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Sentencia EP-1511-23 — Registro 17696

Resumen

Impetrante sostiene que al haber irrumpiendo su privacidad y su seguridad personal al ser expuesto de manera pública ante los medios de comunicación con anticipación que estaría siendo trasladado a dicho centro penal donde privados de libertad de estructuras criminales tuvieron acceso a dicha información, para finalmente ser confinado y reubicado en el módulo de "mínima seguridad" ,al evidenciarse la obstrucción de las investigaciones por parte del Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, encaminadas a constatar la veracidad de lo denunciado por el peticionario de la Garantía de Hábeas Corpus; es por ello que esta Sala de lo Constitucional, estima que la autoridad recurrida, el Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, ha incumplido con las disposiciones emanadas de la Ley sobre Justicia Constitucional, específicamente lo dispuesto en el artículo 28, siendo obligación de la autoridad recurrida presentar en forma inmediata a la persona agraviada y entregar sin tardanza al Juez Ejecutor el informe y antecedentes del caso, situación esta última que fue obviada por el Director del Centro Penitenciario de Támara, diligencia que debió ser cumplida sin pretexto alguno.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(11): Que mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.” La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, la establecida en el numeral 3, que consiste en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad.CONSIDERANDO (12): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido-CONSIDERANDO (13): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad, lo que implica el uso de torturas, vejámenes y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual del detenido o preso o para el orden de la prisión. Por todo lo cual y ante las incidencias suscitadas durante la tramitación de la garantía de Hábeas Corpus, se hace procedente en derecho, tener por ciertos los hechos invocados por el demandante o solicitante de la presente garantía de Hábeas Corpus, ello ante la negativa de la autoridad recurrida de rendir el informe en el término señalado en la ley y lo manifestado por el Privado de Libertad señor Mario Roberto Zelaya Rojas, ante los jueces ejecutores, del temor que siente que su vida se encuentre en peligro, al recibir amenazas verbales por parte de otro Privado de Libertad que se encuentra en el módulo contiguo al que permanece el agraviado, temor que se acrecienta por encontrarse el agraviado en un módulo considerado de mínima seguridad; debiendo en consecuencia poner en conocimiento los hechos al Ministerio Público a efecto de realizar las acciones legales correspondientes en contra del Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, ello en atención a lo establecido en el artículo 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Como corolario de lo anterior se hace procedente decretar el cese de la restricción al medicamento que debe tomar el Privado de Libertad señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, beneficiario de la presente garantía, a raíz de sus múltiples padecimientos de salud, como ser Asma Bronquial Crónica, Artrosis Muscular y degeneraciones del sistema nervioso, según lo narrado por el peticionario Abogado Francisco Pascua Cantarero, asimismo garantizar el derecho a la intimidad de su correspondencia, acorde a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución de la República, en relación al contenido del artículo 234 del Reglamento General de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, deben asimismo las autoridades penitenciarias proceder a realizar el estudio técnico-criminológico y la correspondiente clasificación del agraviado, para determinar en qué régimen de seguridad le corresponde cumplir su internamiento al interior del Centro Penitenciario que corresponda a fin de salvaguardar su integridad física, hechos que se tienen por ciertos al tenor de lo establecido en el artículo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional, estimándose por tanto, aprobar el informe emitido por los Jueces Ejecutores nombrados y en consecuencia declarar CON LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus Correctivo

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

(11): Que mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.” La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, la establecida en el numeral 3, que consiste en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad.CONSIDERANDO (12): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido-CONSIDERANDO (13): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad, lo que implica el uso de torturas, vejámenes y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual del detenido o preso o para el orden de la prisión. Por todo lo cual y ante las incidencias suscitadas durante la tramitación de la garantía de Hábeas Corpus, se hace procedente en derecho, tener por ciertos los hechos invocados por el demandante o solicitante de la presente garantía de Hábeas Corpus, ello ante la negativa de la autoridad recurrida de rendir el informe en el término señalado en la ley y lo manifestado por el Privado de Libertad señor Mario Roberto Zelaya Rojas, ante los jueces ejecutores, del temor que siente que su vida se encuentre en peligro, al recibir amenazas verbales por parte de otro Privado de Libertad que se encuentra en el módulo contiguo al que permanece el agraviado, temor que se acrecienta por encontrarse el agraviado en un módulo considerado de mínima seguridad; debiendo en consecuencia poner en conocimiento los hechos al Ministerio Público a efecto de realizar las acciones legales correspondientes en contra del Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, ello en atención a lo establecido en el artículo 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Como corolario de lo anterior se hace procedente decretar el cese de la restricción al medicamento que debe tomar el Privado de Libertad señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, beneficiario de la presente garantía, a raíz de sus múltiples padecimientos de salud, como ser Asma Bronquial Crónica, Artrosis Muscular y degeneraciones del sistema nervioso, según lo narrado por el peticionario Abogado Francisco Pascua Cantarero, asimismo garantizar el derecho a la intimidad de su correspondencia, acorde a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución de la República, en relación al contenido del artículo 234 del Reglamento General de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, deben asimismo las autoridades penitenciarias proceder a realizar el estudio técnico-criminológico y la correspondiente clasificación del agraviado, para determinar en qué régimen de seguridad le corresponde cumplir su internamiento al interior del Centro Penitenciario que corresponda a fin de salvaguardar su integridad física, hechos que se tienen por ciertos al tenor de lo establecido en el artículo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional, estimándose por tanto, aprobar el informe emitido por los Jueces Ejecutores nombrados y en consecuencia declarar CON LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus Correctivo

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de abril del año dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Exhibición Personal Correctivo interpuesto por el Abogado FRANCISCO PASCUA CANTARERO, a favor del Privado de Libertad MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, contra actuaciones de la COMISIÓN INTERVENTORA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, expone el peticionario que "…el 16 de octubre del año 2023, en un operativo relámpago sin previo aviso o notificación a los apoderados legales o familiares de los privados de libertad, fueron trasladados aproximadamente 16 privados de libertad hacia la penitenciaría Nacional de Tamara incluidos entre ellos el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, irrumpiendo su privacidad y su seguridad personal al ser expuesto de manera pública ante los medios de comunicación con anticipación que estaría siendo trasladado a dicho centro penal donde privados de libertad de estructuras criminales tuvieron acceso a dicha información, para finalmente ser confinado y reubicado en el módulo de "mínima seguridad" donde días antes fueron reubicados al menos 10 privados de libertad que guardan efectiva prisión por el delito de extorsión…"ANTECEDENTES1)Que, en fecha trece de noviembre del año dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado FRANCISCO PASCUA CANTARERO, interponiendo Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal Correctivo a favor del señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, contra actuaciones de la COMISIÓN INTERVENTORA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, exponiendo el peticionario Inter alia que "…el 16 de octubre del año 2023, en un operativo relámpago sin previo aviso o notificación a los apoderados legales o familiares de los privados de libertad; fueron trasladados aproximadamente 16 privados de libertad hacia la penitenciaría Nacional de Tamara incluidos entre ellos el SEÑOR MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, irrumpiendo su privacidad y su seguridad personal al ser expuesto de manera pública ante los medios de comunicación con anticipación que estaría siendo trasladado a dicho centro penal donde privados de libertad de estructuras criminales tuvieron acceso a dicha información, para finalmente ser confinado y reubicado en el módulo de "mínima seguridad" donde días antes fueron reubicados al menos 10 privados de libertad que guardan efectiva prisión por el delito de extorsión…" (Folios del 1-13 de los autos) 2)En la misma fecha trece de noviembre del año dos mil veintitrés, la Sala de lo Constitucional admitió el recurso de mérito, nombrando como Jueces Ejecutores a los Magistrados IVÁN ELÍAS CASTELAR LÓPEZ y ARMANDO COREA, quienes deberían constatar los extremos narrados por el recurrente, constituirse al lugar donde se encuentra detenido el Privado de Libertad Mario Roberto Zelaya, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual, asimismo ordenar a dichas autoridades recurridas, rendir el informe de conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folio 45fv de los autos)3)En fecha dieciséis de noviembre del año dos mil veintitrés, los Jueces Ejecutores nombrados, en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, comparecieron ante esta Sala, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyeron inter alia lo siguiente: “…CONSIDERANDO: Que de la entrevista de fecha catorce de noviembre, siendo las nueve con veinticinco de la mañana del año en curso realizada al señor MARIO ALBERTO ZELAYA ROJAS, y de sus respuestas dadas por el mismo se desprende lo siguiente: Manifiesta que tiene temor por su vida, ya que recibió una amenaza verbal, por parte de un imputado del módulo de al lado del centro penal, que tiene conocimiento de que ha habido amenazas a muerte en contra de él y los compañeros del módulo anexos B de mínima seguridad, que ha tenido problemas al recibir la correspondencia ha sido restringido ya que nos les permiten ingresar cartas de sus familiares, no se permiten las llamadas a diario y cuando no las dan no puede ser por más de cinco minutos, que por las noches un centinela, cada dos horas camina sobre el techo, no le han permitido ingresar sus medicamentos del asma y de la artrosis que padece. CONSIDERANDO: Que, del informe solicitado a las autoridades penitenciarias específicamente al Coronel Daniel Rogelio Fúnez, en su condición de Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara, el día catorce de noviembre del año en curso, a las nueve con dieciséis minutos de la mañana, a la fecha, ya han transcurrido más de cuarenta y ocho horas y no ha hecho entrega del informe solicitado sobre la situación jurídica, ni de la evaluación médica del señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS. Que la Ley Sobre Justicia Constitucional es clara al indicar que la acción de habeas corpus tiene y se hará sin pérdida de tiempo, por lo que el respectivo órgano jurisdiccional pospondrá cualquier asunto de distinta naturaleza de que estuviere conociendo. Adoptará sin tardanza, asimismo, las medidas necesarias para la averiguación del caso y para proteger la libertad o la seguridad del detenido o preso. En caso contrario, se le juzgará como coautor de la detención, vejación o agravio. (artículo 25 de la Ley sobre Justicia Constitucional) CONSIDERANDO: Que la doctrina establece que "el Habeas Corpus es una institución de la justicia constitucional que protege específicamente la libertad personal frente a las actuaciones arbitrarias o ilegales del poder del Estado y también de los particulares. Protege al individuo en los casos de privación de libertad o de amenaza a dicha privación, e incluso en los casos de daños a la integridad personal como consecuencia de dichos actos. En este sentido cabe afirmar que el habeas corpus es esencial para garantizar la vida e integridad de las personas privadas de libertad, para impedir su desaparición o ejecución arbitraria, así como para protegerlas de actos como la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y por supuesto, para protegerla contra estados de incomunicación… CONSIDERANDO: Que de acuerdo al articulo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional una vez requerida la autoridad esta procederá a la inmediata exhibición del detenido o preso, así como la obligación de rendir un informe detallado de los hechos, todo lo cual deberá de cumplir dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. Dicho artículo también nos indica que, si el informe no se rinde en el término señalado, se tendrán por ciertos los hechos invocados por el demandante o solicitante, y si procede en derecho, se declarará con lugar la exhibición pedida… CONSIDERANDO: El artículo 145 de la Constitución de la República reconoce el derecho a la protección de la salud. En relación a este derecho el Reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario en su artículo 148, nos indica que dentro de las funciones del Médico General del Centro Penitenciario esta atender las necesidades de salud de las personas internas, proporcionándoles atención medica de conformidad con el cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud u otros, según criterio medico prescribiendo el tratamiento medico correspondiente, mediante la expedición y entrega de su respectiva receta medica institucional. POR TANTO: Los Suscritos Jueces Ejecutores nombrados, en nombre del Estado de Honduras … DECLARA: HA LUGAR la acción del Recurso de Exhibición Personal, interpuesto por el abogado FRANCISCO PASCUA CANTARERO a favor del señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS. PERO EN EL SENTIDO DE HACER CESAR TODAS AQUELLAS SITUACIONES O MOLESTIAS INNECESARIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, DE IGUAL FORMA EN EL SENTIDO DE GARANTIZARLE A EL LOS DERECHOS INHERENTES AL SER HUMANO y como consecuencia se recomienda: 1) Garantizar la intimidad de la correspondencia entre el señor Mario Roberto Zelaya Rojas y sus familiares 2) Garantizar la integridad física del señor Mario Zelaya, para tales efectos, cuando dicho señor salga de su módulo se le brinden las medidas de seguridad correspondientes 3) Dar libre acceso al de los medicamentos traídos por los familiares, medicamentos que hayan sido recetados por parte del médico del centro penal, para el tratamiento de las enfermedades que el padece, esto para garantizarle el derecho a la salud. Devuélvase la presente comunicación a la Honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. NOTIFIQUESE…” (Folios del 66-68 de los autos)CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo prescrito en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo 182 precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral” y el artículo 69 cuando indica que: “La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”.CONSIDERANDO (4): Que en fecha trece de noviembre del año dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia el Abogado FRANCISCO PASCUA CANTARERO, interponiendo Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal Correctivo a favor del Privado de Libertad MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, contra actuaciones de la COMISIÓN INTERVENTORA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, expone el peticionario inter alia que "…el 16 de octubre del año 2023, en un operativo relámpago sin previo aviso o notificación a los apoderados legales o familiares de los privados de libertad, fueron trasladados aproximadamente 16 privados de libertad hacia la penitenciaría Nacional de Tamara incluidos entre ellos el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, irrumpiendo su privacidad y su seguridad personal al ser expuesto de manera pública ante los medios de comunicación con anticipación que estaría siendo trasladado a dicho centro penal donde privados de libertad de estructuras criminales tuvieron acceso a dicha información, para finalmente ser confinado y reubicado en el módulo de "mínima seguridad" donde días antes fueron reubicados al menos 10 privados de libertad que guardan efectiva prisión por el delito de extorsión…"CONSIDERANDO (5): Que en la misma fecha trece de noviembre del año dos mil veintitrés, la Sala de lo Constitucional admitió el Recurso de Exhibición Personal relacionado, designando como Jueces Ejecutores a los Magistrados IVAN ELIAS CASTELAR LOPEZ y ARMANDO COREA, a efecto de constatar los extremos narrados por el recurrente y requiriendo de las autoridades recurridas el informe de conformidad a lo establecido en el Articulo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (6): Que los Abogados IVAN ELIAS CASTELAR LOPEZ y ARMANDO COREA, en su condición preindicada y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindieron informe en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), consignando entre otros extremos los enunciados en el numeral tres de los antecedentes del presente libelo.CONSIDERANDO (7): Que el hábeas corpus consiste en un medio para solicitar que un individuo, que se presume ha sido detenido, retenido en prisión de forma ilegal, sea puesto materialmente en presencia de un juez para que este tome una determinación acerca de si debe continuar o no privado de su libertad. Funciona como recurso para tutelar no sólo el derecho a la libertad, sino otros derechos que pueden ser puestos en riesgo en situaciones de detención ilegal, como lo son la integridad física y la vida del individuo. En parte, es por tal razón que los tratados internacionales que tocan la materia, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, establecen el hábeas corpus como un derecho no restringible o no suspendible en estados de excepción o anormalidad estatal. Siguiendo con el concepto ut supra, la Corte Interamericana ha dejado establecido en su jurisprudencia que para que el hábeas corpus cumpla con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad, “exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada”. A mayor abundamiento, el Tribunal ha señalado que, dentro de las garantías judiciales indispensables, la función que cumple el hábeas corpus es esencial como medio idóneo para: - garantizar la libertad; -controlar el respeto a la vida de las personas; - controlar el respeto a la integridad de las personas; -impedir la desaparición forzada de las personas; -impedir la indeterminación del lugar de detención de las personas, y -proteger a una persona contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, la Corte ha resaltado que dicho recurso debe ser garantizado en todo momento, aun cuando el individuo se encuentre bajo condiciones excepcionales de incomunicación legalmente decretada.CONSIDERANDO (8): Que el Capítulo II de la Ley sobre Justicia Constitucional, desarrolla lo atinente a las acciones de Exhibición Personal y de Hábeas Data; en relación a la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, el artículo 26 de la referida ley establece cuales son los deberes de los titulares del órgano jurisdiccional o del Juez Ejecutor de la acción, quienes una vez recibida la acción ordenarán mediante auto la inmediata exhibición del detenido o preso, ante el funcionario que se designe y este al alcaide, jefe, encargado o subalterno, o a la persona presuntamente responsable, que presente al ofendido, así como el original o copia de la orden de detención y que rinda informe detallado de los hechos que la motivaron; todo lo cual se Deberá cumplir dentro de un plazo que no exceda las veinticuatro (24) horas. Continúa expresando el precepto indicado que, si el informe no se rinde en el término señalado, se tendrán por ciertos los hechos invocados por el demandante o solicitante y, si procede en derecho, se declarará con lugar la exhibición pedida. CONSIDERANDO (9): Que consta del informe presentado por los Jueces Ejecutores, ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, las diligencias realizadas para la verificación de los hechos denunciados por el peticionario de la Garantía de Exhibición Personal, como ser la entrevista personal realizada al Privado de Libertad Mario Roberto Zelaya Rojas, en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), en las instalaciones que ocupa la Penitenciaria Nacional de Támara y el Acta de Requerimiento en la misma fecha al Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, Coronel Daniel Rogelio Fúnez, a efecto que en el término de veinticuatro (24) horas, como lo establece el Artículo 26 y 27 de la Ley sobre Justicia Constitucional, rindiera informe sobre la situación en la que se encuentra el señor Mario Roberto Zelaya Rojas, transcurriendo más de cuarenta y ocho (48) horas, desde la hora del requemamiento, sin que la autoridad correspondiente hiciera entrega del Informe solicitado, situación que motivo a los Jueces Ejecutores a concluir que se debe declarar Con Lugar el Recurso de Exhibición Personal Correctivo, al evidenciarse la obstrucción de las investigaciones por parte del Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, encaminadas a constatar la veracidad de lo denunciado por el peticionario de la Garantía de Hábeas Corpus; es por ello que esta Sala de lo Constitucional, estima que la autoridad recurrida, el Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, ha incumplido con las disposiciones emanadas de la Ley sobre Justicia Constitucional, específicamente lo dispuesto en el artículo 28, siendo obligación de la autoridad recurrida presentar en forma inmediata a la persona agraviada y entregar sin tardanza al Juez Ejecutor el informe y antecedentes del caso, situación esta última que fue obviada por el Director del Centro Penitenciario de Támara, diligencia que debió ser cumplida sin pretexto alguno. Como bien lo señala la Constitución de la República y desarrollado de igual forma en la Ley sobre Justicia Constitucional, asimismo siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la función que cumple el hábeas corpus es esencial como medio idóneo para garantizar inter alia -proteger a una persona contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por ello el literal b) del artículo 182 constitucional, garantiza por medio del Hábeas Corpus, el que no se aplique al detenido o preso restricciones o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión; asimismo, la Corte Interamericana ha resaltado que dicho recurso debe ser garantizado en todo momento, aun cuando el individuo se encuentre bajo condiciones excepcionales de incomunicación legalmente decretada.CONSIDERANDO (10): Que en atención a la observancia del Artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha señalado la obligación del Estado de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, en particular porque éstas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en tal sentido ha dicho la Corte: “Que el Estado se encuentra en una posición especial de garante con respecto a las personas privadas de libertad en centros penitenciarios o de detención, en razón de que las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas. Además, “[u]na de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad, es la de [procurar] a éstas las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención”.CONSIDERANDO (11): Que mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.” La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, la establecida en el numeral 3, que consiste en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad.CONSIDERANDO (12): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido-CONSIDERANDO (13): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad, lo que implica el uso de torturas, vejámenes y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual del detenido o preso o para el orden de la prisión. Por todo lo cual y ante las incidencias suscitadas durante la tramitación de la garantía de Hábeas Corpus, se hace procedente en derecho, tener por ciertos los hechos invocados por el demandante o solicitante de la presente garantía de Hábeas Corpus, ello ante la negativa de la autoridad recurrida de rendir el informe en el término señalado en la ley y lo manifestado por el Privado de Libertad señor Mario Roberto Zelaya Rojas, ante los jueces ejecutores, del temor que siente que su vida se encuentre en peligro, al recibir amenazas verbales por parte de otro Privado de Libertad que se encuentra en el módulo contiguo al que permanece el agraviado, temor que se acrecienta por encontrarse el agraviado en un módulo considerado de mínima seguridad; debiendo en consecuencia poner en conocimiento los hechos al Ministerio Público a efecto de realizar las acciones legales correspondientes en contra del Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, ello en atención a lo establecido en el artículo 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Como corolario de lo anterior se hace procedente decretar el cese de la restricción al medicamento que debe tomar el Privado de Libertad señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, beneficiario de la presente garantía, a raíz de sus múltiples padecimientos de salud, como ser Asma Bronquial Crónica, Artrosis Muscular y degeneraciones del sistema nervioso, según lo narrado por el peticionario Abogado Francisco Pascua Cantarero, asimismo garantizar el derecho a la intimidad de su correspondencia, acorde a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución de la República, en relación al contenido del artículo 234 del Reglamento General de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, deben asimismo las autoridades penitenciarias proceder a realizar el estudio técnico-criminológico y la correspondiente clasificación del agraviado, para determinar en qué régimen de seguridad le corresponde cumplir su internamiento al interior del Centro Penitenciario que corresponda a fin de salvaguardar su integridad física, hechos que se tienen por ciertos al tenor de lo establecido en el artículo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional, estimándose por tanto, aprobar el informe emitido por los Jueces Ejecutores nombrados y en consecuencia declarar CON LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus Correctivo.POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 68, 80, 100, 145, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 8 y 27 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR HA LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL CORRECTIVO promovido por el Abogado FRANCISCO PASCUA CANTARERO, a favor del ciudadano Privado de Libertad MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, por las razones que se dejan aquí señaladas. ORDENA: I. Que las autoridades del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, encargados de la organización, administración y funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, realicen las gestiones necesarias a efecto que el DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARO NACIONAL DE TAMARA, permita el acceso al medicamento que requiere el privado de Libertad ciudadano MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, por sus padecimientos de Asma Bronquial Crónica, Artrosis Muscular y degeneraciones del sistema nervioso, según lo narrado por el peticionario de la Garantía de Hábeas Corpus; asimismo garantizar el derecho a la intimidad de la correspondencia del agraviado, acorde a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución de la República, en relación al contenido del artículo 234 del Reglamento General de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, deben asimismo las autoridades penitenciarias proceder a realizar el estudio técnico-criminológico y la correspondiente clasificación del agraviado, para determinar en qué régimen de seguridad le corresponde cumplir su internamiento al interior del Centro Penitenciario que corresponda a fin de salvaguardar su integridad física, gestiones que deberán realizarse de INMEDIATO, conforme a las atribuciones que le corresponden al Instituto Nacional Penitenciario, establecidas en el artículo 8 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. II) Poner en conocimiento del Ministerio Público, los hechos suscitados en la tramitación de la presente Garantía de Hábeas Corpus, a efecto de realizar las acciones legales correspondientes en contra del Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, ello en atención a lo establecido en el artículo 28 y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional. III) Para el cumplimiento de esta sentencia la autoridad encargada de la administración del Sistema Penitenciario Nacional debe proceder de inmediato con el acatamiento de la orden indicada. El incumplimiento de esta sentencia dará lugar a lo que en derecho corresponda conforme la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que para su efectiva ejecución se notifique el presente fallo a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, como ente encargado de la organización, administración y funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, asimismo al Ministerio Público, a efecto de realizar las acciones legales conforme a lo mandado por la ley, enviando la correspondiente certificación y una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional.- Redactó la Magistrada Villela Zavala.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS MAGISTRADOS (AS). WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA.LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de mayo de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número -1511-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL