Sentencia AP-73-23 — Registro 17747
Resumen
Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por Tribunal de Sentencia que desestimó excepción por falta de acción por no cumplir requisito de procedibilidad que debe basarse en hechos nuevos, iniciado el juicio; en relación a causa contra recurrente por suponerlo responsable del delito de Cohecho Impropio en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras; La Alzada considera como bien lo señala el Tribunal de instancia, que la excepción fue planteada dentro del término legal; sin embargo, lo alegado por recurrente en el sentido que previo al requerimiento fiscal tenía que presentarse un antejuicio por la condición de Alcalde, ello no constituye hechos nuevos para fundamentar su excepción
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala de lo Constitucional advierte, que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada y que es recurrida en amparo, no es violatoria del debido proceso, ello porque bien lo señala el a-quo en la resolución de fecha siete de septiembre del dos mil veintidós, la excepción por falta de acción planteada en la etapa de preparación del debate tiene un requisito de procedibilidad, tal requisito es que la misma debe basarse en hechos nuevos. Lo cual no acontece en el presente caso, pues si bien la excepción se ha presentado en el momento procesal señalado en la norma procesal, la misma no esta basada en hechos nuevos, sino en los mismos hechos alegados en la audiencia inicial (folio 259v)..."..."Del análisis de los antecedentes, también advierte esta Sala, que contra la resolución dictada en audiencia inicial, se presentó recurso de apelación y la misma Corte de Apelaciones que ahora dice en resolución de fecha veinticuatro de octubre del dos mil veintidós que no se presento recurso alguno, fue la que revoco el sobreseimiento dictado por el a-quo y ordeno el dictado de auto de formal procesamiento, resolución contra la que, se presentó la garantía constitucional de amparo en fecha veinte (20) de mayo del dos mil veintidós (folio 555 del antecedente, tomo II), por considerar el Pedidor de tal garantía que la resolución de la Corte de Apelaciones dictada en fecha dieciocho de agosto del dos mil veintiuno, es violatoria del debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. Por ello entiende esta Sala que al momento de la presentación de la garantía de amparo que ahora se resuelve, el amparo al que se hace alusión líneas arriba estaba pendiente de fallo, entiende también esta Sala que dicha resolución deberá resolver la pretensión del recurrente presentada en el momento procesal oportuno (audiencia inicial) y en base a Ley, determinar, si procede el antejuicio previo a la presentación del requerimiento fiscal presentado en contra del señor Marco Tulio Martínez Casco..."..."a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada y confirmar la resolución apelada, no se han violentado derechos constitucionales, pues en el momento procesal que se ha presentado la excepción de falta de acción, la misma debe basarse en hechos nuevos, lo que no sucede en el presente caso, por ello, esta Sala de lo Constitucional es del parecer que no se ha vulnerado el derecho constitucional del debido proceso. Por lo anterior el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. Reiterando este Alto Tribunal que el obtener respuestas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 139 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 316 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Siguatepeque, Municipio de Comayagua, a los treinta días del mes de enero de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ANDRES ENRIQUE ASFURA RODRIGUEZ, a favor del señor MARCO TULIO MARTINEZ CASCO, contra la Resolución de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil veintidós (2022), dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que declaró HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de fecha siete (7) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en la causa instruida contra el señor MARCO TULIO MARTINEZ CASCO, por suponerlo responsable del delito de COHECHO IMPROPIO, en perjuicio de LA ADMINISTRCION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representado, el debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1)Que en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), la Abogada VARINIA SARAHI AVILA SUAZO, en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, presentó requerimiento fiscal contra los señores MARCO TULIO MARTINEZ CASCO y MARCOS DAVID MARTINEZ OVIEDO, por suponerlos responsables a título de autores del delito de COHECHO IMPROPIO, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. 2)Que en fecha siete (7) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, Francisco Morazán, Resuelve: “…la falta de acción tiene un mecanismo de procedibilidad, porque es un requisito de procedibilidad y es que debe de basarse en hechos nuevos, iniciado el juicio, la excepción por falta de acción y la extinción de la misma se interpondrá por escrito en la etapa de preparación del debate, que fue lo que el defensor ya hizo, en el caso de que se encuentren hechos nuevos o circunstancias que no han sido conocidas en antes de la elevación de la causa a juicio; en este caso, la causa ya esta elevada a juicio, pero esta excepción ya la presentaron en etapas previas, por lo tanto no se funda en hechos nuevos, no se puede interponer la excepción de falta de acción en este momento procesal, lo otro, si revisamos la ley de municipalidades vemos que el artículo 25 establece cual es la forma y funcionamiento de la corporación municipa, establece cual es la forma en que la municipalidad opera internamente, y en el artículo 28 numeral 2 de esa misma rubrica que ha argumentado la parte fiscal, dice que los miembros de las corporaciones municipales dependiendo de la capacidad económica recibirán asistencia, en el caso que nos ocupa se entendería pero no es una propuesta dentro de la ley, puesto que se trata de una acusación, un requerimiento fiscal presentado de una acreditación de cargos en audiencia preliminar y en una elevación de causa a juicio dentro de la ley, ni sus opiniones vertidas en relación con sus funciones, evidentemente una imputación, no la que se está haciendo no esta dentro de sus funciones, en estos casos si se le imputara un delito en esos casos de propuestas dentro de la ley, y opiniones vertidas en sus funciones, se le aplicará el procedimiento especial de antejuicio de igual forma que a los jueces, entonces desde ese punto de vista no esta amparado el imputado Marco Tulio Martínez Casco por el artículo 28 numeral 2 de la ley de municipalidades que tiene relación con los artículos referidos del Código Procesal Penal referentes al antejuicio, en ese sentido se desestima la excepción planteada por la Defensa, y se va a continuar con el desarrollo del proceso…”3)Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado JAVIER GOMEZ DIAZ, en su condición de defensor privado, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha siete de septiembre del año dos mil veintidós, en el proceso que se le sigue al señor MARCO TULIO MARTINEZ CASCO, por el delito de COHECHO IMPROPIO, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, en fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil veintidós (2022), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán Resolvió: (SIC) “1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada 2.- CONFIRMAR la resolución apelada…” (Folios 634–638 de la pieza de antecedentes)4)Que el abogado ANDRES ENRIQUE ASFURA RODIGREZ, compareció ante este Tribunal en fecha diecisiete (17) de enero de dos mil veintitrés (2023), interponiendo acción de amparo a favor del señor MARCO TULIO MARTINEZ CASCO, contra la Resolución de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil veintidós (2022), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria del debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. 5)Que fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023) la Sala tuvo por formalizado el recurso de mérito, y omite dar la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil veintidós, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el proceso incoado en contra del señor MARCO TULIO MARTINEZ CASCO, a quien se le supone responsable del delito de COHECHO IMPROPIO en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió: 1) Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada. 2) Confirmar la resolución apelada. CONSIDERANDO (3): Que a juicio del recurrente el acto recurrido vulnera derechos constitucionales, como el derecho a un debido proceso establecido en el artículo 90 de la Constitución de la Republica. Argumenta que en el caso de marras se encuentra debidamente acreditado que el señor Marco Tulio Martínez Casco ostenta la condición de funcionario publico en vista que es el Alcalde de la Municipalidad de Tatumbla, circunstancia que es del total conocimiento del Ministerio Público, sin embargo a pesar de haber puesto en conocimiento del Ad-Quem que el ente acusador previo a la presentación del requerimiento fiscal tenía la obligación de presentar un antejuicio por la condición de su poderdante, ya que existe basta jurisprudencia como ser los amparos 403,2017, 3200-2004, 618-2005, 2602-2004, omitió pronunciarse al respecto el juzgador, por esta razón acudimos ante esta honorable Sala de lo Constitucional en virtud que no se debió incoar acción penal en contra del señor Marco Tulio Martínez casco y con su accionar trasgredió la garantía constitucional del debido proceso en relación con el artículo 28 de la ley de Municipalidades.CONSIDERANDO (4): Que tal y como ya hemos referido, la presente garantía de amparo fue instada por el abogado ANDRES ENRIQUE ASFURA EODRIGUEZ, al considerar que el Tribunal Ad-Quem ha vulnerado derechos constitucionales contenidos en el artículo 90 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO (5): Que en la motivación externada por el Tribunal en el fallo que es recurrido en Amparo, expone como motivación lo siguiente: “1.- En el capítulo II de la norma adjetiva, y específicamente en los artículos 316 y 317 establece la forma que se sustanciará el juicio y la preparación del debate, es así que dispone que una vez recibidas las actuaciones a que se refiere el artículo 303, el Tribunal citará a las partes a fin de que, dentro de los diez 10 días siguientes, examinen las diligencias y planteen, en su caso, las recusaciones, excepciones o nulidades, basadas en hechos nuevos a que haya lugar; de forma que dicho plazo es precisamente para exponer lo que las partes consideren un obstáculo procesal para seguir con las diligencias; en el caso de mérito se observa que si bien la excepción planteada como bien lo señala el Tribunal de Instancia fue interpuesta dentro del término señalado para ello, no es menos cierto que lo planteado por el impetrante no constituye hechos nuevos en que este fundamentando la excepción por falta de acción, sino que efectivamente se constata que la misma y bajo los mismos argumentos ya había sido interpuesta en la etapa anterior y declarada la misma sin lugar por el A-Quo, sin que la Defensa haya interpuesto recurso alguno contra dicha decisión; de manera que no aconteciendo hechos nuevos en que se fundamente dicha excepción como se reitera lo exige la norma adjetiva, se declara no lugar el recurso y se confirma la resolución apelada.”CONSIDERANDO (6): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio del recurrente el Debido Proceso preceptuado en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, que dispone: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”.CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional, entiende que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (8): Que el recurrente argumenta vulneración al debido proceso, en razón de que en fecha treinta y uno de agosto del dos mil veintidós solicita al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, señalamiento de audiencia para plantear excepciones y nulidades y con fundamento en el artículo 46 numeral 2 del Código Procesal Penal, señala el pedidor que la acción nunca debió de promoverse en contra del señor Marco Tulio Martínez Casca, en virtud de que previo, se debía agotar el proceso especial de antejuicio según lo dispone el Código procesal penal, Ley de Municipalidades y amplia doctrina de la sala de lo Constitucional. Dicha audiencia se celebra en fecha siete de septiembre del dos mil veintidós, en la cual el a-quo resuelve desestimar la excepción por falta de acción, bajo el argumento de que la excepción ya había sido planteada en etapas previas y que por lo tanto no se funda en hechos nuevos; argumentando además que la imputación que se está haciendo mediante un requerimiento fiscal, no esta dentro de los supuestos establecidos en el artículo 28 numeral 2 de la Ley de Municipalidades. En ese orden de ideas la resolución señalada es recurrida por la defensa mediante el recurso de apelación y por unanimidad de votos el Ad-quem resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación y confirma la resolución apelada, con fundamento en el artículo 316 del Código Procesal Penal, pues según el argumento del Tribunal del Alzada la excepción planteada si bien se ha presentado en el momento procesal oportuno, la misma no está fundamentada en hechos nuevos. CONSIDERANDO (9): Que según lo preceptuado en el Artículo 46 del Código Procesal Penal, En el procedimiento penal solo son admisibles las excepciones siguientes: 1) La incompetencia; 2) La falta de acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse; y 3) La extinción de la acción penal. Sobre el momento procesal y la forma de interponerlas, el artículo 47 del mismo cuerpo legal dispone: “La excepción de incompetencia podrá interponerse oralmente en la Audiencia Inicial y las de falta de acción y la de extinción de la acción, en cualquier etapa del proceso. La carga de la prueba recaerá sobre quien plantee la excepción. Iniciado el juicio, la excepción de falta de acción y de extinción de la misma, se interpondrán por escrito durante la etapa de la preparación del debate, en el caso de que se funden en hechos o circunstancias que no ha sido conocidas antes de la elevación de la causa a juicio…”; En ese sentido el artículo 316 del Código Procesal Penal, dispone: “Preparación del debate. Recibidas las actuaciones a que se refiere el artículo 303, el órgano jurisdiccional citará a las partes a fin de que, dentro de los cinco (5) días siguientes, examinen las diligencias y planteen, en su caso, las recusaciones, excepciones o nulidades, basadas en hechos nuevos a que haya lugar. Tales cuestiones serán resueltas por el órgano jurisdiccional, en audiencia que deberá celebrarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de presentación. En dicha audiencia se presentará y ejecutarán las pruebas que se relacionen con la recusación….”CONSIDERANDO (10): De lo establecido en las normas señaladas, esta Sala de lo Constitucional advierte, que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada y que es recurrida en amparo, no es violatoria del debido proceso, ello porque bien lo señala el a-quo en la resolución de fecha siete de septiembre del dos mil veintidós, la excepción por falta de acción planteada en la etapa de preparación del debate tiene un requisito de procedibilidad, tal requisito es que la misma debe basarse en hechos nuevos. Lo cual no acontece en el presente caso, pues si bien la excepción se ha presentado en el momento procesal señalado en la norma procesal, la misma no esta basada en hechos nuevos, sino en los mismos hechos alegados en la audiencia inicial (folio 259v).CONSIDERANDO (11): Del análisis de los antecedentes, también advierte esta Sala, que contra la resolución dictada en audiencia inicial, se presentó recurso de apelación y la misma Corte de Apelaciones que ahora dice en resolución de fecha veinticuatro de octubre del dos mil veintidós que no se presento recurso alguno, fue la que revoco el sobreseimiento dictado por el a-quo y ordeno el dictado de auto de formal procesamiento, resolución contra la que, se presentó la garantía constitucional de amparo en fecha veinte (20) de mayo del dos mil veintidós (folio 555 del antecedente, tomo II), por considerar el Pedidor de tal garantía que la resolución de la Corte de Apelaciones dictada en fecha dieciocho de agosto del dos mil veintiuno, es violatoria del debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. Por ello entiende esta Sala que al momento de la presentación de la garantía de amparo que ahora se resuelve, el amparo al que se hace alusión líneas arriba estaba pendiente de fallo, entiende también esta Sala que dicha resolución deberá resolver la pretensión del recurrente presentada en el momento procesal oportuno (audiencia inicial) y en base a Ley, determinar, si procede el antejuicio previo a la presentación del requerimiento fiscal presentado en contra del señor Marco Tulio Martínez Casco.CONSIDERANDO (12): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada y confirmar la resolución apelada, no se han violentado derechos constitucionales, pues en el momento procesal que se ha presentado la excepción de falta de acción, la misma debe basarse en hechos nuevos, lo que no sucede en el presente caso, por ello, esta Sala de lo Constitucional es del parecer que no se ha vulnerado el derecho constitucional del debido proceso. Por lo anterior el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. Reiterando este Alto Tribunal que el obtener respuestas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 139, 141, 198, y 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ANDRES ENRIQUE ASFURA RODRIGUEZ, a favor del señor MARCO TULIO MARTINEZ CASCO, contra la resolución de fecha VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0073-2023.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.