Sentencia AP-840-22 — Registro 18103
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso de amparo contra la resolución con relación a la solicitud de medida neutralizadora de los efectos del delito promovida por el Ministerio Público, en el lugar ubicado en la Aldea la Ruidosa o Nueva Esperanza, sector la Fortuna, jurisdicción del municipio de Quimistán, Santa Bárbara, dentro del Parque Nacional Cusuco (PANACU). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 61, 64, 80, 82, 89, 90, 94, 103 y 331 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7) :Que analizados los actos procesales realizados por el A-Quo, este ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, que el auto recurrido en apelación mediante el cual inadmite la oposición a la medida neutralizadora se encuentra debidamente motivado pues la parte que se persona en las diligencias no acredita la titularidad del bien inmueble objeto de la medida neutralizadora como ha quedado expresado, razón suficiente para denegar la pretensión planteada y por ende el infundado recurso de reposición. En el caso de la sentencia recurrida ante la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Santa Barbara que declara Con Lugar la Acción de Amparo, este Alto Tribunal no comparte la motivación del fallo, en primer lugar, el personamiento presentado obtuvo una respuesta debidamente motivada, si bien esta no es satisfactoria a la pretensión planteada por la parte procesal, no significa que se le hayan vulnerado los derechos o garantías a un debido proceso y por ende a una tutela judicial efectiva; en segundo lugar, expresar que en el Juzgado de Letras de Quimistán, Santa Barbara, donde se ventila el caso se ha desencadenado una serie de actuaciones posteriores (sin distinguir cuales) y que pudieron haber sido evitadas si se comprueba la legitimidad de la propiedad donde está ubicada la plantación de café y cardamomo según las pruebas ofertadas por las partes, esto muestra que la valoración de las actuaciones no son objetivas, partiendo que se está ante un acto de investigación preliminar, cuyas atribuciones están señaladas en el artículo 273 del Código Procesal penal, el impetrante señala en su motivación que sus representantes procesales se encuentran en posesión pacifica e ininterrumpida desde hace más de tres años de un predio ubicado en lugar conocido como Nueva Esperanza, Jurisdicción del Municipio de Quimistán, Santa Barbara, y que en fecha 23 de julio del 2019 solicitaron en el Instituto Nacional Agrario adjudicación el título definitivo de propiedad y que dicho terreno tiene las características del que se describe en el dictamen técnico del Ing. Norman Ochoa Henríquez, el cual es claro al establecer en el inciso 7 Área Protegida. La propiedad se encuentra dentro del área protegida denominada Parque Nacional Cusuco, que tuvo su creación con la promulgación del Decreto 87-87 (Gaceta del 5 agoto 1987), en ese sentido, la medida neutralizadora solicitada por el Ministerio Publico es un acto previo y aun no hay un requerimiento fiscal que implique la identificación de los supuestos implicados; por otro lado, no se pronuncia el Ad-Quem sobre las normas que el impetrante considera inaplicables y que dieron origen para ordenar la medida neutralizadora de los efectos del delito y que están derogadas en el nuevo Código Penal, artículos 172 y 168-192 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; con respecto a este hecho, el Ministerio Público solicita al Juzgado competente se autorice la medida neutralizadora en fecha 3 de enero del 2020, -es decir- con fundamento en normas efectivas, pues la entrada en vigencia del Código Penal que deroga los artículos en comento son a partir del 25 de junio del 2020, por tanto ya el artículo 615 del Código Penal establece la forma en que los órganos jurisdiccionales procederán en cuanto a la retroactividad de la Ley Penal más favorable. CONSIDERANDO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos, en tal sentido, esta sala es del parecer que siendo evidente la falta de motivación suficiente por parte del Tribunal de Alzada se revoque la sentencia venida en consulta
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 273 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 273 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de mayo dos mil veintitrés. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Carlos Roberto Midence Rivera, a favor de los señores Luis Alonso Valle e Ingris Soceli Menjívar Barahona, contra la resolución proferida dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Quimistán, de Santa Bárbara, en fecha veinte de octubre de dos mil veinte, con relación a la solicitud de medida neutralizadora de los efectos del delito promovida por el Ministerio Público, en el lugar ubicado en la Aldea la Ruidosa o Nueva Esperanza, sector la Fortuna, jurisdicción del municipio de Quimistán, Santa Bárbara, dentro del Parque Nacional Cusuco (PANACU). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 61, 64, 80, 82, 89, 90, 94, 103 y 331 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha tres de enero de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Quimistán, de Santa Bárbara, el Abogado Jorge Alejandro Rivas, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando solicitud de medida neutralizadora de los efectos del delito, en el lugar ubicado en la Aldea la Ruidosa o Nueva Esperanza, sector la fortuna, jurisdicción del municipio de Quimistán, Santa Bárbara, dentro del Parque Nacional Cusuco (PANACU), en la zona de amortiguamiento, específicamente en la zona de uso restringido, inscrito el dominio a favor del Estado de Honduras, mediante resolución DE-MP-237-2011 e inscrito título de propiedad bajo el número 91, tomo 1378 en el Instituto de la Propiedad de Santa Bárbara. (Folios 1-8 de la pieza del A-quo) 2) En fecha veinte de octubre de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, la Abogada Ingris Soceli Menjívar Barahona, en su condición personal y como propietaria del bien inmueble localizado en el sector Nueva Esperanza del Municipio del Quimistán, Santa Bárbara, presentando escrito de oposición a la medida de mitigación de supuestos daños. (Folios 159-161 del expediente del A-quo) 3) En fecha veinte de octubre de dos mil veinte, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, resolvió: “…PRIMERO: Inadmitir la Solicitud de Oposición a Trámite la solicitud de oposición presentada por la abogada Ingris Siceli Menjívar Barahona. SEGUNDO: Que se continúe con la medida Neutralizadora de los Efectos del delito en el lugar específicamente en el sector de la ruidosa, sector de la fortuna, Quimistán, departamento de Santa Barbara, que una vez en el lugar se constató un área afectada por descombro, por lo que se procedió por parte del personal de ICF y de la fiscalía de medio ambiente de San Pedro Sula, a hacer una evaluación de los daños y afectación del área, y se procedió a la georreferenciación del área afectada con GPS, constatando que el área afectada se encuentra dentro del PARQUE NACIONAL CUSUCO (PANUCO) en la zona de amortiguamiento. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES EL PRESENTE AUTO.” (Folios 165-166 de la pieza del A-quo) 4) En fecha quince de diciembre de dos mil veinte, compareció ante esta Sala, el Abogado Carlos Roberto Midence Rivera, presentando recurso de amparo a favor de los señores Luis Alonso Valle e Ingris Siceli Menjívar Barahona, manifestando que la resolución referida en el numeral que antecede le vulnera a sus representados, los derechos consagrados en los artículos 61, 64, 80, 82, 89, 90, 94, 103 y 331 de la Constitución de la República de Honduras. (Folios 1-24 de la pieza del Ad-Quem) 5) En fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, esta Sala, se declaró incompetente para conocer del presente amparo, asimismo, ordenó la remisión de las diligencias a la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara. (Folios 234 vuelto del expediente del Ad-Quem) 6) En fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, tuvo por recibidas las diligencias que contienen el recurso de amparo presentado por el Abogado Carlos Roberto Midence Rivera, a favor de los señores Luis Alonso Valle e Ingris Siceli Menjívar Barahona. (Folio 236 vuelto de la pieza del Ad-Quem) 7) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: OTORGANDO EL AMPARO promovido por el Abogado CARLOS ROBERTO MIDENCE RIVERA, en su condición de mandatario procesal de los señores LUIS ALONSO VALLE Y INGRID SOCELI MENJIVAR BARAHONA, contra la resolución proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Quimistán, Santa Bárbara, con fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veintiuno (2021) visible a folio ciento sesenta y cinco y ciento sesenta y seis (165 y 166) de la primera pieza de autos; mediante la cual se resolvió la inadmisión a trámite de la oposición a la medida neutralizadora de los efectos del delito. SEGUNDO: En tal virtud, se declara LA INVALIDEZ ABSOLUTA de la resolución impugnada, a efecto de retrotraer el proceso al estado anterior a la violación, debiendo el juez dar cumplimiento a esta sentencia. TERCERO: Se tienen por violentados las garantías constitucionales del derecho de igualdad, petición, derecho de defensa y al debido proceso, consagrados por los Artículos 60, 80, 82 y 90, de la Constitución de la República…” (Folios 297-302 de la pieza del A-quo) 8) Que en fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO (2): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta el fallo emitido por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara de fecha diecinueve (19) de mayo del dos mil veintidós (2022) que otorga el recurso de amparo contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Seccional Judicial de Quimistán, Santa Bárbara de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020) en la medida neutralizadora de los efectos del delito, promovida por el Ministerio Público en representación, defensa y protección de los sagrados intereses de la Sociedad, del medio ambiente y del ecosistema en general, cuyo fundamento es el artículo 10 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (4): Que el reclamante sustenta la acción de amparo manifestando básicamente que el auto dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Quimistán, Santa Barbara, de fecha veinte de octubre del dos mil veinte, que inadmite la solicitud de oposición a inconstitucional medida de mitigación a supuestos daños y ordena que se continue con la medida neutralizadora violenta una serie de garantías. Motiva, además, que en el proceso hay una serie de irregularidades de fondo y forma en su tramitación, que implica el desapego a los derechos y garantías de petición, defensa, presunción de inocencia y al debido proceso, contenidos en los artículos 61, 64, 80, 82, 94, 103 y 331 de la Constitución de la República. Que el Fiscal del Medio ambiente al solicitar la medida neutralizadora ante el Juzgado en relación a la investigación y configuración de una acción penal que técnicamente se describe como Descombro Agravado (tipo penal artículo 179 de la ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre relacionado con el articulo 192 numerales 1 y 2 del mismo cuerpo legal) se encuentran derogados por el actual Código Penal. CONSIDERANDO (5): Que la sentencia venida en consulta y pronunciada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara establece en el hecho tercero que estima que indefectiblemente la resolución impugnada ha producido la infracción de los derechos constitucionales invocados como violados por el Amparista, atinentes al derecho de igualdad, petición, derecho de defensa y al debido proceso, consagrados por los artículos 60, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, ya que a los amparistas se denota de la simple lectura de la actuaciones no han sido tratados iguales ante la ley, pues a pesar de que el Ministerio Publico tenía conocimiento que los amparistas eran las personas que estaban en posesión del inmueble donde solicitaban la medida neutralizadora de los efectos del delito desconocieron tal circunstancia tal como se desprende del escrito que presentaron en fecha site (7) de febrero del dos mil veintiuno (2021) que obra a folio 118 al 120). Que en el hecho Quinto expresa entre otros conceptos, que el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones y el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, por lo que en una audiencia ah-doc que se hubiera señalado para que ejerciera su derecho a la defensa se le vulnera las garantías constitucionales enunciadas por los recurrentes, quienes tienen el derecho a ser vistos como iguales ante la ley y a ser oídos y vencidos en un proceso donde reine la igualdad entre las partes procesales independientemente de la posición procesal que ostentan como denunciantes o denunciados o como acusadores o defensores en un proceso como el que se ventila en el Juzgado de Letras de Quimistán, Santa Barbara, y que ha desencadenado en una serie de actuaciones posteriores que pudieron haber sido evitadas si se comprueba la legitimidad de la propiedad donde está ubicada la plantación de café y cardamomo según las pruebas ofertadas por las partes. CONSIDERANDO(6): Que examinados los motivos del fallo venido en consulta y revisada las actuaciones del Juzgado de Letras de Quimistán, se observa que las hechos inician con un acto judicial previo por parte del Ministerio Público a favor del Estado de Honduras, en el que solicita con carácter urgente la medida neutralizadora de los efectos del delito, acreditando con la petición elementos de prueba documentales, inspecciones, dictámenes y resoluciones propios del acto solicitado; acompaña asimismo el título de propiedad donde prueba que la titularidad dominical del inmueble está a favor del Estado de Honduras, mediante Resolución DE-MP-237-2011 e inscrito en el Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula bajo el No.86 del Tomo 669 y en el Instituto de la Propiedad de Santa Barbara bajo el No.91 del Tomo 1378; Dictamen Técnico del ICF-CAPNO-056-2019 fechado con 21 de octubre del 2019 suscrito por el Ing. Natán García técnico forestal ICF/Oficina Regional de SPS, en el cual se cuantifican los daños ocasionados al sitio El PANUCO, oficialmente declarado área protegida mediane Decreto 87-87 (Ver folios 9 al 17 PP); Denuncia No9723-19 de la Sección Técnica Ambiental Fiscalía Especial del Medio Ambiente, fecha 21 de octubre del 2019, Descombro de un área forestal. Sitio La Fortuna, Municipio de Santa Barbara; ambos informes coinciden en el área afectada por descombro y los daños cuantificados, las recomendaciones y concusiones; Dictamen RFNO-MDF-378-2019 del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre, de fecha 31 de octubre del 2019 donde se informa que revisados los archivos no existe autorización para aprovechamiento de productos o subproductos forestal extendida para el sitio denominado Aldea La Ruidosa o Nueva Esperanza, Municipio de Quimistán dentro del Área protegida del Parque Nacional CUSUCO (PANUCO). CONSIDERANDO (7) :Que analizados los actos procesales realizados por el A-Quo, este ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, que el auto recurrido en apelación mediante el cual inadmite la oposición a la medida neutralizadora se encuentra debidamente motivado pues la parte que se persona en las diligencias no acredita la titularidad del bien inmueble objeto de la medida neutralizadora como ha quedado expresado, razón suficiente para denegar la pretensión planteada y por ende el infundado recurso de reposición. En el caso de la sentencia recurrida ante la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Santa Barbara que declara Con Lugar la Acción de Amparo, este Alto Tribunal no comparte la motivación del fallo, en primer lugar, el personamiento presentado obtuvo una respuesta debidamente motivada, si bien esta no es satisfactoria a la pretensión planteada por la parte procesal, no significa que se le hayan vulnerado los derechos o garantías a un debido proceso y por ende a una tutela judicial efectiva; en segundo lugar, expresar que en el Juzgado de Letras de Quimistán, Santa Barbara, donde se ventila el caso se ha desencadenado una serie de actuaciones posteriores (sin distinguir cuales) y que pudieron haber sido evitadas si se comprueba la legitimidad de la propiedad donde está ubicada la plantación de café y cardamomo según las pruebas ofertadas por las partes, esto muestra que la valoración de las actuaciones no son objetivas, partiendo que se está ante un acto de investigación preliminar, cuyas atribuciones están señaladas en el artículo 273 del Código Procesal penal, el impetrante señala en su motivación que sus representantes procesales se encuentran en posesión pacifica e ininterrumpida desde hace más de tres años de un predio ubicado en lugar conocido como Nueva Esperanza, Jurisdicción del Municipio de Quimistán, Santa Barbara, y que en fecha 23 de julio del 2019 solicitaron en el Instituto Nacional Agrario adjudicación el título definitivo de propiedad y que dicho terreno tiene las características del que se describe en el dictamen técnico del Ing. Norman Ochoa Henríquez, el cual es claro al establecer en el inciso 7 Área Protegida. La propiedad se encuentra dentro del área protegida denominada Parque Nacional Cusuco, que tuvo su creación con la promulgación del Decreto 87-87 (Gaceta del 5 agoto 1987), en ese sentido, la medida neutralizadora solicitada por el Ministerio Publico es un acto previo y aun no hay un requerimiento fiscal que implique la identificación de los supuestos implicados; por otro lado, no se pronuncia el Ad-Quem sobre las normas que el impetrante considera inaplicables y que dieron origen para ordenar la medida neutralizadora de los efectos del delito y que están derogadas en el nuevo Código Penal, artículos 172 y 168-192 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; con respecto a este hecho, el Ministerio Público solicita al Juzgado competente se autorice la medida neutralizadora en fecha 3 de enero del 2020, -es decir- con fundamento en normas efectivas, pues la entrada en vigencia del Código Penal que deroga los artículos en comento son a partir del 25 de junio del 2020, por tanto ya el artículo 615 del Código Penal establece la forma en que los órganos jurisdiccionales procederán en cuanto a la retroactividad de la Ley Penal más favorable. CONSIDERANDO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos, en tal sentido, esta sala es del parecer que siendo evidente la falta de motivación suficiente por parte del Tribunal de Alzada se revoque la sentencia venida en consulta. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 1, 59, 61, 69, 80, 82, 90, 313 No. 5, 316 No. 1, 320 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, numeral 2, 5, 41, 45, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10, 11.1 y 2 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 1, 18, 24 y 26 de la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre; 8.1 y 2; y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1; 2.1, 2 y 3; 14.1, 2 y 3; 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 101.11 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia definitiva venida en consulta de fecha diecinueve (19) de mayo del dos mil veintidós (2022), emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, SEGUNDO: DENEGAR el amparo presentado por el Abogado Carlos Roberto Midence Rivera a favor de los señores Luis Alonso Valle e Ingris Siceli Menjívar Barahona; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de febrero de dos mil veinticuatro. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el Abogado Carlos Roberto Midence Rivera en su condición de Apoderado Legal de los señores Luis Alonso Valle e Ingris Siceli Menjívar Barahona, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, diecisiete (17) de mayo del dos mil veintitrés (2023), por medio de la cual se falla revocando la sentencia definitiva en el Recurso de Amparo promovido a favor los precitados señores contra el fallo proferido por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara en fecha diecinueve (19) de Mayo de dos mil veintidós (2022), que declaró Otorgando el amparo promovido por el abogado Carlos Roberto Midence Rivera, en su condición de mandatario procesal de los señores Luis Alonso Valle e Ingrid Siceli Menjívar Barahona contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de la Sección judicial de Quimistan, Santa Barbara, de fecha 20 de octubre del 2021 el cual resolvió inadmitir la solicitud de oposición a trámite de oposición presentada por la abogada Ingris Siceli Menjívar Barahona y que se continuará con la Medida Neutralizadora de los Efetos del Delito, la que se había autorizado a favor del Estado de Honduras en defensa y protección de los sagrados intereses de la sociedad, del medio ambiente y del ecosistema en general dentro del Parque Nacional CUSUCO (PANACU) en el Municipio de Quimistan, Santa Barbara. CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del Despacho. CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición del recurrente, en la reposición argumenta una relación de hechos similares planteados en el recurso de amparo y manifiesta que el fallo en consulta viola el derecho de defensa y el de presentar peticiones a la autoridad ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal, asimismo pide que se confirme la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara que le otorga el amparo. CONSIDERANDO (3) Que motiva entre otros aspectos, que el amparo no versa sobre la propiedad del inmueble y sus poderdantes están en posesión del inmueble en tierras nacionales y en el que se llevó a cabo la medida neutralizadora del delito, al tenor de la ley de protección a la actividad caficultora y Cacaotera, es la violación a garantías y derechos establecidos en la Constitución 61 y 103, por la ejecución arbitraria de la destrucción de los cultivos en tiempo de cosecha, por tanto no es pertinente lo expuesto en el numeral cinco del fallo del que se busca la reposición, en cuanto a la importancia de la propiedad, porque lo actuado por mis poderdantes en el predio de que se trata está legitimado por la ley de protección a la actividad caficultora y cacaotera. Que al actuar bajo esta ley ambos con relación a los artículos 45, párrafo segundo y 46 inciso 2), de la ley forestal, áreas protegidas y vida silvestre no han actuado bajo una actividad prohibida, sino legitimados por el Estado según ley y en ejecución de la Reforma Agraria en el orden constitucional. CONSIDERANDO (4): Que no concuerda en los puntos del considerando siete porque es irrelevante si es o no un área protegida y que lo que han hecho sus poderdantes está regido por una norma jurídica de 2016, a la cual le es indistinto la propiedad, posesión o tenencia de la tierra que se dedique a la caficultura y cuya titulación, en este caso se encuentra en trámite en el Instituto Nacional Agrario -INA- el título de propiedad del área protegida le da, por ley, el carácter de área forestal publica y de área forestal nacional, es susceptible de posesión y posesión de dominio por parte de quienes la cultiven. Por otro lado, que al no aplicar lo que dispone el nuevo código penal sobre la retroactividad de la ley más favorable por parte del Ad-Quem y A-Quo no se ha tomado en cuenta por ninguno de los tres entes judiciales en favor del proceso con el sobreseimiento ordenado en el párrafo segundo in fine, del artículo 615 del Código Penal en el asunto de marras con relación al artículo 18 del Código Procesal Penal, y que lo expuesto en el considerando ocho se sustente en una apreciación subjetiva de las intenciones de mis poderdantes y del suscrito utilizar el vocablo parece con relación nuestras legitimas pretensiones y demuestra desdén al amparo que ante esa sala hemos buscado y que no ha tomado en cuenta lo arriba expuesto que no añade, sino que reitera, lo que hubo expresado el recurso de amparo de que se trata y que bien entendió la honorable Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, y, vale decir que no solo es la garantía del debido proceso al que está en juego en este asunto, sino otras como ya se mencionó en el inciso 4) de los antecedentes del fallo del 17 de mayo de 2023 y por otro lado que el artículo 10 del Código Procesal Civil expresa otra cosa. CONSIDERANDO (5): Que dictada una resolución, la parte que se considere agraviada con el fallo emitido por un juez, tribunal o autoridad competente goza del derecho de impugnarlas, bien para efectos de subsanar errores de fondo o los vicios de forma en que se pudo haber incurrido al pronunciarse; en el presente caso, a través del recurso de reposición, medio procesal que las partes tienen para impugnar las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional con el fin de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, manifestada en la Constitución de la República y tratados internacionales suscritos por Honduras, entendida como el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, de conformidad a los presupuestos procesales enunciados en la ley vigente y aplicable. CONSIDERANDO (6): Que si bien es cierto, los medios de impugnación son instrumentos del ordenamiento procesal a disposición de las partes procesales, en el presente caso, se pide la reposición o confirmación de la sentencia venida en consulta emitida por la Corte de Apelaciones Seccional Judicial de Santa Barbara y revocada por este Alto Tribunal de Justicia, reposición que tiene por objeto impedir que se consoliden sus efectos jurídicos a través de un nuevo análisis sobre las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme y que lesiona derechos a sus representados según el recurrente. CONSIDERANDO (7): Que leída la reposición planteada contra el fallo constitucional en consulta por este Alto Tribunal en fecha diecisiete de mayo del dos mil veintitrés, no se proponen nuevas demostraciones que no hayan sido tenidas en miramiento al momento de la decisión que se recurre en reposición; argumenta el peticionario que la revocatoria del fallo venido en consulta de la Corte de Apelaciones consultada a favor de sus representado no solo vulnera el debido proceso sino otras garantías como lo menciona en el inciso 4) de los antecedentes del fallo del que se solicita su reposición, como es petición, defensa, presunción de inocencia y defensa. Que esta Sala, examinados los antecedentes de la resolución en consulta revoca la misma, tomando en consideración las actuaciones tanto del A-Quo como de la Corte de Apelaciones, y concluye que se trata de un acto judicial previo instado por parte del Ministerio Público a favor del Estado de Honduras, mediante el cual solicita al órgano jurisdiccional competente (Juzgado de Letras de Quimistan) la urgente medida neutralizadora de los efectos de delito, tomando en cuenta que se está ante un acto de investigación preliminar, medida cuyo fundamento es el artículo 10 del Código Procesal Penal, en el que el Juez actúa dentro del campo de sus atribuciones ya señaladas en el artículo 273 del Código procesal Penal y que examinadas las piezas del proceso se dieron todos los presupuestos legales previos para que el Juzgado procediera a otorgar la medida, incluyendo entre estos, la titularidad dominical del inmueble a favor del Estado de Honduras y masa aun cuando se trata de una área declarada protegida denominada Parque Nacional Cusuco, todo para evitar que se siguiera descombrando y paralizar el actuar doloso o culposo que se estaba generando por persona o personas determinadas sobre una extensión de terreno que según diligencias de mérito es una área protegida y, que este acto previo solicitado por el Ministerio Público esta fundado en normas efectivas sin que a la fecha de su ejecución hubiese requerimiento fiscal que implique la identificación de los supuestos implicados. CONSIDERANDO (8) :Que, los actos procesales realizados por el A-Quo expresamente del auto que inadmite la solicitud de oposición a trámite de la medida neutralizadora está debidamente motivado así como la respuesta a la reposición del mismo, con ello está claramente evidenciado que el órgano jurisdiccional en ningún momento vulnera garantías y derechos al recurrente, el que no se esté de acuerdo con la decisión adoptada no significa que se hayan vulnerado las garantías fundamentales y por ende a la tutela judicial efectiva; que al no estar conforme acude a la Corte de Apelaciones de Santa Barbara en amparo, si bien es cierto ésta le otorga el amparo, vistos los antecedentes por este Alto Tribunal de Justicia como así lo manda la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 69 de la sentencia que recaiga en la consulta como es el caso, examinada la misma junto con sus antecedentes se procedió por unanimidad a su revocatoria, al estimar que no hubo ultraje a las garantías por parte del A-Quo contra el auto apelado, como ha quedado despejado en los considerandos de la sentencia de fecha diecisiete de mayo del dos mil veintitrés y que se recurre en reposición; en la resolución se establece el por qué no se comparte la decisión del Ad-Quem, en los considerandos 6, 7 y 8 de la resolución, pues la falta de motivación y claridad por parte de la Alzada no hace sino que se proceda con la revocatoria de la sentencia, al estimar que en dicha actuación apelada no resulta quebrantamiento de garantías constitucionales fundamentales como el debido proceso y otras invocadas, la parte recurrente obtuvo una resolución motivada y ajustada a derecho, es así, que esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones deducidas no advirtiéndose ultraje a los derechos constitucionales invocados. CONSIDERANDO (9): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Carlos Roberto Midence Rivera en el recurso de reposición no son de recibo, pues la sentencia emitida por esta Sala de lo constitucional en fecha diecisiete de mayo del dos mil veintitrés esta revestida de la motivación y congruencia necesaria, que las razones estimadas para revocar el fallo venido en consulta han sido expuestas de conformidad al examen de los antecedentes, en ese sentido, se estima que la resolución recurrida, esta dictada conforme a derecho, y no hay razones de fondo o de forma para proceder a su reposición o que se confirme el fallo en consulta como lo ha solicitado el recurrente. CONSIDERANDO (10): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 3, 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 numerales 7 y 8, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado Carlos Roberto Midence Rivera por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales pertinentes. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo.- NOTIFÍQUESE.-FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés y reposición de fecha dos de febrero de dos mil veinticuatro, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-840-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL