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Sentencia EP-529-24 — Registro 19027

Resumen

Se interpuso Recurso de Exhibición Personal manifestando la peticionaria que su familiar se encuentra recluido en Támara.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que el recurrente en el escrito establece que su familiar se encuentra recluido en Támara por el supuesto delito que su forma de ser no son congéneres a los artículos del Código Penal Vigente.- En ese sentido se debe establecer que el artículo 172 del Código Procesal Penal regula la imposición de medidas cautelares, que tienen como finalidad asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de pruebas, entendiéndose esto, que esas circunstancias se aplican durante la sustanciación del proceso hasta llegar a juicio, donde finalmente se ratifica la inocencia o se declara la culpabilidad de la persona acusada, que durante todo ese proceso deben imponérsele al acusado medidas cautelares, ya sean estas restrictivas de la libertad o no, porque debe enfrentar la imputación, sin perjuicio de la Garantía Universal y Constitucional de Inocencia que le asiste, y que los efectos de las medidas cautelares se cumplen mientras llega el momento de emitir una sentencia, ya es de conocimiento que en la causa que nos ocupa ya se realizó Audiencia de procedimiento Abreviado al señor ARMANDO CERRATO ROVELO, donde lo declaran culpable y fallan con Sentencias Condenatorias por los DELITOS DE ESTAFA CONTINUADA, donde se integran tres Sentencias, asimismo se le impone una pena de SIETE (7) AÑOS SEIS (6) MESES más una multa de TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS (L 13.625.00) por delito de ESTAFA CONTINUDA en perjuicio de DAVID EDUARDO HERNÁNDEZ MEJÍA, DANIEL ERNESTO HERNÁNDEZ MEJÍA. mediante Decreto 130-2017 donde se integran tres (3) Sentencias, donde Indica ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de DOUGLAS ULISES BUSTAMANTE CABALLERO Y NELSON LEONEL BACA a la pena de SEIS (6) AÑOS OCHO (8) MESES más una multa de SEIS MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (L 6,066.65), a la pena de DIEZ (10) AÑOS de reclusión y una multa de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L 16,850.00) de ROSIBEL ESTRADA, EVER POSADAS, a la pena de SIETE (7) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN más una multa de TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13,625.00), por el Delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de DAVID EDUARDO HERNÁNDEZ MEJÍA, DANIEL ERNESTO HERNÁNDEZ MEJÍA, haciendo una acumulación jurídica de VEINTICUATRO (24) AÑOS, DOS (2) MESES, más las respectivas multas por lo que se colige que en ningún momento se le violentó ninguna Garantía Constitucional.- CONSIDERANDO: El Estado reconoce la Garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, y procede cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad y cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO: Que el artículo 24 de la Ley de Justicia Constitucional estable que es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto. salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad. 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de Autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en Ley y. 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para efecto por el Estado. “

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Exhibición Personal presentado por la señora Diana Zuniga, a favor del señor Armando Cerrato Rovelo, contra actuaciones del Director del Centro Penal ubicado en la localidad de Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando la peticionaria que su familiar se encuentra recluido en Támara. ANTECEDENTES 1)Que, en fecha treinta de abril de dos mil veinticuatro, compareció ante esta Sala, la señora Diana Zuniga, interponiendo recurso de exhibición personal a favor del señor Armando Cerrato Rovelo, contra actuaciones del Director del Centro Penal ubicado en la localidad de Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando la peticionaria que su familiar se encuentra recluido en Támara. (Folio 1 del recurso de mérito)2)En fecha treinta de abril de dos mil veinticuatro, esta Sala, admitió el presente recurso, asimismo, nombró como Jueza Ejecutora a la Abogada Ana Eloísa Montes, en su condición de Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. (Folio 3 vuelto del recurso de mérito)3)En fecha diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, la Juez Ejecutora nombrada, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, compareció ante esta Sala, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyó: “…CONSIDERANDO: Que el recurrente en el escrito establece que su familiar se encuentra recluido en Támara por el supuesto delito que su forma de ser no son congéneres a los artículos del Código Penal Vigente.- En ese sentido se debe establecer que el artículo 172 del Código Procesal Penal regula la imposición de medidas cautelares, que tienen como finalidad asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de pruebas, entendiéndose esto, que esas circunstancias se aplican durante la sustanciación del proceso hasta llegar a juicio, donde finalmente se ratifica la inocencia o se declara la culpabilidad de la persona acusada, que durante todo ese proceso deben imponérsele al acusado medidas cautelares, ya sean estas restrictivas de la libertad o no, porque debe enfrentar la imputación, sin perjuicio de la Garantía Universal y Constitucional de Inocencia que le asiste, y que los efectos de las medidas cautelares se cumplen mientras llega el momento de emitir una sentencia, ya es de conocimiento que en la causa que nos ocupa ya se realizó Audiencia de procedimiento Abreviado al señor ARMANDO CERRATO ROVELO, donde lo declaran culpable y fallan con Sentencias Condenatorias por los DELITOS DE ESTAFA CONTINUADA, donde se integran tres Sentencias, asimismo se le impone una pena de SIETE (7) AÑOS SEIS (6) MESES más una multa de TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS (L 13.625.00) por delito de ESTAFA CONTINUDA en perjuicio de DAVID EDUARDO HERNÁNDEZ MEJÍA, DANIEL ERNESTO HERNÁNDEZ MEJÍA. mediante Decreto 130-2017 donde se integran tres (3) Sentencias, donde Indica ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de DOUGLAS ULISES BUSTAMANTE CABALLERO Y NELSON LEONEL BACA a la pena de SEIS (6) AÑOS OCHO (8) MESES más una multa de SEIS MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (L 6,066.65), a la pena de DIEZ (10) AÑOS de reclusión y una multa de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L 16,850.00) de ROSIBEL ESTRADA, EVER POSADAS, a la pena de SIETE (7) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN más una multa de TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13,625.00), por el Delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de DAVID EDUARDO HERNÁNDEZ MEJÍA, DANIEL ERNESTO HERNÁNDEZ MEJÍA, haciendo una acumulación jurídica de VEINTICUATRO (24) AÑOS, DOS (2) MESES, más las respectivas multas por lo que se colige que en ningún momento se le violentó ninguna Garantía Constitucional.- CONSIDERANDO: El Estado reconoce la Garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, y procede cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad y cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO: Que el artículo 24 de la Ley de Justicia Constitucional estable que es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto. salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad. 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de Autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en Ley y. 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para efecto por el Estado. POR TANTO: La suscrita Jueza Ejecutora después de haber realizado las diligencias pertinentes para la averiguación de los argumentos expuestos en la interposición de Habeas Corpus o Exhibición Personal, los extremos comprobados al momento de entrevistar al Señor ARMANDO CERRATO ROVELO, el Informe rendido por el Director de la Penitenciaria Nacional de Támara y haciendo una relación con las disposiciones contenidas en la Ley de Justicia Constitucional, se establece que los hechos denunciados no encuentran correspondencia en las normas legales para declarar procedente la Acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal. EN CONSECUENCIA: La Suscrita Jueza Ejecutora en uso de las facultades que le confiere la Ley, en aplicación de los artículos 182 de la Constitución de la Republica: 1, 2, 3, 9, 10, 13, 24, 26, 27 34, 37, 38 de la Ley de Justicia Constitucional; DECLARA LA NO PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL número SCO-529-2024 interpuesto ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por la Señora DIANA ZÚNIGA a favor del señor ARMANDO CERRATO ROVELO contra las actuaciones de la Sata de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.- NOTIFIQUESE…” (Folios 9-14 del recurso de mérito).CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional conocer la Garantía de Exhibición Personal según lo preceptuado en los artículos 313 numeral 3) y 5) en relación directa con el 182 de la Constitución de la República; de igual forma a lo previsto en el artículo 39 párrafo último, de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que es deber del Estado garantizar la libertad personal y la integridad de la persona humana, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, por cuanto la acción de Exhibición Personal es una garantía constitucional de carácter excepcional, en la que toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla como lo establece el artículo 182 Constitucional en correspondencia con lo citado en el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, debiendo adoptarse en caso necesario y sin demora las medidas necesarias a través de la investigación del caso denunciado de conformidad con lo que dispone la ley. CONSIDERANDO (3): Que admitida la acción por la Sala de lo Constitucional presentada el 30 de abril del 2024 por la señora Diana Zuniga a favor del privado de libertad Armando Cerrato Rovelo, en la que expone que “…su familiar se encuentra recluido en el Centro Penitenciario en Tamara, Francisco Morazán por supuestos delitos que a su forma de ser no son congéneres a los artículos del Código Penal vigente…” CONSIDERANDO (4): Que este Alto Tribual de Justicia en auto de fecha 30 de abril del 20224, dispuso designar como juez ejecutora para efectos del habeas corpus a la abogada Ana Eloísa Montes, defensora púbica de Tegucigalpa, Francisco Morazán, ordenando de manera inmediata se constituya al lugar donde se encuentra detenido el señor Armando Cerrato Rovelo y constatar los hechos denunciados y de ser procedente tomar las medidas pertinentes a fin de hacer cesar cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual, requerir de las autoridades el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades de ley establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que emita el informe final sobre lo actuado en un plazo prudencial y hacerlo llegar a la Sala de lo Constitucional. Artículos 182 de la Constitución de la República, 13, 24, 38 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que, examinados los actos investigativos de conformidad a las facultades inherentes al cargo de la Juez ejecutora, es visible el requerimiento practicado al Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara en fecha 3 de mayo del 20224, en el cual se solicitó lo siguiente: 1)informar sobre la condición jurídica del privado de libertad y que se pronuncie sobre el hecho alegado por la recurrente; 2) Sobre diagnóstico medico del señor Armando Cerrato Rovelo y 3) Que se exhibiera al privado de libertad de manera inmediata. CONSIDERANDO (6): Que corre a folio 18, la entrevista personal realizada por la juez ejecutora al privado de libertad en la que únicamente se limitó a contestar su nombre, Armando Cerrato Rovelo, número de DNI 0801-1941--01256, la edad 83, el tiempo de reclusión a lo que respondió que hace 3 años, no sabe porque delito esta privado de libertad y que está a la orden del Juzgado de la Granja. Preguntado si desde que ingresó a este Centro Penal ha sufrido usted tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal, coacciones, restricciones o molestias que lastimen o pongan en peligro su seguridad individual e integridad física?. Respondió “me han tratado muy bien”. CONSIDERANDO (7): Que el informe requerido al director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara relaciona que el señor Armando Cerrato Rovelo ingresó a dicho recinto penitenciario del por el delito de Estafa continuada en perjuicio de Ever Iban Posadas Ramírez y Rosibel Estrada López a la orden del Juzgado de Letras Penal de la Sección judicial de Tegucigalpa según Exp. 1769-2017 J#14. Resalta el informe que se le han seguido tres procesos penales al privado de libertad por el delito de Estafa Continuada contra diferentes personas, con tres sentencias condenatorias según computo de pena emitido el 10 de diciembre del 2021 por la abogada Jaqueline Paz, Juez de Ejecución de Tegucigalpa, indica que Armando Cerrato Rovelo fue condenado por el delito de Estafa Continuada en perjuicio de Douglas Ulises Bustamante Caballero y Nelson Leonel Baca a la pena de seis (6) años y ocho (8) meses de prisión y una multa de seis mil sesenta y seis lempiras con sesenta y cinco centavos (L.6,066.65); A la pena de diez (10) años de reclusión y una multa de Dieciséis Mil Ochocientos cincuenta lempiras (L.16,850.00) en la causa en perjuicio de Rosibel Estrada y Ever Posadas; a la pena de siete (7) años, seis (6) meses de reclusión y una multa de Trece mil seiscientos veinticinco lempiras exactos (L.13,625.00) por estafa continuada en perjuicio de David Eduardo Hernández Mejía y Daniel Ernesto Hernández Mejía, haciendo una acumulación jurídica de Veinticuatro (24) Años, dos (02) meses, más las respectivas multas. Liberad Condicional puede optar hasta el 21 de julio del 2038, cumplirá la totalidad de la pena cumplirá hasta el 21 noviembre del 2041. CONSIDERANDO (8): Que la evaluación médica requerida y realizada por el medico asistencial del Centro Penitenciario, muestra entre sus antecedentes patológicos: Cardiopatía en insuficiencia cardiaca clase Funcional II, fibrilación auricular paroxística, hipertensión arterial, F06+F19, F60.2 y Poli Neuropatía. Diagnostico cardiopatía en insuficiencia cardiaca clase funcional II, hipertensión arterial controlada, F06+F19, F60.2. Tratamiento: Recibe los medicamentos. Plan: Remisión a médico internista del Centro; referido a consulta externa psiquiátrica en Hospital Mario Mendoza, referido a consulta externa de Neurología del hospital Escuela. CONCLUSION: Paciente orientado en espacio y persona, no en tiempo, con Glasgow 15/15, hemo dinámicamente estable.CONSIDERANDO (9): Que, concluidos los actos investigativos, la juez ejecutora es del parecer que se declare No Ha Lugar la acción de exhibición personal o habeas corpus a favor del señor Armando Cerrato Rovelo, por considerar que en la presente causa no le comprenden los presupuestos del artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que es uno de los requisitos que exige la ley para plantear el presente recurso. Que durante el curso de la investigación, la Juez Ejecutora mediante la entrevista pudo comprobar que no ha sido vulnerado en sus garantías individuales tal como el mismo lo dejó expresado y que se encuentra cumpliendo tres condenas por el delito de estafa continuada en perjuicio de personas particulares. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece, se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de esta Ley caso contrario se declarará sin lugar tal como es el caso que nos ocupa. CONSIDERANDO(11): Que esta Sala no pierde de vista, que en el caso del privado de libertad, Armando Cerato Rovelo, este se encuentra cumpliendo pena de reclusión por tres sentencias condenatorias en su contra, tal como se desprende del informe rendido por el director del Centro Penitenciario, por los delitos de Estafa Continuada en perjuicios de personas particulares, totalizando las penas impuestas 24 años dos meses, pudiendo optar a libertad condicional el 21 de julio del 2038 y finalizando la totalidad de las penas hasta el 21 de noviembre del 2041. De lo anterior se concluye, que su condición jurídica es de condenado como resulta de los procesos penales seguidos en su contra por el órgano jurisdiccional competente, por tanto, esta Sala comprobadas las actuaciones de la Juez Ejecutora aprueba el informe final rendido, en el sentido de declarar la no procedencia de la acción de habeas corpus o exhibición personal por no cumplirse los presupuestos de los artículos 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional, descartándose el hecho denunciado por la recurrente.CONSIDERANDO (12): Que, con lo actuado, se han respetado los derechos que el Estado reconoce a los ciudadanos en calidad de detenidos o que cumplen una pena como es el caso que nos ocupa, en tal sentido procede declarar No Ha Lugar la acción de Exhibición Personal presentada a favor de Armando Cerrato Rovelo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 80, 82, 182, 303, 304, 313 numerales 5, 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 5, 7, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 1, 74, 78 numeral 5) de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 9 numeral 1), 10 numeral 1), 12, 13, 14, 17, 19, 25, 26, 31, 34, 37, 38 y 70 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DECLARAR NO HA LUGAR el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus promovido por la señora Diana Zuniga a favor de Armando Cerrato Rovelo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado VALLECILLO PAREDES. - NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-0529-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL