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Sentencia EP-237-24 — Registro 19198

Resumen

En Revisión las diligencias que contienen la sentencia que declaró sin lugar, el recurso de exhibición personal manifestando el peticionario que: “…el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, realizó audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva, modificándola por medidas menos gravosas emitiendo carta de libertad provisional, sin embargo, el imputado sigue recluido, lo anterior con relación a la causa instruida por el delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido “CC-222”.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (4): Que los argumentos invocados en la presente acción de habeas corpus ya fueron resueltos en audiencia de revisión de medidas ante el Tribunal que conoce la causa, y el Tribunal una vez examinada las diligencias concluyó sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por las medidas cautelares establecidas en el artículo 171 numerales 6,7,8 y 9 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (5): Que la honorable Corte de Apelaciones con competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, es del parecer que se declare Sin Lugar el recurso de habeas corpus o exhibición personal, tomando en cuenta para ello los antecedentes que se encuentran contenidas en las diligencias del presente caso, se estima que al señor Wilmer Alexander Irías Barahona se le dictó medida cautelar de prisión preventiva, impuesta por autoridad competente, sustenta el recurrente que han transcurrido más de dos años en efectiva prisión, que inicio el 15 de mayo de 2020 cumpliendo el plazo máximo de duración preventiva en fecha 15 de noviembre del 2022, considera que en base al artículo 180 del Código Procesal Penal, se venció la prisión preventiva. La Alzada estima que el alegato del impetrante no es válido, que, habiéndose impuesto la medida cautelar de prisión preventiva, en el presente caso, en fecha 20 de mayo del 2020 con duración de dos años se contabiliza desde la fecha en que los procesados fueron detenidos por miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión, el 15 de mayo del 2020 por las razones siguientes: No resulta lógico contabilizar el término de una medida cautelar antes de su imposición. Cada medida cautelar establecida en el artículo 173 en sus numerales 1,2, y 3 tiene su propio cómputo de plazo, así la prisión o captura en su caso, la detención preventiva de una persona no puede exceder de 24 horas sin ser puesta a la orden de juez competente o en su caso de 48 horas en caso de investigación compleja de conformidad a lo establecido en el artículo 71 de la Constitución. La detención judicial para inquirir no podrá exceder de 6 días, contados desde el momento en que se produzca la misma, plazo dentro del cual se lleva a cabo la audiencia inicial, durante esta el juez debe decidir si en su caso, procede decretar el auto de formal procesamiento o la medida cautela de prisión preventiva, de acuerdo lo que establece el artículo 297 numeral 1 del CPP. Existe una clara diferencia entre el computo de la medida cautelar de prisión preventiva y el computo de la efectiva prisión para el cálculo de la pena, ya que la primera es una medida cautelar, que se contabiliza desde su imposición y la segunda comprende todo el tiempo que una persona se encuentra privada de su libertad por la imposición de todo el conjunto de medidas cautelares restrictivas de la libertad, (aprehensión o captura, detención preventiva, detención judicial y prisión preventiva) por lo que en este último caso si se debe contabilizar desde el momento de la aprehensión o captura de una persona, ya que todo el tiempo en que una persona se ha encontrado privada de libertad se computa el cálculo de la pena. Que la alegación del vencimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, no constituye una causal del artículo 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional, y por ende no violenta la garantía constitucional reclamada. CONSIDERANDO (6) Que esta Sala de lo Constitucional estima, que examinada la sentencia venida en revisión, es del parecer que se confirme la misma, al no haber evidencia de vulneración a garantías constitucionales contra el privado de libertad Wilmer Alexander Irías Barahona, cuyo alegato central es que se encontraba con detención ilegal por vencimiento de la prisión preventiva; en cuanto a este hecho denunciado es el órgano jurisdiccional competente y que conoce de la causa el que debe pronunciarse en audiencia de revisión de medidas como bien así lo hizo, y no a través de una acción de habeas corpus, en tal sentido por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala comparte la resolución revisada que declaró no ha lugar el recurso de exhibición.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro. VISTAS: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, en fecha veinte de febrero de dos mil veinticuatro, que declaró sin lugar, el recurso de exhibición personal interpuesto por el Abogado Ricardo Andree Oliva Cantor, a favor del señor Wilmer Alexander Irías Barahona, contra las actuaciones del Director del Centro Penitenciario de “Marco Aurelio Soto”, ubicado en la localidad de Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando el peticionario que: “…el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, realizó audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva, modificándola por medidas menos gravosas emitiendo carta de libertad provisional, sin embargo, el imputado sigue recluido, lo anterior con relación a la causa instruida contra el señor Wilmer Alexander Irías Barahona, por suponerlo responsable del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido “CC-222”. ANTECEDENTES 1) Que, en fecha veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, compareció ante la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, el Abogado Ricardo Andree Oliva Cantor, interponiendo recurso de exhibición personal a favor del señor Wilmer Alexander Irías Barahona, contra las actuaciones del Director del Centro Penitenciario de “Marco Aurelio Soto”, ubicado en la localidad de Támara, departamento de Francisco Morazán, tal como se ha relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 144-147 del antecedente) 2) En fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, la referida Corte, tuvo por admitido el recurso de exhibición de mérito, asimismo, nombró como Jueza Ejecutora a la Abogada Iris Ondina Castro Alvarenga, en su condición de Defensora Pública. (Folios 3-4 del antecedente) 3) En fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro, la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, tuvo por rendido el informe emitido por la Jueza Ejecutora nombrada, en el cual se consignó entre otros extremos lo siguiente: (Sic) “…NOVENO: Que la suscrita Juez al momento de realizar las diligencias en la Secretaría General del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, fui informada por parte de la Secretaria General, que se programó Audiencia de revisión de medidas al señor WILMER ALEXANDER IRIAS BARAHONA (Folio 28 al 29) para el día 02 Febrero del presente año, en la cual me constituí para verificar tales extremos, en donde los Honorables Jueces del Tribunal de Sentencia específicamente en la Sala V en Materia de Criminalidad Organizada desarrolló la misma en la cual REVOCÓ la prisión preventiva impuesta a WILMER ALEXANDER IRIAS BARAHONA, en virtud de que no hay presupuestos legitimadores para mantener la prisión preventiva, notificándole personalmente al encausado de la modificación de las medidas de Prisión Preventiva a las contenidas en el artículo 173 # 6, 7, 8 y 9 del Código procesal Penal (Folio 30), en virtud que ya se venció el régimen cautelar que venía cumpliendo, y por tanto procede en Derecho una modificación del mismo, emitiendo CARTA DE LIBERTAD PROVISIONAL(Se adjunta copia de la misma en folio 31), tomando en cuenta los antecedentes de mérito, así como la finalidad que tienen las medidas cautelares en relación a lo dispuesto en los artículos 181 y 189 del mismo cuerpo legal y ORDENÓ: 1.-Comunicar la Resolución al Instituto Nacional Penitenciario y al Centro Penitenciario de Morocelí a efecto que se hagan las indagaciones correspondientes y así poder determinar los motivos por los cuales no se dio trámite a la orden emitida por la Sala que estaba conociendo el caso. 2.- Librar oficio a la Penitenciaria de Támara para que proceda a la excarcelación inmediata del imputado, así mismo a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario para que tenga conocimiento de los extremos ventilados en la audiencia. 3.- Librar oficio a la Dirección de Migración y Extranjería a fin de impedir la salida del país al encausado; 4.- informar al señor WILMER IRIAS sobre su nuevo régimen cautelar, indicándole en relación a la medida contemplada en el artículo 173 numeral 6 de la norma procesal penal, que deberá presentarse los lunes de cada semana a firmar el libro de control respectivo que al efecto lleva el Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad organizada y Corrupción; y 5.- Fijar audiencia de juicio oral y público para el día 20 de Marzo del año en curso a las 10 con treinta minutos de la mañana e instruyendo a la Receptoría del Tribunal para que cite a todos los intervinientes a fin de que puedan comparecer a la audiencia antes señalada. Adjunto en el Anexo copia de la Resolución de la Audiencia de Revisión de Medidas, copia de Acta de Imposición de Medidas Cautelares y copia de Carta de Libertad Provisional a favor del encausado WILMER ALEXANDER IRIAS BARAHONA. DECIMO: Considerando que el articulo 13 numeral 1 de la Ley sobre Justicia Constitucional; establece que El habeas corpus o exhibición personal procede cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad y cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción, o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión. DECIMO PRIMERO: Que la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 24 define que una detención es ilegal y arbitraria cuando concurren las siguientes circunstancias: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad de impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de una autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por los motivos que no hayan sido previamente establecidos en la Ley; y 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. DECIMO SEGUNDO: Que el Estado reconoce la Garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal y procede cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad y cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión. DECIMO TERCERO: Que después de haber realizado las diligencias pertinentes para la averiguación de los argumentos expuestos en la interposición del Habeas Corpus o Exhibición Personal, los extremos comprobados al momento de entrevistar al privado de libertad WILMER ALEXANDER IRIAS BARAHONA y, los informes rendidos tanto por el Director de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto de Támara, el Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional a través de la Secretaria General quien manifiesta que "no se ha recibido Carta de Libertad ni orden de Excarcelación por parte de los Juzgados", por lo que, se establece que los hechos denunciados no encuentra correspondencia en las normas legales para declarar procedente la Acción de habeas Corpus o Exhibición Personal. DECIMO CUARTO: Que siendo que la garantía de HABEAS CORPUS O EXHIBICION PERSONAL tiene como propósito fundamental tutelar el derecho constitucional de la libertad personal en su más amplio sentido, teniendo como finalidad una función reparadora, correctiva o preventiva, encaminada a tomar las medidas necesarias e inmediatas con el propósito de hacer cesar las violaciones a la libertad personal buscando con ello la reintegración al orden Constitucional cuando este ha sido desconocido o violado por autoridad pública o personas de cualquier índole. Por lo anteriormente expuesto y en base a las investigaciones realizadas al haberse verificado los hechos denunciados en el Recurso que nos ocupa POR TANTO: Esta Jueza Ejecutora en nombre del Estado de Honduras en aplicación de los artículos 73, 74, 182 de la Constitución de la Republica; 16, 25 y 26 de la ley Sobre Justicia Constitucional y con las facultades que estoy investida soy del criterio en DECLARAR NO HA LUGAR la Acción del Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el señor RICARDO ANDREE OLIVA CANTOR, quien actúa en condición de Procurador a favor de WILMER ALEXANDER IRIAS BARAHONA.- Devuélvase la Comunicación debidamente Cumplimentada a la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de lo Constitucional.- CUMPLASE.” (Folios 8-18 del antecedente) 4) En fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro, la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, tuvo por rendido el informe emitido por la Jueza Ejecutora nombrada, en el cual se consignó entre otros extremos lo siguiente: (Sic) “…PRIMERO: El día Doce de Febrero del año en curso, siendo las nueve con catorce minutos de la mañana, constituida la suscrita en las Instalaciones que ocupa la "PENITENCIARÍA NACIONAL MARCO AURELIO SOTO” ubicada en Támara de esta Ciudad de Tegucigalpa, con el objeto de requerir en legal y debida forma al Señor Director de la PENITENCIARÍA NACIONAL MARCO AURELIO SOTO Teniente Coronel FRANKLIN JAVIER BETANCOURTH MARTÍNEZ, a fin de que rinda informe pormenorizado en el término que no exceda las veinticuatro (24) horas a partir del presente requerimiento, de "Cuando fue excarcelado el señor WILMER ALEXANDER IRIAS BARHONA, así mismo, el informe de salida del Centro Penitenciario del señor antes referido y la documentación soporte acreditando su salida", una vez entregada el Acta de Requerimiento el Señor Director del Centro Penitenciario, respondió que inmediatamente estaría rindiendo por escrito dicha información. Se adjunta copia de Acta de Requerimiento de fecha Doce de Febrero del presente año. SEGUNDO: Seguidamente en esa misma fecha Doce de Febrero del año en curso, recibí Informe por parte del Señor Director del Centro Penitenciario MARCO AURELIO SOTO ubicado en Támara, Teniente Coronel FRANKLIN JAVIER BETANCOURTH MARTÍNEZ, en el cual informa lo siguiente: "...se hace de su conocimiento que este Privado de libertad egreso de este Centro Penitenciario Nacional de Támara en fecha 02 de Febrero del presente año, con Orden de Excarcelación y Carta de Libertad Provisional por el Delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO C 222, en virtud que se le impusieron medidas distintas a la Prisión Preventiva por haber vencido el término máximo que puede cumplir según la Ley, emitidas por el Abogado FERNANDO MORAZÁN Juez Presidente y Abogada DALIA ROMERO Secretaria Adjunta del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción. Se adjunta Orden de excarcelación y Carta de Libertad Provisional de fecha 02 de febrero del 2024..." Firma ilegible, Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara. Se adjunta al presente informe Oficio de Orden de Excarcelación de fecha 02 de febrero del año en curso. Así mismo, esta a su vez, presenta firma y huella de recibido señor IRIAS BARAHONA junto con la CARTA DE LIBERTAD PROVISIONAL, con lo cual se colige que fueron entregadas al señor Wilmer Alexander Irias Barahona. TERCERO: En cuanto a la Ampliación ordenada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para realizar las diligencias necesarias para agilizar los trámites requeridos y dar una respuesta adecuada al Recurso de Habeas Corpus interpuesto, la suscrita Juez Ejecutora tiene a bien informar, que se constató los extremos expuestos en la Comunicación de la Providencia de fecha 08 de Febrero del presente año referente al Recurso de mérito y verificó que el señor Wilmer Alexander Irias Barahona fue excarcelado en fecha 02 de febrero del presenta año Dos mil veinticuatro, en virtud que de la modificación de las medidas de prisión preventiva, por haberse vencido el término máximo que puede cumplir según la Ley, por medidas distintas a la misma, establecidas en la normativa procesal penal, emitida por el Juez FERNANDO MORAZÁN del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción y la abogada DALIA ROMERO Secretaria Adjunta, los cuales adjunto al presente informe de fecha Doce de Febrero del año Dos mil Veinticuatro, POR TANTO: La suscrita Juez Ejecutora nombrada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 182 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 9, 10, 13, 24, 26, 27, 31 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es del parecer: 1) Que se ha dado cumplimiento a la ampliación de la Comunicación en relación a las diligencias de investigación en virtud del Recurso de Habeas Corpus interpuesto por el Procurador RICARDO ANDREÉ OLIVA CANTOR a favor del señor WILMER ALEXANDER IRIAS BARAHONA, en vista que del Informe emitido por la autoridad del Centro Penitenciario Marco Aurelio Soto ubicado en Támara, se desprende que se encuentra la orden de excarcelación según oficio número S-V-TS/CNMCOC-062-2024 del Expediente 0801-2023-00650-TS/CNMCOC de fecha 02 de Febrero del 2024, el cual fue firmado de recibido con su nombre completo y huella digital el señor WILMER ALEXANDER IRIAS BARAHONA con identidad 0801-2001- 00575, quedando en LIBERTAD PROVISIONAL de acuerdo al Informe presentado por el Señor Director del Centro Penitenciario Nacional Marco Aurelio Soto, ubicado en TÁMARA, de lo cual, adjunto la documentación soporte. 2) Devuélvase la Comunicación debidamente Cumplimentada a la Honorable Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de la Honorable Corte Suprema de Justicia. - NOTIFIQUESE Y CUMPLASE…” (Folios 130-132 del antecedente) 5) En fecha veinte de febrero de dos mil veinticuatro, la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Que la Secretaria del Despacho notifique esta resolución al recurrente, en el día de su emisión o al día siguiente hábil, y, no siendo ello posible, que la notificación se realice mediante el número de teléfono móvil o al correo electrónico designado por el impetrante en el escrito de interposición de la acción de Habeas Corpus. SEGUNDO: Una vez notificada esta sentencia, líbrese certificación de esta a la Jueza Ejecutora y al Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada v Corrupción, como autoridad recurrida, para que tengan conocimiento sobre ella. TERCERO: Remitir el expediente a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia para que proceda a la revisión de la sentencia, a efecto de que adquiera el carácter de definitiva. NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE…” (Folios 144-147 del antecedente) 6) Que en fecha veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro, esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia de fecha 20 de febrero de veinticuatro, recaída en la EPR.0237-2024 venida en revisión, y que el párrafo final del artículo 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional prevé que las resoluciones que dicten los jueces de Letras y los Tribunales de Apelación, según la competencia que corresponda, tendrán el carácter de sentencias definitivas, una vez revisadas en su caso por la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (3): Que la sentencia en revisión es la dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, que declaró Sin lugar la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal interpuesta a favor del señor Wilmer Alexander Irías Barahona, basada en el informe rendido por la juez ejecutora designada, quien fue de la opinión que se declare no ha lugar la presente exhibición personal en virtud de que a dicho ciudadano no se le han violentado los la garantías constitucionales invocadas por el recurrente, no se ha podido acreditar el quebrantamiento de los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en cuanto a determinar que la privación de libertad del señor Wilmer Alexander Irías Barahona sea considerada ilegal. CONSIDERANDO (4): Que los argumentos invocados en la presente acción de habeas corpus ya fueron resueltos en audiencia de revisión de medidas ante el Tribunal que conoce la causa, y el Tribunal una vez examinada las diligencias concluyó sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por las medidas cautelares establecidas en el artículo 171 numerales 6,7,8 y 9 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (5): Que la honorable Corte de Apelaciones con competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, es del parecer que se declare Sin Lugar el recurso de habeas corpus o exhibición personal, tomando en cuenta para ello los antecedentes que se encuentran contenidas en las diligencias del presente caso, se estima que al señor Wilmer Alexander Irías Barahona se le dictó medida cautelar de prisión preventiva, impuesta por autoridad competente, sustenta el recurrente que han transcurrido más de dos años en efectiva prisión, que inicio el 15 de mayo de 2020 cumpliendo el plazo máximo de duración preventiva en fecha 15 de noviembre del 2022, considera que en base al artículo 180 del Código Procesal Penal, se venció la prisión preventiva. La Alzada estima que el alegato del impetrante no es válido, que, habiéndose impuesto la medida cautelar de prisión preventiva, en el presente caso, en fecha 20 de mayo del 2020 con duración de dos años se contabiliza desde la fecha en que los procesados fueron detenidos por miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión, el 15 de mayo del 2020 por las razones siguientes: No resulta lógico contabilizar el término de una medida cautelar antes de su imposición. Cada medida cautelar establecida en el artículo 173 en sus numerales 1,2, y 3 tiene su propio cómputo de plazo, así la prisión o captura en su caso, la detención preventiva de una persona no puede exceder de 24 horas sin ser puesta a la orden de juez competente o en su caso de 48 horas en caso de investigación compleja de conformidad a lo establecido en el artículo 71 de la Constitución. La detención judicial para inquirir no podrá exceder de 6 días, contados desde el momento en que se produzca la misma, plazo dentro del cual se lleva a cabo la audiencia inicial, durante esta el juez debe decidir si en su caso, procede decretar el auto de formal procesamiento o la medida cautela de prisión preventiva, de acuerdo lo que establece el artículo 297 numeral 1 del CPP. Existe una clara diferencia entre el computo de la medida cautelar de prisión preventiva y el computo de la efectiva prisión para el cálculo de la pena, ya que la primera es una medida cautelar, que se contabiliza desde su imposición y la segunda comprende todo el tiempo que una persona se encuentra privada de su libertad por la imposición de todo el conjunto de medidas cautelares restrictivas de la libertad, (aprehensión o captura, detención preventiva, detención judicial y prisión preventiva) por lo que en este último caso si se debe contabilizar desde el momento de la aprehensión o captura de una persona, ya que todo el tiempo en que una persona se ha encontrado privada de libertad se computa el cálculo de la pena. Que la alegación del vencimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, no constituye una causal del artículo 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional, y por ende no violenta la garantía constitucional reclamada. CONSIDERANDO (6) Que esta Sala de lo Constitucional estima, que examinada la sentencia venida en revisión, es del parecer que se confirme la misma, al no haber evidencia de vulneración a garantías constitucionales contra el privado de libertad Wilmer Alexander Irías Barahona, cuyo alegato central es que se encontraba con detención ilegal por vencimiento de la prisión preventiva; en cuanto a este hecho denunciado es el órgano jurisdiccional competente y que conoce de la causa el que debe pronunciarse en audiencia de revisión de medidas como bien así lo hizo, y no a través de una acción de habeas corpus, en tal sentido por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala comparte la resolución revisada que declaró no ha lugar el recurso de exhibición; POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 80, 82, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia que se revisa dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de fecha 20 de febrero del 2024. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo. NOTIFIQUESE. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veintisiete de noviembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Exhibición Personal venido en Revisión registrado en este Tribunal con el número SCO-0237-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL