Sentencia AP-859-22 — Registro 18204
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo interpuesto contra la resolución que resolvió el recurso de apelación con relación a la causa instruida por el delito de facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90, de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"CONSIDERANDO (11): Que un examen detenido de los antecedentes revela, que la resolución dictada por el Juez de Letras en la que profiere decretar a favor del encausado un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por el DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, resolución que al resultar confirmada por la Corte de Apelaciones, la misma no externa un razonamiento suficientemente motivado con las reglas de la sana crítica, entre las que se encuentran las relativas a la lógica y las máximas de la experiencia, y en la cual se aprecia una vulneración al derecho del debido proceso, fundamentada en una circular emitida por la Sala de lo Penal, inobservando la aplicación de lo dispuesto en la norma penal adjetiva, en tanto que la práctica del medio de prueba pericial consistente en el dictamen toxicológico sobre la droga se hizo del conocimiento de la parte de la defensa, conforme lo establece el artículo 242 del Código Procesal Penal, el cual reunía los requisitos necesarios para su admisión y tramitación."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 242 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO:(8) Que la sana critica es un principio fundamental en la valoración de la prueba en el derecho penal hondureño, consagrado en el artículo 202 del Código Procesal Penal. Este principio implica que los jueces deben evaluar la prueba de manera integral, utilizando criterios de lógica, experiencia y conocimiento técnico para llegar a conclusiones razonadas y objetivas. La Sana crítica no se basa en reglas rígidas o formales, sino en la libre apreciación razonada de todas las pruebas presentadas, permitiendo al juez formarse una convicción íntima y fundada sobre la verdad de los hechos controvertidos. La aplicación de la sana critica exige que el juez explique claramente en su resolución los motivos y consideraciones que sustentan su decisión, asegurando así la transparencia y la justicia del proceso. La ausencia de una adecuada motivación en la valoración de la prueba puede conducir a la nulidad de la resolución judicial, afectando los derechos fundamentales de las partes involucradas, como el derecho al debido proceso y a una tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (9): Que la valoración de los elementos de investigación a los efectos de dictar o no auto de formal procesamiento, y con ello sobre la probable atribución de la comisión de un delito al imputado en una causa criminal, es una tarea propia de los Juzgados y Tribunales de instancia cuando en esa valoración se determinan los indicios probatorios de una conducta reprochable penalmente; es por ello que la Sala no puede entrar en consideraciones de fondo sobre los méritos existentes para decretar o no el auto de formal procesamiento dictado contra el imputado, pero si puede y debe pronunciarse, en torno a si la resolución objeto de amparo se encuentra suficientemente motivada, tomando en cuenta que la deficiente motivación de las resoluciones judiciales impide al Quejoso enterarse de cuáles son las razones de orden fáctico y jurídico que han llevado al Juez o Tribunal de Instancia para optar por una determinada decisión, dificultando con ello su control sobre la resolución que le afecta de cara a una eventual impugnación, no solamente ante el propio Juez o Tribunal responsable sino también ante el Tribunal o instancia superior. CONSIDERANDO:(10) Por todo lo anterior, la Sala Constitucional considera, que la vulneración del derecho al debido proceso se suscita con el Tribunal de Alzada que emite una resolución con infracción de la norma procesal antes relacionada, lo cual le impide al ente acusador el ejercicio del derecho a la defensa, privándolo de la facultad que le asiste de pedir la sustitución de un perito para la ´práctica de prueba pericial ordenada en autos, por lo que la resolución del Tribunal ad-quem, al confirmar la declaratoria de nulidad decretado por el juzgado de primera instancia, no está suficientemente motivada en cuanto que dan lugar a la nulidad del medio de prueba y, por ende, el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor del encausado.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 242 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO:(8) Que la sana critica es un principio fundamental en la valoración de la prueba en el derecho penal hondureño, consagrado en el artículo 202 del Código Procesal Penal. Este principio implica que los jueces deben evaluar la prueba de manera integral, utilizando criterios de lógica, experiencia y conocimiento técnico para llegar a conclusiones razonadas y objetivas. La Sana crítica no se basa en reglas rígidas o formales, sino en la libre apreciación razonada de todas las pruebas presentadas, permitiendo al juez formarse una convicción íntima y fundada sobre la verdad de los hechos controvertidos. La aplicación de la sana critica exige que el juez explique claramente en su resolución los motivos y consideraciones que sustentan su decisión, asegurando así la transparencia y la justicia del proceso. La ausencia de una adecuada motivación en la valoración de la prueba puede conducir a la nulidad de la resolución judicial, afectando los derechos fundamentales de las partes involucradas, como el derecho al debido proceso y a una tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (9): Que la valoración de los elementos de investigación a los efectos de dictar o no auto de formal procesamiento, y con ello sobre la probable atribución de la comisión de un delito al imputado en una causa criminal, es una tarea propia de los Juzgados y Tribunales de instancia cuando en esa valoración se determinan los indicios probatorios de una conducta reprochable penalmente; es por ello que la Sala no puede entrar en consideraciones de fondo sobre los méritos existentes para decretar o no el auto de formal procesamiento dictado contra el imputado, pero si puede y debe pronunciarse, en torno a si la resolución objeto de amparo se encuentra suficientemente motivada, tomando en cuenta que la deficiente motivación de las resoluciones judiciales impide al Quejoso enterarse de cuáles son las razones de orden fáctico y jurídico que han llevado al Juez o Tribunal de Instancia para optar por una determinada decisión, dificultando con ello su control sobre la resolución que le afecta de cara a una eventual impugnación, no solamente ante el propio Juez o Tribunal responsable sino también ante el Tribunal o instancia superior. CONSIDERANDO:(10) Por todo lo anterior, la Sala Constitucional considera, que la vulneración del derecho al debido proceso se suscita con el Tribunal de Alzada que emite una resolución con infracción de la norma procesal antes relacionada, lo cual le impide al ente acusador el ejercicio del derecho a la defensa, privándolo de la facultad que le asiste de pedir la sustitución de un perito para la ´práctica de prueba pericial ordenada en autos, por lo que la resolución del Tribunal ad-quem, al confirmar la declaratoria de nulidad decretado por el juzgado de primera instancia, no está suficientemente motivada en cuanto que dan lugar a la nulidad del medio de prueba y, por ende, el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor del encausado.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 242 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DOCE (12): Que, en el presente caso, la aplicación de la circular 02-2018 de la Sala de lo Penal se considera inapropiada al no armonizarse con los principios rectores del derecho procesal penal, particularmente en lo relativo al derecho de defensa y a la igualdad de las partes. Es esencial que cualquier actuación pericial cumpla con las garantías procesales necesarias para asegurar la fiabilidad y la admisibilidad de las pruebas, conforme a lo establecido en los artículos 86 y 247 del Código Procesal Penal. La inobservancia de estos preceptos constituye una vulneración directa del debido proceso. CONSIDERANDO TRECE (13): Que la omisión de la notificación adecuada y oportuna a la defensa sobre la realización de la pericia toxicológica compromete la transparencia y la equidad del proceso penal. Tal omisión impidió que la defensa pudiera ejercer su derecho a objetar la designación del perito o a participar en la pericia, como lo dispone el artículo 242 del Código Procesal Penal. Esta falta de diligencia procesal, al no ser corregida por los tribunales de instancia y de apelación, contraviene los principios de justicia y debido proceso, resultando en una afectación significativa a los derechos del imputado y, por ende, a la integridad del proceso judicial. Atendiendo a las razones antes apuntadas, podemos afirmar que la resolución venida en amparo vulnera el derecho constitucional del Debido Proceso, por lo cual el amparo interpuesto debe ser otorgado.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 247 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022), que resolvió un RECURSO DE APELACIÓN interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, de fechas tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021), con relación a la causa instruida contra el señor Josué Gonzales Bueso, por suponerlo responsable del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90, de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, el Abogado Hugo Jovany Zacapa Pérez, presentando requerimiento fiscal contra el señor Josué Gonzales Bueso, por suponerlo responsable a título de autor de los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego Permitida y Tráfico Ilícito de Drogas en su Modalidad de Transporte, en perjuicio del Orden Público y de la Salud Pública del Estado de Honduras.(Folios 1-2 del antecedente). 2) En fecha tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: Dictar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra JOSUE GONZALES BUESO por suponerlo responsable del delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PERMITIDA en perjuicio de EL ORDEN PUBLICO. SEGUNDO: Decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO en favor del señor JOSUÉ GONZALES BUESO por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILÍCITO DE DROGA EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO cometido en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.-TERCERO: Ordenar dejar en inmediata libertad al imputado JOSUÉ GONZALES BUESO, quien se encuentra cumpliendo la medida cautelar de Detención judicial en el Centro Penal del Porvenir, Francisco Morazán debiéndose librar oficio al director de dicho centro penal, e imponerle la medida cautelar establecida en el artículo 173 numeral 6 consistente en la presentación periódica ante el Juzgado de Paz de Nueva Frontera, Santa Bárbara los días lunes de cada semana. CUARTO: sin Perjuicio de que las partes presenten recurso de apelación se señala audiencia preliminar para el día martes quince de junio a las once con treinta minutos de la mañana….” (Folio 30-31 vuelto del expediente del A-quo). 3) Conociendo del recurso de apelación, interpuesto por el Abogado Hugo Jovany Zacapa Pérez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución referida en el numeral que antecede; la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022), por unanimidad de votos, resolvió: (Sic) “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el abogado HUGO GEOVANY ZACAPA PEREZ, en su condición de fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: SE CONFIRMA el auto impugnado bajo la motivación de este fallo. OBSERVACIÓN: Hacer un llamado de atención al juez y al secretario del juzgado en el sentido de ser más diligentes en la tramitación de las causas, además de la falta de firmas de los autos y en cuanto al deber de notificar las resoluciones judiciales….” (Folios 11-15 del antecedente). 4) Que la recurrente, Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022), interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es un derecho constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que la valoración de los elementos de investigación y prueba aportadas por las partes, en orden a determinar si procede dictar un auto de prisión; o en su defecto, el sobreseimiento provisional o definitivo de la causa, es una tarea propia de los juzgados y tribunales de instancia competentes en materia penal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento penal, que se traduzca en la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: (4) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022), que resolvió DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, de fechas tres de junio de dos mil veintiuno, y SE CONFIRMA el auto impugnado con relación a la causa instruida contra el señor Josué Gonzales Bueso, por suponerlo responsable del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. CONSIDERANDO: (5) Del examen del expediente se puede resumir que la defensa del imputado sostuvo que no se le notificó oficialmente el nombramiento del perito oficial para realizar el peritaje, lo cual viola lo regulado en una circular 02-2018 de la Corte Suprema de Justicia. Este hecho afecta el derecho de defensa garantizado constitucionalmente, argumentando además que el dictamen toxicológico no debería ser admitido como prueba debido a esta falta de notificación y a que los medios de prueba deben ser objetivamente confiables. Por consiguiente, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara en su resolución considera que existe la violación del derecho de defensa, igualdad de partes y el debido proceso y declaró con lugar la objeción al medio de prueba realizado por la defensa contra el Dictamen Toxicológico número 2758-2021, razón por la cual consideró procedente decretar a favor del encausado un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por el DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO. Fundamenta su resolución en lo siguiente: “...que como dispone la Circular 02-2018, emitida por la Sala de lo Penal, el perito debe de notificar a las partes la fecha en que se realizará la pericia, con la debida antelación de la misma. Esa debida antelación la tendrán las partes en el proceso cuando la petición se hace con menos de 24 horas y sin que la defensa tenga conocimiento de la misma, considera esta corte que no y por ende ese derecho fue vedado a la defensa del imputado, por ende el resultado del peritaje es nulo, convirtiéndose en prueba prohibida por ser obtenida con vulneración de garantías constitucionales como ser el derecho a la defensa y su exclusión del material probatorio es correcto por ende el auto recurrido debe de confirmarse en alzada". CONSIDERANDO:(6) Ante lo anterior, el Ministerio Público interpone la acción de amparo ya que estima que lo resuelto por las autoridades de instancia violenta el debido proceso, por lo que la recurrente desarrolla así el derecho constitucional que se estima violada y el concepto de su violación, según las razones fácticas y jurídicas que a continuación se exponen: Que el mismo se fundamenta en una circular emitida por la Sala de lo Penal, inobservando la aplicación de lo dispuesto en la norma penal adjetiva, en tanto que la práctica del medio de prueba pericial consistente en el dictamen toxicológico sobre la droga (marihuana) se hizo del conocimiento de la parte de la defensa, conforme lo establece el artículo 242 del Código Procesal Penal, el cual reunía los requisitos necesarios para su admisión y tramitación; ahora bien, en cuanto a la pretensión precisa del cambio o nueva nominación de perito, esta fue realizada bajo control jurisdiccional, siendo competencia del juzgador comunicar a las partes la fecha en que procederá a realizar las actuaciones propias de la pericia, sin embargo, la propia norma deja la salvedad para aquellos casos donde el conocimiento o presencia de las parte carezca de utilidad procesal, tal como acontece en el caso de autos, al tratarse de la pericia de la droga, en cuya ejecución no se requiere la presencia del defensor, a quien en ningún momento se le está vedando el derecho de recusar al perito designado, dado que en caso de estimarlo pertinente tiene la oportunidad de plantear la recusación en el momento procesal establecido en el artículo 86 del precitado cuerpo legal. CONSIDERANDO:(7) con fundamento en el artículo 9 del Código Procesal Penal establece: “Los Jueces y Magistrados adoptaran providencias que sean precisas para corregir las irregularidades que adviertan en los procesos, a fin de impedir la nulidad de las actuaciones o la realización de cualquier acto que tenga como propósito dilatar indebidamente los procedimientos. En el cumplimiento de esta función, actuaran con estricto respeto de los derechos que corresponden a los sujetos procesales”. Lo anterior, relacionado con el artículo 171 del mismo cuerpo legal que refiere: “Los defectos deberán ser saneados de oficio o a instancia del interesado siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo con el acto omitido.”. Asimismo, del estudio del fallo recurrido se evidencia que infringe lo dispuesto en el Artículo 202 del Código Procesal Penal, norma procesal que en la parte referida dispone lo siguiente: “Artículo 202- Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. El Órgano jurisdiccional formará su convicción valorando la forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” Aplicado lo anterior al caso sub judice, es que se estime que la renuencia del juzgado de primera instancia y de la Corte de Apelaciones de declarar nulo el medio de prueba pericial, es injustificada, en tanto se trata de un medio de prueba debidamente admitido por el órgano jurisdiccional, por lo que la omisión a que se refiere el órgano jurisdiccional no resultaba relevante ni determinante para decretar la nulidad del medio de prueba pericial, ya que su práctica no causaba ningún perjuicio real y efectivo a la defensa del encausado. CONSIDERANDO:(8) Que la sana critica es un principio fundamental en la valoración de la prueba en el derecho penal hondureño, consagrado en el artículo 202 del Código Procesal Penal. Este principio implica que los jueces deben evaluar la prueba de manera integral, utilizando criterios de lógica, experiencia y conocimiento técnico para llegar a conclusiones razonadas y objetivas. La Sana crítica no se basa en reglas rígidas o formales, sino en la libre apreciación razonada de todas las pruebas presentadas, permitiendo al juez formarse una convicción íntima y fundada sobre la verdad de los hechos controvertidos. La aplicación de la sana critica exige que el juez explique claramente en su resolución los motivos y consideraciones que sustentan su decisión, asegurando así la transparencia y la justicia del proceso. La ausencia de una adecuada motivación en la valoración de la prueba puede conducir a la nulidad de la resolución judicial, afectando los derechos fundamentales de las partes involucradas, como el derecho al debido proceso y a una tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (9): Que la valoración de los elementos de investigación a los efectos de dictar o no auto de formal procesamiento, y con ello sobre la probable atribución de la comisión de un delito al imputado en una causa criminal, es una tarea propia de los Juzgados y Tribunales de instancia cuando en esa valoración se determinan los indicios probatorios de una conducta reprochable penalmente; es por ello que la Sala no puede entrar en consideraciones de fondo sobre los méritos existentes para decretar o no el auto de formal procesamiento dictado contra el imputado, pero si puede y debe pronunciarse, en torno a si la resolución objeto de amparo se encuentra suficientemente motivada, tomando en cuenta que la deficiente motivación de las resoluciones judiciales impide al Quejoso enterarse de cuáles son las razones de orden fáctico y jurídico que han llevado al Juez o Tribunal de Instancia para optar por una determinada decisión, dificultando con ello su control sobre la resolución que le afecta de cara a una eventual impugnación, no solamente ante el propio Juez o Tribunal responsable sino también ante el Tribunal o instancia superior. CONSIDERANDO:(10) Por todo lo anterior, la Sala Constitucional considera, que la vulneración del derecho al debido proceso se suscita con el Tribunal de Alzada que emite una resolución con infracción de la norma procesal antes relacionada, lo cual le impide al ente acusador el ejercicio del derecho a la defensa, privándolo de la facultad que le asiste de pedir la sustitución de un perito para la ´práctica de prueba pericial ordenada en autos, por lo que la resolución del Tribunal ad-quem, al confirmar la declaratoria de nulidad decretado por el juzgado de primera instancia, no está suficientemente motivada en cuanto que dan lugar a la nulidad del medio de prueba y, por ende, el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor del encausado. CONSIDERANDO (11): Que un examen detenido de los antecedentes revela, que la resolución dictada por el Juez de Letras en la que profiere decretar a favor del encausado un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por el DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, resolución que al resultar confirmada por la Corte de Apelaciones, la misma no externa un razonamiento suficientemente motivado con las reglas de la sana crítica, entre las que se encuentran las relativas a la lógica y las máximas de la experiencia, y en la cual se aprecia una vulneración al derecho del debido proceso, fundamentada en una circular emitida por la Sala de lo Penal, inobservando la aplicación de lo dispuesto en la norma penal adjetiva, en tanto que la práctica del medio de prueba pericial consistente en el dictamen toxicológico sobre la droga se hizo del conocimiento de la parte de la defensa, conforme lo establece el artículo 242 del Código Procesal Penal, el cual reunía los requisitos necesarios para su admisión y tramitación. CONSIDERANDO DOCE (12): Que, en el presente caso, la aplicación de la circular 02-2018 de la Sala de lo Penal se considera inapropiada al no armonizarse con los principios rectores del derecho procesal penal, particularmente en lo relativo al derecho de defensa y a la igualdad de las partes. Es esencial que cualquier actuación pericial cumpla con las garantías procesales necesarias para asegurar la fiabilidad y la admisibilidad de las pruebas, conforme a lo establecido en los artículos 86 y 247 del Código Procesal Penal. La inobservancia de estos preceptos constituye una vulneración directa del debido proceso. CONSIDERANDO TRECE (13): Que la omisión de la notificación adecuada y oportuna a la defensa sobre la realización de la pericia toxicológica compromete la transparencia y la equidad de l proceso penal. Tal omisión impidió que la defensa pudiera ejercer su derecho a objetar la designación del perito o a participar en la pericia, como lo dispone el artículo 242 del Código Procesal Penal. Esta falta de diligencia procesal, al no ser corregida por los tribunales de instancia y de apelación, contraviene los principios de justicia y debido proceso, resultando en una afectación significativa a los derechos del imputado y, por ende, a la integridad del proceso judicial. Atendiendo a las razones antes apuntadas, podemos afirmar que la resolución venida en amparo vulnera el derecho constitucional del Debido Proceso, por lo cual el amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 90, 304, 321 y demás aplicables de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 47, 63, 72 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 9, 141, 202, 242, 296 del Código Procesal Penal. FALLA: Otorgando el recurso de amparo interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, de fecha tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021). Y MANDA: Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución con observancia de lo plasmado en los acápites correspondientes, ante la inobservancia de disposiciones de la ley adjetiva penal, en la motivación externada, ello con relación a la confirmatoria del auto impugnado en el fallo por el A-quo. Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha veintiocho de agosto del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0859-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL