Sentencia AP-89-24 — Registro 19015
Resumen
Con relación a la querella promovida contra recurrente por los delitos de usurpación y daños ,al no haberse ejercido acción penal alguna por estos delitos, impetrantes no han tenido la oportunidad de ser escuchados en dicho proceso penal, por consiguiente, no han hecho uso de su derecho de defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Continúa manifestando la Corte de Apelaciones que si bien, en la querella interpuesta se hace referencia a “Y OTROS”; no puede considerarse la inclusión de nuevas personas o de otras distintas a las inicialmente querelladas, como seria respecto a los hoy recurrentes, ya que resultaría violatorio de la norma primaria, pues la individualización del procesado es importante como resultado de especificar y señalar materialmente a una persona concreta por suponerla responsable de una conducta penal reprochable, a fin de diferenciarla físicamente de otro y otros individuos, con los cuales pudiese confundirse. De ahí que la querella debe contener los datos que sirvan para identificar a los procesados, la relación precisa y circunstanciada del hecho punible atribuida tal como lo disponen los artículos 293 y 405 del Código Procesal Penal; situación que no ocurre respecto de los señores Doris Marisela Parada Manzanares, Miriam Zavala Bobadilla, Félix Elizabeth Martínez Méndez, Harry Enar Henríquez Espinoza, María Elisia Hernady Aranda, Tirso Roberto Peña Martínez, Alonso Mendoza Rivas, Sirli Gabriela hall Mendoza, María Ercilia pineda Alfaro y Santos Isidro Sarmiento Alfaro. Por tanto, esta alzada es del parecer que debe otorgarse la presente acción de amparo a favor de los mismos y consecuentemente el desalojo ordenado mediante resolución de fecha treinta de agosto de dos mil venidos, no incluye o alcanza a los amparistas. CONSIDERANDO (8): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha quince de diciembre de dos mil veintitrés, se encuentra apegada a derecho, ya que, como bien lo expone la referida Corte de Apelaciones, en la querella presentada en perjuicio de la empresa mercantil Inmobiliaria Los Olivos, los hoy amparistas, no figuran como querellados, ya que únicamente se refiere a “Y OTROS”, lo cual no representa una individualización del procesado como tal, por tanto, no podría realizarse una distinción física entre uno y otro individuo, siendo importante especificar concretamente a la persona natural que se considera responsable de la comisión de cualquier conducta penal para evitar cualquier confusión de los procesados. En orden de ideas, podemos apreciar entonces que, el juez A-Quo no tomó en cuenta lo dispuesto en el artículo 293 del Código Procesal Penal, que en su numeral 1 establece que el requerimiento fiscal debe contener el nombre y apellidos del imputado; esto en relación con el párrafo primero del artículo 405 del mismo cuerpo legal, en donde se establece que los delitos de acción privada solo serán perseguibles mediante querella, la que deberá reunir los mismos requisitos que la acusación. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala observa que la resolución que hoy se recurre en amparo debe ser confirmada puesto que fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a lo dispuesto en la norma de procedimiento penal, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, se aprecia que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta.
Legislación citada
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 405 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 405 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 405 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 405 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LOCONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Santiago de Jesús Mejía Hernández, a favor de los señores Doris Marisela Parada Manzanares, Miriam Zavala Bobadilla, Félix Elizabeth Martínez Méndez, Harry Enar Henríquez Espinoza, María Elisa Hernady Aranda y Otros, contra la resolución de fecha treinta de agosto de dos mil veintidós, emitida por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, departamento de Yoro, con relación a la querella promovida por la sociedad mercantil Inmobiliaria los Olivos S.A., contra los señores Doris Marisela Parada Manzanares, Miriam Zavala Bobadilla, Félix Elizabeth Martínez Méndez, Harry Enar Henríquez Espinoza, María Elisa Hernady Aranda y Otros. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de sus representados, el derecho consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)En fecha veintitrés de junio de dos mil veinte, compareció ante el Tribunal de Sentencia de El Progreso, departamento de Yoro, el Abogado Virgilio Enrique Perdomo Valladares, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria los Olivos S.A., interponiendo querella en contra de los seños Devis Larios, Eduard Alberto Lobo Salgado, Dilcia Meléndez Arnada, Daisy Abigail Salgado Mejía y Norma Guadalupe Salgado Mejía y Otros, a quienes se les considera responsables de los delitos de Usurpación y Daños, en perjuicio de la sociedad mercantil Inmobiliaria los Olivos S.A., de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. (Folios 1-8 del expediente del A-quo).2)En fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, compareció ante el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, el Abogado Virgilio Enrique Perdomo Valladares, en su condición antes citada, presentando solicitud de pronto despacho y neutralización del delito, que se ordene el desalojo de los querellados. (Folios 138-139 del expediente del A-quo). 3)En fecha treinta de agosto de dos mil veintidós, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, resolvió: (Sic) “…PRIMERO: Se tiene por recibido el escrito que antecede, agréguese a sus antecedentes y en cuanto a lo solicitado, este Tribunal ordena que previo a ordenar el desalojo mediante la fuerza, que la receptora de este Tribunal se constituya a la propiedad de la INMOBILIARIA LOS OLIVOS S.A., denominada "CASTAÑOS 1 antes (A-1) situada en el margen oriental de la carretera pavimentada entre El Progreso, Yoro, de una extensión superficial de 16 manzanas 29 centésimas de manzana, colindando al norte con la Colonia Guadalupe, Colonia Bendeck, y propiedad de la Exportadora Hawit S.A, al sur con terrenos de la parcelación del señor Claudio Erasmo Castro y del ingeniero Fausto Daniel Bogran Fortin, al este con terreno de INPREMA y al oeste con la carretera pavimentada por medio y en caso de encontrarse en dicho inmueble los señores DEVIS LARIOS, EDUARDO ALBERTO LOBO SALGADO, DILCIA MELENDEZ ARNADA, DAISY ABIGAIL SALGADO MEJIA y otros proceda a requerirlos, señalándole que tienen un plazo de treinta (30) días hábiles a partir de dicho requerimiento para que procedan a desalojar de manera pacífica dicha propiedad o comparezcan a este Tribunal acreditando el dominio pleno de dicho bien inmueble; advirtiéndole que si transcurrido dicho plazo no desalojan o no acreditan la propiedad de dicho bien inmueble, se procederá a desalojarlos mediante la fuerza con el auxilio de la Policía Nacional. SEGUNDO: Procédase a notificar a los representantes legales de las partes la presente resolución y una vez que adquiera el carácter de firme la misma, que la receptora de este Tribunal procédase a dársele cumplimiento a lo antes ordenado…” (Folios 140-141 del expediente del A-quo).4)En fecha veintiocho de abril de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Santiago de Jesús Mejía Hernández, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores Doris Marisela Parada Manzanares, Miriam Zavala Bobadilla, Félix Elizabeth Martínez Méndez, Harry Enar Henríquez Espinoza, María Elisa Hernady Aranda y Otros, contra la resolución referida en el numeral que antecede, considerando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de sus representados, el derecho consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. (Folios 1-5 del expediente del A-quo).5)La referida Corte, en fecha quince de diciembre de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual resolvió: “…PRIMERO: OTORGANDO LA ACCION DE AMPARO interpuesta el Abogado SANTIAGO DE JESÚS MEJIA HERNANDEZ en su condición de Apoderado Legal, y a favor de los señores DORIS MARISELA PARADA MANZANARES, MIRIAM ZAVALA BOBADILLA, FELIX ELIZABETH MARTINEZ MÉNDEZ, HARRY ENAR ENRIQUES ESPINOZA, MARIA ELISIA HERNADY ARANDA, TIRSO ROBERTO PEÑA MARTINEZ, ALONSO MENDOZA RIVAS. SIRLI GABRIELA HALL MENDOZA, MARIA ERCILIA PINEDA ALFARO Y SANTOS ISIDRO SARMINETO ALFARO, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA de la ciudad de EL PROGRESO, YORO, específicamente respecto la resolución de fecha TREINTA (30) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022), proferida en la querella promovida contra DAVIS LARIOS, EDUARDO ALBERTO LOBO SALGADO, DILCIA MELÉNDEZ ARNADA, DELSY ABIGAIL SALGADO, NORMA GUADALUPE SALGADO MEJIA Y OTROS, por suponerlos responsables del delito USURPACIÓN Y DAÑOS en perjuicio de EMPRESA MERCANTIL INMOBILIARIA LOS OLIVOS; consecuentemente el desalojo ordenado mediante la resolución de fecha TREINTA (30) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022) antes relacionada, no incluye o alcanza a los señores DORIS MARISELA PARADA MANZANARES, MIRIAM ZAVALA BOBADILLA, FELIX ELIZABETH MARTINEZ MÉNDEZ, HARRY ENAR ENRIQUES ESPINOZA, MARIA ELISIA HERNADY ARANDA, TIRSO ROBERTO PEÑA MARTINEZ, ALONSO MENDOZA RIVAS, SIRLI GABRIELA HALL MENDOZA, MARIA ERCILIA PINEDA ALFARO y SANTOS ISIDRO SARMINETO ALFARO. Y MANDA: Que, una vez notificado el presente fallo, se remitan los autos en consulta a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Redactó la Magistrada Abogada Brenda Celina Hernández F..” (Folios 68-76 de la pieza del Ad-quem).6)Que en fecha veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés que otorgó el recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro con relación a la querella promovida por la empresa mercantil Inmobiliaria Los Olivos contra los señores DORIS MARISELA PARADA MANZANARES, MIRIAM ZAVALA BOBADILLA, FELIX ELIZABETH MARTINEZ MÉNDEZ, HARRY ENAR ENRIQUES ESPINOZA, MARIA ELISIA HERNADY ARANDA, TIRSO ROBERTO PEÑA MARTINEZ, ALONSO MENDOZA RIVAS, SIRLI GABRIELA HALL MENDOZA, MARIA ERCILIA PINEDA ALFARO y SANTOS ISIDRO SARMINETO ALFARO.CONSIDERANDO (4): Que el impetrante expuso en su acción de amparo que el acto contra el cual se reclama lo constituye la resolución de fecha quince de diciembre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, departamento de Yoro en donde se ordena el desalojo de los señores Davis Larios, Eduardo Alberto Lobo Salgado, Dilcia Meléndez Arnada, Delsy Abigail Salgado, Norma Guadalupe Salgado Mejía y Otros, por suponerlos responsables del delito de usurpación y daños en perjuicio de la empresa mercantil Inmobiliaria Los Olivos S.A.; ya que con el presente recurso, se pretende conservar el estado de inocencia y sobre todo el derecho de defensa que es inviolable, puesto que nadie puede ser juzgado ni vencido en juicio sin antes ser escuchado, de lo contrario, se estaría dando un quebrantamiento de ley constitucional, con la acción que se podría desatar en ese terreno con las personas que fueron designadas para realizar dicho el desalojo, pues la intervención mínima del derecho penal, también conocida como la ultima ratio, aplica al presente caso, especialmente porque existe una solución primaria al conflicto, mediante una acción civil en los Juzgados de Letras Seccionales para reivindicar el inmueble si fuese el caso, y no la acción penal; en tal sentido, sin antes haber sido escuchado a los hoy recurrentes, se enervaría completamente el derecho de defensa que tienen los referidos señores, puesto que de la simple lectura del expediente judicial se observa que los mismos, no están dentro de los sujetos procesados y que aun no han sido llevados ante el juez conocedor de la causa, tampoco han sido individualizados como coautores o autores del injusto penal de usurpación y daños para que se ordene el desalojo. CONSIDERANDO (5): Continúa manifestando el recurrente que el Tribunal de Sentencia, sin hacer las valoraciones legales pertinentes, admitió la solicitud de desalojo planteada por el acusador privado y el ente acusador sin previo observar las disposiciones legales, contraviniendo lo establecido en la Constitución de la República, tratados internacionales, Ley de Propiedad, Código Civil y demás leyes aplicables; desconociendo además el decreto legislativo 961-1980, el cual en su articulo 5 establece que los juzgados de lo penal ante quienes se haya promovido solicitudes de ordenes de desalojo, aplicaran estrictamente el último párrafo del artículo 54 del Código Procesal Penal; en consecuencia, deben diferir a la materia civil la causa, para efectos de que las partes acrediten sus derechos en esta materia. En el caso de autos, debió ser el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro el que debió conocer la causa través de una posible demanda de reivindicatoria de dominio; ya que el tribunal solo ha conocido la versión de la parte denunciante sin escuchar a los hoy recurrentes, además, las colonias como la colonia san isidro, son asentamientos humanos que han solicitado ante el Instituto de la Propiedad a través de la Unidad Especial de Expropiaciones una expropiación por causa de necesidad pública de un bien inmueble el cual se aporta a la demanda de amparo. En ese sentido, la Ley de Propiedad manifiesta expresamente que una vez iniciado el procedimiento de regularización predial por cusa de necesidad pública, no podrán inscribirse títulos supletorios del Instituto Nacional Agrario, declaraciones de herederos, embargos, prohibiciones de celebrar actos o contratos, títulos traslaticios o constitutivos de dominio o cualquier otro acto que afecte o pueda afectar el cumplimiento de esta ley. CONSIDERANDO (6): Que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha quince de diciembre de dos mil veintitrés establece en su resolución entre otros extremos que se constata que en fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se presentó querella contra los señores Devis Larios, Eduard Alberto Lobo Salgado, Dilcia Meléndez Arnada, Daisy Abigail Salgado Mejía y Norma Guadalupe Salgado Mejía y Otros, por suponerlos responsables del delito de usurpación y daños en perjuicio de la sociedad mercantil Inmobiliaria Los Olivos; proceso penal en el que el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro decretó en fecha treinta de agosto de dos mil veintidós, el desalojo de los querellados; decisión judicial que fue notificada a los señores Doris Marisela Parada Manzanares, Miriam Zavala Bobadilla, Félix Elizabeth Martínez Méndez, Harry Enar Henríquez Espinoza, María Elisia Hernady Aranda, Tirso Roberto Peña Martínez, Alonso Mendoza Rivas. Sirli Gabriela hall Mendoza, María Ercilia pineda Alfaro y Santos Isidro Sarmiento Alfaro; aun y cuando estos no han sido querellados en la causa penal referida; ya que los señores antes descritos residen en la colonia Bertha Caceres y el desalojo ordenado es en la colonia Los Castaños, siendo estas diferentes y colindantes. Por tanto, al no haberse ejercido acción penal alguna por el delito de usurpación y daños en perjuicio de la empresa mercantil Inmobiliaria Los Olivos, los señores en mención no han tenido la oportunidad de ser escuchados en dicho proceso penal, por consiguiente, no han hecho uso de su derecho de defensa.CONSIDERANDO (7): Continúa manifestando la Corte de Apelaciones que si bien, en la querella interpuesta se hace referencia a “Y OTROS”; no puede considerarse la inclusión de nuevas personas o de otras distintas a las inicialmente querelladas, como seria respecto a los hoy recurrentes, ya que resultaría violatorio de la norma primaria, pues la individualización del procesado es importante como resultado de especificar y señalar materialmente a una persona concreta por suponerla responsable de una conducta penal reprochable, a fin de diferenciarla físicamente de otro y otros individuos, con los cuales pudiese confundirse. De ahí que la querella debe contener los datos que sirvan para identificar a los procesados, la relación precisa y circunstanciada del hecho punible atribuida tal como lo disponen los artículos 293 y 405 del Código Procesal Penal; situación que no ocurre respecto de los señores Doris Marisela Parada Manzanares, Miriam Zavala Bobadilla, Félix Elizabeth Martínez Méndez, Harry Enar Henríquez Espinoza, María Elisia Hernady Aranda, Tirso Roberto Peña Martínez, Alonso Mendoza Rivas, Sirli Gabriela hall Mendoza, María Ercilia pineda Alfaro y Santos Isidro Sarmiento Alfaro. Por tanto, esta alzada es del parecer que debe otorgarse la presente acción de amparo a favor de los mismos y consecuentemente el desalojo ordenado mediante resolución de fecha treinta de agosto de dos mil venidos, no incluye o alcanza a los amparistas. CONSIDERANDO (8): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha quince de diciembre de dos mil veintitrés, se encuentra apegada a derecho, ya que, como bien lo expone la referida Corte de Apelaciones, en la querella presentada en perjuicio de la empresa mercantil Inmobiliaria Los Olivos, los hoy amparistas, no figuran como querellados, ya que únicamente se refiere a “Y OTROS”, lo cual no representa una individualización del procesado como tal, por tanto, no podría realizarse una distinción física entre uno y otro individuo, siendo importante especificar concretamente a la persona natural que se considera responsable de la comisión de cualquier conducta penal para evitar cualquier confusión de los procesados. En orden de ideas, podemos apreciar entonces que, el juez A-Quo no tomó en cuenta lo dispuesto en el artículo 293 del Código Procesal Penal, que en su numeral 1 establece que el requerimiento fiscal debe contener el nombre y apellidos del imputado; esto en relación con el párrafo primero del artículo 405 del mismo cuerpo legal, en donde se establece que los delitos de acción privada solo serán perseguibles mediante querella, la que deberá reunir los mismos requisitos que la acusación. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala observa que la resolución que hoy se recurre en amparo debe ser confirmada puesto que fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a lo dispuesto en la norma de procedimiento penal, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, se aprecia que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 13, 19, 293 y 405 del Código Procesal Penal; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha quince de diciembre de dos mil veintitrés por las razones ya expuestas. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-0089-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL