Sentencia EP-846-23 — Registro 17352
Resumen
Acto recurrido contra actuaciones de la administración del centro penitenciario, con relación a la inseguridad en que se encuentran las privada de libertad y los menores hijos de estas que habitan el centro, fundado en el enfrentamiento armado acontecido, donde fallecieron de forma violenta 41 mujeres, 25 calcinadas y 16 asesinadas con arma
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que en atención a lo expuesto, de lo Constitucional concluye que, tanto la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, y el Instituto Nacional Penitenciario como institución de la administración pública centralizada, encargada de la formulación de la política nacional de seguridad interior y de la custodia y administración de centros penitenciarios para adultos, deberán cumplimentar, en el término prudencial de un (1) año; además de las recomendaciones establecidas en el Informe de de Derechos Humanos y en el Informe rendido por la Jueza Ejecutora de la presente acción constitucional; las provisiones necesarias para asegurarse que, la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) cuente con los siguientes servicios y prestaciones: 1) Dotación permanente de agua potable y de instalaciones sanitarias adecuadas para el aseo personal en condiciones de dignidad. 2) Espacio físico con instalaciones eléctricas adecuadas, con luz y ventilación natural. 3) Separación de personas procesadas y condenadas. 4) Alimentación sana. 5) Una cama digna. 6) Servicio médico y psicológico brindado por personal adecuado, con énfasis en la prevención y el aprovisionamiento de instalaciones físicas dignas y recursos suficientes. 7) Diseño de programas educativos y laborales, para el desarrollo de trabajo en el interior del centro. 8) Sistema de quejas, mediante los cuales las internas puedan hacer peticiones a las autoridades. 9) Dotar de mecanismos eficaces para evitar la introducción o elaboración de armas de cualquier tipo para garantizar la vida e integridad de las internas, además proceder y/o coadyuvar a la investigación inmediata de los hechos lesivos a la dignidad humana ocurridos en el citado Centro penal. 10) Diseño de programas de adiestramiento de personal de seguridad y carcelario, encaminadas a crear una cultura institucional de conocimiento y respeto de las normas de derechos humanos. 11) Creación de un sistema de protección y prevención contra incendios que pudieran poner en peligro la vida, integridad física y bienes de las personas internas, y, finalmente; 12) En general, proveer los medios que garanticen la indemnidad personal de las personas recluidas, en virtud haber quedado establecida su vulnerabilidad; dadas las condiciones estructurales en que guardan detención o prisión legal, según ha quedado de manifiesto. CONSIDERANDO (24): Que las condiciones en las que permanecían las privadas de libertad, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), reseñadas por la jueza ejecutora nombrados al efecto, resultan constitutivas de vejámenes, restricciones y molestias innecesarias para su seguridad individual como para el orden de la penitenciaria; vulnerando, por tanto, lo establecido en el numeral 1) literal b) del artículo 182 de la República, en relación a lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por lo que resulta procedente otorgar la garantía de Hábeas Corpus Correctivo, a efecto de que se les restituya en el goce y disfrute de los derechos restringidos y/o conculcados, mediante las medidas correctivas que obran recomendadas..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 182.1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Siguatepeque, Municipio de Comayagua, a los treinta días del mes de enero de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el abogado Jorge Fernando Jiménez Reyes, en su condición de Presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) a favor de Todas las Mujeres Privadas de Libertad Internas de Niños y Niñas que viven en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), manifestando el peticionario, que: “…se desarrolló un enfrentamiento armado donde fallecieron de forma violenta 41 mujeres, 25 calcinadas y 16 asesinadas con arma de fuego y como es de conocimiento público en dicho centro de detención viven 17 niños, 5 niñas y 7 mujeres en estado de embarazo que se encuentran en el módulo denominado Hogar Casa Cuna, así como las mujeres que se encuentran en el Hospital Escuela…”. A N T E C E D E N T E S 1) Que, en fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por recibida la acción constitucional de Exhibición Personal interpuesto por el abogado Jorge Fernando Jiménez Reyes, en su condición de Presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) a favor de Todas las Mujeres Privadas de Libertad Internas de Niños y Niñas que viven en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), manifestando el peticionario que: “…se desarrolló un enfrentamiento armado donde fallecieron de forma violenta 41 mujeres, 25 calcinadas y 16 asesinadas con arma de fuego y como es de conocimiento público en dicho centro de detención viven 17 niños, 5 niñas y 7 mujeres en estado de embarazo que se encuentran en el módulo denominado Hogar Casa Cuna, así como las mujeres que se encuentran en el Hospital Escuela…” (Folios 1-2 del recurso de mérito) 2) En fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, esta Sala, admitió el recurso de mérito, asimismo, nombró como Jueza Ejecutora a la Abogada Iris Ondina Castro Alvarenga, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán. (Folio 4 del recurso) 3) En fecha treinta de junio de dos mil veintitrés, la Jueza Ejecutora nombrada, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, compareció ante esta Sala, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyó: “…DECIMO PRIMERO: Que la suscrita Juez Ejecutora, como resultado de las investigaciones in situ, que se realizó en fecha 21 de Junio del presente año referente al Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus interpuesto por el Señor JORGE FERNANDO JIMENEZ REYES quien actúa en su condición de Presidente de la ASOSICACIÓN DE JOVENES PROMOTORES Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS (JOPRODEH), a favor de las Mujeres Privadas de Libertad Internas, madres de Niños y Niñas que viven en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), así como las privadas de libertad internas en el Hospital Escuela, a consecuencia de los hechos ocurridos en fecha 20 de junio del 2023, tengo a bien recomendar lo siguiente: 1.-Fortalecer la Seguridad en todo el centro penitenciario, principalmente a lo interno, realizando rondas periódicas más seguidas, que no excedan de media hora cada una, siendo que, si las hubieran realizado antes, se hubiera evitado posiblemente el hecho ocurrido en fecha 20 de junio recién pasado, considerando que las condiciones de seguridad siempre han sido mínimas. 2- Fortalecer la acción de respuesta inmediata por parte de las autoridades penitenciarias y de apoyo a la misma, para garantizar la vida, la salud y seguridad de las internas privadas de libertad 3.- Mantener un Registro actualizado de las privadas de libertad prontas a cumplir su condena a efecto que se agilice su trámite y no retrasar su salida, para evitar el problema de hacinamiento y sobrepoblación de las cárceles 4- Proporcionar tratamiento psicológico a las sobrevivientes de los hechos ocurridos, así como el seguimiento del mismo, a efecto de contrarrestar los efectos o traumas por los hechos ocurridos por el enfrentamiento, igual tratamiento a los niños y niñas que viven en la penitenciaría nacional 5.- Crear perfiles de puestos de los custodios penitenciarios, haciendo una investigación exhaustiva de su familia y entorno social y personal auxiliar que trabaja en los Centro Penitenciarios. 6- Tomar medidas de manera preventiva, para remitir a las víctimas sobrevivientes de estos hechos violentos, a otro establecimiento penitenciario para resguardar la vida, la salud y la seguridad de las privadas de libertad, priorizando los lugares más cercanos o de origen de cada privada de libertad y/o donde residen sus familiares 7.- Crear una guía o protocolo o matriz de riesgo, para prevenir este tipo de acciones violentas con medidas de seguridad urgentes a aplicar, en el caso de que los mismos se repitan y afrontar rápidamente estas situaciones 8.- Solicitar al Instituto penitenciario convocar a los diferentes actores involucrados en el manejo y administración de los Diferentes Centros Penitenciarios a nivel Nacional como Gobernación y Justicia, Secretaria de Derechos Humanos, CONADEH, Ministerio de Salud, ONG'S y otras instituciones Gubernamentales, a efecto de identificar las falencias no sólo en la seguridad de los Centros penitenciarios, si no también, en las diferentes áreas como salud o infraestructura entre otros, a fin de que se cumplan con los estándares internacionales de las medidas y reglas aplicables (Bangkok y Mandela) a los privados de libertad en general y no se repita lo ocurrido en fecha 20 de junio recién pasado. DECIMO SEGUNDO: Que después de haber realizado las diligencias pertinentes para la averiguación de los argumentos expuestos en la interposición del Habeas Corpus o Exhibición Personal, los extremos comprobados al momento de entrevistar a las Mujeres privadas de libertad internas, niños y niñas que viven en la penitenciaría nacional femenina de adaptación social (PNFAS) y, los informes rendidos tanto por la Directora de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) de Támara y el Director General del Hospital Escuela, se establece que los hechos denunciados no encuentra correspondencia en las normas legales para declarar procedente la Acción de habeas Corpus o Exhibición Personal DECIMO TERCERO: Que siendo que la garantía de HABEAS CORPUS O EXHIBICION PERSONAL tiene como propósito fundamental tutelar el derecho constitucional de la libertad personal en su más amplio sentido, teniendo como finalidad una función reparadora, correctiva o preventiva, encaminada a tomar las medidas necesarias e inmediatas con el propósito de hacer cesar las violaciones a la libertad personal buscando con ello la reintegración al orden Constitucional cuando este ha sido desconocido o violado por autoridad pública o personas de cualquier índole.- Por lo anteriormente expuesto y en base a las investigaciones realizadas al haberse verificado que las acciones de respuesta de la autoridad penitenciaria por la emergencia por los hechos violentos ocasionados por los miembros de pandillas, a lo interno de la Penitenciaria Nacional Femenina, fueron pertinentes para el resguardo de las privadas de libertad sobrevivientes al enfrentamiento armado y contra los custodios. POR TANTO: Esta Jueza Ejecutora en nombre del Estado de Honduras en aplicación de los artículos 73, 74, 182 de la Constitución de la Republica; 16, 25 y 26 de la ley Sobre Justicia Constitucional y con las facultades que estoy investida soy del criterio en DECLARAR NO HA LUGAR la Acción del Recurso de Exhibición Personal interpuesto por Señor JORGE FERNANDO JIMENEZ REYES, quien actúa en condición de presidente de la ASOCIACIÓN DE JOVENES PROMOTORES Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS (JOPRODEH) a favor de TODAS LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD INTERNAS, NIÑOS Y NIÑAS QUE VIVEN EN LA PENITENCIARÍA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS), MUJERES EN ESTADO DE EMBARAZO QUE SE ENCUENTRAN EN EL MÓDULO DENOMINADO HOGAR CASA CUNA, ASÍ COMO LAS MUJERES QUE SE ENCUENTRAN INTERNAS EN EL HOSPITAL ESCUELA- Devuélvase la Comunicación debidamente Cumplimentada a la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de lo Constitucional.- CUMPLASE.” (Folios 12-29 del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Que los Centros Penitenciarios son medios institucionales para la ejecución de una política criminal efectiva, que asegure finalidades como la búsqueda de la defensa del orden social, la reeducación y reinserción social, de quienes, habiendo delinquido, son rehabilitados; a efecto volver a la sociedad como persona útil, apta para la convivencia social, respetuosa de la ley y de sus semejantes. CONSIDERANDO (2): Que el Estado de Honduras se encuentra constitucionalmente obligado a brindar protección a todos sus habitantes, sin excepción; garantizarles, a la vez, el goce de la justicia, la cultura y el bienestar económico y social. CONSIDERANDO (3): Que es criterio de esta Sala, y así lo ha dejado establecido en la motivación de la sentencia de fecha uno de marzo del año dos mil seis, recaída en la acción de Exhibición Personal registrada en este Tribunal, bajo número de ingreso 62=06; que este deber estatal adquiere especial significado cuando se trata de la tutelar sectores vulnerables, menos favorecidos, y/o marginados de la población; tal como sucede con las Mujeres Privadas de Libertad Internas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS); quienes son beneficiarias del presente recurso de Exhibición Personal correctivo. CONSIDERANDO (4): Que, el artículo 87 de de la República, literalmente prescribe: “Las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se procurará en ellas la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo”, marco normativo constitucional atinente al caso que nos ocupa.CONSIDERANDO (5): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno, y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; resultando procedente cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Asimismo, el artículo 15 de la precitada norma sobre justicia constitucional establece: “DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.” CONSIDERANDO (6): Que la Carta Magna, en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO (7): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sus disposiciones se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles. Inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” CONSIDERANDO (8): Que en fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, compareció ante esta Sala el abogado Jorge Fernando Jiménez Reyes, en su condición de Presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) a favor de Todas las Mujeres Privadas de Libertad Internas de Niños y Niñas que viven en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), promoviendo Acción de Hábeas Corpus Colectivo Correctivo a favor de las personas antes mencionadas, manifestando el peticionario, que: “…se desarrolló un enfrentamiento armado donde fallecieron de forma violenta 41 mujeres, 25 calcinadas y 16 asesinadas con arma de fuego y como es de conocimiento público en dicho centro de detención viven 17 niños, 5 niñas y 7 mujeres en estado de embarazo que se encuentran en el módulo denominado Hogar Casa Cuna, así como las mujeres que se encuentran en el Hospital Escuela…”. CONSIDERANDO (9): Que en fecha treinta de junio de dos mil veintitrés, la Jueza Ejecutora nombrada, Abogada Iris Ondina Castro Alvarenga, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió ante la Sala, el informe correspondiente; mediante el cual concluyó desestimando la acción constitucional incoada. No obstante, lo cual, emitió las siguientes recomendaciones a la autoridad penitenciaria competente, en el CONSIDERANDO DECIMO PRIMERO: “1.-Fortalecer la Seguridad en todo el centro penitenciario, principalmente a lo interno, realizando rondas periódicas más seguidas, que no excedan de media hora cada una, siendo que, si las hubieran realizado antes, se hubiera evitado posiblemente el hecho ocurrido en fecha 20 de junio recién pasado, considerando que las condiciones de seguridad siempre han sido mínimas. 2- Fortalecer la acción de respuesta inmediata por parte de las autoridades penitenciarias y de apoyo a la misma, para garantizar la vida, la salud y seguridad de las internas privadas de libertad 3.- Mantener un Registro actualizado de las privadas de libertad prontas a cumplir su condena a efecto que se agilice su trámite y no retrasar su salida, para evitar el problema de hacinamiento y sobrepoblación de las cárceles 4- Proporcionar tratamiento psicológico a las sobrevivientes de los hechos ocurridos, así como el seguimiento del mismo, a efecto de contrarrestar los efectos o traumas por los hechos ocurridos por el enfrentamiento, igual tratamiento a los niños y niñas que viven en la penitenciaría nacional 5.- Crear perfiles de puestos de los custodios penitenciarios, haciendo una investigación exhaustiva de su familia y entorno social y personal auxiliar que trabaja en los Centro Penitenciarios. 6- Tomar medidas de manera preventiva, para remitir a las víctimas sobrevivientes de estos hechos violentos, a otro establecimiento penitenciario para resguardar la vida, la salud y la seguridad de las privadas de libertad, priorizando los lugares más cercanos o de origen de cada privada de libertad y/o donde residen sus familiares 7.- Crear una guía o protocolo o matriz de riesgo, para prevenir este tipo de acciones violentas con medidas de seguridad urgentes a aplicar, en el caso de que los mismos se repitan y afrontar rápidamente estas situaciones 8.- Solicitar al Instituto penitenciario convocar a los diferentes actores involucrados en el manejo y administración de los Diferentes Centros Penitenciarios a nivel Nacional como Gobernación y Justicia, Secretaria de Derechos Humanos, CONADEH, Ministerio de Salud, ONG'S y otras instituciones Gubernamentales, a efecto de identificar las falencias no sólo en la seguridad de los Centros penitenciarios, si no también, en las diferentes áreas como salud o infraestructura entre otros, a fin de que se cumplan con los estándares internacionales de las medidas y reglas aplicables (Bangkok y Mandela) a los privados de libertad en general y no se repita lo ocurrido en fecha 20 de junio recién pasado.” CONSIDERANDO (10): Que mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.” La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3, 4 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; 4) Proponer a la Secretaria de Estado en los Despachos del Interior y Población, la creación y organización de los establecimientos penitenciarios del Estado; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley. CONSIDERANDO (11): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno. Al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. El artículo 5 de la Convención, por su parte, protege el derecho a la integridad personal: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. CONSIDERANDO (12): Que Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, (Reglas de Nelson Mandela), constituyen los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. El objeto de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, no es describir en forma detallada un sistema penitenciario modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los sistemas contemporáneas más adecuados, los principios y las reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos. Es evidente que, debido a la gran variedad de condiciones jurídicas, sociales, económicas y geográficas existentes en el mundo, no se pueden aplicar indistintamente todas las reglas en todas partes y en todo tiempo. Sin embargo, deberán servir para estimular el esfuerzo constante por vencer las dificultades prácticas que se oponen a su aplicación, en vista que representan en su conjunto las condiciones mínimas admitidas por las Naciones Unidas. CONSIDERANDO (13): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que, la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas, varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados, en cada situación concreta. La Corte Interamericana, también ha manifestado: “ (…) toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…” (Énfasis suplido). CONSIDERANDO (14): Que la problemática en los centros penitenciarios en Honduras, es una situación que se viene presentando hace más de una década, registrándose como hechos más significativos seis incidentes de muertes colectivas a saber: -en 1999 en el Centro Penal de San Pedro Sula; -en 2002, Centro Penal de Choluteca; -en 2003, Centro Penal de San Pedro Sula; en 2003, Granja Penal El Porvenir; -en 2004 Centro Penal de San Pedro Sula; -en enero de 2006 Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, ubicado en Támara y el más reciente, el incendio suscitado en la Penitenciaría Nacional de Comayagua, en fecha 14 de febrero del año 2012, en el que murieron 362 personas y que destruyó la mitad de las celdas de dicho establecimiento. CONSIDERANDO (15): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en fecha 27 de abril del año 2012 dictó sentencia en el caso Pacheco Teruel y Otros Vs. Estado de Honduras. Durante la audiencia, de acuerdo al párrafo V de dicha sentencia, el Estado reconoce su responsabilidad internacional por graves situaciones en las cárceles que tuvieron como resultado la muerte de muchos reclusos, exponiendo al respecto: “El Estado de Honduras reconoce que la vida es un valor supremo, invaluable e irreparable. Asimismo, reconoce que el ser humano es el fin supremo de la sociedad y que [al Estado] le corresponde la protección de los derechos intrínsecos de éste. En definitiva […] le corresponde asegurar el goce de la justicia a sus ciudadanos. Siendo el Estado de Honduras signatario de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, por medio de los cuales se reconoce al ser humano todas las garantías fundamentales como […] el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad de las personas, entre otros…”. Además, del contenido de la sentencia, se aprecia una exposición de las condiciones generales del Centro Penal en el que acaeció el hecho lesivo a la dignidad humana, por el que resultó condenado el Estado de Honduras; condiciones que guardan relación de analogía, a las ahora presentadas, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), con sede en Támara, departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (16): Que el año 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó el Informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras, destacando dicho informe que la crisis estructural en el sistema penitenciario en Honduras, es el resultado de la falta de políticas públicas integrales orientadas a lograr que el sistema penitenciario cumpla con los fines que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a manera resulte compatible con las obligaciones internacionales, asumidas por el Estado. CONSIDERANDO (17): Que, como ha quedado explicitado, por disposición constitucional, las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social, procurándose en ellos la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo. En consecuencia el Estado se encuentra obligado a adoptar las medidas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento y la realización efectiva de los fines constitucionales de los establecimientos penales, haciendo asimismo efectivo el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas en relación a la protección de los derechos humanos de los privados de libertad, las que se encuentra recogidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (RM), como los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. Por ello los establecimientos penitenciarios deben contar con las condiciones necesarias tanto en su arquitectura, como en su equipamiento para proporcionar una vida digna a los reclusos, procurando el reconocimiento y garantizando el respeto de sus derechos humanos. Las RM establecen que los locales destinados a albergar privados de libertad, especialmente los de alojamiento nocturno, satisfarán las exigencias de la higiene y salubridad en lo que a espacio, luz, ventilación e instalaciones sanitarias se refiere, según las normas de la medicina preventiva para la conservación y mejoramiento de la salud física y mental de la persona interna. CONSIDERANDO (18): Que, de los informes y documentación presentadas por la Jueza Ejecutora nombrada, a efecto de constatar los extremos denunciados, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), se concluye por la Juez Ejecutora, Abogada Iris Ondina Castro Alvarenga, Declarar Sin Lugar la Acción de Exhibición Personal; realizando las observaciones que consideró menester, según obra relacionado en los Antecedentes y Considerando (9) de la presente acción constitucional de Habeas Corpus. CONSIDERANDO (19): Que las Reglas Mínimas Nelson Mandela establecen como reglas de aplicación general: El Registro, separación por categorías, locales destinados al alojamiento de los reclusos, a su higiene personal, alimentación, ejercicio físico, servicios médicos. Además, dentro de estas reglas se señala lo concerniente a la disciplina y sanciones, medios de coerción, información y derecho de queja de los reclusos, contacto con el mundo exterior, entre otras. La segunda parte incluye lo pertinente al tratamiento del recluso, la clasificación e individualización de los reclusos, privilegios, trabajo, instrucción, recreos, relaciones sociales y ayuda post penitenciaria, entre otras. Esta Reglas son las mínimas que deberán observarse en los centros penitenciarios. CONSIDERANDO (20): Que el Instituto Nacional Penitenciario como el órgano al cual le corresponde la organización, administración y funcionamiento del Sistema Nacional Penitenciario, velará porque todos los establecimientos penitenciarios sean dotados de los medios materiales y personal necesarios que aseguren el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de los fines del Sistema Penitenciario Nacional. En el cumplimiento de sus funciones el Instituto debe sujetarse tanto a las normas constitucionales como a la Ley del Sistema Penitenciario, que contiene las disposiciones relativas a las condiciones mínimas adecuadas de las personas privadas de libertad, servicios generales imprescindibles para la vida de los internos, asistencia médica para garantizar el derecho a la salud de la población penitenciaria, distribución de la población penitenciaria, acorde a la capacidad de cada centro penitenciario, estas entre otras no menos importantes. CONSIDERANDO (21): Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto, las Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, como el órgano al cual le corresponde la organización, administración y funcionamiento del Sistema Nacional Penitenciario, deben adoptar y dar cumplimiento a medidas mínimas establecidas como estándares internacionales, que garanticen el resguardo y respeto irrestricto de la vida e integridad física, síquica y moral de las personas privadas de libertad; así como coadyuvar al orden y la seguridad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), a efecto de evitar pérdidas de vidas humanas e impedir la permisividad a lesiones atentatorias contra la dignidad e integridad de la persona humana; atendiendo las conclusiones y recomendaciones emitidas por la Juez Ejecutora, Abogada Iris Ondina Castro Alvarenga, en lo pertinente y en la medida óptima de sus posibilidades; en aras de garantizar los derechos fundamentales de las personas reclusas en los Centros Penitenciarios a su cargo. CONSIDERANDO (22): Que, la tensión constante existente entre el valor seguridad jurídica y la exigencia por una mayor eficacia del ordenamiento, no debe soslayar, en ningún momento, el deber estatal de garantía de los derechos y libertades fundamentales de la sociedad; lo cual incumbe, de suyo, a las personas de los sectores más vulnerables, como son las internas de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y a sus familias. Al respecto, estudios de Política Criminal, han puesto de manifiesto, que: “El Derecho penal, pues, encuentra su propia razón de ser y esencia dentro del marco dibujado por estas dos consideraciones: de una parte, la que viene condicionada por la necesidad de que las normas que lo integran contribuyan eficazmente a la protección de la sociedad y de los individuos que la integran (…) y de otra parte, estableciendo la exigencia de que esta función de protección no se lleve a cabo a costa de un sacrificio ilimitado de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”. CONSIDERANDO (23): Que en atención a lo expuesto, de lo Constitucional concluye que, tanto la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, y el Instituto Nacional Penitenciario como institución de la administración pública centralizada, encargada de la formulación de la política nacional de seguridad interior y de la custodia y administración de centros penitenciarios para adultos, deberán cumplimentar, en el término prudencial de un (1) año; además de las recomendaciones establecidas en el Informe de de Derechos Humanos y en el Informe rendido por la Jueza Ejecutora de la presente acción constitucional; las provisiones necesarias para asegurarse que, la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) cuente con los siguientes servicios y prestaciones: 1) Dotación permanente de agua potable y de instalaciones sanitarias adecuadas para el aseo personal en condiciones de dignidad. 2) Espacio físico con instalaciones eléctricas adecuadas, con luz y ventilación natural. 3) Separación de personas procesadas y condenadas. 4) Alimentación sana. 5) Una cama digna. 6) Servicio médico y psicológico brindado por personal adecuado, con énfasis en la prevención y el aprovisionamiento de instalaciones físicas dignas y recursos suficientes. 7) Diseño de programas educativos y laborales, para el desarrollo de trabajo en el interior del centro. 8) Sistema de quejas, mediante los cuales las internas puedan hacer peticiones a las autoridades. 9) Dotar de mecanismos eficaces para evitar la introducción o elaboración de armas de cualquier tipo para garantizar la vida e integridad de las internas, además proceder y/o coadyuvar a la investigación inmediata de los hechos lesivos a la dignidad humana ocurridos en el citado Centro penal. 10) Diseño de programas de adiestramiento de personal de seguridad y carcelario, encaminadas a crear una cultura institucional de conocimiento y respeto de las normas de derechos humanos. 11) Creación de un sistema de protección y prevención contra incendios que pudieran poner en peligro la vida, integridad física y bienes de las personas internas, y, finalmente; 12) En general, proveer los medios que garanticen la indemnidad personal de las personas recluidas, en virtud haber quedado establecida su vulnerabilidad; dadas las condiciones estructurales en que guardan detención o prisión legal, según ha quedado de manifiesto. CONSIDERANDO (24): Que las condiciones en las que permanecían las privadas de libertad, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), reseñadas por la jueza ejecutora nombrados al efecto, resultan constitutivas de vejámenes, restricciones y molestias innecesarias para su seguridad individual como para el orden de la penitenciaria; vulnerando, por tanto, lo establecido en el numeral 1) literal b) del artículo 182 de de la República, en relación a lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por lo que resulta procedente otorgar la garantía de Hábeas Corpus Correctivo, a efecto de que se les restituya en el goce y disfrute de los derechos restringidos y/o conculcados, mediante las medidas correctivas que obran recomendadas. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos: 1, 4, 16, 18, 59, 60, 61, 63, 65, 68, 69, 71, 80, 82, 85, 86, 87, 303, 304, 313 atribución 5ta; 316 numeral 1, 321 y 323 de de ; artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 30 de de los Derechos Humanos; artículos 1, 2, 11, 12, 18, 22, 24, 25 de de los Derechos y Deberes del Hombre; artículos 1, 2, 4, 5, 24 y 25 de sobre Derechos Humanos; artículos 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 16, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela); artículos 1, 2, 4, 5 y 11 de los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; artículos 1, 2, 5, 6 y 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia; artículos 1, 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 9, numeral 1); 13, 14, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: Declarar CON LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO impetrado por el Abogado JORGE FERNANDO JIMÉNEZ REYES, en su condición de PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES PROMOTORES DE LOS DERECHOS HUMANOS (JOPRODEH) a favor de TODAS LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD INTERNAS DE NIÑOS Y NIÑAS QUE VIVEN EN LA PENITENCIARÍA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS). ORDENA: I. Que las autoridades designadas: 1) LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, y, particularmente; 2) EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, en tanto encargado de la organización, administración y funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, adopten las medidas necesarias para hacer cesar la vulneración a los derechos humanos de las personas privadas de libertad; gestiones que deberán realizarse DE INMEDIATO, acatando las disposiciones aquí establecidas; las cuales podrán revisarse en el plazo de un (1) año, a partir de la ejecutoriedad de esta sentencia, a efecto de verificar su cumplimiento, respeto y observancia a los derechos humanos de las internas en la PENITENCIARÍA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS). II. Instar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a efecto de que diseñen y ejecuten una política pública en materia penitenciaria acorde al mandato constitucional y de cumplimiento a los instrumentos internacionales de derechos humanos. III. Hacer del conocimiento la presente sentencia al Ministerio Público y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, a efecto le brinden debido cumplimiento a sus atribuciones y deberes constitucionales y legales, en tutela de la población penitenciaría. IV. El incumplimiento de esta sentencia dará lugar a lo que en derecho corresponda, de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo se certifique y comunique por los canales usuales a las entidades de Estado concernidas; procediéndose, en lo subsiguiente, al archivo de las presentes diligencias en Secretaría de la Sala de lo Constitucional. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTLLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación de la Sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-0846-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.