Sentencia AP-819-23 — Registro 19361
Resumen
Corte de Apelaciones declaró ha lugar recurso de reposición dictado contra resolución de recurso de apelación contra sobreseimientos definitivos a favor de recurrentes dictado por juzgado de instancia, que ordenó extenderles carta de libertad y archivo de diligencias en causa contra éstos por suponerlos responsables de delitos de desobediencia y abuso de autoridad en perjuicio del Orden Público y la Administración Pública; Dicha Corte revocó los sobreseimientos definitivos y ordenó emitir auto de formal procesamiento contra recurrente por considerar que sí se configuran los elementos de los tipos penales reprochados.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"se observa, el Tribunal de Alzada estimó inicialmente la confirmatoria de la decisión del A Quo de sobreseer definitivamente la causa, declarando en su resolución de fecha 16 de septiembre de 2022, que, derivándose de la prueba aportada en la audiencia inicial, podía concluirse que la conducta manifestada por los imputados no se adecuaba a los tipos penales en cuestión. Con posterioridad, y mediante auto de fecha 5 de mayo de 2023, la propia Alzada determinó, a solicitud del Ministerio Público, que procedía reponer su anterior resolución, decidiendo, a contrariu sensu, que se configuraban (sic) “elementos objetivos e indicios de probable existencia de los hechos ilícitos de Desobediencia y Abuso de Autoridad…”, disponiendo la revocación de los sobreseimientos definitivos que había confirmado y ordenando que en su lugar se dictasen autos de formal procesamiento..."..."Que esta Sala advierte que si bien por medio del recurso de reposición los órganos jurisdiccionales tienen la potestad de acordar si reconsideran o rectifican una decisión previamente emitida, esa potestad no les exime del deber de motivación, más aún si ha existido—como en este caso—un súbito cambio de criterio por parte de la Alzada. Según se observa, la decisión de la Alzada de reponer su resolución no fue apoyada de la debida motivación, pues se ha limitado a declarar que se han dado en este caso los elementos de los tipos penales reprochados, pero sin el debido fundamento y sin apoyarse de razonamientos jurídicos suficientes que justifiquen su decisión. Se advierte incluso que la Alzada ha omitido hacer referencia al material fáctico-probatorio que respalde su decisión y la manera en cómo estas evidencias llevan, cuantitativa y cualitativamente, a estimar como ciertos o en este caso, probables, los hechos que incriminan a los encartados, faltando, además, la determinación precisa de la conducta penal que según la Alzada fue ejecutada por éstos, prescindiendo con ello de hacer un debido juicio de tipicidad, como parte de la clara y precisa motivación que deben tener las resoluciones judiciales..."..."la interpretación de las normas debe hacerse dentro del contexto del ordenamiento jurídico, es decir, con el resto de leyes y normativas aplicables en el país. En ese sentido, el acceso de los fiscales y demás autoridades a los Centros Penales está regulado por la ley, así como también lo están los actos y deberes de los fiscales por las leyes del Ministerio Público y demás leyes penales, por lo tanto, no es que las autoridades de la Penitenciaria Nacional de Adaptación Femenina (PNFAS) hayan desobedecido una orden, sino que lo que existió fue una petición de ajuste al protocolo correspondiente para permitir el acceso en la forma adecuada a la fiscal denunciante, lo que evidencia que no se ha desobedecido una orden tal como lo requiere el tipo penal, por esa razón no se configura el delito de desobediencia. Igual tratamiento tiene el delito de Abuso de Autoridad, en vista que si bien la Directora como el Asesor legal de la Penitenciaria Nacional de Adaptación Femenina (PNFAS) han recibido una orden de una autoridad competente, no se han negado a cumplirla sino que al igual que sucede con el delito anterior, lo que se le ha indicado es que haga esa solicitud por escrito, como lo requiere el protocolo y las reglas correspondientes (Folio 202 de la primera pieza de autos), porque así como la fiscal tiene derecho de acceder a los Centros Penales también tienen derecho los privados de libertad en mantener su seguridad y el orden dentro del Centro Penal, situación que le corresponde en este caso a la Penitenciaria Nacional de Adaptación Femenina (PNFAS) a través de sus funcionarios, por lo tanto no se observa que en la presente causa exista el delito de abuso de autoridad ni desobediencia, debiéndose otorgar la presente acción de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 499.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 572 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 9 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"se observa, el Tribunal de Alzada estimó inicialmente la confirmatoria de la decisión del A Quo de sobreseer definitivamente la causa, declarando en su resolución de fecha 16 de septiembre de 2022, que, derivándose de la prueba aportada en la audiencia inicial, podía concluirse que la conducta manifestada por los imputados no se adecuaba a los tipos penales en cuestión. Con posterioridad, y mediante auto de fecha 5 de mayo de 2023, la propia Alzada determinó, a solicitud del Ministerio Público, que procedía reponer su anterior resolución, decidiendo, a contrariu sensu, que se configuraban (sic) “elementos objetivos e indicios de probable existencia de los hechos ilícitos de Desobediencia y Abuso de Autoridad…”, disponiendo la revocación de los sobreseimientos definitivos que había confirmado y ordenando que en su lugar se dictasen autos de formal procesamiento..."..."Que esta Sala advierte que si bien por medio del recurso de reposición los órganos jurisdiccionales tienen la potestad de acordar si reconsideran o rectifican una decisión previamente emitida, esa potestad no les exime del deber de motivación, más aún si ha existido—como en este caso—un súbito cambio de criterio por parte de la Alzada. Según se observa, la decisión de la Alzada de reponer su resolución no fue apoyada de la debida motivación, pues se ha limitado a declarar que se han dado en este caso los elementos de los tipos penales reprochados, pero sin el debido fundamento y sin apoyarse de razonamientos jurídicos suficientes que justifiquen su decisión. Se advierte incluso que la Alzada ha omitido hacer referencia al material fáctico-probatorio que respalde su decisión y la manera en cómo estas evidencias llevan, cuantitativa y cualitativamente, a estimar como ciertos o en este caso, probables, los hechos que incriminan a los encartados, faltando, además, la determinación precisa de la conducta penal que según la Alzada fue ejecutada por éstos, prescindiendo con ello de hacer un debido juicio de tipicidad, como parte de la clara y precisa motivación que deben tener las resoluciones judiciales..."..."la interpretación de las normas debe hacerse dentro del contexto del ordenamiento jurídico, es decir, con el resto de leyes y normativas aplicables en el país. En ese sentido, el acceso de los fiscales y demás autoridades a los Centros Penales está regulado por la ley, así como también lo están los actos y deberes de los fiscales por las leyes del Ministerio Público y demás leyes penales, por lo tanto, no es que las autoridades de la Penitenciaria Nacional de Adaptación Femenina (PNFAS) hayan desobedecido una orden, sino que lo que existió fue una petición de ajuste al protocolo correspondiente para permitir el acceso en la forma adecuada a la fiscal denunciante, lo que evidencia que no se ha desobedecido una orden tal como lo requiere el tipo penal, por esa razón no se configura el delito de desobediencia. Igual tratamiento tiene el delito de Abuso de Autoridad, en vista que si bien la Directora como el Asesor legal de la Penitenciaria Nacional de Adaptación Femenina (PNFAS) han recibido una orden de una autoridad competente, no se han negado a cumplirla sino que al igual que sucede con el delito anterior, lo que se le ha indicado es que haga esa solicitud por escrito, como lo requiere el protocolo y las reglas correspondientes (Folio 202 de la primera pieza de autos), porque así como la fiscal tiene derecho de acceder a los Centros Penales también tienen derecho los privados de libertad en mantener su seguridad y el orden dentro del Centro Penal, situación que le corresponde en este caso a la Penitenciaria Nacional de Adaptación Femenina (PNFAS) a través de sus funcionarios, por lo tanto no se observa que en la presente causa exista el delito de abuso de autoridad ni desobediencia, debiéndose otorgar la presente acción de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 499.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 572 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 9 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"se observa, el Tribunal de Alzada estimó inicialmente la confirmatoria de la decisión del A Quo de sobreseer definitivamente la causa, declarando en su resolución de fecha 16 de septiembre de 2022, que, derivándose de la prueba aportada en la audiencia inicial, podía concluirse que la conducta manifestada por los imputados no se adecuaba a los tipos penales en cuestión. Con posterioridad, y mediante auto de fecha 5 de mayo de 2023, la propia Alzada determinó, a solicitud del Ministerio Público, que procedía reponer su anterior resolución, decidiendo, a contrariu sensu, que se configuraban (sic) “elementos objetivos e indicios de probable existencia de los hechos ilícitos de Desobediencia y Abuso de Autoridad…”, disponiendo la revocación de los sobreseimientos definitivos que había confirmado y ordenando que en su lugar se dictasen autos de formal procesamiento..."..."Que esta Sala advierte que si bien por medio del recurso de reposición los órganos jurisdiccionales tienen la potestad de acordar si reconsideran o rectifican una decisión previamente emitida, esa potestad no les exime del deber de motivación, más aún si ha existido—como en este caso—un súbito cambio de criterio por parte de la Alzada. Según se observa, la decisión de la Alzada de reponer su resolución no fue apoyada de la debida motivación, pues se ha limitado a declarar que se han dado en este caso los elementos de los tipos penales reprochados, pero sin el debido fundamento y sin apoyarse de razonamientos jurídicos suficientes que justifiquen su decisión. Se advierte incluso que la Alzada ha omitido hacer referencia al material fáctico-probatorio que respalde su decisión y la manera en cómo estas evidencias llevan, cuantitativa y cualitativamente, a estimar como ciertos o en este caso, probables, los hechos que incriminan a los encartados, faltando, además, la determinación precisa de la conducta penal que según la Alzada fue ejecutada por éstos, prescindiendo con ello de hacer un debido juicio de tipicidad, como parte de la clara y precisa motivación que deben tener las resoluciones judiciales..."..."la interpretación de las normas debe hacerse dentro del contexto del ordenamiento jurídico, es decir, con el resto de leyes y normativas aplicables en el país. En ese sentido, el acceso de los fiscales y demás autoridades a los Centros Penales está regulado por la ley, así como también lo están los actos y deberes de los fiscales por las leyes del Ministerio Público y demás leyes penales, por lo tanto, no es que las autoridades de la Penitenciaria Nacional de Adaptación Femenina (PNFAS) hayan desobedecido una orden, sino que lo que existió fue una petición de ajuste al protocolo correspondiente para permitir el acceso en la forma adecuada a la fiscal denunciante, lo que evidencia que no se ha desobedecido una orden tal como lo requiere el tipo penal, por esa razón no se configura el delito de desobediencia. Igual tratamiento tiene el delito de Abuso de Autoridad, en vista que si bien la Directora como el Asesor legal de la Penitenciaria Nacional de Adaptación Femenina (PNFAS) han recibido una orden de una autoridad competente, no se han negado a cumplirla sino que al igual que sucede con el delito anterior, lo que se le ha indicado es que haga esa solicitud por escrito, como lo requiere el protocolo y las reglas correspondientes (Folio 202 de la primera pieza de autos), porque así como la fiscal tiene derecho de acceder a los Centros Penales también tienen derecho los privados de libertad en mantener su seguridad y el orden dentro del Centro Penal, situación que le corresponde en este caso a la Penitenciaria Nacional de Adaptación Femenina (PNFAS) a través de sus funcionarios, por lo tanto no se observa que en la presente causa exista el delito de abuso de autoridad ni desobediencia, debiéndose otorgar la presente acción de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 9 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 499.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 572 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"se observa, el Tribunal de Alzada estimó inicialmente la confirmatoria de la decisión del A Quo de sobreseer definitivamente la causa, declarando en su resolución de fecha 16 de septiembre de 2022, que, derivándose de la prueba aportada en la audiencia inicial, podía concluirse que la conducta manifestada por los imputados no se adecuaba a los tipos penales en cuestión. Con posterioridad, y mediante auto de fecha 5 de mayo de 2023, la propia Alzada determinó, a solicitud del Ministerio Público, que procedía reponer su anterior resolución, decidiendo, a contrariu sensu, que se configuraban (sic) “elementos objetivos e indicios de probable existencia de los hechos ilícitos de Desobediencia y Abuso de Autoridad…”, disponiendo la revocación de los sobreseimientos definitivos que había confirmado y ordenando que en su lugar se dictasen autos de formal procesamiento..."..."Que esta Sala advierte que si bien por medio del recurso de reposición los órganos jurisdiccionales tienen la potestad de acordar si reconsideran o rectifican una decisión previamente emitida, esa potestad no les exime del deber de motivación, más aún si ha existido—como en este caso—un súbito cambio de criterio por parte de la Alzada. Según se observa, la decisión de la Alzada de reponer su resolución no fue apoyada de la debida motivación, pues se ha limitado a declarar que se han dado en este caso los elementos de los tipos penales reprochados, pero sin el debido fundamento y sin apoyarse de razonamientos jurídicos suficientes que justifiquen su decisión. Se advierte incluso que la Alzada ha omitido hacer referencia al material fáctico-probatorio que respalde su decisión y la manera en cómo estas evidencias llevan, cuantitativa y cualitativamente, a estimar como ciertos o en este caso, probables, los hechos que incriminan a los encartados, faltando, además, la determinación precisa de la conducta penal que según la Alzada fue ejecutada por éstos, prescindiendo con ello de hacer un debido juicio de tipicidad, como parte de la clara y precisa motivación que deben tener las resoluciones judiciales..."..."la interpretación de las normas debe hacerse dentro del contexto del ordenamiento jurídico, es decir, con el resto de leyes y normativas aplicables en el país. En ese sentido, el acceso de los fiscales y demás autoridades a los Centros Penales está regulado por la ley, así como también lo están los actos y deberes de los fiscales por las leyes del Ministerio Público y demás leyes penales, por lo tanto, no es que las autoridades de la Penitenciaria Nacional de Adaptación Femenina (PNFAS) hayan desobedecido una orden, sino que lo que existió fue una petición de ajuste al protocolo correspondiente para permitir el acceso en la forma adecuada a la fiscal denunciante, lo que evidencia que no se ha desobedecido una orden tal como lo requiere el tipo penal, por esa razón no se configura el delito de desobediencia. Igual tratamiento tiene el delito de Abuso de Autoridad, en vista que si bien la Directora como el Asesor legal de la Penitenciaria Nacional de Adaptación Femenina (PNFAS) han recibido una orden de una autoridad competente, no se han negado a cumplirla sino que al igual que sucede con el delito anterior, lo que se le ha indicado es que haga esa solicitud por escrito, como lo requiere el protocolo y las reglas correspondientes (Folio 202 de la primera pieza de autos), porque así como la fiscal tiene derecho de acceder a los Centros Penales también tienen derecho los privados de libertad en mantener su seguridad y el orden dentro del Centro Penal, situación que le corresponde en este caso a la Penitenciaria Nacional de Adaptación Femenina (PNFAS) a través de sus funcionarios, por lo tanto no se observa que en la presente causa exista el delito de abuso de autoridad ni desobediencia, debiéndose otorgar la presente acción de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 9 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 499.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 572 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de agosto del dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados JUAN PABLO AGUILAR GALO y REINA DEL CARMEN SALINAS LAGOS, a favor de los señores JOSE CESAR BUESO HERNANDEZ también conocido como JOSE CESAR HERNANDEZ REYES y KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cinco de mayo de dos mil veintitrés, que declaró ha lugar un recurso de reposición dictado contra la resolución de fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, en el recurso de apelación presentado contra el sobreseimiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; en relación la causa instruida contra los señores JOSE CESAR BUESO HERNANDEZ también conocido como JOSE CESAR HERNANDEZ REYES y KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA, por suponerlos responsables de los delitos de DESOBEDIENCIA y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio del ORDEN PUBLICO Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de su representada, los Artículos 82, 89, 90, 92 y 95 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1).- Que en fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales Abogada YILIAN JUDITH RIVERA, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JOSE CESAR HERNANDEZ REYES, por los delitos de DESOBEDIENCIA Y ABUSO DE AUTORIDAD y contra KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA, por los delitos de DESOBEDIENCIA Y ABUSO DE AUTORIDAD, en concurso real, en perjuicio del ORDEN PUBLICO Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. (Folios 01–17 de los antecedentes). 2).- Que en la Continuación de la Audiencia Inicial celebrada el día doce de julio de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolvió: “…II Decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA Y JOSE CESAR BUESO HERNANDEZ, a quienes se les sigue proceso por el delito de DSOBEDIENCIA Y ABUSO DE AUTORIDAD EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de del ORDEN PUBLICO Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, se le extienda su carta de libertad definitiva y se archiven las diligencias…” (Folios 16 y 163 de la pieza de antecedentes). 3).- Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de la que se hace referencia en el numeral que precede, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, emitió resolución en fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, en la cual Resolvió: “1) Declarando NO HA LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Kenddy Mejía en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- 2) CONFIRMANDO la resolución apelada.”. (Folios 194 al 20 de la pieza de antecedentes). 4).- En fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés, la Abogada YILIAN JUDITH RIVERA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentó recurso de reposición contra la resolución de fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintidós del que se hace relación el numeral que antecede. (Folios 208 al 216 de los antecedentes). 5).- Que en fecha cinco de mayo de dos mil veintitrés, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en la cual: “RESUELVE: Declarando 1. HA LUGAR el recurso de Reposición interpuesto por la Abogada Yilian Judith Rivera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. 2. REVOCAR los Sobreseimientos Definitivos dictados a favor de los imputados Kelly Vanessa Amador Espinoza Y Jose Cesar Bueso Hernández. 3. Que se dicten los autos de formal procesamiento a los dos acusados. 6).- Que en fecha quince de junio de dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional, los Abogados JUAN PABLO AGUILAR GALO y REINA DEL CARMEN SALINAS LAGOS, interponiendo Recurso de Amparo a favor de los señores JOSE CESAR BUESO HERNANDEZ también conocido como JOSE CESAR HERNANDEZ REYES y KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA, contra la Resolución dictada en fecha cinco de mayo de dos mil veintitrés, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos 82, 89, 90, 92 y 95 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 16 del presente Recurso). 7).- Que en fecha veintidós de trece de noviembre dos mil veintitrés, este alto Tribunal tuvo por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término para formalizar el recurso, pero conforme se desprende del escrito de interposición del recurso que los recurrentes desarrollaron de manera puntual el concepto de la violación alegada, se consideró procedente continuar con el procedimiento del presente recurso, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 47 del Presente Recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por los Abogados JUAN PABLO AGUILAR GALO y REINA DEL CARMEN SALINAS LAGOS, a favor de los señores JOSE CESAR BUESO HERNANDEZ también conocido como JOSE CESAR HERNANDEZ REYES y KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cinco de mayo de dos mil veintitrés, que declaró ha lugar un recurso de reposición dictado contra la resolución de fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, en el recurso de apelación presentado contra el sobreseimiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; en relación la causa instruida contra los señores JOSE CESAR BUESO HERNANDEZ también conocido como JOSE CESAR HERNANDEZ REYES y KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA, por suponerlos responsables de los delitos de DESOBEDIENCIA y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio del ORDEN PUBLICO Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Recurrente considera que existe una vulneración al estado de inocencia, al señalar que se ha proferido una resolución que de manera incongruente y sin motivación alguna revierte la resolución dictada inicialmente por el Tribunal de alzada, que si tiene sustento y análisis de los tipos penales, como de la teoría del delito y que explica claramente porque los hechos no constituyen delito alguno.- De igual manera argumenta que se le ha violentado el Principio de legalidad, en vista que la Corte de Apelaciones ha dictado una resolución que ampara una acción penal por hechos que no son constitutivos de delito, donde no hay víctima y no existe lesión o puesta en peligro de algún bien jurídico protegido. También señala que se le vulneró el derecho de defensa y el debido proceso, por cuanto el Ad-Quem debió de analizar el concurso de normas que claramente figuran en el caso de autos. Para el recurrente, en el presente asunto debió primar el precepto penal especial, en este caso el delito de desobediencia, atendiendo también el principio indubio pro reo o favoritis libertatis, refiere que con la resolución proferida se violentan los derechos consagrados a sus representados, en atención a que no se les dio la oportunidad de hacer oposición y argumentación sobre este concurso, pues inicialmente fueron considerados como inocentes, y el pleno que decidió en un recurso de reposición revertir la resolución dictada inicialmente en apelación, debió por ente de analizar esta situación. CONSIDERANDO CINCO (5): Que mediante auto de fecha trece (13) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) esta Sala de lo Constitucional, ha tenido por caducado el derecho y por perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar la acción de amparo, sin embargo, ha decidido continuar con el procedimiento de esta acción, en vista que del escrito de interposición, ha considerado que el recurrente desarrollo de manera puntual el concepto de la violación, omitiendo a su vez, la vista de los autos al Fiscal del Despacho; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional (folio 47 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO NUEVE (8): Que, según se observa, el Tribunal de Alzada estimó inicialmente la confirmatoria de la decisión del A Quo de sobreseer definitivamente la causa, declarando en su resolución de fecha 16 de septiembre de 2022, que, derivándose de la prueba aportada en la audiencia inicial, podía concluirse que la conducta manifestada por los imputados no se adecuaba a los tipos penales en cuestión. Con posterioridad, y mediante auto de fecha 5 de mayo de 2023, la propia Alzada determinó, a solicitud del Ministerio Público, que procedía reponer su anterior resolución, decidiendo, a contrariu sensu, que se configuraban (sic) “elementos objetivos e indicios de probable existencia de los hechos ilícitos de Desobediencia y Abuso de Autoridad…”, disponiendo la revocación de los sobreseimientos definitivos que había confirmado y ordenando que en su lugar se dictasen autos de formal procesamiento. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que esta Sala advierte que si bien por medio del recurso de reposición los órganos jurisdiccionales tienen la potestad de acordar si reconsideran o rectifican una decisión previamente emitida, esa potestad no les exime del deber de motivación, más aún si ha existido—como en este caso—un súbito cambio de criterio por parte de la Alzada. Según se observa, la decisión de la Alzada de reponer su resolución no fue apoyada de la debida motivación, pues se ha limitado a declarar que se han dado en este caso los elementos de los tipos penales reprochados, pero sin el debido fundamento y sin apoyarse de razonamientos jurídicos suficientes que justifiquen su decisión. Se advierte incluso que la Alzada ha omitido hacer referencia al material fáctico-probatorio que respalde su decisión y la manera en cómo estas evidencias llevan, cuantitativa y cualitativamente, a estimar como ciertos o en este caso, probables, los hechos que incriminan a los encartados, faltando, además, la determinación precisa de la conducta penal que según la Alzada fue ejecutada por éstos, prescindiendo con ello de hacer un debido juicio de tipicidad, como parte de la clara y precisa motivación que deben tener las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que es importante destacar que la interpretación de las normas debe hacerse dentro del contexto del ordenamiento jurídico, es decir, con el resto de leyes y normativas aplicables en el país. En ese sentido, el acceso de los fiscales y demás autoridades a los Centros Penales está regulado por la ley, así como también lo están los actos y deberes de los fiscales por las leyes del Ministerio Público y demás leyes penales, por lo tanto, no es que las autoridades de la Penitenciaria Nacional de Adaptación Femenina (PNFAS) hayan desobedecido una orden, sino que lo que existió fue una petición de ajuste al protocolo correspondiente para permitir el acceso en la forma adecuada a la fiscal denunciante, lo que evidencia que no se ha desobedecido una orden tal como lo requiere el tipo penal, por esa razón no se configura el delito de desobediencia. Igual tratamiento tiene el delito de Abuso de Autoridad, en vista que si bien la Directora como el Asesor legal de la Penitenciaria Nacional de Adaptación Femenina (PNFAS) han recibido una orden de una autoridad competente, no se han negado a cumplirla sino que al igual que sucede con el delito anterior, lo que se le ha indicado es que haga esa solicitud por escrito, como lo requiere el protocolo y las reglas correspondientes (Folio 202 de la primera pieza de autos), porque así como la fiscal tiene derecho de acceder a los Centros Penales también tienen derecho los privados de libertad en mantener su seguridad y el orden dentro del Centro Penal, situación que le corresponde en este caso a la Penitenciaria Nacional de Adaptación Femenina (PNFAS) a través de sus funcionarios, por lo tanto no se observa que en la presente causa exista el delito de abuso de autoridad ni desobediencia, debiéndose otorgar la presente acción de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 69, 89, 90, 94, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 8, 9.2, 41 y 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 499.3 y 572 del Código Penal (Decreto 130-2017); FALLA: OTORGANDO la presente acción de amparo, interpuesta por el Abogado JUAN PABLO AGUILAR GALO Y REINA DEL CARMEN SALINAS, a favor de JOSE CESAR HERNANDEZ REYES Y KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cinco de mayo de dos mil veintitrés.- Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. - NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de julio del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veintiocho de agosto del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0819-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL