Sentencia AP-965-23 — Registro 17744
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada que Otorgó el recurso de amparo con relación a la causa instruida los delitos de Extorsión y Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de Testigo Protegido “CD-356” y la Salud Pública. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 303 y 323 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (6): Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita; situación que no ocurre en el caso sub júdice, pues los medios de prueba denominados: Acta de Diligencia Policial, junto con su documentación soporte; e Informe de Extracción Física a los aparatos telefónicos decomisados, se inadmite a criterio del A quo, porque es impertinente e inútil, soslayando el artículo 199 del Código Procesal Penal que dice: “Medios de prueba permitidos”. Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables. En lo no previsto en este Código se estará a lo dispuesto en las normas que regulen el medio de prueba que más se asemeje. Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir. Obviando el Tribunal de Sentencia motivar su resolución en lo establecido en el precepto ut supra relacionado. La ley penal adjetiva claramente establece los supuestos en los cuales un medio de prueba será inadmitido, legalidad que inobservo el A quo al momento de emitir la resolución por la cual inadmite los medios de prueba antes relacionados. CONSIDERANDO (7): Siguiendo lo plasmado en el considerando anterior, para esta Sala resulta importante subrayar que la Corte de Apelaciones, ha desarrollado de una manera equilibrada el artículo 80 de la Constitución de la Republica, que en su interior contiene el derecho a la Tutela Judicial Efectiva. La Corte Suprema de Justicia la desarrolla como un principio el cual está compuesto por 1. Derecho de Acceso a la Justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. En este prius lógico podemos concluir que La Tutela tiene como función procesal garantizar un debido proceso a quienes acuden al Juzgado o Tribunal. Su cometido es proveer ciertos derechos que se vuelven de aplicación ineludible por su carácter garantista. En la misma línea su aplicación pretende asegurar una correcta configuración del derecho procesal con igualdad de oportunidades para las partes involucradas, con decisiones a favor o en contra, que satisfagan las pretensiones de seguridad jurídica que tiene la sociedad. De esta manera podemos concluir que el Tribunal de Sentencia al no mostrar coherencia en su motivación al no contestar los argumentos del Ministerio Público degrada la Tutela Judicial Efectiva y por otro lado la Corte de Apelaciones suple dicho principio amparando a la recurrente en su resolución. CONSIDERANDO (8): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental al Debido Proceso, Tutela Judicial Efectiva invocados por la recurrente, ello ante la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, reglas determinadas en el Código Procesal Penal en relación a la inadmisión de los medios de prueba propuestos por el ente acusador, las que solo podrán rechazarse si son manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria, actuación que fue obviada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, quien tiene el deber de motivar sus resoluciones del porqué inadmite o no los medios de prueba, como se explica en el iter de este fallo. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta que Otorga el recurso de amparo interpuesto.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia de fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, que Otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogada VERÓNICA LETICIA ALVARENGA BERTRAND, en representación del Ministerio Público, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, con relación a la causa instruida contra los señores MERCY ODETH BARAHONA MEJÍA y CÁNDIDO LÓPEZ MORA, por suponerlos responsables de los delitos de Extorsión y Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de Testigo Protegido “CD-356” y la Salud Pública. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 303 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, la Abogada Verónica Leticia Alvarenga Bertrand, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, con relación a la causa instruida contra los señores Mercy Odeth Barahona Mejía y Cándido López Mora, por suponerlos responsables de los delitos de Extorsión y Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de Testigo Protegido “CD-356” y la Salud Pública. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 303 y 323 de la Constitución de la República. (Folios 1-4 vuelto del antecedente) 2) La referida Corte, en fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: OTORGAR el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada VERÓNICA LETICIA ALVARENGA BERTRAND, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa que se instruye contra los señores MERCY ODETH BARAHONA MEJÍA Y CANDIDO LÓPEZ MORA, por suponerlos responsables de los delitos de EXTORSIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "CD-356 Y LA SALUD PUBLICA; la cual se ventila en el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, bajo el expediente número 0801-2022-115. SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal de Sentencia que tenga por admitidos los siguientes medios de prueba propuestos por el Ministerio Público: 1) Acta de Diligencia Policial, junto con su documentación soporte; y, 2) Informe de Extracción Física a los aparatos telefónicos decomisados…” (Folios 28-35 del antecedente) 3) Que en fecha veintiuno de julio de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la Sentencia Sentencia de fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, que Otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogada VERÓNICA LETICIA ALVARENGA BERTRAND, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, con relación a la causa instruida contra los señores MERCY ODETH BARAHONA MEJÍA y CÁNDIDO LÓPEZ MORA, por suponerlos responsables de los delitos de Extorsión y Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de Testigo Protegido “CD-356” y la Salud Pública. CONSIDERANDO (4): Que la Sentencia proferida por el Ad quem, mediante la cual resuelve Otorgar el Recurso de Amparo interpuesto por el MINISTERIO PÚBLICO. en el numeral once establece lo siguiente: “… Estima esta Corte, que el contenido esencial de derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. Por ello estima, que también se vulnera el derecho a la Defensa cuando el juzgador deniega la prueba atendiendo razones ajenas al juicio de inadmisibilidad que establece el artículo 199 del Código Procesal Penal, es decir, alegando causas diferentes a la condición de pertinencia, utilidad o proporcionalidad de la prueba en relación con la pretensión que se pretende probar o bien sobre su obtención (confiabilidad y licitud). Continua manifestando el Tribunal de Alzada en el numeral veintitrés: “Si constituye vulneración al Debido Proceso que el órgano jurisdiccional decida sobre la admisión o denegatoria de los medios de prueba sin la debida motivación, en primer lugar porque debe seguirse las reglas para su admisión o rechazo, analizando los presupuestos que la ley establece, lo cual debe ser explicado por el Tribunal de Sentencia; y, en segundo lugar porque para la admisión o no de un medio de prueba se requiere que este verse sobre datos que objetivamente se puedan extraer de las actuaciones procesales. Entonces, el Tribunal de Sentencia, al no razonar adecuadamente su decisión incumple con el deber de motivación, al efectuar una interpretación subjetiva, en la que no consideró el conjunto de requisitos que se deben observar en las instancias procesales y que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.” Estableciendo el numeral veinticinco: “El Tribunal de Sentencia no observo las consideraciones de hecho y derecho planteadas por la fiscalía en las que el ente acusador expone las razones por las cuales el Tribunal debe admitir la enunciada prueba documental; teniendo como resultado, que, al inadmitir indebidamente dicho medio de prueba, el contenido esencial del derecho de Defensa, queda afectado, así como el Debido Proceso y la Tutela judicial efectiva.” Por lo antes expuesto el Ad quem FALLA: OTORGANDO el recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO (6): Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita; situación que no ocurre en el caso sub júdice, pues los medios de prueba denominados: Acta de Diligencia Policial, junto con su documentación soporte; e Informe de Extracción Física a los aparatos telefónicos decomisados, se inadmite a criterio del A quo, porque es impertinente e inútil, soslayando el artículo 199 del Código Procesal Penal que dice: “Medios de prueba permitidos”. Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables. En lo no previsto en este Código se estará a lo dispuesto en las normas que regulen el medio de prueba que más se asemeje. Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir. Obviando el Tribunal de Sentencia motivar su resolución en lo establecido en el precepto ut supra relacionado. La ley penal adjetiva claramente establece los supuestos en los cuales un medio de prueba será inadmitido, legalidad que inobservo el A quo al momento de emitir la resolución por la cual inadmite los medios de prueba antes relacionados. CONSIDERANDO (7): Siguiendo lo plasmado en el considerando anterior, para esta Sala resulta importante subrayar que la Corte de Apelaciones, ha desarrollado de una manera equilibrada el artículo 80 de la Constitución de la Republica, que en su interior contiene el derecho a la Tutela Judicial Efectiva. La Corte Suprema de Justicia la desarrolla como un principio el cual está compuesto por 1. Derecho de Acceso a la Justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. En este prius lógico podemos concluir que La Tutela tiene como función procesal garantizar un debido proceso a quienes acuden al Juzgado o Tribunal. Su cometido es proveer ciertos derechos que se vuelven de aplicación ineludible por su carácter garantista. En la misma línea su aplicación pretende asegurar una correcta configuración del derecho procesal con igualdad de oportunidades para las partes involucradas, con decisiones a favor o en contra, que satisfagan las pretensiones de seguridad jurídica que tiene la sociedad. De esta manera podemos concluir que el Tribunal de Sentencia al no mostrar coherencia en su motivación al no contestar los argumentos del Ministerio Público degrada la Tutela Judicial Efectiva y por otro lado la Corte de Apelaciones suple dicho principio amparando a la recurrente en su resolución. CONSIDERANDO (8): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental al Debido Proceso, Tutela Judicial Efectiva invocados por la recurrente, ello ante la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, reglas determinadas en el Código Procesal Penal en relación a la inadmisión de los medios de prueba propuestos por el ente acusador, las que solo podrán rechazarse si son manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria, actuación que fue obviada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, quien tiene el deber de motivar sus resoluciones del porqué inadmite o no los medios de prueba, como se explica en el iter de este fallo. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta que Otorga el recurso de amparo interpuesto. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia venida en Consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, de fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil veinticuatro, Certificación de la Sentencia de fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal venido en Consulta, registrado en este Tribunal con el número SCO-0965-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.