Sentencia EP-1473-23 — Registro 17847
Resumen
Impetrante argumenta que el traslado de privado de libertad a cárcel de máxima seguridad, pone el riesgo a éste, no obstante la Sala Constitucional considera Siendo en consecuencia el asunto estudiado, una acción administrativa de traslado del privado de libertad, que corresponde dilucidar a la autoridad correspondiente, prevaleciendo el respeto a los derechos humanos supra indicados; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
12): Que de los informes presentados por los Jueces Ejecutores y de la documentación adjuntada a los mismos, esta Sala de lo Constitucional estima que el medio utilizado a efecto de solicitar el traslado del privado de libertad señor WILMER SAMUEL ÁLVAREZ PAGOADA, al Centro Penitenciario de Támara, departamento de Francisco Morazán, no es mediante el recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal; por no presentarse en el caso sub júdice los elementos establecidos en los artículos 13 y 24 de la ley sobre Justicia Constitucional. La Sala no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal del privado de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.CONSIDERANDO (13): Que el traslado de un privado de libertad de un Centro Penitenciario a otro es atribución del Instituto Nacional Penitenciario en coordinación con las autoridades judiciales competentes, según lo establece el numeral 17 del artículo 8 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, quienes son las autoridades competentes, que deben realizar las acciones pertinentes a fin de ordenar el traslado del privado de libertad WILMER SAMUEL ÁLVAREZ PAGOADA, al centro penitenciario que reúna las condiciones necesarias para brindarle la seguridad que su caso amerite, de persistir las condiciones para su seguridad e integridad personal, como lo ha denunciado su Apoderada Legal, siendo otra atribución del Instituto Nacional Penitenciario, inter alia, velar por la seguridad y asistencia médica de los privados de libertad.CONSIDERANDO (14): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad. Siendo en consecuencia el asunto estudiado, una acción administrativa de traslado del privado de libertad, que corresponde dilucidar a la autoridad correspondiente, prevaleciendo el respeto a los derechos humanos supra indicados; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
12): Que de los informes presentados por los Jueces Ejecutores y de la documentación adjuntada a los mismos, esta Sala de lo Constitucional estima que el medio utilizado a efecto de solicitar el traslado del privado de libertad señor WILMER SAMUEL ÁLVAREZ PAGOADA, al Centro Penitenciario de Támara, departamento de Francisco Morazán, no es mediante el recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal; por no presentarse en el caso sub júdice los elementos establecidos en los artículos 13 y 24 de la ley sobre Justicia Constitucional. La Sala no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal del privado de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.CONSIDERANDO (13): Que el traslado de un privado de libertad de un Centro Penitenciario a otro es atribución del Instituto Nacional Penitenciario en coordinación con las autoridades judiciales competentes, según lo establece el numeral 17 del artículo 8 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, quienes son las autoridades competentes, que deben realizar las acciones pertinentes a fin de ordenar el traslado del privado de libertad WILMER SAMUEL ÁLVAREZ PAGOADA, al centro penitenciario que reúna las condiciones necesarias para brindarle la seguridad que su caso amerite, de persistir las condiciones para su seguridad e integridad personal, como lo ha denunciado su Apoderada Legal, siendo otra atribución del Instituto Nacional Penitenciario, inter alia, velar por la seguridad y asistencia médica de los privados de libertad.CONSIDERANDO (14): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad. Siendo en consecuencia el asunto estudiado, una acción administrativa de traslado del privado de libertad, que corresponde dilucidar a la autoridad correspondiente, prevaleciendo el respeto a los derechos humanos supra indicados; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de abril del año dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la Abogada ELBA ELIZABETH PAGUADA CANALES, a favor del Privado de Libertad WILMER SAMUEL ÁLVAREZ PAGOADA, contra actuaciones del DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), expone la peticionaria que su representado Wilmer Samuel Álvarez Pagoada, fue trasladado el día miércoles 01 de noviembre del presente año -2023-, de la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán, a la Cárcel de Máxima Seguridad, denominada "El Pozo" ubicada en el Municipio de Ilama en el departamento de Santa Bárbara, por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) quienes se dirigieron a él y le dijeron: "VOS SOS EL ASESINO DEL FISCAL DE ORO У NО MERECES ESTAR ACÁ", violentando la medida de seguridad decretada mediante resolución No. 1484-DN-INP-2018 emitida por el Consejo Nacional de Seguridad (CNS), en fecha 01 de octubre del 2018, sin permitirle llevar nada, inclusive hasta los medicamentos que toma a raíz de los vejámenes sufridos al interior del Centro Penitenciario que le ocasionó daños a su salud, debido a los tratos crueles inhumanos y degradantes recibidos en febrero del año 2017, en el Centro Penal de Ilama, donde permaneció encadenado por 70 días y a raíz de esa tortura viene padeciendo de hipertensión arterial, este traslado abrupto ha violentando la resolución a favor del señor Wilmer Samuel Álvarez Pagoada, además, están poniendo en riesgo su seguridad y su vida. ANTECEDENTES1)Que, en fecha ocho de noviembre del año dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Abogada ELBA ELIZABETH PAGUADA CANALES, interponiendo recurso de exhibición personal a favor del señor WILMER SAMUEL ÁLVAREZ PAGOADA, contra actuaciones del DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), expone la peticionaria que su representado Wilmer Samuel Álvarez Pagoada, fue trasladado el día miércoles 01 de noviembre del presente año -2023-, de la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán, a la Cárcel de Máxima Seguridad, denominada "El Pozo" ubicada en el Municipio de Ilama en el departamento de Santa Bárbara, por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) quienes se dirigieron a él y le dijeron: "VOS SOS EL ASESINO DEL FISCAL DE ORO У NО MERECES ESTAR ACÁ", violentando la medida de seguridad decretada mediante resolución No. 1484-DN-INP-2018 emitida por el Consejo Nacional de Seguridad (CNS), en fecha 01 de octubre del 2018, sin permitirle llevar nada, inclusive hasta los medicamentos que toma a raíz de los vejámenes sufridos al interior del Centro Penitenciario que le ocasionó daños a su salud, debido a los tratos crueles inhumanos y degradantes recibidos en febrero del año 2017, en el Centro Penal de Ilama, donde permaneció encadenado por 70 días y a raíz de esa tortura viene padeciendo de hipertensión arterial, este traslado abrupto ha violentando la resolución a favor del señor WILMER SAMUEL ÁLVAREZ PAGOADA, además, están poniendo en riesgo su seguridad y su vida. (Folios del 1-4 de los autos)2)En la misma fecha ocho de noviembre del año dos mil veintitrés, esta Sala, admitió el recurso de mérito, asimismo, nombró como Jueces Ejecutores a los Abogados ALEJANDRA GUZMÁN, Defensora Pública de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Defensor Público de la ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, quienes deberían de manera inmediata constituirse al lugar donde se encuentra detenido el beneficiario de la presente Garantía, a efecto de constatar de manera inmediata los hechos denunciados y de ser procedente tomar las medidas correspondientes a fin de hacer cesar cualquier tomento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual, asimismo requerir de las autoridades recurridas el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 6fv de los autos)3)En fecha catorce de noviembre del año dos mil veintitrés, el Juez Ejecutor nombrado, Abogado JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, compareció ante esta Sala, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyó: “… INFORME que detallamos de la siguiente manera: 1.- entreviste al señor WILMER SAMUEL PAGUADA CANALES, quien manifestó que fue detenido por suponerlo responsable de la comisión del delito de Asesinato en perjuicio de un fiscal del ministerio público y remitido a este centro penal de llama Santa Bárbara estando preso aquí catorce (14) meses, luego trasladado al centro penal de Morocelí El Paraíso, denominado La Tolva, donde estuvo preso seis (6) meses y luego por medidas de seguridad ya que su vida estaba en peligro, solicitando un traslado a la cárcel de la penitenciaría nacional de Támara Francisco Morazán; ahí permaneció Cinco (5) años incorporándose a programas de rehabilitación e inserción social, esto mediante un acuerdo de traslado por el peligro que corría su vida en el centro penal de Morocelí, y que hasta la fecha tiene seis años seis meses de estar guardando prisión, misma que no está firme ya que la sentencia del tribunal de Sentencias de jurisdicción Nacional sala 2, se encuentra en Casación en este momento, manifestando que el día martes Primero de Noviembre del año en curso a consecuencia de un motín que armaron varios privados de libertad en el centro penal de Támara, fue trasladado sin haber motivo alguno y sin ninguna explicación ya que el no participo en el referido motín y en ese momento que se iba a realizar el traslado fue golpeado por elementos de la seguridad del centro penal de Morocelí El Paraíso sin motivo alguno.- manifiesta que en este centro penal de llama Santa Barbara no ha sido maltratado físicamente, pero psicológicamente se siente afectado por el hecho de estar recluido en el módulo número 6 de procesados ya que ahí se encuentra recluido junto con más privados pertenecientes a una estructura criminal, por lo que teme que suceda un conflicto interno y salir perjudicado, por lo que solicita a las autoridades de los centros penitenciarios que lo trasladen de nuevo al centro penal de Tamara Francisco Morazán -manifestó que en el centro penal de llama santa Barbara se le ha privado de la visita tanto de sus familiares como de su abogada, desconociendo el motivo por el cual se le privo de dicho Derecho.- de todo lo manifestado por el privado de libertad WILMER SAMUEL PAGUADA CANALES se dejó constancia en acta que levanto el suscrito Juez Ejecutor, firmando la misma el privado de libertad antes referido. 2.- Según informe rendido por el director del centro penal de llama santa Barbara en fecha 10 de Noviembre del año en curso, establece que el señor WILMER SAMUEL PAGUADA CANALES llegó a ese centro penal en calidad de traslado del Centro Penitenciario Nacional de Tamara, por estrictas medidas de Seguridad, en fecha treinta y uno (31) de Octubre del año 2023, encontrándose ubicado en el módulo de procesados No. 6 de ese centro penitenciario, con las mismas normas que rigen a toda la población Penitenciaria en general sin ningún tipo de tormento, tortura, vejamen, exacciones ilegales, restricción o molestia innecesaria, o cualquier otro que cause molestia, por parte de las autoridades de seguridad del centro.- establece en dicho informe que fue evaluado por el medico de turno de dicho centro penitenciario el cual establece en el dictamen realizado, que el privado de libertad presenta buen estado general, ocasionalmente presenta leve dolor en la región de la columna a nivel lumbar, miembros inferiores, para lo cual ha llevado tratamiento farmacológico adecuado, ha tenido evaluaciones de forma periódica, desde su ingreso a ese centro; establece además que fue evaluado por parte de la Psicóloga del centro penal de Ilama santa Barbara, estableciendo en el dictamen realizado, que el privado de libertad se encuentra en su estado mental, juicio crítico y de la realidad están normales, su capacidad de conciencia esta equilibrada, no presenta problemas acompañando a dicho informe dictamen médico y dictamen Psicológico- concluimos que de acuerdo a lo investigado por este Juez Ejecutor que al privado de libertad no ha sido víctima de tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal, coacción, restricción, o molestia innecesaria para su seguridad individual, esto de acuerdo a la entrevista con el privado de libertad quien manifestó que en ese centro penal de Ilama santa bárbara no ha sido víctima de malos tratos o vejamen alguno como así lo establece también el dictamen médico extendido por el medico de turno del centro penal de Ilama, Santa Bárbara donde refiere que establece buen estado general, también así lo determina el dictamen Psicológico extendido por la Psicóloga de dicho centro penal donde establece en su dictamen que el privado de libertad WILMER SAMUEL ALVAREZ PAGOADA, se encuentra en su estado normal y no presenta problemas de índole mental; que se le a proporcionado la alimentación adecuada, y que únicamente se le ha privado de su visita tanto de parientes como de su apoderada judicial. CUMPLASE.” (Folios 15-17fv de los autos)4)En fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintitrés, la Jueza Ejecutora nombrada, Abogada ALEJANDRA GUZMÁN, en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, compareció ante esta Sala, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyó: “…PRIMERO: Para el caso que hoy nos ocupa del señor WILMER SAMUEL ALVAREZ PAGOADA, por suponerle responsable por el delito de ASESINATO en perjuicio de ORLAN ARTURO CHAVEZ, según lo manifestado por el Coronel Daniel Fúnez en su condición de Director Del Centro Penal De Tamara, en relación al motivo del traslado del Privado de Libertad antes mencionado; manifiesta que fueron hechos por la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional por lo que se desconoce los motivos de su traslado y los malos tratos que haya recibido por la Autoridad Policial asignada al interior del Centro Penal de Tamara. Adjunto el informe de fecha trece (13) de noviembre del presente año. En cuanto a las condiciones de salud que manifiesta el Doctor Rafael Antonio Rodríguez Contreras, quien funge como Medico Asistencial durante su estadía fue asistido contra el metabolismo y enfermedad de base, en el cual sus antecedentes personales patológicos son los siguientes: Hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo. Adjunto el expediente clínico en el cual se le realizo al encartado. SEGUNDO: se procedió a requerir en fecha (15) de Noviembre del año en curso; al Coronel Ramiro Fernando Muñoz Bonilla en su condición de Director del Instituto Nacional Penitenciario; en el cual se desprende en su informe, que el Privado de Libertad WILMER SAMUEL ALVAREZ PAGOADA se le autorizó el traslado en fecha 31 de octubre del presente año; junto a ciento cuarenta y siete (147) Privados de Libertad por estricta medidas de seguridad, con la finalidad de salvaguardar la vida y seguridad física de la comunidad Penitenciaria en general… TERCERO: Para este Jueza Ejecutora considera que la acción que realiza el Director del Instituto Nacional Penitenciario, en cuanto a los Privados de Libertad es una obligación o menester y facultades que tiene para movilizar o trasladar a cada interno según la situación jurídica de cada uno de ellos ya sea en su condición de procesado o sentenciado de acuerdo al nivel de peligrosidad, y esto obedece a medidas de seguridad de cada establecimiento carcelarios ya que no podemos exceptuar que en las últimas décadas las cárceles Hondureñas; no ha habido un control para descongestionar los hacinamientos y la criminalidad organizada que opera dentro de los trece (13) establecimientos carcelarios de nuestro país; es para prevenir más actos delictivos que deslustran la imagen a nivel internacional del Estado de Honduras, que sigan cometiendo transgresiones, desobediencias en interior de los recintos; que no se debe concebir que un traslado se tome como una medida de castigo para el interno; si no que se busca un mejoramiento y condiciones de vida dentro de los espacios, perímetros carcelarios en los cuales se respeta la dignidad y los derechos fundamentales los seres humanos. CUARTO: Y en base a los preceptos legales establecidos en los artículos 65, 80, 82, 84, 90, 182 de la Constitución de la República 1, 2, 3, 13, 16, 17 de la Ley de Justicia Constitucional, esta Juez Ejecutor considera que NO ES PROCEDENTE decretar el RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL a favor de WILSON SAMUEL ALVAREZ PAGOADA, no es conforme que el privado de libertad antes mencionado, regrese nuevamente al Centro Penal De Tamara, a cumplir su condena debido al derecho a la vida es inviolable, por la seguridad su integridad física y emocional en consecuencia remítase el presente Informe a la Sala de Lo Constitucional De La Honorable Corte Suprema De Justicia, con la documentación que se acompaña. CUMPLASE…” (Folios 30-31 de la pieza de autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo 182 precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión…”CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (4): Que en fecha ocho de noviembre del año dos mil veintitrés, compareció ante la Secretaría de Este Alto Tribunal, la Abogada ELBA ELIZABETH PAGUADA CANALES, interponiendo Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal a favor del Privado de Libertad WILMER SAMUEL ALVAREZ PAGOADA, contra actuaciones del Director del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), según la peticionaria por encontrase en riesgo la seguridad y vida de su representado por el traslado realizado al Centro Penal de Ilama; violentando la medida de seguridad emitida por el Consejo Nacional de Seguridad (CDS), mediante resolución numero 1484-DN-INP-2018 de fecha 01 de octubre del año 2018. CONSIDERANDO (5): Que, en la fecha supra indicada, este Alto Tribunal admitió el Recurso de Exhibición Personal relacionado, designando como Jueces Ejecutores a los Abogados ALEJANDRA GUZMAN, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; y al Abogado JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Defensor Público de la ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, a efecto de requerir de la autoridad recurrida el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (6): Que los Abogados JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y ALEJANDRA GUZMÁN en su condición preindicada y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindieron informes en fechas catorce (14) y veintitrés (23) de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), consignando entre otros extremos los enunciados en los numerales tres y cuatro de los antecedentes del presente libelo, concluyendo de las investigaciones realizadas: (Sic) “NO ES PROCEDENTE decretar el RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL a favor de WILSON SAMUEL ALVAREZ PAGOADA…”.(Folios del 15-17 Y 30-31 de los autos)CONSIDERANDO (7): Que consta del informe presentado por la Juez Ejecutor, Abogada Alejandra Guzmán, en el Recurso de Exhibición Personal relacionado, la no concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, relacionados con lo establecido en el artículo 15 de la misma normativa legal, en virtud que la acción que realiza el Director del Instituto Nacional Penitenciario en cuanto al traslado de los Privados de Libertad es una facultad que le asiste, en atención a la situación jurídica y de acuerdo al nivel de peligrosidad de cada Privado de Libertad, lo cual obedece a medidas de seguridad de cada establecimiento penitenciario, con el propósito de evitar actos que pongan en precario la seguridad e integridad física de la población que se encuentra en los centros penitenciarios del país, en condición de procesados o sentenciados, aunado a ello no se debe concebir el traslado de un Centro Penitenciario a otro, como una medida de castigo para el interno, pues con ello se busca el mejoramiento en las condiciones de vida dentro de los espacios carcelarios. CONSIDERANDO (8): Que mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.” La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley. CONSIDERANDO (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. CONSIDERANDO (10): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta; la Corte Interamericana también ha manifestado que “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…” (Énfasis nuestro).CONSIDERANDO (11): Que se encuentra visible en los autos que forman la Pieza de Hábeas Corpus, el Informe de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil veintitrés, emitido por Abogada Claudia Patricia Rodriguez Rosales, en su condición de Secretaria General del Instituto Nacional Penitenciario, mediante el cual con instrucciones del Presidente de la Comisión interventora del Sistema Penitenciario Nacional Coronel de Infantería D.E.M. Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, informa a la Sala de lo Constitucional y a la Juez Ejecutora lo siguiente: (Sic) “PRIMERO:… SEGUNDO:… TERCERO: Dicho traslado obedeció a la Resolución No. 605-SG-CISPN-PMOP-2023 de fecha 31 de octubre del 2023. en el cual se AUTORIZA el traslado de ciento cuarenta y siete privados de libertad POR ESTRICTA MEDIDAS DE SEGURIDAD, del Centro Penal de Tamara a Ilama, Santa Barbara con la finalidad de salvaguardar la vida y seguridad física de la comunidad penitenciaria en general y la de ellos mismos. CUARTO: No obstante, lo anterior, y aunque el Instituto Nacional Penitenciario, tiene facultades amplias y expresas en la ley y reglamento para efectuar el traslado, distribución y clasificación de los privados de libertad de acuerdo a los análisis criminológicos y de seguridad, siendo que en virtud que según se expresa en el Recurso existía una resolución del Consejo Nacional de Seguridad (CDS) de fecha 01 de octubre del 2018, la cual no es de conocimiento ni se ha tenido a la vista por la actual Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional de la PMOP, que recién asumió el 23 de junio del 2023, se harán las investigaciones y búsqueda de antecedentes que respalden lo manifestado por la apoderada legal del privado de libertad WILMER SAMUEL ALVAREZ PAGOADA, y verificar si subsisten los fundamentos legales que motivaron dicha resolución, asegurando que durante se sustancie dicho proceso de verificación, las condiciones del internamiento del privado de libertad sean las mas favorables para su condición personal…” (Folio 99fv de los autos)CONSIDERANDO (12): Que de los informes presentados por los Jueces Ejecutores y de la documentación adjuntada a los mismos, esta Sala de lo Constitucional estima que el medio utilizado a efecto de solicitar el traslado del privado de libertad señor WILMER SAMUEL ÁLVAREZ PAGOADA, al Centro Penitenciario de Támara, departamento de Francisco Morazán, no es mediante el recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal; por no presentarse en el caso sub júdice los elementos establecidos en los artículos 13 y 24 de la ley sobre Justicia Constitucional. La Sala no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal del privado de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.CONSIDERANDO (13): Que el traslado de un privado de libertad de un Centro Penitenciario a otro es atribución del Instituto Nacional Penitenciario en coordinación con las autoridades judiciales competentes, según lo establece el numeral 17 del artículo 8 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, quienes son las autoridades competentes, que deben realizar las acciones pertinentes a fin de ordenar el traslado del privado de libertad WILMER SAMUEL ÁLVAREZ PAGOADA, al centro penitenciario que reúna las condiciones necesarias para brindarle la seguridad que su caso amerite, de persistir las condiciones para su seguridad e integridad personal, como lo ha denunciado su Apoderada Legal, siendo otra atribución del Instituto Nacional Penitenciario, inter alia, velar por la seguridad y asistencia médica de los privados de libertad.CONSIDERANDO (14): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad. Siendo en consecuencia el asunto estudiado, una acción administrativa de traslado del privado de libertad, que corresponde dilucidar a la autoridad correspondiente, prevaleciendo el respeto a los derechos humanos supra indicados; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus.POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 68, 69, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1.- DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesto por la Abogada ELBA ELIZABETH PAGUADA CANALES, a favor del privado de libertad WILMER SAMUEL ALVAREZ PAGOADA, contra actuaciones de Director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), por las razones que se dejan aquí señaladas; 2.- Certifíquese la presente sentencia al Director del Centro Penitenciario de Ilama, Departamento de Santa Bárbara, a efecto de realizar las acciones e investigaciones necesarias a fin de determinar si existen o persisten situaciones que puedan poner en peligro la integridad personal del Privado de Libertad WILMER SAMUEL ALVAREZ PAGOADA, y conforme a ello determinar si procede o no su traslado a un Centro Penitenciario que reúna las condiciones para brindarle la seguridad que su caso amerite, ello en coordinación con las autoridades judiciales como lo establece la ley. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional.- Redactó la Magistrada Villela Zavala.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS MAGISTRADOS (AS). WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-1473-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.