Sentencia AP-777-23 — Registro 18675
Resumen
Con relación a la causa instruida contra impetrante, por suponerlo responsable del delito de Quebrantamiento de Condena, en perjuicio de la Autoridad de Justicia.al no cumplir con el contenido de la sentencia emitida por juez competente y que fue dictada en un procedimiento de violencia de género, al imputado se le quiso localizar para aplicación de la figura procesal del Criterio de Oportunidad estipulado en el artículo 28 del Código Procesal Penal sin resultados; ante tal circunstancia se procede con lo estipulado en el artículo 92 del mismo cuerpo legal, es decir, al ejercicio de la acción penal, al haber incumplido el imputado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que para esta Sala, se ha cumplido con el procedimiento establecido en la ley, la Ad-Quem en la resolución apelada apreció que el Tribunal revisado no ha considerado para efectos de dictar un sobreseimiento definitivo la valoración conjunta de las pruebas admitidas y evacuadas así como la interpretación del derecho en la decisión de fondo, el artículo 526 del Código Penal (decreto 130-2017), expresa que quien quebranta su condena, medida de seguridad de internamiento, detención judicial, prisión preventiva o una medida cautelar, dictada en un procedimiento de violencia de género, debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4)años. En el caso en comento, el imputado incumplió una sentencia condenatoria en la que le fueron impuestas medidas de seguridad por el Juzgado de Violencia Domestica, que con las pruebas de cargo aportadas al procedimiento, se cumplen los requisito de tipificación del delito cuya conducta punible se traduce en la comisión del ilícito de Quebrantamiento de Condena o Medida, por otro lado, las autoridades jurisdiccionales están obligadas a ajustar sus decisiones a lo que establece la Convención Americana y la jurisprudencia, en razón que Honduras es signataria de instrumentos internacionales de respeto a derechos humanos y que para los efectos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Para" debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. De igual manera, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 5.1 establece el derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. CONSIDERANDO (14): Que el debido proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la certeza del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce a la arbitrariedad de éste, específicamente el artículo 90 de la Carta Magna declara que “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que del estudio de los antecedentes, estima esta Sala, que la Alzada no ha quebrantado los derechos fundamentales invocados por la recurrente; en primer lugar al imputado se le quiso localizar para aplicación de la figura procesal del Criterio de Oportunidad estipulado en el artículo 28 del Código Procesal Penal sin resultados; ante tal circunstancia se procede con lo estipulado en el artículo 92 del mismo cuerpo legal, es decir, al ejercicio de la acción penal, al haber incumplido el imputado Yonis Alfred Argueta Vallejo las sanciones impuestas en una sentencia condenatoria dictada en un procedimiento de género, conducta que lo llevó a la comisión de una acción punible, que consiste en el merecimiento de una pena, como ha quedado expresado en el presente fallo, en consecuencia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y demás normas de aplicación al caso concreto.
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Contra la Violencia Doméstica, art. 12 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
TE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro.VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Giovinezza Dubois Zavala, a favor del señor Yonis Alfredo Argueta Vallejo, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de abril de dos mil veintitrés, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, con relación a la causa instruida contra el señor Yonis Alfredo Argueta Vallejo, por suponerlo responsable del delito de Quebrantamiento de Condena, en perjuicio de la Autoridad de Justicia. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES1) En fecha treinta de enero de dos mil veintitrés, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Oscar Arnaldo Alvarado García, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor Yonis Alfredo Argueta Vallejo, por suponerlo responsable del delito de Quebrantamiento de Condena o Medida, en perjuicio de la Autoridad de la Justicia. (Folios 2-3 del antecedente)2) Que el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en la celebración de la audiencia inicial, resolvió: “…SE DICTA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor YONIS ALFREDO ARGUETA VALLEJO por suponerlo responsable del delito de QUEBRATAMIENTO DE CONDENA O MEDIDA en perjuicio de LA AUTORIDAD DE JUSTICIA. Se ordena el cese de la medida cautelare impuesta en la audiencia de Declaración de Imputado, que se le extienda al encausado su respectiva Carta de Libertad Definitiva, para los efectos legales correspondientes y una vez que quede firme esta resolución se ordene el archivo de las misma en el archivo pasivo que para tales efectos lleva este Tribunal, firmando las partes intervinientes para constancia, ante el Suscrito Juez y secretario por Ley que da Fe.” (Folio 59 vuelto del antecedente)3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Leonardo Cuellar Cruz, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público; 2) REVOCA el sobreseimiento definitivo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en el proceso instruido contra el señor YONIS ALFREDO ARGUETA VALLEJO, como autor del delito de QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA en perjuicio de la AUTORIDAD DE LA JUSTICIA; 3) ORDENA al A-Quo dictar en contra del enjuiciado el correspondiente auto de formal procesamiento por ese delito; y, MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique de oficio personalmente a los interesados este mismo día o a más tardar el siguiente, la presente resolución y de no ser posible, por medio de cédula en el lugar que hayan designado para ello.” (Folios 84-86 vuelto del antecedente)4) Que la recurrente, Abogada Giovinezza Dubois Zavala, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, interponiendo acción de amparo a favor del Yonis Alfredo Argueta Vallejo, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos constitucionales consagrados en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República.5) Que en fecha dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, presentado por la Abogada Giovinezza Dubois Zavala, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que en fecha 8 de junio del 2023, la Abogada Giovinezza Dubois Zavala promovió garantía Constitucional de Amparo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintitrés (2023, mediante la cual resolvió un recurso de apelación contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán con relación a la causa penal instruida contra Yonis Alfredo Argueta Vallejo por el delito de Quebrantamiento de condena en perjuicio de Autoridad de Justicia.CONSIDERANDO (3): Que en la formalización de la acción de amparo expone la Abogada, Giovinezza Dubois Zavala, que la Corte de Apelaciones declaró con lugar el recurso de apelación Interpuerto por el Ministerio Público, ordenando al juez A-Quo dictar auto de formal procesamiento en contra del señor Yonis Alfredo Argueta Vallejo por suponerlo responsable del delito de Quebrantamiento de Condena en Perjuicio de Autoridad de justicia, sin los medios de prueba idóneos que acrediten los elementos subjetivos y objetivos del ilícito penal, con lo que se ha vulnerado el Derecho de Presunción de Inocencia artículo 89, Principio del Debido Proceso, Artículo 90 en relación al artículo 92 todos de la Constitución de la República.CONSIDERANDO (4): Que los hechos que motivan la interposición del recurso según la amparista, es que realizada la audiencia inicial en fecha 24 de febrero del 2023, el juez penal tomó la decisión de dictar un sobreseimiento definitivo por el delito de Quebrantamiento de Condena en la causa contra Yonis Alfredo Argueta Vallejo, e inconforme el ente acusador interpuso recurso de apelación el que fue resuelto por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la jurisdicción de Francisco Morazán declarando con lugar el recurso y revoca el sobreseimiento definitivo otorgado a su representado y ordena que se dicte auto de formal procesamiento por el delito imputado, “…7 Se aprecia que la razón esgrimida por el A-Quo para decretar el sobreseimiento definitivo, es que el hecho reprochado por el Ministerio Público e imputado al señor Yonis Alfredo Argueta Vallejo no concurren los elementos objetivos de la tipificación legal, empero, esta Corte de Apelaciones discrepa totalmente da aquel criterio, ya que el artículo 526 del Código Penal norma el delito de Quebrantamiento de Condena o Medida, dice que lo perpetra quien quebrante una condena, medida de seguridad, de internamiento, detención judicial, prisión preventiva o una medida cautelar, dictada en procedimiento de violencia de genero. Este delito es un hecho punible que atenta contra la función jurisdiccional y el mandato constitucional de juzgar y hacer cumplir lo juzgado es doloso porque el quebrantamiento de la condena de prestar los servicios comunitarios en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, ha sido de manera voluntaria y consciente para el señor Yonis Alfredo Argueta Vallejo, ergo, esta Corte analizando objetivamente y en conjunto de las pruebas de cargo, y valorándolas en forma conjunta y armónica y con arreglo a la sana critica, le da total crédito a los documentos antes referidos, mismas que reflejan el animus criminis de Yonis Alfredo Argueta Vallejo y constituyen suficiencia probatoria para decretar el mismo auto de formal procesamiento por el delito relacionado, por concurrir los elementos de su tipificación legal…”.CONSIDERANDO (5). Que para la impetrante, se trata de un delito de desobediencia al no cumplir con una sanción impuesta de conformidad al artículo 346 del Código Penal, y que si bien es cierto no se cumplió con la sanción en materia de violencia doméstica, no se trata de Quebrantamiento de Condena aunque en la presente causa se quiera forzar la aplicación del artículo 526 del Código Penal al caso concreto, debido a que no se reúnen los requisitos de haber quebrantamiento de condena ya que aun en esta instancia no se debe considerar materia penal. Argumenta, además, el artículo 34 “…Las penas que pueden imponerse son privativas de la liberad, privativas de otros derechos y multa, ya sean de carácter principal como accesorias. No se consideran penas las medidas cautelares, las privaciones derechos establecidas en las leyes civil y las sanciones administrativas…” sumando a ello lo que establece el Código Procesal Penal en relación a lo que es un antecedente penal, artículo 6 “únicamente las condenas impuestas mediante sentencia firme, tendrán la calidad de antecedentes penales”.CONSIDERANDO (6): Que a folio 41 de la pieza principal se encuentra el auto de fecha 30 de agosto del 2022, y en su parte resolutiva en aplicación del artículo 22 de la Ley Contra la violencia Doméstica, remite las diligencias al Ministerio Público por el delito de Quebrantamiento de Condena y Medida, cuya motivación se remite a que analizadas las diligencias se observa incumplimiento por parte del señor Yonis Alfredo Argueta Vallejo (imputado), tal y como se acredita con la constancia de inasistencia de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, presentada ante el Juzgado en fecha 25 de agosto del 2022. A folio 49 el auto de fecha 30 de enero del 2023, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, que resuelve admitiendo el respectivo requerimiento fiscal por el delito de Quebrantamiento de Condena en perjuicio de la Autoridad de la Justicia.CONSIDERANDO (7): Que examinadas por esta Sala las actuaciones de los órganos jurisdiccionales, se estima que se ha seguido el procedimiento penal establecido, se celebra audiencia de imputado el 12 de febrero 2023 en la que tanto el acusado como la defensa estuvieron presentes, la defensa del imputado se opuso al requerimiento fiscal y estuvo de acuerdo con las medidas cautelares adoptadas por el A-Quo, contenidas en el artículo 173 numerales 6 y 7 del Código Procesal Penal. En fecha 24 de febrero del 2023 se celebró audiencia inicial con la presencia de los sujetos procesales (Ministerio Público y Defensa del Imputado) y escuchados los argumentos de las partes el Juez resolvió dictar un sobreseimiento definitivo en favor de Yonis Alfredo Argueta Vallejo motivando el juez que en el hecho reprochado por el Ministerio Público al imputado señor Yonis Alfredo Argueta Vallejo no concurren los elementos subjetivos de la tipificación legal por el delito Quebrantamiento de Condena en perjuicio de la Autoridad de Justicia, es decir, no probó la comisión del delito, y ordenó cese de las medidas cautelares impuestas en la audiencia de declaración de imputado y la respetiva carta de libertad definitiva. Que denegado el recurso de reposición solicitado por la fiscalía interpone el recuro de apelación contra la resolución de fecha 24 de febrero del 2023. (Audiencia Inicial).CONSIDERANDO (8): Que, las partes procesales expresaron sus agravios: 1)Parte Apelante: (Ministerio Público), es del parecer que se violenta el debido proceso, principio de objetividad entre otros, al dictar el juez un sobreseimiento definitivo, motivando que el ente acusador no ha probado la comisión del delito imputado y que no se cumplen los elementos del tipo penal, cuando al ratificar el requerimiento fiscal y expresar conclusiones previo a ofertar los medios de prueba admitidos oportunamente, se aportó suficiente actividad probatoria para acreditar la existencia del delito y la participación del encausado en el Quebrantamiento de Condena al no cumplir con el contenido de la sentencia emitida por juez competente y que fue dictada en un procedimiento de violencia de género, ya que es una mujer la víctima, proceso de donde se origina el incumplimiento, si bien es cierto el artículo 526 del Código Penal hace referencia a penas privativas de la libertad no menos cierto es que también en el Código Penal hay penas no privativas de libertad como ser las prestación de servicios de utilidad pública, condena que incumplió el encausado, considera el ente fiscal que por eso hay infracción al debido proceso y se ordene al A-Quo revocar el sobreseimiento definitivo y en su lugar dictar un auto de formal procesamiento en la presente causa. 2) Parte Apelada: Que la resolución del A-Quo está dictada conforme a derecho, que el ente acusador interpreta de manera errónea el artículo 526 del Código Penal al querer judicializar el supuesto no cumplimiento de prestación de servicio a la comunidad como un quebrantamiento de condena de materia penal, lo que refleja falta de objetividad ya que deberá presentar las pruebas con que se acredita la comisión de una acción delictiva. Que ya la misma ley de violencia doméstica en sus artículos 7, 11, 12, 13 determina la pauta a seguir en caso de no cumplimiento de las sentencias dictadas, el Ministerio Publico está en la obligación de cumplir con dicha imposición legal, no pretender una interpretación antojadiza y perjudicial a las disposiciones legales. El Ministerio Público ha olvidado el principio de presunción de inocencia de las personas acusadas, olvidando la objetividad, no pudo acreditar al juzgado de primera instancia lo alegado en sus agravios, pretende vulnerar el principio de objetividad que debe tener cada proceso penal.CONSIDERANDO (9): Que la Ad-Quem señala en la resolución contra la cual se recurre en amparo en el Numeral 3 “que en el momento de la audiencia inicial, el Ministerio Público presento entre otras como pruebas de cargo el expediente del Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica donde aparece: a)Que ese juzgado dictó el 26 de abril del 2021 sentencia sancionando al señor Yonis Alfredo Argueta Vallejo, con la pena de prestación de servicios a la comunidad por el termino de tres meses a razón de dos horas diarias, por ser culpable de actos constitutivos de violencia doméstica en perjuicio de la señora Karen Yessenia Varela Santamaria, indicando que los servicios comunitarios los debería cumplir el condenado en la Alcaldía Municipal del Distrito Central y que también se le obligaba a recibir Consejería de Familia en el centro de Salud Alonso Suazo de esta ciudad; b) Que la sentencia le fue notificada personalmente al señor Yonis Alfredo Argueta Vallejo el día veintinueve de abril del dos mil veintiuno, misma fecha en que le fueron entregados los oficios correspondientes dirigidos a la Alcaldía Municipal del Distrito Central y el Centro de Salud Alonzo Suazo para que cumpliese la condena; c) A folio 40 se encuentra la constancia emitida el 24 de agosto de 2022 por la Unidad de Asignación de Trabajo Comunitario de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, indicativa que “el señor Yonis Alfredo Argueta Vallejo con expediente NO.3046-2020-nose presentó, no hay registro en la Unidad de Asignación de Trabajo por servicios comunitarios del cumplimiento de la prestación de servicios a la comunidad mediante orden de Juzgado Especial Contra la Violencia Doméstica”. CONSIDERANDO (10): Que el numeral 4 de la resolución, hace referencia a la imputación que el Ministerio Público hace al señor Yonis Alfredo Argueta Vallejo por la supuesta comisión como autor del delito de Quebrantamiento de Condena o Medida en perjuicio de Autoridad Judicial; ilícito que lo perpetra según el artículo 526 del Código Penal (decreto 130-2017), quien quebranta su condena, medida de seguridad de internamiento, detención judicial, prisión preventiva o una medida cautelar, dictada en procedimiento de violencia de genero. CONSIDERANDO (11): Que el caso sub judice y que se conoce en amparo, es que el impetrante comparece en búsqueda de justicia constitucional por pensar que la resolución del Ad-Quem, quebranta el derecho al Debido Proceso, articulo 90 en relación al 92 constitucional sobre la presunción de inocencia al declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y revoca el sobreseimiento definitivo a favor de su representado al ordenar el correspondiente auto de formal procesamiento contra el señor Yonis Alfredo Argueta Vallejo como autor del delito de Quebrantamiento de Condena en perjuicio de la Autoridad de la Justicia. CONSIDERANDO (12): Que la Ley Contra la Violencia Domestica dispone en el artículo 1. “Las disposiciones de la presente ley son de orden público, de ineludible observancia y tienen por objeto proteger la integridad física, sicológica, patrimonial y sexual de la mujer, contra cualquier forma de violencia por parte de su cónyuge, ex – cónyuge, compañero, ex -compañero de hogar o cualquier relación afín a una pareja en la que medie, haya mediado o no cohabitación, incluyendo aquellas relacionadas en las que se sostiene o se haya sostenido una relación sentimental. los derechos aquí consagrados son universales. Todo acto de discriminación y violencia doméstica contra la mujer será sancionado de conformidad con la presente ley, la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la convención internacional sobre la eliminación sobre todas las formas de discriminación contra la mujer y otras que se suscriban en el futuro sobre la materia”. Que el articulo 12 del mismo cuerpo legal en su párrafo segundo y tercero claramente establece: “El Juez (a) que conozca de la denuncia declarada con lugar impondrá la sanción correspondiente de acuerdo al Artículo 7, numeral 1) de esta Ley. Estos funcionarios tendrán bajo su responsabilidad la remisión de las diligencias al Ministerio Publico en caso de incumplimiento de las sanciones impuestas y/o de constituir delito. Desde esa perspectiva se ha cumplido con lo establecido en la norma aplicable; cabe señalar que las medidas de seguridad persiguen evitar y detener la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y prevenir males mayores, tomando en cuenta que la violencia, es toda conducta o amenaza que se realiza de manera consiente y que causa daño físico, psicológico, sexual o económico, se conoce como violencia de género al maltrato que ejerce un sexo hacia el otro, que puede ser de hombre hacia la mujer o viceversa. CONSIDERANDO (13): Que para esta Sala, se ha cumplido con el procedimiento establecido en la ley, la Ad-Quem en la resolución apelada apreció que el Tribunal revisado no ha considerado para efectos de dictar un sobreseimiento definitivo la valoración conjunta de las pruebas admitidas y evacuadas así como la interpretación del derecho en la decisión de fondo, el artículo 526 del Código Penal (decreto 130-2017), expresa que quien quebranta su condena, medida de seguridad de internamiento, detención judicial, prisión preventiva o una medida cautelar, dictada en un procedimiento de violencia de género, debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4)años. En el caso en comento, el imputado incumplió una sentencia condenatoria en la que le fueron impuestas medidas de seguridad por el Juzgado de Violencia Domestica, que con las pruebas de cargo aportadas al procedimiento, se cumplen los requisito de tipificación del delito cuya conducta punible se traduce en la comisión del ilícito de Quebrantamiento de Condena o Medida, por otro lado, las autoridades jurisdiccionales están obligadas a ajustar sus decisiones a lo que establece la Convención Americana y la jurisprudencia, en razón que Honduras es signataria de instrumentos internacionales de respeto a derechos humanos y que para los efectos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Para" debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. De igual manera, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 5.1 establece el derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. CONSIDERANDO (14): Que el debido proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la certeza del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce a la arbitrariedad de éste, específicamente el artículo 90 de la Carta Magna declara que “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que del estudio de los antecedentes, estima esta Sala, que la Alzada no ha quebrantado los derechos fundamentales invocados por la recurrente; en primer lugar al imputado se le quiso localizar para aplicación de la figura procesal del Criterio de Oportunidad estipulado en el artículo 28 del Código Procesal Penal sin resultados; ante tal circunstancia se procede con lo estipulado en el artículo 92 del mismo cuerpo legal, es decir, al ejercicio de la acción penal, al haber incumplido el imputado Yonis Alfred Argueta Vallejo las sanciones impuestas en una sentencia condenatoria dictada en un procedimiento de género, conducta que lo llevó a la comisión de una acción punible, que consiste en el merecimiento de una pena, como ha quedado expresado en el presente fallo, en consecuencia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y demás normas de aplicación al caso concreto. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, 1 y 12 de la Ley Contra la violencia Domestica; Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por la abogada Giovinezza Dubois Zavala a favor de Yonis Alfredo Argueta Vallejo, contra la sentencia de fecha veintiuno de abril del dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrado Wagner Vallecillo. - NOTIFIQUESE. –VALLECILLOPADILLAVILLELABUSTILLODUBÓN