO Para el caso que hoy nos ocupa, de los Privados de Libertad del Módulo de Máxima Seguridad, según lo manifestado por el Coronel Daniel Fúnez en su condición de Director Del Centro Penal De Tamara, sobre la situación que se garantice la evaluación médica a las personas privadas de libertad; manifiesta no han recibido respuesta por parte del Instituto Nacional Penitenciario. SEGUNDO: se procedió a requerir en fecha veintisiete (27) de noviembre del año en curso, al Coronel Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, en su condición de Director del Instituto Nacional Penitenciario, en el cual se desprende en su informe, que por motivos de seguridad no se pudo ejecutar los traslados a la Dirección de Medicina Forense TERCERO: Estos Jueces Ejecutores no requieren a los Directores de los Centros Penales de Morocelí y El Porvenir teniendo el pleno conocimiento de los múltiples Recursos de Exhibición presentados a favor de todos los privados de libertad; ante la Sala de Lo Constitucional, que se han designados a varios Jueces Ejecutores para que cooperen en los Centros Penales ya mencionados, sobre este reclamo que manifiesta la recurrente; con la finalidad de constatar si fueron o no remitidos los privados de libertad a evaluaciones medicas a la Dirección de Medicina Forense, de los cuales ya han rendido sus respectivos informes, cabe señalar que estos Jueces Ejecutores no requirieron a los Directores de los Centros Penales de Morocelí y El Porvenir, debido que la Comunicación de fecha 29 de junio del presente año, fue presentada a favor de todos los privados de libertad del módulo de máxima seguridad de la Penitenciaria Nacional ubicada en la localidad de Tamara, Francisco Morazán. CUARTO: Para estos Jueces de Ejecutores; el espíritu del legislador en los artículos 25, 26, 27, 28 de la Ley sobre Justicia Constitucional, refiere que el Habeas Corpus; es una acción legal que es para exigir liberación por una detención ilegal o la liberación de una persona. En la práctica se muestra situaciones de emergencias que han dado lugar a abusos, hasta el extremo de constituirse el Juez Ejecutor para contribuir a que no se altere el normal desarrollo de los privados de libertad con su vida institucional y obliga adoptar medidas de excepción de acuerdo a cada una de las circunstancias que ameriten o no. Dado a los reclamos de la parte recurrente, ante las Autoridades Penitenciarias, se estima de la información obtenida, no es para indicar que haya responsabilidad, debido a la crisis precaria y peligrosa de la Penitenciaria no podemos omitir, en donde hace falta personal, transporte, son situaciones que imposibilitan trasladar a los privados de libertad a Medicina Forense. QUINTO: Y en base a los preceptos legales establecidos en los artículos 59 80, 82, 84, 90, 182 de la Constitución de la República 1, 2, 3, 13, 16, 17, 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Justicia Constitucional, estos Jueces Ejecutores considera que NO ES PROCEDENTE decretar el RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL, a favor de los Privados de Libertad de Máxima Seguridad, remítase el presente Informe a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con la documentación que se acompaña. CUMPLASE.” (Folio 183 vuelto del recurso de mérito). FUNDAMENTACIÓN I. Es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo establecido en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. II. La Constitución de la República en el artículo 182 precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”… III. La justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles. Inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” IV. Los hechos esgrimidos en la Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal refieren a que corrientes los agraviados fueron sometidos a una serie de vejámenes y actos que atentan contra su dignidad de persona humana, al ser despojados de la totalidad de su ropa incluyendo sus prendas íntimas e introducir los miembros armados de la Policía Militar del Orden Público, meten sus dedos con guantes en las partes íntimas como ser el ano, sin el apoyo de personal sanitario como lo manda la Ley y sin ningún tipo de indicios que identifiquen que la persona sometida a este procedimiento porta objetos prohibidos, al igual que se les obligo realizar culucas, lagartijas y golpear sus genitales, luego se les obligo a permanecer solo en ropa interior amarrados unos tras otros todo el día expuestos al sol, sin alimentación ni agua y profiriendo palabras que hieren la dignidad de las personas. V. De la revisión de los antecedentes se aprecia que los Jueces Ejecutores nombrados abogados Julieta Maria Jerezano Rivera, Ramon Benedicto Matamoros Matamoros y Danny Zelaya, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindieron el informe correspondiente, mediante el cual concluyen que se debe declara sin lugar la acción de exhibición, sin embargo, señalan que debido a las falencias en el sistema penitenciario se debe corregir lo siguiente: 1. Implementación de programas de rehabilitación y reinserción social para los internos, incluyendo capacitación laboral y educativa; 2. Fomento de actividades culturales, deportivas y recreativas dentro de los centros penales para promover el bienestar y la convivencia pacífica; 3. Mejora en la infraestructura y condiciones de habitabilidad de las celdas y áreas comunes; 4. Capacitación del personal penitenciario en técnicas de manejo de conflictos y resolución pacífica de disputas. 5. Creación de programas de salud mental y apoyo psicológico para los internos que lo requieran; 6. Implementación de tecnologías de seguridad y vigilancia para prevenir la entrada de objetos prohibidos y garantizar la seguridad de los internos y el personal; 7. Desarrollo de un sistema de registro y seguimiento de los internos para conocer su perfil, antecedentes y necesidades específicas; 8. Promoción de visitas regulares y supervisadas de familiares y amigos para fortalecer los lazos sociales y afectivos de los internos; 9. Creación de unidades especializadas para la atención de grupos vulnerables, como mujeres, adolescentes y personas con discapacidad; 10. Establecimiento de mecanismos de quejas y sugerencias para que los internos puedan expresar sus inquietudes y recibir una respuesta adecuada; 11. Fomento de la transparencia y rendición de cuentas en la gestión y administración de los centros penales; 12. Implementación de protocolos de atención en situaciones de emergencia y desastres naturales; 13. Establecimiento de un sistema de rehabilitación para personas con adicciones y problemas de drogas; 14. Promoción de programas de alfabetización para aquellos internos que no saben leer ni escribir; 15. Creación de áreas de visita conyugal para fomentar la unión familiar; 16. Implementación de programas de prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas y crónicas; 17. Establecimiento de áreas de recreación y esparcimiento al aire libre para los internos; 18. Promoción de actividades laborales y productivas dentro de los centros penales para generar ingresos para los internos y fomentar su responsabilidad; 19. Desarrollo de programas de apoyo legal para los internos que requieran asistencia en sus procesos judiciales; 20. Establecimiento de un sistema de vigilancia y monitoreo para prevenir y abordar la corrupción y el abuso de autoridad dentro de los centros penales; 21. Fomento de programas de educación para la prevención del delito y la violencia; 22. Promoción de la participación y el liderazgo de los internos en la toma de decisiones dentro de los centros penales; 23. Implementación de medidas para descongestionar los centros penales y evitar la sobrepoblación; 24. Establecimiento de programas de protección y asistencia para los internos que sean víctimas de violencia o abuso; 25. Fomento de la coordinación y colaboración entre las instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para mejorar la situación de los centros penales en Honduras. VI. Mediante Decreto Ejecutivo PCM-28-2023, de fecha 23 de junio de 2023, se ratifica el ESTADO DE EMERGENCIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL, manteniendo su vigencia hasta el 23 de junio de 2024, y en su artículo 2 dispone “Instruir y delegar facultades suficientes a la Policía Militar del Orden Público de las Fuerzas Armadas de Honduras (PMOP), en calidad de Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, por un periodo de un año, para que asuma de manera temporal todas las competencias y facultades legales otorgadas a las autoridades superiores que integran el Sistema Penitenciario Nacional, tanto las establecidas en la Ley General de la Administración Pública, como las especiales que rigen esta materia, apegándose al respeto de los Derechos Humanos, funciones que incluyen la autoridad, control, manejo y administración del Sistema Penitenciario Nacional, en lo que respecta al Instituto Nacional Penitenciario (INP)…”; en tal sentido, dicha Comisión debe cumplir con las atribuciones enumeradas en el artículo 8 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, de interés al caso que nos ocupa, las previstas en el numeral 3, 4 y 17, a saber: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de esta Ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; 4) Proponer a la Secretaría de Estados en los Despachos del Interior y Población, la creación y organización de los establecimientos penitenciarios del Estado; 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley. A efecto, de cumplir con la finalidad de los Centros Penitenciarios que no es otra que la ejecución de una política criminal efectiva, que asegure finalidades como la búsqueda de la defensa del orden social, la reeducación y reinserción social, de quienes, habiendo delinquido, son rehabilitados; con el propósito de volver a la sociedad como persona útil, apta para la convivencia social, respetuosa de la ley y de sus semejantes, de acuerdo al artículo 1 de la Ley del sistema Penitenciario Nacional; asimismo, el artículo 2 de la Ley en comento dispone que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales; y en su artículo 4 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. VII. Se hace necesario recordar, que, Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno. Al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. El artículo 5 de la Convención, protege el derecho a la integridad personal: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. Es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que, la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas, varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados, en cada situación concreta. La Corte Interamericana, también ha manifestado: “(…) toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”. VIII. Sucede pues, que la problemática en los centros penitenciarios en Honduras, es una situación que se viene presentando hace más de una década, registrándose como hechos más significativos seis incidentes de muertes colectivas a saber: -en 1999 en el Centro Penal de San Pedro Sula; -en 2002, Centro Penal de Choluteca; -en 2003, Centro Penal de San Pedro Sula; en 2003, Granja Penal El Porvenir; -en 2004 Centro Penal de San Pedro Sula; -en enero de 2006 Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, ubicado en Támara y el más reciente, el incendio suscitado en la Penitenciaría Nacional de Comayagua, en fecha 14 de febrero del año 2012, en el que murieron 362 personas y que destruyó la mitad de las celdas de dicho establecimiento. En relación al incidente de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en fecha 27 de abril del año 2012 dictó sentencia en el caso Pacheco Teruel y Otros Vs. Estado de Honduras, durante la audiencia, de acuerdo al párrafo V de dicha sentencia, el Estado reconoce su responsabilidad internacional por graves situaciones en las cárceles que tuvieron como resultado la muerte de muchos reclusos, exponiendo al respecto: “El Estado de Honduras reconoce que la vida es un valor supremo, invaluable e irreparable. Asimismo, reconoce que el ser humano es el fin supremo de la sociedad y que [al Estado] le corresponde la protección de los derechos intrínsecos de éste. En definitiva […] le corresponde asegurar el goce de la justicia a sus ciudadanos. Siendo el Estado de Honduras signatario de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, por medio de los cuales se reconoce al ser humano todas las garantías fundamentales como […] el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad de las personas, entre otros…”. Además, del contenido de la sentencia, se aprecia una exposición de las condiciones generales del Centro Penal en el que acaeció el hecho lesivo a la dignidad humana, por el que resultó condenado el Estado de Honduras; condiciones que guardan relación de analogía, con el presente caso en el Módulo de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario de Tamara, Francisco Morazán. En concordancia con lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el año 2013, presentó el Informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras, destacando dicho informe que la crisis estructural en el sistema penitenciario en Honduras, es el resultado de la falta de políticas públicas integrales orientadas a lograr que el sistema penitenciario cumpla con los fines que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a manera resulte compatible con las obligaciones internacionales, asumidas por el Estado. IX. Ahora bien, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, (Reglas de Nelson Mandela), constituyen los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. El objeto de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, no es describir en forma detallada un sistema penitenciario modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los sistemas contemporáneas más adecuados, los principios y las reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos. Es evidente que, debido a la gran variedad de condiciones jurídicas, sociales, económicas y geográficas existentes en el mundo, no se pueden aplicar indistintamente todas las reglas en todas partes y en todo tiempo. Sin embargo, deberán servir para estimular el esfuerzo constante por vencer las dificultades prácticas que se oponen a su aplicación, en vista que representan en su conjunto las condiciones mínimas admitidas por las Naciones Unidas. En tal sentido, como ha quedado explicado, por disposición constitucional, las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social, procurándose en ellos la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo. En consecuencia, el Estado se encuentra obligado a adoptar las medidas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento y la realización efectiva de los fines constitucionales de los establecimientos penales, haciendo efectivo el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas en relación a la protección de los derechos humanos de los privados de libertad, las que se encuentra recogidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, como los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. Por ello, los establecimientos penitenciarios deben contar con las condiciones necesarias tanto en su arquitectura, como en su equipamiento para proporcionar una vida digna a los reclusos, procurando el reconocimiento y garantizando el respeto de sus derechos humanos. Estas Reglas Mínimas establecen que los locales destinados a albergar privados de libertad, especialmente los de alojamiento nocturno, satisfarán las exigencias de la higiene y salubridad en lo que a espacio, luz, ventilación e instalaciones sanitarias se refiere, según las normas de la medicina preventiva para la conservación y mejoramiento de la salud física y mental de la persona interna. Además las Reglas Mínimas Nelson Mandela establecen como reglas de aplicación general: El Registro, separación por categorías, locales destinados al alojamiento de los reclusos, a su higiene personal, alimentación, ejercicio físico, servicios médicos. Igualmente, dentro de estas reglas se señala lo concerniente a la disciplina y sanciones, medios de coerción, información y derecho de queja de los reclusos, contacto con el mundo exterior, entre otras. La segunda parte incluye lo pertinente al tratamiento del recluso, la clasificación e individualización de los reclusos, privilegios, trabajo, instrucción, recreos, relaciones sociales y ayuda post penitenciaria, entre otras. Esta Reglas son las mínimas que deberán observarse en los centros penitenciarios. X. De la documentación presentada por los Jueces Ejecutores nombrados, a efecto de constatar los extremos denunciados, en el Módulo de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario Tamara, Francisco Morazán, se desprende las declaraciones de privados de libertad que resultan constitutivas de vejámenes, restricciones y molestias innecesarias para su seguridad individual como para el orden de la penitenciaria; vulnerando, por tanto, lo establecido en el numeral 1) literal b) del artículo 182 de la Constitución de la República, en relación a lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; del mismo modo, los ejecutores realizaron una exposición de veinticinco falencias que se deben corregir, por lo que resulta procedente otorgar la garantía de Hábeas Corpus Correctivo, a efecto de que se les restituya en el goce y disfrute de los derechos restringidos y/o conculcados, mediante las medidas correctivas que obran recomendadas. En tal sentido, la Policía Militar del Orden Público de las Fuerzas Armadas de Honduras (PMOP), en calidad de Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, o el órgano penitenciario al cual le corresponde la organización, administración y funcionamiento del Sistema Nacional Penitenciario, velará porque todos los establecimientos penitenciarios sean dotados de los medios materiales y personal necesarios que aseguren el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de los fines del Sistema Penitenciario Nacional. En el cumplimiento de sus funciones el órgano correspondiente debe sujetarse tanto a las normas constitucionales como a la Ley del Sistema Penitenciario, que contiene las disposiciones relativas a las condiciones mínimas adecuadas de las personas privadas de libertad, servicios generales imprescindibles para la vida de los internos, asistencia médica para garantizar el derecho a la salud de la población penitenciaria, distribución de la población penitenciaria, acorde a la capacidad del módulo de máxima seguridad del centro penitenciario, estas entre otras no menos importantes. Asimismo, deben adoptar y dar cumplimiento a medidas mínimas establecidas como estándares internacionales, que garanticen el resguardo y respeto irrestricto de la vida e integridad física, síquica y moral de las personas privadas de libertad; así como coadyuvar al orden y la seguridad en el Módulo de Máxima Seguridad del Centro Penal de Tamara Francisco Morazán, a efecto de evitar pérdidas de vidas humanas e impedir la permisividad a lesiones atentatorias contra la dignidad e integridad de la persona humana; atendiendo las conclusiones y recomendaciones emitidas por los Jueces Ejecutores, abogados Julieta Maria Jerezano Rivera, Ramon Benedicto Matamoros Matamoros y Danny Zelaya, en lo pertinente y en la medida óptima de sus posibilidades; en aras de garantizar los derechos fundamentales de las personas reclusas en los Centros Penitenciarios a su cargo, ello por el deber estatal de garantía de los derechos y libertades fundamentales de la sociedad; lo cual incumbe, de suyo, a las personas de los sectores más vulnerables, como son los internos del Módulo de Máxima Seguridad del Centro Penal de Tamara, Francisco Morazán y a sus familias. XI. En atención a lo expuesto, la Sala de lo Constitucional concluye que, tanto la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, la Policía Militar del Orden Público de las Fuerzas Armadas de Honduras (PMOP), en calidad de Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, y el Instituto Nacional Penitenciario como institución de la administración pública centralizada, encargada de la formulación de la política nacional de seguridad interior y de la custodia y administración de centros penitenciarios para adultos, deberán cumplimentar, en el término prudencial de un (1) año; además de las recomendaciones establecidas en el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el Informe rendido por los Jueces Ejecutores de la presente acción constitucional; las provisiones necesarias para asegurarse que, el Módulo de Máxima Seguridad del Centro Penal de Tamara, Francisco Morazán cuente con los siguientes servicios y prestaciones: 1) Dotación permanente de agua potable y de instalaciones sanitarias adecuadas para el aseo personal en condiciones de dignidad. 2) Espacio físico con instalaciones eléctricas adecuadas, con luz y ventilación natural. 3) Separación de personas procesadas y condenadas. 4) Alimentación sana. 5) Una cama digna. 6) Servicio médico y psicológico brindado por personal adecuado, con énfasis en la prevención y el aprovisionamiento de instalaciones físicas dignas y recursos suficientes. 7) Diseño de programas educativos y laborales, para el desarrollo de trabajo en el interior del centro. 8) Sistema de quejas, mediante los cuales los internos puedan hacer peticiones a las autoridades. 9) Dotar de mecanismos eficaces para evitar la introducción o elaboración de armas de cualquier tipo para garantizar la vida e integridad de los internos, además proceder y/o coadyuvar a la investigación inmediata de los hechos lesivos a la dignidad humana ocurridos en el citado Modulo de Máxima Seguridad del Centro penal. 10) Diseño de programas de adiestramiento de personal de seguridad y carcelario, encaminadas a crear una cultura institucional de conocimiento y respeto de las normas de derechos humanos. 11) Creación de un sistema de protección y prevención contra incendios que pudieran poner en peligro la vida, integridad física y bienes de las personas internas, y, finalmente; 12) En general, proveer los medios que garanticen la indemnidad personal de las personas recluidas, en virtud haber quedado establecida su vulnerabilidad; dadas las condiciones estructurales en que guardan detención o prisión legal, según ha quedado de manifiesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos: 1, 4, 16, 18, 59, 60, 61, 63, 65, 68, 69, 71, 80, 82, 85, 86, 87, 303, 304, 313 atribución 5ta; 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 1, 2, 11, 12, 18, 22, 24, 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículos 1, 2, 4, 5, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 16, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela); artículos 1, 2, 4, 5 y 11 de los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos;artículos 1, 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 9, numeral 1); 13, 14, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: Declarar CON LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO, presentado por la señora BESSY LISETH MATEO ARGUETA, en su condición de PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE FAMILIARES DE PERSONAS RECLUIDAS EN CENTROS PENALES DE HONDURAS (ASOFAPRECPH) a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO TAMARA, FRANCISCO MORAZAN. ORDENA: I. Que las autoridades designadas: 1) LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, y, particularmente; 2) LA COMISIÓN INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL e INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, en tanto encargado de la organización, administración y funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, adopten las medidas necesarias para hacer cesar la vulneración a los derechos humanos de las personas privadas de libertad; gestiones que deberán realizarse DE INMEDIATO, acatando las disposiciones aquí establecidas; las cuales podrán revisarse en el plazo de un (1) año, a partir de la ejecutoriedad de esta sentencia, a efecto de verificar su cumplimiento, respeto y observancia a los derechos humanos de los internos del MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENAL D TAMARA, FRANCISCO MORAZAN. II. Instar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a efecto de que diseñen y ejecuten una política pública en materia penitenciaria acorde al mandato constitucional y de cumplimiento a los instrumentos internacionales de derechos humanos. III. Hacer del conocimiento la presente sentencia al Ministerio Público y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, a efecto le brinden debido cumplimiento a sus atribuciones y deberes constitucionales y legales, en tutela de la población penitenciaría. IV. El incumplimiento de esta sentencia dará lugar a lo que en derecho corresponda, de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo se certifique y comunique por los canales usuales a las entidades de Estado concernidas; procediéndose, en lo subsiguiente, al archivo de las presentes diligencias en Secretaría de la Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada Bustillo Hernández. NOTIFIQUESE. FIRMAS MAGISTRADOS (AS). WAGNER VALLECILLO PAREDES. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-0892-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL