Sentencia AP-996-23 — Registro 18677
Resumen
Sentencia por mayoría de votos declaró no ha lugar recurso de apelación y revocó sobreseimiento provisional a favor de recurrente decretado por Juez de instancia, quien además, ordenó la inmediata libertad del encausado por suponerlo responsable del delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido EK-097; La Corte de Apelaciones ordenó emitir auto de formal procesamiento contra el procesado por considerar que hay indicios racionales suficientes que acreditan hechos constitutivos del delito de extorsión y considera que el razonamiento empleado por el Juez para desmeritar la prueba de cargo no ha sido correcto; el Ministerio Público presentó prueba suficientemente creíble y acreditó los mínimos indicios de la existencia del delito y la participación del procesado; Por lo que no concurren los elementos legales para dictar sobreseimiento provisional emitido por la Juez de Instancia, se desprende que la resolución apelada no ha sido dictada conforme a derecho y los agravios esgrimidos sí son de recibo. Consta un voto disidente fundamentada en que existe debilidad probatoria sobre la participación del recurrente en el ilícito, por lo que el Ente Acusador debería realizar en el plazo de cinco años, más investigaciones a fin de no propiciar la impunidad y la deficiencia investigativa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala observa que la resolución impugnada, dictada por la corte de apelaciones concernida se ha sujetado únicamente a valorar el sustento probatorio ofertado por la acusación pública, y no así la presentada por la defensa, pues en el presente caso, se ha acreditado la existencia del delito, conforme lo establece el artículo 92 de la Constitución de la República, pero no la participación indiciaria del imputado en los hechos que se le imputan, ya que no hay prueba que acredite el concierto existente entre ambos procesados, o sea, la participación conjunta en el hecho imputado. Esta Sala de lo Constitucional, considera que en el caso sub júdice, tanto en el juzgado de instrucción como en el tribunal de alzada a través del voto particular, al recurrente le fueron escuchadas sus pretensiones, pues estima que, al evaluar la prueba evacuada, esta prueba no es suficiente para sospechar que el señor Jesús Fernando Gonzales Gonzales tenía un conocimiento del hecho, por lo que no fue prueba suficiente para establecer que esa sospecha se eleve a nivel de probabilidad. Ello, debido a que la prueba respecto a la participación de dicho acusado se contrae, esencialmente, a la declaración del agente de investigación Carlos Sabillón, quien refirió que luego de darle seguimiento a la motocicleta en que se conducía el coacusado, observó que éste se subió a un vehículo color negro y allí requirieron a los dos personas, una de ellas era el señor Gonzáles y el otro el coacusado Sevilla Meza, y se presenta como prueba documental el acta de seriado del dinero y el decomiso, resultando que el sobre que contenía los billetes seriados y papeles recortados simulando dinero, estaba en poder del señor Jesús Fernando Gonzales, prueba que lo señala según el Ministerio Público como partícipe del delito de Extorsión por haber recibido el dinero producto del delito, estimando la Magistrada que disiente que con respecto a esa prueba solamente se tiene la declaración del agente de investigación, declaración que no está corroborada por otra prueba externa que resulta confiable, por cuanto el acta de registro y de decomiso fue elaborado por el mismo agente, agente de investigación que manifiesta que le dieron seguimiento a la motocicleta y que el conductor se bajó e ingreso al vehículo, momento en que fue detenido y que al señor Gonzales, se le encontró el sobre con el dinero seriado y con los recortes de papel y en la otra bolsa de su pantalón, tenia otra cantidad de dinero en efectivo. Conforme a las reglas de la experiencia común, no parece lógico que una persona reciba dinero producto de una extorsión y se lo guarde en la bolsa sin ni siquiera contarlo, de tal manera que no se percata que en el sobre estaban recortes de papel, sobre esa base, si el acusado Gonzales era el recolector de todo el producto de las diferentes extorsiones que se realizaban, tal como ha pretendido establecer el Ministerio Público, lo cierto es que, según la lógica, un recolector no puede recibir dinero sin contarlo, especialmente si tiene que rendir cuenta de ello, asimismo como prueba en descargo se encuentra la declaración del testigo propuesto por la defensa, quien establece que observó que del vehículo solamente sacaron a una persona y no a dos como indica el agente de investigación. esta Sala de lo Constitucional comparte lo establecido en el voto disidente y estima que si se han violentado los derechos señalados por el recurrente al momento de hacer la valoración de la prueba producida en la audiencia inicial. ..esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera derechos fundamentales, en cuanto a que no existen indicios racionales que justifiquen la continuación del proceso penal incoado contra el acusado, pues no se ha acreditado que exista una coparticipación del señor GONZALES en los hechos, en consecuencia, se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso. En lo concerniente a que se le ha vulnerado el Estado de Inocencia contemplado en el artículo 89 constitucional de su representado, es necesario acotar que la presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Constitución de la República y en los Tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Honduras forma parte, como la Declaración universal de los derechos humanos en su artículo 11. De igual manera la Convención americana sobre derechos humanos, en el artículo 8 inciso 2. En el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, conforme artículo 14 inciso 2, y, en la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, en su artículo 26. Partiendo de estos preceptos tenemos entonces que, mientras tanto una persona no sea declarada culpable por sentencia firme, todos los habitantes de este suelo gozamos de un "estado de inocencia", aun cuando se registre algún proceso en trámite y cualquiera sea su progreso, es decir, que se considera inocente desde antes de iniciarse el proceso y durante todo el período de desarrollo de éste. Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que la tramitación de este proceso implica que se vulnera el derecho de presumir inocente al imputado, pues no hay suficientes pruebas suficientes respecto a que el acusado Gonzales ha participado en el hecho que se investiga. esta Sala estima que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera los derechos fundamentales invocados por el recurrente. Por todas las razones anteriormente expuestas, este Alto Tribunal es del criterio porque se otorgue la acción de amparo interpuesta
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 9 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala observa que la resolución impugnada, dictada por la corte de apelaciones concernida se ha sujetado únicamente a valorar el sustento probatorio ofertado por la acusación pública, y no así la presentada por la defensa, pues en el presente caso, se ha acreditado la existencia del delito, conforme lo establece el artículo 92 de la Constitución de la República, pero no la participación indiciaria del imputado en los hechos que se le imputan, ya que no hay prueba que acredite el concierto existente entre ambos procesados, o sea, la participación conjunta en el hecho imputado. Esta Sala de lo Constitucional, considera que en el caso sub júdice, tanto en el juzgado de instrucción como en el tribunal de alzada a través del voto particular, al recurrente le fueron escuchadas sus pretensiones, pues estima que, al evaluar la prueba evacuada, esta prueba no es suficiente para sospechar que el señor Jesús Fernando Gonzales Gonzales tenía un conocimiento del hecho, por lo que no fue prueba suficiente para establecer que esa sospecha se eleve a nivel de probabilidad. Ello, debido a que la prueba respecto a la participación de dicho acusado se contrae, esencialmente, a la declaración del agente de investigación Carlos Sabillón, quien refirió que luego de darle seguimiento a la motocicleta en que se conducía el coacusado, observó que éste se subió a un vehículo color negro y allí requirieron a los dos personas, una de ellas era el señor Gonzáles y el otro el coacusado Sevilla Meza, y se presenta como prueba documental el acta de seriado del dinero y el decomiso, resultando que el sobre que contenía los billetes seriados y papeles recortados simulando dinero, estaba en poder del señor Jesús Fernando Gonzales, prueba que lo señala según el Ministerio Público como partícipe del delito de Extorsión por haber recibido el dinero producto del delito, estimando la Magistrada que disiente que con respecto a esa prueba solamente se tiene la declaración del agente de investigación, declaración que no está corroborada por otra prueba externa que resulta confiable, por cuanto el acta de registro y de decomiso fue elaborado por el mismo agente, agente de investigación que manifiesta que le dieron seguimiento a la motocicleta y que el conductor se bajó e ingreso al vehículo, momento en que fue detenido y que al señor Gonzales, se le encontró el sobre con el dinero seriado y con los recortes de papel y en la otra bolsa de su pantalón, tenia otra cantidad de dinero en efectivo. Conforme a las reglas de la experiencia común, no parece lógico que una persona reciba dinero producto de una extorsión y se lo guarde en la bolsa sin ni siquiera contarlo, de tal manera que no se percata que en el sobre estaban recortes de papel, sobre esa base, si el acusado Gonzales era el recolector de todo el producto de las diferentes extorsiones que se realizaban, tal como ha pretendido establecer el Ministerio Público, lo cierto es que, según la lógica, un recolector no puede recibir dinero sin contarlo, especialmente si tiene que rendir cuenta de ello, asimismo como prueba en descargo se encuentra la declaración del testigo propuesto por la defensa, quien establece que observó que del vehículo solamente sacaron a una persona y no a dos como indica el agente de investigación. esta Sala de lo Constitucional comparte lo establecido en el voto disidente y estima que si se han violentado los derechos señalados por el recurrente al momento de hacer la valoración de la prueba producida en la audiencia inicial. ..esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera derechos fundamentales, en cuanto a que no existen indicios racionales que justifiquen la continuación del proceso penal incoado contra el acusado, pues no se ha acreditado que exista una coparticipación del señor GONZALES en los hechos, en consecuencia, se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso. En lo concerniente a que se le ha vulnerado el Estado de Inocencia contemplado en el artículo 89 constitucional de su representado, es necesario acotar que la presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Constitución de la República y en los Tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Honduras forma parte, como la Declaración universal de los derechos humanos en su artículo 11. De igual manera la Convención americana sobre derechos humanos, en el artículo 8 inciso 2. En el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, conforme artículo 14 inciso 2, y, en la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, en su artículo 26. Partiendo de estos preceptos tenemos entonces que, mientras tanto una persona no sea declarada culpable por sentencia firme, todos los habitantes de este suelo gozamos de un "estado de inocencia", aun cuando se registre algún proceso en trámite y cualquiera sea su progreso, es decir, que se considera inocente desde antes de iniciarse el proceso y durante todo el período de desarrollo de éste. Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que la tramitación de este proceso implica que se vulnera el derecho de presumir inocente al imputado, pues no hay suficientes pruebas suficientes respecto a que el acusado Gonzales ha participado en el hecho que se investiga. esta Sala estima que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera los derechos fundamentales invocados por el recurrente. Por todas las razones anteriormente expuestas, este Alto Tribunal es del criterio porque se otorgue la acción de amparo interpuesta
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 9 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala observa que la resolución impugnada, dictada por la corte de apelaciones concernida se ha sujetado únicamente a valorar el sustento probatorio ofertado por la acusación pública, y no así la presentada por la defensa, pues en el presente caso, se ha acreditado la existencia del delito, conforme lo establece el artículo 92 de la Constitución de la República, pero no la participación indiciaria del imputado en los hechos que se le imputan, ya que no hay prueba que acredite el concierto existente entre ambos procesados, o sea, la participación conjunta en el hecho imputado. Esta Sala de lo Constitucional, considera que en el caso sub júdice, tanto en el juzgado de instrucción como en el tribunal de alzada a través del voto particular, al recurrente le fueron escuchadas sus pretensiones, pues estima que, al evaluar la prueba evacuada, esta prueba no es suficiente para sospechar que el señor Jesús Fernando Gonzales Gonzales tenía un conocimiento del hecho, por lo que no fue prueba suficiente para establecer que esa sospecha se eleve a nivel de probabilidad. Ello, debido a que la prueba respecto a la participación de dicho acusado se contrae, esencialmente, a la declaración del agente de investigación Carlos Sabillón, quien refirió que luego de darle seguimiento a la motocicleta en que se conducía el coacusado, observó que éste se subió a un vehículo color negro y allí requirieron a los dos personas, una de ellas era el señor Gonzáles y el otro el coacusado Sevilla Meza, y se presenta como prueba documental el acta de seriado del dinero y el decomiso, resultando que el sobre que contenía los billetes seriados y papeles recortados simulando dinero, estaba en poder del señor Jesús Fernando Gonzales, prueba que lo señala según el Ministerio Público como partícipe del delito de Extorsión por haber recibido el dinero producto del delito, estimando la Magistrada que disiente que con respecto a esa prueba solamente se tiene la declaración del agente de investigación, declaración que no está corroborada por otra prueba externa que resulta confiable, por cuanto el acta de registro y de decomiso fue elaborado por el mismo agente, agente de investigación que manifiesta que le dieron seguimiento a la motocicleta y que el conductor se bajó e ingreso al vehículo, momento en que fue detenido y que al señor Gonzales, se le encontró el sobre con el dinero seriado y con los recortes de papel y en la otra bolsa de su pantalón, tenia otra cantidad de dinero en efectivo. Conforme a las reglas de la experiencia común, no parece lógico que una persona reciba dinero producto de una extorsión y se lo guarde en la bolsa sin ni siquiera contarlo, de tal manera que no se percata que en el sobre estaban recortes de papel, sobre esa base, si el acusado Gonzales era el recolector de todo el producto de las diferentes extorsiones que se realizaban, tal como ha pretendido establecer el Ministerio Público, lo cierto es que, según la lógica, un recolector no puede recibir dinero sin contarlo, especialmente si tiene que rendir cuenta de ello, asimismo como prueba en descargo se encuentra la declaración del testigo propuesto por la defensa, quien establece que observó que del vehículo solamente sacaron a una persona y no a dos como indica el agente de investigación. esta Sala de lo Constitucional comparte lo establecido en el voto disidente y estima que si se han violentado los derechos señalados por el recurrente al momento de hacer la valoración de la prueba producida en la audiencia inicial. ..esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera derechos fundamentales, en cuanto a que no existen indicios racionales que justifiquen la continuación del proceso penal incoado contra el acusado, pues no se ha acreditado que exista una coparticipación del señor GONZALES en los hechos, en consecuencia, se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso. En lo concerniente a que se le ha vulnerado el Estado de Inocencia contemplado en el artículo 89 constitucional de su representado, es necesario acotar que la presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Constitución de la República y en los Tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Honduras forma parte, como la Declaración universal de los derechos humanos en su artículo 11. De igual manera la Convención americana sobre derechos humanos, en el artículo 8 inciso 2. En el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, conforme artículo 14 inciso 2, y, en la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, en su artículo 26. Partiendo de estos preceptos tenemos entonces que, mientras tanto una persona no sea declarada culpable por sentencia firme, todos los habitantes de este suelo gozamos de un "estado de inocencia", aun cuando se registre algún proceso en trámite y cualquiera sea su progreso, es decir, que se considera inocente desde antes de iniciarse el proceso y durante todo el período de desarrollo de éste. Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que la tramitación de este proceso implica que se vulnera el derecho de presumir inocente al imputado, pues no hay suficientes pruebas suficientes respecto a que el acusado Gonzales ha participado en el hecho que se investiga. esta Sala estima que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera los derechos fundamentales invocados por el recurrente. Por todas las razones anteriormente expuestas, este Alto Tribunal es del criterio porque se otorgue la acción de amparo interpuesta
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala observa que la resolución impugnada, dictada por la corte de apelaciones concernida se ha sujetado únicamente a valorar el sustento probatorio ofertado por la acusación pública, y no así la presentada por la defensa, pues en el presente caso, se ha acreditado la existencia del delito, conforme lo establece el artículo 92 de la Constitución de la República, pero no la participación indiciaria del imputado en los hechos que se le imputan, ya que no hay prueba que acredite el concierto existente entre ambos procesados, o sea, la participación conjunta en el hecho imputado. Esta Sala de lo Constitucional, considera que en el caso sub júdice, tanto en el juzgado de instrucción como en el tribunal de alzada a través del voto particular, al recurrente le fueron escuchadas sus pretensiones, pues estima que, al evaluar la prueba evacuada, esta prueba no es suficiente para sospechar que el señor Jesús Fernando Gonzales Gonzales tenía un conocimiento del hecho, por lo que no fue prueba suficiente para establecer que esa sospecha se eleve a nivel de probabilidad. Ello, debido a que la prueba respecto a la participación de dicho acusado se contrae, esencialmente, a la declaración del agente de investigación Carlos Sabillón, quien refirió que luego de darle seguimiento a la motocicleta en que se conducía el coacusado, observó que éste se subió a un vehículo color negro y allí requirieron a los dos personas, una de ellas era el señor Gonzáles y el otro el coacusado Sevilla Meza, y se presenta como prueba documental el acta de seriado del dinero y el decomiso, resultando que el sobre que contenía los billetes seriados y papeles recortados simulando dinero, estaba en poder del señor Jesús Fernando Gonzales, prueba que lo señala según el Ministerio Público como partícipe del delito de Extorsión por haber recibido el dinero producto del delito, estimando la Magistrada que disiente que con respecto a esa prueba solamente se tiene la declaración del agente de investigación, declaración que no está corroborada por otra prueba externa que resulta confiable, por cuanto el acta de registro y de decomiso fue elaborado por el mismo agente, agente de investigación que manifiesta que le dieron seguimiento a la motocicleta y que el conductor se bajó e ingreso al vehículo, momento en que fue detenido y que al señor Gonzales, se le encontró el sobre con el dinero seriado y con los recortes de papel y en la otra bolsa de su pantalón, tenia otra cantidad de dinero en efectivo. Conforme a las reglas de la experiencia común, no parece lógico que una persona reciba dinero producto de una extorsión y se lo guarde en la bolsa sin ni siquiera contarlo, de tal manera que no se percata que en el sobre estaban recortes de papel, sobre esa base, si el acusado Gonzales era el recolector de todo el producto de las diferentes extorsiones que se realizaban, tal como ha pretendido establecer el Ministerio Público, lo cierto es que, según la lógica, un recolector no puede recibir dinero sin contarlo, especialmente si tiene que rendir cuenta de ello, asimismo como prueba en descargo se encuentra la declaración del testigo propuesto por la defensa, quien establece que observó que del vehículo solamente sacaron a una persona y no a dos como indica el agente de investigación. esta Sala de lo Constitucional comparte lo establecido en el voto disidente y estima que si se han violentado los derechos señalados por el recurrente al momento de hacer la valoración de la prueba producida en la audiencia inicial. ..esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera derechos fundamentales, en cuanto a que no existen indicios racionales que justifiquen la continuación del proceso penal incoado contra el acusado, pues no se ha acreditado que exista una coparticipación del señor GONZALES en los hechos, en consecuencia, se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso. En lo concerniente a que se le ha vulnerado el Estado de Inocencia contemplado en el artículo 89 constitucional de su representado, es necesario acotar que la presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Constitución de la República y en los Tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Honduras forma parte, como la Declaración universal de los derechos humanos en su artículo 11. De igual manera la Convención americana sobre derechos humanos, en el artículo 8 inciso 2. En el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, conforme artículo 14 inciso 2, y, en la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, en su artículo 26. Partiendo de estos preceptos tenemos entonces que, mientras tanto una persona no sea declarada culpable por sentencia firme, todos los habitantes de este suelo gozamos de un "estado de inocencia", aun cuando se registre algún proceso en trámite y cualquiera sea su progreso, es decir, que se considera inocente desde antes de iniciarse el proceso y durante todo el período de desarrollo de éste. Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que la tramitación de este proceso implica que se vulnera el derecho de presumir inocente al imputado, pues no hay suficientes pruebas suficientes respecto a que el acusado Gonzales ha participado en el hecho que se investiga. esta Sala estima que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera los derechos fundamentales invocados por el recurrente. Por todas las razones anteriormente expuestas, este Alto Tribunal es del criterio porque se otorgue la acción de amparo interpuesta
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTA: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el abogado EDWIN JESUS GUARDADO FERNANDEZ, a favor del señor JESUS FERNANDO GONZALES GONZALES, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023), que declaró Ha Lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión de San Pedro Sula, departamento de Cortés; en relación la causa instruida contra el señor JESUS FERNANDO GONZALES GONZALES, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO EK-97. Estimando el recurrente, que la decisión del ad-quem violenta en perjuicio de su representado, los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1. En fecha dos de abril de dos mil veintitrés, el Ministerio Público, a través de su agente de tribunales abogado GERMAN RENE SILVA, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Extorsión de San Pedro Sula, departamento de Cortés, presentando requerimiento fiscal contra los señores EDUARDO SEVILLA MEZA y JESUS FERNANDO GONZALES GONZALES, por suponerlos responsables del delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO EK-97. (Folios 02 al 03 de la pieza de antecedentes).2.Una vez celebrada la audiencia inicial, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó resolución, en fecha siete de abril de dos mil veintitrés, resolvió: “PRIMERO… SEGUNDO… TERCERO: Decretar al ciudadano JESUS FERNANDO GONZALES GONZALES, un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL por suponerlo responsable de la comisión del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE EK-097, conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal. Por lo que ordena se proceda a su inmediata libertad, librándose la carta de libertad provisional al centro penitenciario donde se encuentra recluido, sin perjuicio de que al imputado tenga otras causas pendientes con la justicia. CUARTO: Se ordena la inmediata libertad del ciudadano JESUS FERNANDO GONZALES GONZALES, en virtud del Sobreseimiento antes referido, ordenándose así, se libre atento oficio al Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara para que procedan a su excarcelación, sin perjuicio de que el acusado tenga otras causas pendientes con la justicia.” (Folio 55 al 59 de la pieza de antecedentes).3.Conociendo del Recurso de Apelación presentado por el abogado Nelson Palma, en su condición de fiscal del Ministerio Publico, contra la resolución de la que se hace referencia en el numeral que precede, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, emitió resolución en la cual resolvió: “PRIMERO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: REVOCAR la resolución recurrida, en relación con el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL emitido por el delito de EXTORSIÓN; en consecuencia, se ordena que la A-quo proceda a emitir el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra el procesado JESUS FERNANDO GONZALES GONZALES, por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “EK-097” …”. (Folios 126 al 133 de la pieza de antecedentes).4.En fecha treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el abogado EDWIN JESUS GUARDADO FERNANDEZ, interponiendo recurso de amparo a favor del señor JESUS FERNANDO GONZALES GONZALES, contra la resolución de fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, de la que se ha hecho relación en el numeral que antecede, por considerar que la misma es violatoria de los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 05 del presente Recurso).5.Este alto Tribunal tuvo por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término de cuarenta y ocho horas concedido al recurrente para que formalizara el recurso de amparo de mérito, en fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, asimismo se declara sin lugar por extemporáneo el escrito de formalización presentado, pero la Sala al apreciar que el recurrente en la interposición del presente recurso, desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, consideró procedente continuar con el procedimiento, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 49 del Presente Recurso).FUNDAMENTACION I. Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución.-Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. II.Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos. III.Objeto del recurso. Se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio de Jesús Fernando Gonzales Gonzales, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, que en fecha veinticuatro (24) de mayo del dos mil veintitrés (2023), resolvió declarar CON HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra de una resolución emitida por parte del Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, que en fecha siete (7) de abril de dos mil veintitrés (2023), decidió decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor Jesús Fernando Gonzales Gonzales, por suponerlo responsable de la comisión del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE EK-097.IV.Resumen de la presente garantía, con relación a los alegatos de los garantistas denunciando violación a los derechos contenidos en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. El impetrante señala que considera infringidas las normas antes señaladas argumentando de manera resumida lo siguiente: en cuanto al artículo 92 de la Constitución de la Republica relacionado con los artículos 198, relativo a la finalidad de los medios de prueba y 202 del Código Procesal Penal, que obliga al juzgador a hacer una valoración en su conjunto de todas la pruebas aportadas en audiencia, en relación a los elementos necesarios para decretar auto de formal procesamiento, expone que de la simple lectura del requerimiento fiscal, queda evidenciando con meridiana claridad que, de la dinámica de los hechos, no existió un concierto entre ambos computados para realizar la acción que el Ministerio Publico ha incoado contra su representado, y con ello el quebranto al derecho del debido proceso, ya ha dejado demostrado que su representado es inocente y que no ha tenido ninguna participación en la comisión del hecho; agrega que la luz de artículo 92 Constitucional, se entiende como prueba indiciaría, aquella que se dirige mostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no son los constitutivos de delito, pero de los que se puede inferirse la participación del acusado por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se trata de probar. No obstante, señala que ese nexo causal el ente acusador no lo ha podido acreditar, en consecuencia, agrega que a nadie le puede ser decretado un auto de formal procesamiento sobre la base de un proceso de inferencia que sólo ofrezca meras sospechas o simples conjeturas, y he aquí donde la resolución del ad-quem, es violatoria y atenta contra las garantías genérica del debido proceso y al ser una conducta emanada de autoridad competente, dictada por mayoría de votos, flanquea el Estado de Derecho, por un Estado Inquisidor, a la luz de los convenios internacionales, evidenciando con ello el quebranto al derecho del debido proceso, que implica la observancia del derecho a la presunción de inocencia. Manifiesta que en la resolución emitida la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, no valoró la prueba en su conjunto como lo establece el artículo 202 del Código Procesal Penal, faltando motivación, menoscabando gravemente con ello a la aplicación directa e inmediata de la presunción de inocencia y sin considerar los argumentos en su defensa, (arts. 89 Constitucional y 2 Código Procesal Penal), de manera que tiene como efecto violatorio de las normas adjetivas y garantías fundamentales, el desplazamiento de la carga de la prueba sobre la acusación y la violación del debido proceso. Dice que es al Ministerio Publico quien debe de acreditar los hechos constitutivos que conforman el tipo penal, ya que sin esa prueba no cabe imponer auto de formal procesamiento, alega que es necesario un mínimo de actividad probatoria, y que los actos de investigación no constituyen medios de prueba. En tal sentido acota que la resolución dictada transgrede gravemente lo preceptuado en el artículo 265 de código Procesal Penal, en donde la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, hace una valoración inquisidora, al no acatar las reglas que ya se encuentra establecidas, obviando lo preceptuado en el artículo supra citado y aplicando un criterio con falta de valoración. Finalmente, el amparista señala que conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República, el ad quem, debe hacer acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en la audiencia inicial y hacer una valoración de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara, no confusa y precisa si concurren o no los elementos a efecto de confirmar el auto de formal procesamiento por los delitos de extorsión, esto en virtud, que en el auto que no admite la evacuación a prueba (por diferentes elementos probatorios evacuados en la audiencia inicial y haga una valoración de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara, y precisa si concurren o no los elementos a efecto de confirmar el auto de formal procesamiento, ya el ordenamiento jurídico vigente, establece el procedimiento en caso de que sobre el imputado, solo penda una sospecha y no una probabilidad, probabilidad que en este caso no existe, pues, no hay elementos suficientes para dar vida a un indicio, en consecuencia, vulnerando en perjuicio de su representado la garantía genérica del debido proceso, que implica que cualquier individuo acusado de un delito o sometido a un procedimiento legal debe tener la oportunidad de ser escuchado, de presentar pruebas en su defensa y de recibir un juicio imparcial por un tribunal competente e independiente. V. Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. El ad-quem por mayoría de votos falla declarar con lugar el recurso de apelación, y revoca la resolución en relación al sobreseimiento provisional emitido por el delito de Extorsión en su fundamentación del voto mayoritario explica el ad quem que:“… 16. De dicha prueba, al ser valorada en su conjunto, se desprenden indicios racionales suficientes de que efectivamente se han acreditados hechos constitutivos del delito de extorsión, los cuales también ha estimado acreditados la a-quo y de la participación del imputado Jesús Fernando Gonzales Gonzales en los mismos, pues resulta lógico creer que los hechos ocurrieron tal y como los relatan en su declaración por el Testigo Protegido, el agente de investigación, lo establecido en el acta de vigilancia y seguimiento, al igual que de todo lo actuado en la referida audiencia inicial; por otra parte, también se cuenta con las actas de registro personal y de decomiso, que indican que el procesado Jesús Fernando Gonzales Gonzales fue detenido, en posesión del dinero previamente seriado y entregado por el ofendido como pago de la extorsión de la que fue víctima a otro coimputado, siendo el agente además, testigo presencial de la detención del denunciado y de las evidencias incautadas al mismo. 17. Con fundamento en lo anterior, basta con la aportación de indicios atinentes a establecer que fue al señor Jesús Fernando Gonzales Gonzales, a quien directamente se le decomiso el dinero exigido bajo amenazas, a lo que nos hemos referido anteriormente, para tener por acreditados los indicios de que el mismo participó como coautor del delito de extorsión, en virtud que el señor Alex Eduardo Sevilla Meza, fue identificado por el agente como la persona a quien el sospechoso quien directamente amenazó y recibió el dinero de manos del ofendido, para minutos después entregárselo a Jesús Fernando Gonzales Gonzales, tal y como se acredita con la declaración del mismo Testigo Protegido y la declaración del agente, así como con la prueba documental que las respaldan, en la que ambos imputados en decisión común realizaron actos materiales de ejecución del delito que se les atribuye, asegurando el resultado en menoscabo del patrimonio de la víctima, de este modo las acciones cometidas en conjunto para la realización del delito se efectuaron de manera consiente y voluntaria en la distribución de roles por los imputados las que se consideran como un todo unitario, Jesús Fernando Gonzales Gonzales con su participación aumentó la obtención del resultado en la configuración del hecho delictivo. Como se estableció anteriormente, la A-quo deviene obligada a valorar conjuntamente la prueba y resolver únicamente con lo actuado en la audiencia inicial y, en el caso de mérito, la prueba de cargo no fue desvirtuada, ni las dudas de la A-quo se consideran suficientemente razonables para desmeritarlas. Por lo que, el razonamiento empleado por la A-quo para desmeritar la prueba de cargo no ha sido correcto. 18… 19… 20… 21… 22. Al analizar el caso sub júdice y la prueba ofertada durante la Audiencia Inicial, se puede colegir que el Ministerio Público presentó prueba suficientemente creíble y por tanto acreditó los mínimos indicios de la existencia de unos hechos típicamente constitutivos del delito de Extorsión y la participación del procesado Jesús Fernando Gonzales Gonzales en el mismo, habida cuenta que no existen razones para restarle credibilidad a sus dichos, ni prueba que les contradiga y, tal como se ha dejado establecido supra, las razones que la Juez argumentó para considerar su duda, no son suficientes para establecer que no existió la participación del acusado en el hecho. Por ende, no concurren los elementos exigidos en el artículo 295 del Código Procesal Penal, para dictar el Sobreseimiento Provisional emitido por la juez A-quo. De lo que se desprende que la resolución apelada no ha sido dictada conforme a derecho y los agravios esgrimidos por el recurrente sí son de recibo. 23. Lo anterior, sin perjuicio del despliegue probatorio que ambas partes realicen para determinar durante el juicio, si efectivamente existe alguna certeza negativa o positiva e, incluso duda, sobre la comisión de los hechos y la participación del acusado en los mismos; …”. VI. Resumen del voto disidente emitido por la Magistrada Julissa Aguilar. En el voto disidente, la magistrada Aguilar expresa que disiente del parecer de la mayoría por las razones que a continuación se resumen:“…7. A pesar de los argumentos del Ministerio Público respecto a que esta prueba tiende unívocamente a señalar al señor JESUS FERNANDO GONZALES GONZALES, como participe del delito de Extorsión por haber recibido el dinero producto de este, lo cierto es que dicha prueba tiene varias falencias para esclarecer esta participación, tales como se exponen a continuación: 8. Respecto a que el acusado Gonzáles recibió el dinero producto de la extorsión, solamente se cuenta con la versión del agente de investigación no está corroborada por otra prueba externa que resulte confiable, por cuanto el acta de registro y de decomiso fue elaborada por los mismos agentes; además, asegura el agente de investigación que le dieron seguimiento a la motocicleta y que el conductor se bajó e ingresó al vehículo, momento en que ambos acusados fueron detenidos y que al señor GONZALES, en una bolsa de su pantalón, se le encontró el sobre que contenía el dinero seriado y los recortes de papel y, en la otra bolsa de su pantalón, tenía una cantidad de dinero en efectivo. 9. Se si analiza esta versión, conforme a las reglas de la experiencia común, no parece lógico que una persona reciba dinero producto de una extorsión y se lo guarde en la bolsa sin ni siquiera contarlo, de tal manera que no se percate de que el sobre que esta recibiendo contiene recortes de papel. Sobre esa base, si el acusado GONZALES era el recolector de todo el producto de las diferentes extorsiones que se realizaban, tal como ha pretendido establecer el Ministerio Público, lo cierto es que, según la lógica, un recolector no puede recibir dinero sin contarlo, especialmente si se tiene que rendir cuenta de ello. 10. Además, frente a la versión del agente de investigación, se encuentra la versión de un testigo de descargo que señaló que él observó que los agentes sacaron del vehículo solamente a una persona y no a dos como indicó el agente de investigación. No existen razones lógicas para dudar de la versión de este testigo, de tal suerte que su nivel de credibilidad básicamente es el mismo que el del agente de investigación. 11. Diferente sería el hecho si el Ministerio Público y los entes de investigación hubiesen grabado en vídeo el seguimiento y posterior detención ya que, en ese caso, su versión podría ser corroborada con otra prueba. […]. 12. Por otro lado, aun cuando el acusado GONZALES hubiese sido detenido en el mismo vehículo al que se subió el coacusado, tampoco existen indicios suficientemente fuertes para establecer que el acusado GONZALES tenía conocimiento del ilícito de Extorsión, de tal manera que ambos actuaron en forma conjunta, ya que una reunión de esta naturaleza podría ocurrir por cualquier razón e incluso entregar el dinero a una persona también podría tener motivos diferentes a que ésta fuese la persona encargada de recolectar el dinero producto de la extorsión. 13. Así, además de que el acusado GONZALES no fue reconocido por el testigo protegido, no existe suficiente prueba respecto a que fue su detención ocurrió tal como dice el Ministerio Público, por cuanto existe un testigo de defensa que contradice esta posición y, además, tampoco existe prueba que refleje que él tenía conocimiento de la comisión de un delito de extorsión y, por ende, haya participado en este ilícito recolectando el dinero que otras personas previamente habían recibido de las víctimas, tal como ha considerado el Ministerio Público. 14. En el caso de estudio y respecto al acusado GONZALES, existe una debilidad probatoria sobre su participación en el ilícito y, a mi consideración, permitir que el proceso judicial avance a pesar de esta debilidad probatoria, es propiciar la impunidad y la deficiencia investigativa del Ministerio Público, ya que dicho ente, generalmente no realiza mayores investigaciones en este tipo de casos. Sin embargo, el Sobreseimiento Provisional no cierra las puertas del proceso penal, sino que lo único que hace es exigir mayores estándares probatorios al Ministerio Público para que su acusación pueda fructificar, y es por ello por lo que hay un plazo de cinco años para que se reanuden las investigaciones, tal como efectivamente debería hacer el Ministerio Público en el caso que nos ocupa…”VII.Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento de los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. Del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala aprecia, el punto toral alegado por parte del recurrente es que en la resolución recurrida el ad quem le violenta el debido proceso, ya que el ente acusador -Ministerio Público- a su parecer no pudo acreditar un nexo lógico inductivo contra su representado, agregando que los indicios racionales se refieren a la cantidad y calidad de pruebas o evidencias necesarias para justificar una detención, y a su entender los actos investigativos no constituyen medios de prueba, inobservancia que provocó revocar el sobreseimiento provisional, y decretar auto de formal procesamiento, representando tal situación quebranto de la presunción de inocencia a su representado. De acuerdo con lo anterior, en referencia a la supuesta infracción del artículo 92 de la Constitución de la Republica, relacionado con el 198 y 202 del Código Procesal Penal, esta Sala observa que la resolución impugnada, dictada por la corte de apelaciones concernida se ha sujetado únicamente a valorar el sustento probatorio ofertado por la acusación pública, y no así la presentada por la defensa, pues en el presente caso, se ha acreditado la existencia del delito, conforme lo establece el artículo 92 de la Constitución de la República, pero no la participación indiciaria del imputado en los hechos que se le imputan, ya que no hay prueba que acredite el concierto existente entre ambos procesados, o sea, la participación conjunta en el hecho imputado. VIII.Esta Sala de lo Constitucional, considera que en el caso sub júdice, tanto en el juzgado de instrucción como en el tribunal de alzada a través del voto particular, al recurrente le fueron escuchadas sus pretensiones, pues estima que, al evaluar la prueba evacuada, esta prueba no es suficiente para sospechar que el señor Jesús Fernando Gonzales Gonzales tenía un conocimiento del hecho, por lo que no fue prueba suficiente para establecer que esa sospecha se eleve a nivel de probabilidad. Ello, debido a que la prueba respecto a la participación de dicho acusado se contrae, esencialmente, a la declaración del agente de investigación Carlos Sabillón, quien refirió que luego de darle seguimiento a la motocicleta en que se conducía el coacusado, observó que éste se subió a un vehículo color negro y allí requirieron a los dos personas, una de ellas era el señor Gonzáles y el otro el coacusado Sevilla Meza, y se presenta como prueba documental el acta de seriado del dinero y el decomiso, resultando que el sobre que contenía los billetes seriados y papeles recortados simulando dinero, estaba en poder del señor Jesús Fernando Gonzales, prueba que lo señala según el Ministerio Público como partícipe del delito de Extorsión por haber recibido el dinero producto del delito, estimando la Magistrada que disiente que con respecto a esa prueba solamente se tiene la declaración del agente de investigación, declaración que no está corroborada por otra prueba externa que resulta confiable, por cuanto el acta de registro y de decomiso fue elaborado por el mismo agente, agente de investigación que manifiesta que le dieron seguimiento a la motocicleta y que el conductor se bajó e ingreso al vehículo, momento en que fue detenido y que al señor Gonzales, se le encontró el sobre con el dinero seriado y con los recortes de papel y en la otra bolsa de su pantalón, tenia otra cantidad de dinero en efectivo. Conforme a las reglas de la experiencia común, no parece lógico que una persona reciba dinero producto de una extorsión y se lo guarde en la bolsa sin ni siquiera contarlo, de tal manera que no se percata que en el sobre estaban recortes de papel, sobre esa base, si el acusado Gonzales era el recolector de todo el producto de las diferentes extorsiones que se realizaban, tal como ha pretendido establecer el Ministerio Público, lo cierto es que, según la lógica, un recolector no puede recibir dinero sin contarlo, especialmente si tiene que rendir cuenta de ello, asimismo como prueba en descargo se encuentra la declaración del testigo propuesto por la defensa, quien establece que observó que del vehículo solamente sacaron a una persona y no a dos como indica el agente de investigación. Y continua manifestando la Magistrada disidente que diferente seria si los entes de investigación hubiesen gravado en video el seguimiento y posterior detención ya que, en ese caso su versión podría ser corroborada con otra prueba, asimismo, establece que si el acusado Gonzales hubiese sido detenido en el mismo vehículo con el coacusado, tampoco existen indicios suficientes fuertes para establecer que el acusado Gonzales tenía conocimiento del ilícito de Extorsión, de tal manera que ambos actuaron en forma conjunta, ya que una reunión de esa naturaleza podría ocurrir por cualquier razón e incluso entregar el dinero a una persona también podría tener motivos diferentes a que fuese la persona encargada de recolectar el dinero producto de la extorsión, ello debido a que la participación en un delito necesita tener el dolo, esto es el conocimiento y la voluntad de ejecutar un hecho delictivo, por ende es imperativo que se vislumbre tal conocimiento sobre la existencia de una conducta ilícita, como acreditar que el señor Gonzales si tenía conocimiento de que estaba recibiendo un dinero que había sido entregado ilícitamente debido amenazas e intimidación. Del mismo, establece que el acusado Gonzales no fue reconocido por el testigo protegido, y como consecuencia no existe suficiente prueba respecto a que fue su detención tal como lo dice el Ministerio Público y no se ha acreditado, la participación en el hecho investigado y por el cual fue requerido el señor Gonzales. En consecuencia, a todo lo anterior esta Sala de lo Constitucional comparte lo establecido en el voto disidente y estima que si se han violentado los derechos señalados por el recurrente al momento de hacer la valoración de la prueba producida en la audiencia inicial.IX.Esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera derechos fundamentales, en cuanto a que no existen indicios racionales que justifiquen la continuación del proceso penal incoado contra el acusado, pues no se ha acreditado que exista una coparticipación del señor GONZALES en los hechos, en consecuencia, se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso. X. En lo concerniente a que se le ha vulnerado el Estado de Inocencia contemplado en el artículo 89 constitucional de su representado, es necesario acotar que la presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Constitución de la República y en los Tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Honduras forma parte, como la Declaración universal de los derechos humanos en su artículo 11. De igual manera la Convención americana sobre derechos humanos, en el artículo 8 inciso 2. En el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, conforme artículo 14 inciso 2, y, en la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, en su artículo 26. Partiendo de estos preceptos tenemos entonces que, mientras tanto una persona no sea declarada culpable por sentencia firme, todos los habitantes de este suelo gozamos de un "estado de inocencia", aun cuando se registre algún proceso en trámite y cualquiera sea su progreso, es decir, que se considera inocente desde antes de iniciarse el proceso y durante todo el período de desarrollo de éste. Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que la tramitación de este proceso implica que se vulnera el derecho de presumir inocente al imputado, pues no hay suficientes pruebas suficientes respecto a que el acusado Gonzales ha participado en el hecho que se investiga. XI. Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala estima que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera los derechos fundamentales invocados por el recurrente. Por todas las razones anteriormente expuestas, este Alto Tribunal es del criterio porque se otorgue la acción de amparo interpuesta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 80, 82, 90 párrafo primero, 182, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por el abogado EDWIN JESUS GUARDADO FERNANDEZ , a favor del señor JESUS FERNANDO GONZALES GONZALES, contra la resolución de fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023) dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes Redactó la Magistrada Bustillo Hernández. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0996-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL