Sentencia EP-37-24 — Registro 18491
Resumen
En revisión las diligencias que contienen la sentencia que declaró sin lugar el recurso de habeas corpus con relación a la causa instruida los delitos de tráfico de droga y tenencia de armas de fuego prohibidas en perjuicio de la salud pública y el orden público.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“. 3)En fecha diez de enero de dos mil veinticuatro, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA, dictó sentencia en donde en su motivación y fundamentos jurídicos consignó entre otros extremos lo siguiente: a. En opinión del Abogado MARLON IVAN RODRÍGUEZ ESCALÓN, la detención del señor RODRIGO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ se ha convertido en una detención ilegal, por haberse vencido el plazo establecido en el artículo 181 del Código Procesal Penal, de duración de la medida cautelar de prisión preventiva; sin embargo, la Jueza Ejecutora, Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA, luego de las Investigaciones realizadas, concluyó que no se cumplía con una detención ilegal o arbitraria, según lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley Sobra Justicia Constitucional, por lo que consideró, declarar NO HA LUGAR LA ACCIÓN DE EXHIBICION PERSONAL O HABEAS CORPUS; observando que en la actualidad existe una ampliación de seis meses de la medida cautelar de prisión preventiva, ampliación que fue ordenada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. b. La medida cautelar de prisión preventiva es una medida restrictiva del derecho a la libertad, contemplada en el numeral 3) del artículo 173 del Código Procesal Penal, que es impuesta a partir del momento en que se lleva a cabo la audiencia inicial y se decreta el Auto de Formal Procesamiento por parte del Juez de Letras que conoce de la causa, al tenor de los artículos 174, 178, 179, 180 у 184 numeral 13) del mismo cuerpo legal. También se establece en el artículo 181 de dicho Código, el tiempo de duración de la prisión preventiva, en el sentido de que, cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años. Excepcionalmente y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que dicho artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. c. Esta Corte comparte el criterio establecido por la Jueza Ejecutora, en el sentido de que, si existe una ampliación del plazo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva, según el procedimiento que el Código Procesal Penal establece, no existe ninguna detención ilegal, por cuanto la orden de privación de libertad ha sido emitida con fundamento en la ley y por un órgano jurisdiccional competente, en este caso, la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, efectivamente cualquier situación relacionada con la duración de la medida cautelar de prisión preventiva, debe ser dirimida en una audiencia por el Juzgado de Letras que conoce del asunto y que es el que debe dar trámite a la solicitud de revisión o sustitución de la medida cautelar e, incluso, señalarla de oficio, de tal manera que en dicha audiencia se proceda a verificar si se ha vencido o no, el término efectivamente de la medida cautelar de prisión preventiva. Por lo que cabe concluir que, la detención del señor RODRIGO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ no se considera ilegal y, por ende, es procedente aprobar el informe emitido por la Jueza Ejecutora, Defensora Pública, Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA. d. Conforme a lo anterior, es criterio de esta Corte que, en el caso que nos ocupa, la alegación de vencimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, no constituye una causal comprendida en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y, por ende, no violenta la Garantía Constitucional señalada por el recurrente; lo anterior, se torna lógico, por cuanto el vencimiento de la prisión preventiva, por el simple transcurso de los plazos establecidos en los primeros tres párrafos del artículo 181 del Código Procesal Penal, no puede operar en forma automática y no puede considerarse que por ese simple transcurso del tiempo debe dejarse en libertad a la persona acusada, sino que, por el contrario, es el órgano jurisdiccional quien debe analizar si concurre a no, alguna de las circunstancias que se aprecian en los demás párrafos de dicho artículo como, por ejemplo, que dentro de dicho plazo no hayan existido demoras producidas por gestiones de la Defensa, que hayan sido declaradas sin lugar, o si ya se ha realizado el juicio oral y público y se encuentra pendiente de emitir la correspondiente sentencia, o bien que el acusado ya haya sido condenado y la sentencia se está revisando mediante el recurso de Casación, ocurriendo que en estos dos últimos casos ya se ha quebrantado la presunción de inocencia del imputado y, por ende, su situación jurídica ha cambiado, computándose un nuevo plazo de duración de la prisión preventiva, que puede prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra la sentencia pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. e. Todas las circunstancias supra indicadas, deben ser analizadas por el órgano jurisdiccional que tiene en conocimiento la causa, para lo cual, debe realizarse la audiencia respectiva y seguirse el trámite consignado en el artículo 189 del Código Procesal Penal, pudiendo debatirse la resolución que se emita a través de los recursos ordinarios de reposición y/o apelación.Esta sala de lo Constitucional comparte la motivación fundamentos jurídicos expuestos por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION y estima que, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”.2.Como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el recurso Habeas Corpus ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. 3.El Habeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de la misma, con el fin que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención.4.El recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, procede contra aquellos actos de la autoridad en los que se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos al inobservar las normas legales y constitucionales, y también, contra los actos de la autoridad que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los detenidos.5.En lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.6.De conformidad con lo establecido por el Artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.7.Por su parte, según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.8. De todo lo actuado en el procedimiento que nos ocupa, esta Sala advierte que al emitirse la sentencia objeto de estudio, la misma ha compartido las consideraciones y razonamientos de la jueza ejecutora designada, quien pudo constatar la improcedencia de la acción constitucional pretendida, de ahí que sus razonamientos se orientaron a la desestimación de la garantía constitucional invocada al no advertirse la ilegalidad de la detención de la que fue objeto el supuesto agraviado.9.Es así como la Corte de Alzada, coincidiendo con el parecer de la funcionaria nombrada, consideró no acreditada la violación al derecho de libertad del señor RODRIGO FERNÁNDEZ STÉVEZ, conforme lo dispuesto por la Ley Sobre Justicia Constitucional, razón por la que determinó la desestimación de la acción de mérito, lo cual procedía según criterio de esta Sala, de acuerdo con las estipulaciones de ley y consideraciones de derecho que han sido expuestas en el fallo que se examina.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 173 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 181 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
“. 3)En fecha diez de enero de dos mil veinticuatro, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA, dictó sentencia en donde en su motivación y fundamentos jurídicos consignó entre otros extremos lo siguiente: a. En opinión del Abogado MARLON IVAN RODRÍGUEZ ESCALÓN, la detención del señor RODRIGO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ se ha convertido en una detención ilegal, por haberse vencido el plazo establecido en el artículo 181 del Código Procesal Penal, de duración de la medida cautelar de prisión preventiva; sin embargo, la Jueza Ejecutora, Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA, luego de las Investigaciones realizadas, concluyó que no se cumplía con una detención ilegal o arbitraria, según lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley Sobra Justicia Constitucional, por lo que consideró, declarar NO HA LUGAR LA ACCIÓN DE EXHIBICION PERSONAL O HABEAS CORPUS; observando que en la actualidad existe una ampliación de seis meses de la medida cautelar de prisión preventiva, ampliación que fue ordenada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. b. La medida cautelar de prisión preventiva es una medida restrictiva del derecho a la libertad, contemplada en el numeral 3) del artículo 173 del Código Procesal Penal, que es impuesta a partir del momento en que se lleva a cabo la audiencia inicial y se decreta el Auto de Formal Procesamiento por parte del Juez de Letras que conoce de la causa, al tenor de los artículos 174, 178, 179, 180 у 184 numeral 13) del mismo cuerpo legal. También se establece en el artículo 181 de dicho Código, el tiempo de duración de la prisión preventiva, en el sentido de que, cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años. Excepcionalmente y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que dicho artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. c. Esta Corte comparte el criterio establecido por la Jueza Ejecutora, en el sentido de que, si existe una ampliación del plazo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva, según el procedimiento que el Código Procesal Penal establece, no existe ninguna detención ilegal, por cuanto la orden de privación de libertad ha sido emitida con fundamento en la ley y por un órgano jurisdiccional competente, en este caso, la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, efectivamente cualquier situación relacionada con la duración de la medida cautelar de prisión preventiva, debe ser dirimida en una audiencia por el Juzgado de Letras que conoce del asunto y que es el que debe dar trámite a la solicitud de revisión o sustitución de la medida cautelar e, incluso, señalarla de oficio, de tal manera que en dicha audiencia se proceda a verificar si se ha vencido o no, el término efectivamente de la medida cautelar de prisión preventiva. Por lo que cabe concluir que, la detención del señor RODRIGO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ no se considera ilegal y, por ende, es procedente aprobar el informe emitido por la Jueza Ejecutora, Defensora Pública, Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA. d. Conforme a lo anterior, es criterio de esta Corte que, en el caso que nos ocupa, la alegación de vencimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, no constituye una causal comprendida en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y, por ende, no violenta la Garantía Constitucional señalada por el recurrente; lo anterior, se torna lógico, por cuanto el vencimiento de la prisión preventiva, por el simple transcurso de los plazos establecidos en los primeros tres párrafos del artículo 181 del Código Procesal Penal, no puede operar en forma automática y no puede considerarse que por ese simple transcurso del tiempo debe dejarse en libertad a la persona acusada, sino que, por el contrario, es el órgano jurisdiccional quien debe analizar si concurre a no, alguna de las circunstancias que se aprecian en los demás párrafos de dicho artículo como, por ejemplo, que dentro de dicho plazo no hayan existido demoras producidas por gestiones de la Defensa, que hayan sido declaradas sin lugar, o si ya se ha realizado el juicio oral y público y se encuentra pendiente de emitir la correspondiente sentencia, o bien que el acusado ya haya sido condenado y la sentencia se está revisando mediante el recurso de Casación, ocurriendo que en estos dos últimos casos ya se ha quebrantado la presunción de inocencia del imputado y, por ende, su situación jurídica ha cambiado, computándose un nuevo plazo de duración de la prisión preventiva, que puede prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra la sentencia pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. e. Todas las circunstancias supra indicadas, deben ser analizadas por el órgano jurisdiccional que tiene en conocimiento la causa, para lo cual, debe realizarse la audiencia respectiva y seguirse el trámite consignado en el artículo 189 del Código Procesal Penal, pudiendo debatirse la resolución que se emita a través de los recursos ordinarios de reposición y/o apelación.Esta sala de lo Constitucional comparte la motivación fundamentos jurídicos expuestos por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION y estima que, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”.2.Como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el recurso Habeas Corpus ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. 3.El Habeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de la misma, con el fin que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención.4.El recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, procede contra aquellos actos de la autoridad en los que se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos al inobservar las normas legales y constitucionales, y también, contra los actos de la autoridad que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los detenidos.5.En lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.6.De conformidad con lo establecido por el Artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.7.Por su parte, según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.8. De todo lo actuado en el procedimiento que nos ocupa, esta Sala advierte que al emitirse la sentencia objeto de estudio, la misma ha compartido las consideraciones y razonamientos de la jueza ejecutora designada, quien pudo constatar la improcedencia de la acción constitucional pretendida, de ahí que sus razonamientos se orientaron a la desestimación de la garantía constitucional invocada al no advertirse la ilegalidad de la detención de la que fue objeto el supuesto agraviado.9.Es así como la Corte de Alzada, coincidiendo con el parecer de la funcionaria nombrada, consideró no acreditada la violación al derecho de libertad del señor RODRIGO FERNÁNDEZ STÉVEZ, conforme lo dispuesto por la Ley Sobre Justicia Constitucional, razón por la que determinó la desestimación de la acción de mérito, lo cual procedía según criterio de esta Sala, de acuerdo con las estipulaciones de ley y consideraciones de derecho que han sido expuestas en el fallo que se examina.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 173 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 181 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de abril del año dos mil veinticuatro. Vista EN REVISIÓN las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION, en fecha diez de enero de dos mil veinticuatro, que declaró Sin lugar el recurso de Habeas Corpus interpuesto por el abogado MARLON IVAN RODRÍGUEZ ESCALÓN, a favor del señor RODRIGO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINIALIDAD ORGANIZADA, con relación a la causa instruida contra el referido señor RODRIGO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ por suponerlo responsable de los delitos de TRÁFICO DE DROGA Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO PRHIBIDAS en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA Y EL ORDEN PÚBLICO.ANTECEDENTES 1)En fecha trece de diciembre de dos mil veintitrés, compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION, el abogado MARLON IVAN RODRÍGUEZ ESCALÓN, promoviendo recurso de exhibición personal a favor del señor RODRIGO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINIALIDAD ORGANIZADA, sustentando su petición en que la medida cautelar preventiva que fue impuesta al señor impuesta RODRIGO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ se encuentra vencida por lo que considera que su detención es ilegal.2)En fecha catorce de diciembre de dos mil veintitrés, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION, designó como Juez Ejecutora para los efectos de la Exhibición Personal solicitada, a la abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA, defensora pública de Tegucigalpa, quien en cumplimiento de su función, en fecha nueve de enero de dos mil veinticuatro emitió informe en el cual declaró NO HA LUGAR LA ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL O HABEAS CORPUS, en virtud de que en el expediente del JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINIALIDAD ORGANIZADA, obra un oficio de ampliación de la medida cautelar de prisión preventiva por el términos de seis meses que fue expedido por la Corte Suprema de Justicia; razón por la cual considera que la detención del señor RODRIGO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ no se subsume en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.3)En fecha diez de enero de dos mil veinticuatro, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA, dictó sentencia en donde en su motivación y fundamentos jurídicos consignó entre otros extremos lo siguiente: a. En opinión del Abogado MARLON IVAN RODRÍGUEZ ESCALÓN, la detención del señor RODRIGO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ se ha convertido en una detención ilegal, por haberse vencido el plazo establecido en el artículo 181 del Código Procesal Penal, de duración de la medida cautelar de prisión preventiva; sin embargo, la Jueza Ejecutora, Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA, luego de las Investigaciones realizadas, concluyó que no se cumplía con una detención ilegal o arbitraria, según lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley Sobra Justicia Constitucional, por lo que consideró, declarar NO HA LUGAR LA ACCIÓN DE EXHIBICION PERSONAL O HABEAS CORPUS; observando que en la actualidad existe una ampliación de seis meses de la medida cautelar de prisión preventiva, ampliación que fue ordenada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. b. La medida cautelar de prisión preventiva es una medida restrictiva del derecho a la libertad, contemplada en el numeral 3) del artículo 173 del Código Procesal Penal, que es impuesta a partir del momento en que se lleva a cabo la audiencia inicial y se decreta el Auto de Formal Procesamiento por parte del Juez de Letras que conoce de la causa, al tenor de los artículos 174, 178, 179, 180 у 184 numeral 13) del mismo cuerpo legal. También se establece en el artículo 181 de dicho Código, el tiempo de duración de la prisión preventiva, en el sentido de que, cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años. Excepcionalmente y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que dicho artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. c. Esta Corte comparte el criterio establecido por la Jueza Ejecutora, en el sentido de que, si existe una ampliación del plazo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva, según el procedimiento que el Código Procesal Penal establece, no existe ninguna detención ilegal, por cuanto la orden de privación de libertad ha sido emitida con fundamento en la ley y por un órgano jurisdiccional competente, en este caso, la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, efectivamente cualquier situación relacionada con la duración de la medida cautelar de prisión preventiva, debe ser dirimida en una audiencia por el Juzgado de Letras que conoce del asunto y que es el que debe dar trámite a la solicitud de revisión o sustitución de la medida cautelar e, incluso, señalarla de oficio, de tal manera que en dicha audiencia se proceda a verificar si se ha vencido o no, el término efectivamente de la medida cautelar de prisión preventiva. Por lo que cabe concluir que, la detención del señor RODRIGO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ no se considera ilegal y, por ende, es procedente aprobar el informe emitido por la Jueza Ejecutora, Defensora Pública, Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA. d. Conforme a lo anterior, es criterio de esta Corte que, en el caso que nos ocupa, la alegación de vencimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, no constituye una causal comprendida en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y, por ende, no violenta la Garantía Constitucional señalada por el recurrente; lo anterior, se torna lógico, por cuanto el vencimiento de la prisión preventiva, por el simple transcurso de los plazos establecidos en los primeros tres párrafos del artículo 181 del Código Procesal Penal, no puede operar en forma automática y no puede considerarse que por ese simple transcurso del tiempo debe dejarse en libertad a la persona acusada, sino que, por el contrario, es el órgano jurisdiccional quien debe analizar si concurre a no, alguna de las circunstancias que se aprecian en los demás párrafos de dicho artículo como, por ejemplo, que dentro de dicho plazo no hayan existido demoras producidas por gestiones de la Defensa, que hayan sido declaradas sin lugar, o si ya se ha realizado el juicio oral y público y se encuentra pendiente de emitir la correspondiente sentencia, o bien que el acusado ya haya sido condenado y la sentencia se está revisando mediante el recurso de Casación, ocurriendo que en estos dos últimos casos ya se ha quebrantado la presunción de inocencia del imputado y, por ende, su situación jurídica ha cambiado, computándose un nuevo plazo de duración de la prisión preventiva, que puede prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra la sentencia pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. e. Todas las circunstancias supra indicadas, deben ser analizadas por el órgano jurisdiccional que tiene en conocimiento la causa, para lo cual, debe realizarse la audiencia respectiva y seguirse el trámite consignado en el artículo 189 del Código Procesal Penal, pudiendo debatirse la resolución que se emita a través de los recursos ordinarios de reposición y/o apelación.4)La CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION, en su sentencia de fecha diez de enero de dos mil veinticuatro, por unanimidad de votos, falló: “…ÚNICO: Declarar SIN LUGAR el recurso de HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL, interpuesto por el abogado MARLON IVAN RODRÍGUEZ ESCALÓN, a favor del señor RODRIGO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ, a quien se le instruye proceso por suponerlo responsable de los delitos de TRÁFICO DE DROGA Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO PRHIBIDAS en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA Y EL ORDEN PÚBLICO.5)En fecha doce de enero de dos mil veinticuatro, esta Sala de lo Constitucional recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.Esta sala de lo Constitucional comparte la motivación fundamentos jurídicos expuestos por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION y estima que, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”.2.Como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el recurso Habeas Corpus ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. 3.El Habeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de la misma, con el fin que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención.4.El recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, procede contra aquellos actos de la autoridad en los que se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos al inobservar las normas legales y constitucionales, y también, contra los actos de la autoridad que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los detenidos.5.En lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.6.De conformidad con lo establecido por el Artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.7.Por su parte, según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.8. De todo lo actuado en el procedimiento que nos ocupa, esta Sala advierte que al emitirse la sentencia objeto de estudio, la misma ha compartido las consideraciones y razonamientos de la jueza ejecutora designada, quien pudo constatar la improcedencia de la acción constitucional pretendida, de ahí que sus razonamientos se orientaron a la desestimación de la garantía constitucional invocada al no advertirse la ilegalidad de la detención de la que fue objeto el supuesto agraviado.9.Es así como la Corte de Alzada, coincidiendo con el parecer de la funcionaria nombrada, consideró no acreditada la violación al derecho de libertad del señor RODRIGO FERNÁNDEZ STÉVEZ, conforme lo dispuesto por la Ley Sobre Justicia Constitucional, razón por la que determinó la desestimación de la acción de mérito, lo cual procedía según criterio de esta Sala, de acuerdo con las estipulaciones de ley y consideraciones de derecho que han sido expuestas en el fallo que se examina.PARTE RESOLUTIVA En atención a las anteriores hechos y consideraciones de derecho, esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 Y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 5 y 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No.1, 13, 14, 17, 19, 24, 31, 39 y demás aplicable de la Ley sobre Justicia Constitucional; F A L L A: ÚNICO: CONFIRMANDO la sentencia venida en revisión, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA, en fecha diez de enero de dos mil veinticuatro, que declaró no ha lugar el recurso de Exhibición Personal interpuesto por el abogado MARLON IVAN RODRÍGUEZ ESCALÓN, a favor del señor RODRIGO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ, contra actuaciones del JUGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCIÓN. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS MAGISTRADOS (AS). WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión registrado en este Tribunal con el número SCO-0037-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL