Sentencia EP-1327-23 — Registro 18619
Resumen
Manifiesta el peticionario que en fecha 16 de noviembre de 2022 comenzó a padecer de insuficiencia renal crónica diagnosticada por una especialista en salud del Hospital Escuela Universitario, ha estado sometido al tratamiento de hemodiálisis los días lunes, miércoles y viernes de todas las semanas, las condiciones de vida dentro del Centro Penitenciario no son las óptimas para su estado de salud ya que por el tratamiento que lleva puede ser peligroso contraer alguna infección o enfermedad tales como Covid-19 o Tuberculosis que lo pueda llevar a fallecer… Hace del conocimiento que en la parte pectoral derecha tiene instalado un catéter el cual tiene que mantener limpio; asimismo debe de llevar una dieta alimenticia baja en sodio, la cual es imposible de cumplir puesto que el menú alimenticio es general para toda la población, agregado a esto el agua no es del todo potable; por lo que su integridad corre peligro.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… " Que, la garantía de exhibición personal o habeas corpus, se encuentra configurada como un mecanismo de defensa para el derecho a la libertad individual frente a los actos de autoridad que, con infracción, violación o inobservancia del bloque de constitucionalidad, la perturben o priven de ella; así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral de las personas detenidas; lo cual no se evidencia en el presente caso, el cual no se subsume en ninguno de los presupuestos que, para su otorgamiento, precaven los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; ni en lo convencionalmente dispuesto por el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Por todo lo cual, debe declararse SIN LUGAR la presente garantía constitucional de Hábeas Corpus..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de abril del año dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el señor Denis Alejandro Suazo, a favor del señor Jensong Joel Guzmán Montoya, contra actuaciones del Director del Centro Penitenciario de Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando el peticionario que: “…en el escrito que envía en fecha 16 de noviembre de 2022 comenzó a padecer de insuficiencia renal crónica diagnosticada por una especialista en salud del Hospital Escuela Universitario, ha estado sometido al tratamiento de hemodiálisis los días lunes, miércoles y viernes de todas las semanas, las condiciones de vida dentro del Centro Penitenciario no son las óptimas para su estado de salud ya que por el tratamiento que lleva puede ser peligroso contraer alguna infección o enfermedad tales como Covid-19 o Tuberculosis que lo pueda llevar a fallecer… Hace del conocimiento que en la parte pectoral derecha tiene instalado un catéter el cual tiene que mantener limpio; asimismo debe de llevar una dieta alimenticia baja en sodio, la cual es imposible de cumplir puesto que el menú alimenticio es general para toda la población, agregado a esto el agua no es del todo potable. Los medicamentos que utiliza son: Eritropoyetina recombinante humano, Epoetina beta, Venotec 100 mg entre otros, algunos de los medicamentos no se le proveen en la Empresa Diálisis de Honduras y su familia de vez en cuando es quien debe de asumir los gastos ya que son de escasos recursos. Número de expediente de la unidad de salud del Centro Penal es G-1615 y del Hospital Escuela Universitario es 1808-1987-00837…”.ANTECEDENTES 1)Que, en fecha dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, compareció ante esta Sala, el señor Denis Alejandro Suazo, interponiendo recurso de exhibición personal a favor del señor Jensong Joel Guzmán Montoya, contra actuaciones del Director del Centro Penitenciario de Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando el peticionario que: “…en el escrito que envía en fecha 16 de noviembre de 2022 comenzó a padecer de insuficiencia renal crónica diagnosticada por una especialista en salud del Hospital Escuela Universitario, ha estado sometido al tratamiento de hemodiálisis los días lunes, miércoles y viernes de todas las semanas, las condiciones de vida dentro del Centro Penitenciario no son las óptimas para su estado de salud ya que por el tratamiento que lleva puede ser peligroso contraer alguna infección o enfermedad tales como Covid-19 o Tuberculosis que lo pueda llevar a fallecer… Hace del conocimiento que en la parte pectoral derecha tiene instalado un catéter el cual tiene que mantener limpio; asimismo debe de llevar una dieta alimenticia baja en sodio, la cual es imposible de cumplir puesto que el menú alimenticio es general para toda la población, agregado a esto el agua no es del todo potable. Los medicamentos que utiliza son: Eritropoyetina recombinante humano, Epoetina beta, Venotec 100 mg entre otros, algunos de los medicamentos no se le proveen en la Empresa Diálisis de Honduras y su familia de vez en cuando es quien debe de asumir los gastos ya que son de escasos recursos. Número de expediente de la unidad de salud del Centro Penal es G-1615 y del Hospital Escuela Universitario es 1808-1987-00837…”. (Folios 1-2 del recurso)2)En fecha dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, esta Sala, admitió el recurso de mérito, asimismo, nombró como Jueza Ejecutora a la Abogada Yensy Maria Barrientos, en su condición de Defensora Pública. (Folio 4 vuelto del recurso)3)En fecha siete de noviembre de dos mil veintitrés, la Jueza Ejecutora nombrada, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, compareció ante esta Sala, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyó: “…SEPTIMO: De la entrevista realizada al señor JENSONG JOEL GUZMAN MONTOYA, se evidencia que el mismo NO HA SIDO VICTIMA DE TORMENTOS, TORTURAS, VEJAMENES, EXACCION ILEGAL, COACCIONES, RESTRICCIONES O MOLESTIAS INNECESARIAS PARA SU SEGURIDAD INDIVIDUAL O PARA EL ORDEN DE LA PRISION; en lo referente a su salud manifestó que desde el 16 Noviembre del año pasado le diagnosticaron que era paciente de Hemodiálisis en el Hospital Escuela, y que a partir de esa fecha empezó tratamiento 3 veces a la semana, en Diálisis de Honduras, que todo el tiempo ha ido, que a ratos le dicen los médicos que anda bien y a ratos le dicen que anda mal, porque a veces se le baja la presión de un solo y a veces se le sube, dice que no tiene un diagnostico estable, y que cuando el doctor le firma que tienen que bajarlo, lo bajan a revisión, que le han dicho que es una enfermedad crónica, manifiesta que las condiciones del centro no son los más adecuados porque el menú que dan es para toda la población no la dieta que tiene que llevar, y que a veces el agua que llega no es agua potable, que llega sucia y tiene que limpiarse el área donde está el catéter, y que hay muchas enfermedades que dentro del Centro le pueden afectar como Covid, tuberculosis y muchas infecciones que puede obtener, que lo que él quiere es que le ayuden, porque lo que más desearía es estar con su familia… DECIMO PRIMERO: Que el peticionario ha establecido en su escrito de interposición de recurso de habeas corpus entre otras cosas que en fecha 16 de noviembre de 2022 comenzó a padecer insuficiencia renal crónica, que ha estado sometido a tratamiento de hemodiálisis los días lunes, miércoles y viernes de todas las semanas, que las condiciones de vida dentro del Centro Penitenciario no son las óptimas para su estado de salud ya que por el tratamiento que lleva puede ser peligroso contraer una infección o enfermedad tales como covid-19, Tuberculosis que lo pueden llevar a fallecer; mencionando que en la parte pectoral derecha tienen instalado un catéter el cual tienen que mantener limpio; asimismo que debe llevar una dieta alimenticia baja en sodio la cual es imposible de cumplir puesto que el menú es general para toda la población, así como que el agua no es del todo potable; al respecto es importante establecer que se encuentra agregado al informe emitido por el Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara un informe de evaluación médica emitido por la Doctora LESLY JOSSEP CASTILLO MARTEL en el cual entre otras cosas se establece: El Señor (refiriéndose a JENSONG JOEL GUZMAN MONTOYA), cumple su reclusión en el módulo procesados con dormitorio compartido, hogar 3 donde duerme en una tarima en el segundo nivel cuenta con sanitario compartido, servicios de agua, luz y adecuada ventilación. Indicando que su higiene personal es adecuada. En relación a su condición de salud el paciente no controla las porciones de alimentos, cuenta con una dieta balanceada donde consume macronutrientes (carbohidratos, proteínas y lípidos) y micronutrientes (vitaminas y minerales) proporcionadas por su módulo, Paciente evaluado por el servicio de nutrición de este centro penal el cual sugiere exámenes laboratoriales y seguimiento nutricional. Asimismo, se establece en dicho informe en el examen físico contribuyente: Tórax: con presencia de catéter subclavio derecho sin signos de infección cubierto con apósito no edema, leve dolor, sin uso de músculos accesorios a la respiración. Paciente con diagnósticos de: Insuficiencia renal crónica diagnosticada en Hospital Escuela donde inicio Diálisis Peritoneal el 16 de noviembre de 2022 y continua recibiendo Hemodiálisis los días lunes, miércoles y viernes en Diálisis de Honduras, Eritropoyetina 2000UI 0.3 ml PRN proporcionadas por Diálisis de Honduras, Hipertensión Arterial Crónica: diagnosticada en Hospital Escuela manejada con Irbersartan 300mg v.o. cada día, furosemida 40mg v.o. cada día proporcionados por este Centro Penal. También señala como antecedentes inmuno alérgicos en cuanto al esquema de vacunación Covid-19 actualmente con dos dosis aplicadas (moderna). Estableciéndose como plan: Continuar con tratamientos médicos antes descritos en este informe, asistir a Diálisis de Honduras los días lunes, miércoles y viernes o según amerite por orden médica especializada, seguimiento con el servicio de nutrición y como conclusión: Paciente con diagnóstico de insuficiencia renal e Hipertensión arterial hemodinamicamente estable deambulando adecuadamente, actualmente asistiendo a sus citas programadas a Diálisis de Honduras, cumpliendo con su tratamiento farmacológico. POR TANTO: La Suscrita Juez Ejecutora nombrada por la Honorable Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y en aplicación de los Artículos 69, 87 y 182 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 13, 24, 26, 33, 37, 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional 1. DECLARA NO HA LUGAR la Acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal, interpuesta por el señor DENIS ALEJANDRO SUAZO, a favor de JENSONG JOEL GUZMAN MONTOYA, en virtud de que del informe presentado por el Director del Centro Nacional Penitenciario de Tamara, junto con el informe de evaluación médica realizada por Doctora LESLY JOSSEP CASTILLO MARTEL asignado al Centro Nacional Penitenciario de Tamara y la entrevista realizada al señor JENSONG JOEL GUZMΑΝ ΜΟΝΤΟΥA; NO SE PUDO CONSTATAR que su situación dentro del Centro Penitenciario de Tamara pueda enmarcarse dentro de los supuestos que pudieran dar lugar a una detención ilegal y arbitraria o que estando en su detención o prisión legal, sea víctima de tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda clase de coacción, restricción, o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Resulta necesario establecer que el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus es un mecanismo de defensa para garantizar la libertad personal o individual frente a actos de autoridad realizados con inobservancia de normas constitucionales y legales; por lo que después del análisis respectivo consideramos QUE EL CASO QUE HOY NOS OCUPA NO CUMPLE CON LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 13 Y 24 DE LA LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL. 2.- En consecuencia, remítase el presente informe juntamente con la comunicación de mérito y los documentos que se acompañan a la Honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.” (Folios 14-19 vuelto del recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”… CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales. CONSIDERANDO (4): Que el Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. En congruencia a lo postulado por la Carta de San José, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”.CONSIDERANDO (5): Que, en ese orden de ideas y aun con mayor intensidad, señala también la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Por ello, con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha identificado la obligación de los Estados de proveer atención médica a los privados de libertad y de proporcionar cuidados especiales en situaciones de emergencia o debido cuidado en caso de enfermedad severa o terminal. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar una protección de este derecho, incluyendo la atención médica adecuada, la cual debe ser ofrecida de oficio, sin necesidad de que sea haga un requerimiento especial por parte de quien se encuentra detenido; estándares de derechos humanos que no pueden ser objeto de suspensión, aun en caso de estado de emergencia o excepción legalmente decretado. CONSIDERANDO (6): Que, mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.” La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley. CONSIDERANDO (7): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta; manifestando, a la vez, que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”. CONSIDERANDO (8): Que realizado el estudio de los autos en la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, así como el informe y documentación acompañada por la Juez Ejecutora, Abogada YENSY MARIA BARRIENTOS, se aprueba el mismo; considerando este Alto Tribunal, que no resulta de recibo la petición formulada por el Abogado DENIS ALEJANDRO SUAZO, a favor del señor JENSONG JOEL GUZMÁN MONTOYA, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, quien fuera entrevistado en ejecución de la garantía de Habeas corpus, en fecha diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, por la señora Juez Ejecutora nombrada; por no enmarcarse en las disposiciones constitucionales y convencionales, relacionadas ut supra, ni en los artículos 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional reconoce la función que reviste al Estado como garante de la dignidad de la persona humana, de su bienestar y su salud, a efecto procurar la más completa protección del derecho a la vida y la integridad personal. En particular, la de la persona privada de libertad, quien se encuentra bajo la tutela reforzada del Estado. En tal sentido, relevante jurisprudencia constitucional ha afirmado que el derecho a la vida comprende, en sentido propio, el derecho del ser humano a no ser privado de la vida y a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna; coligiéndose que tiene el Estado de Honduras la obligación de garantizar se produzcan las condiciones requeridas para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico; y de impedir que sus agentes, o terceros, atenten contra él. CONSIDERANDO (10): Que, la garantía de exhibición personal o habeas corpus, se encuentra configurada como un mecanismo de defensa para el derecho a la libertad individual frente a los actos de autoridad que, con infracción, violación o inobservancia del bloque de constitucionalidad, la perturben o priven de ella; así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral de las personas detenidas; lo cual no se evidencia en el presente caso, el cual no se subsume en ninguno de los presupuestos que, para su otorgamiento, precaven los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; ni en lo convencionalmente dispuesto por el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Por todo lo cual, debe declararse SIN LUGAR la presente garantía constitucional de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 69, 71, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el Abogado DENIS ALEJANDRO SUAZO, a favor del señor JENSONG JOEL GUZMÁN MONTOYA, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, por las razones aquí motivadas. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia al impetrante de la presente garantía constitucional. 2.- Que notificada y firme que sea la presente sentencia, se proceda al archivo de las diligencias en Sala de lo Constitucional. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS MAGISTRADOS (AS). LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-1327-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL