Sentencia AP-659-21 — Registro 17749
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que declaró ha lugar el recurso de apelación y revoca el auto de formal procesamiento de por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública. Estima la amparista que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Examen practicado por la Sala sobre la presunta violación de los artículos constitucionales invocados. Esta Sala de lo Constitucional analizando los argumentos vertidos en relación a la vulneración del debido proceso por la inobservancia del artículo 92 constitucional, deviene en la necesidad de señalar que al respecto es jurisprudencia emanada de este Alto Tribunal que la disposición constitucional contenida en el artículo 92, es desarrollada en el Código Procesal Penal, en sus artículos del 294 al 299, los cuales se refieren precisamente a los requisitos materiales que debe reunir el auto de formal procesamiento, o en su defecto el sobreseimiento definitivo o provisional. En ese orden de ideas y conforme a la sentencia AP-0369-2016 dictada el 22 de noviembre del año 2016, el artículo 92 constitucional reformado sólo exige evidencia probatoria de la existencia de un delito; no siendo por tanto exigible la plena prueba de la existencia del delito, como antes lo hacia el texto original del artículo 92 constitucional. De manera que, dice la referida sentencia, con la reforma constitucional, el constituyente derivado ha relevado al Ministerio Público de acreditar con certeza y sin duda posible los elementos objetivos y subjetivos de tipo. Más adelante la referida sentencia dispone que:“… el juez de letras debe dictar el auto de formal procesamiento, salvo que se acredite en forma plena, evidente e incontrastable de que: a) el hecho no existió; b) que éste no se encuentra tipificado como delito; o c) que se haya extinguido la acción penal. En todos estos casos deberá dictar el sobreseimiento definitivo, de conformidad a lo que establece el artículo 296 del Código Procesal Penal.” La Sala en la referida sentencia indica, que el juez a quo para dictar auto de sobreseimiento definitivo, debe tener la plena certeza de la concurrencia de las causales mencionadas. Por lo que en este caso, al revocar el ad quem el auto de formal procesamiento dictado por el a quo en contra de la procesada Delmy Elizabeth López Paz, es necesario demarcar los elementos del tipo penal y no sólo limitarse a enunciar que no existe la concurrencia de los mismos. Es importante en este punto indicar, que la motivación externada por el tribunal de alzada en cuanto a ambos delitos, no cumple con los lineamientos establecidos en la doctrina, a efecto de evidenciar que la valoración de la prueba ha cumplido con las exigencias de la sana crítica que establece la ley, lo que implica que como no se concreta legalmente el contenido de esas reglas de la sana crítica, el órgano sentenciador ha de esforzarse por demostrar en su sentencia que las aplicadas por él responden a un sentir generalizado en su comunidad.El artículo 296 del Código procesal penal establece en numerus clausus los supuestos en los cuales se podrá dictar un sobreseimiento definitivo. En ese orden de ideas, en caso de no proceder el dictado de un sobreseimiento definitivo el artículo 297 de la norma procesal preceptúa que el juez resolverá, según corresponda: 1) Dictar auto de prisión; y 2) Declarar al reo imputado cuando se trate de delitos que no merezcan pena de privación de la libertad. Para decretar el auto de prisión el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. Como en líneas anteriores se dijo, con la reforma sufrida en el precepto 92 constitucional, invocado como vulnerado por los recurrentes, no se precisa acreditar con certeza y sin duda posible los elementos objetivos y subjetivos de tipo, no obstante a ello, esto no es indicativo de libertad, a efecto que el órgano conocedor del proceso pueda dictar auto de formal procesamiento en todos los casos que sean sometidos a su conocimiento, pues ello debe marchar en concordancia con los demás elementos exigibles para el respeto de un debido proceso, como ser la valoración en forma conjunta y armónica de toda la prueba producida, que lleven a la convicción del por qué ha llegado a una determinada conclusión y no a otras, como bien lo señala la doctrina. De acuerdo a los antecedentes se colige que el expediente mediante el cual se favoreció a un tercero, estaba asignado a Delmy López, quien de oficio acelero la tramitación de la causa señalando fecha para la celebración de la audiencia preliminar pero además sin justificación suficiente pues ella tenia el control de su agenda y de las fechas señaladas para audiencia, lo turno y asigno el expediente para que continuara con la sustanciación del mismo, a su amiga y compañera Liz María Núñez, después de haberle manifestado al fiscal del despacho que tenia presiones para resolver el mismo; además de una conversación telefónica entre ellas, Delmy le refiere a Liz María que el Presidente de la Corte Suprema en aquel entonces le había autorizado sobreseer la causa y se manifiesta extrañada cuando Liz María le dice que a ella le había dicho lo contrario. ver las conversaciones telefónicas. (folio 81 vuelto, al 90 de expediente de mérito) Así mismo el testigo Ronald Banegas manifestó claramente que la Juez Delmy López tenía la intención de sobreseer la causa y que lo haría fundamentándose en error en el domicilio de la persona, y porque el arma encontrada no era de esa persona. Por lo que el órgano Sentenciador debe estimar de forma conjunta la declaración del testigo Ronald Banegas en los hechos, las conversaciones telefónicas, tanto las actuaciones previas y posteriores de la acusada, con los señores Liz María Núñez y Teodoro Bonilla. “El articulo 369-A del código penal establece que incurre en el delito de TRÁFICO de influencias el funcionario Público que influya en otro funcionario prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza para si o para un tercero.” Como vemos, el tipo penal no exige que exista un acuerdo entre funcionarios, basta con que un funcionario influya en el ánimo de otro, para lograr prevaliéndose de su relación personal o profesional, que emita resolución conforme a sus intereses o de un tercero: La conducta típica consiste en ejercer influencia mediante la sugerencia, recomendación o indicación que unida a la presión moral este ejerce sobre otro funcionario o autoridad valiéndose de una relación de prevalimiento con el fin de conseguir una resolución que pueda generar un beneficio sea económico o de cualquier otra naturaleza al primero o a una tercera persona, directa o indirectamente. “Es necesario la concurrencia de estos requisitos: Influencia se trata de una influencia que la autoridad o funcionario (sujeto activo) debe ejercer sobre aquella autoridad o funcionario obligado a dictar una resolución. Se entiendo por tal la presión moral eficaz que se ejerce sobre la acción o decisión de otra persona que deriva de la relación personal (caso de autos), jerárquica que se tiene, posición status del influyente, y está orientada a obtener una resolución; la influencia he de ser idónea, pues con ella se altera el proceso resolutivo de la autoridad o funcionario influido, al introducir en ese proceso resolutivo intereses distintos a los públicos. Prevalimiento, es la situación en la que debe derivar esa influencia. La jurisprudencia del tribunal supremo ha determinado que para la subsunción en la conducta típica no basta con la mera influencia, sino que debe concurrir también el elemento típico esencial del prevalimiento a través de cualquiera de las tres formas señaladas en el tipo legal; el ejercicio de las facultades propias del cargo, una relación personal (de efectividad, parentesco, amistad, compañerismo) o bien una relación jerárquica. El prevalimiento puede ejercerse mediante relación personal directa pero también a través de persona interpuesta. La influencia debe estar dirigida a obtener una resolución beneficiosa económicamente o de cualquier otra naturaleza, El tipo penal se consumará con independencia de la obtención de esa resolución o de un efectivo beneficio económico, bastando con que se persiga esa finalidad. En este tipo penal no se castiga la conducta del funcionario o autoridad que se deja influenciar salvo que su actuación sea constitutiva de un delito. Este es un tipo penal especial puesto que el sujeto activo solo puede ser cometido por quien ostente la condición de empleado o funcionario Público. El sujeto pasivo lo será el funcionario Público o autoridad que resulten influenciados por la conducta típica del sujeto activo. El TRÁFICO DE INFLUENCIAS, es un delito eminentemente doloso que requiere el conocimiento por parte del autor del uso del prevalimiento y la voluntad de ejercer el mismo, así como el ánimo de conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza para si o para un tercero “. De la lectura de la resolución que se recurre en Amparo, este Alto Tribunal encuentra que la Alzada se olvidó de lo preceptuado en el artículo 202, en relación con el 297 del Código Procesal Penal. Ello en el orden de la valoración conjunta de la prueba y los presupuestos exigidos para el dictado de un auto de prisión; si bien en la audiencia inicial solo se requiere una minina actividad probatoria, pues en esta etapa del proceso no se requiere el determinar con certeza la participación del imputado en el hecho que se acusa, lo cierto es, que para dictar un auto de formal procesamiento conforme el requerimiento constitucional, se exige evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. Asimismo, entiende este Alto Tribunal que al tenor del supra indicado artículo 297, la referida Corte devenía obligada en motivar debidamente las razones tanto fácticas como jurídicas que la llevaron a REVOCAR el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo en contra de la procesada DELMY ELIZABETH LÓPEZ, es decir demarcar los elementos del tipo penal y no solo limitarse a enunciar que no existe la concurrencia de los mismos. Es importante en este punto indicar, que la motivación externada por el Tribunal de Alzada no cumple con los lineamientos establecidos en la doctrina a efecto de evidenciar que la valoración de la prueba haya cumplido con las exigencias de la sana crítica que establece la ley, lo que implica que como no se concreta legalmente el contenido de esas reglas de la sana crítica. “La valoración de la prueba es el proceso que tiene que realizar el tribunal para determinar si son ciertos los hechos afirmados por las partes, por haber quedado suficientemente probados o si no han quedado probados por no haber sido objeto de la prueba necesaria o adecuada –En la audiencia inicial bastará con una mínima actividad probatoria para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa- esa labor de valoración la realiza el juez mediante un estudio que hace de la prueba sustentándola en las leyes de la lógica, las reglas de psicología y la experiencia común. La prueba vertida en juicio es examinada mediante un razonamiento fáctico; se analiza la declaración del testigo, el contenido de un documento y luego cada elemento de prueba se confronta con una determinada máxima de experiencia para concluir si estos actos son creíbles o no lo son y, así se llega a la valoración de cada elemento de prueba. La Sala de lo Constitucional, al estudiar las presentes diligencias, estima procedente pronunciarse en los términos que a continuación se exponen. De principio, la Sala estima que, aunque la fiscalía en algún momento de su exposición externa que la corte de apelaciones no ha hecho valoración de prueba de cargo, es claro que dicho tribunal lo hace parcialmente, (al no valorar la prueba en forma conjunta, porque en lugar de apreciar la concurrencia del delito de abuso de autoridad y TRÁFICO de Influencias), confirmó el sobreseimiento definitivo del delito de abuso de autoridad dictado por el A-quo y ordenó dictar sobreseimiento definitivo por el delito de TRÁFICO de Influencias. En este sentido debe tomarse en cuenta que en esta etapa del proceso la calificación de los delitos que se subsumen en los hechos no es definitiva, de hecho, la calificación que hace el juez de letras es de tipo provisional y nada más se hace para determinar si existen los elementos necesarios para dar curso al proceso hasta el juicio oral y público. Asimismo, entiende este Alto Tribunal que al tenor del supra indicado artículo 297, la referida Corte devenía obligada en motivar debidamente las razones tanto fácticas como jurídicas que la llevaron a DICTAR UN SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO y revocar el auto dictado por el A-quo en contra de la procesada DELMY LÓPEZ PAZ, es decir demarcar los elementos del tipo penal y no solo limitarse a enunciar que no existe la concurrencia de los mismos. Es importante en este punto indicar, que la motivación externada por el Tribunal de Alzada no cumple con los lineamientos establecidos en la doctrina a efecto de evidenciar que la valoración de la prueba haya cumplido con las exigencias de la sana crítica que establece la ley, lo que implica que como no se concreta legalmente el contenido de esas reglas de la sana crítica, el órgano sentenciador ha de esforzarse por demostrar en su sentencia que las aplicadas por él responden a un sentir generalizado en su comunidad. Como secuela de lo anterior, podemos afirmar que, la resolución impugnada en amparo, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en relación a REVOCAR el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo en audiencia inicial en contra de la encausada Delmy Elizabeth López Paz, sin la debida observancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba y en franca inobservancia de los presupuestos contenidos en el precepto 141 y 202 de la norma procesal penal aplicable, ha vulnerado la garantía genérica del debido proceso, en perjuicio del recurrente en amparo, sin perjuicio de señalar que en esta etapa del proceso, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausada ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el Juzgador, no obstante a ello por imperativo legal, el juzgador deviene obligado en establecer la concurrencia de evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales que el imputado es autor o cómplice, a efecto de poder decretar el auto de prisión y ello deriva de una correcta y adecuada valoración armónica y en su conjunto de la prueba propuesta en la audiencia de inicial, en orden a mantener la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución de la República consagra en favor del imputado.Siendo evidente la inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, asimismo la inobservancia de disposiciones de la ley adjetiva penal, en la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al revocar el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo en audiencia inicial se ha vulnerado en perjuicio de la recurrente, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. En virtud de lo cual la decisión del ad quem es contraria a la ley, debiéndose por tanto amparar al Estado de Honduras de acuerdo con la petición del Ministerio Público. Que por todas las razones de hecho y derecho desplegadas en el libelo de este fallo, procede declarar CON LUGAR la acción constitucional invocada por el recurrente, al advertir esta Sala de lo Constitucional, que el dictado de la Resolución de fecha veintiséis de febrero del dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, vulnera la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; quebrantando la resolución impugnada lo dispuesto en el artículo 141, 202 y 297 del Código Procesal Penal, preceptos procesales penales que establecen las reglas de valoración de la prueba.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 202 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 296 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 297 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la honorable Corte de Apelaciones penal del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró ha lugar el recurso de apelación y revoca el auto de formal procesamiento de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de letras penal del departamento de Francisco Morazán. Esto en relación con la causa instruida contra la señora DELMY ELIZABETH LÓPEZ PAZ, por suponerla responsable de los delitos de TRÁFICO DE INFLUENCIAS y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Estima la amparista que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES1. En fecha treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, el abogado ISAIAS OLIVA PALMA, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra la señora DELMY ELIZABETH LÓPEZ PAZ, por suponerla responsable de los delitos de TRÁFICO DE INFLUENCIAS y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.2. En fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en la continuación de la audiencia inicial, el juzgado de letras antes citado resolvió decretar: “AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra la abogada DELMY ELIZABETH LÓPEZ PAZ, por considerar posible autora del delito de TRÁFICO DE INFLUENCIAS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DICTAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la abogada DELMY ELIZABETH LÓPEZ PAZ, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la Administración Pública.” 3. En fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la Corte de apelaciones penal del departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: “1) Declarar por mayoría de votos habiendo disentido la magistrada integrante Sandra Lizeth Avelar Rajo, HA LUGAR el recurso interpuesto por la parte defensora y en consecuencia REVOCAR el auto de formal procesamiento por TRÁFICO DE INFLUENCIAS dictado contra la imputada DELMY ELIZABETH LÓPEZ PAZ. 3) Por unanimidad, declarar NO HA LUGAR el recurso interpuesto por el fiscal del Ministerio Público. 4) Por unanimidad CONFIRMAR el SOBRESEIMINETO DEFINITIVO apelado. 4. La amparista, abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, compareció ante este alto tribunal de justicia, en fecha veintiuno de junio del año dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión de fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno dictada por el tribunal ad quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. 5. En fecha nueve de noviembre del año dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por recibido el escrito de formalización de la acción y ordenó seguir con el procedimiento, omitiendo dar vista al fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.I. Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. II. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado Hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos. III. Resumen de la formalización de la presente garantía, con relación a los alegatos del garantista, denunciando violación de los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. La fiscal en el momento de formalizar la presente garantía expresa que la decisión de revocar el auto de formal procesamiento a la señora DELMY ELIZABETH LÓPEZ PAZ contraviene los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución en relación con los artículos 141 y 338 del Código Penal. La fiscal señala que en la resolución que impugna se advierte una evidente incongruencia entre el razonamiento del ad quem y la prueba aportada en el proceso. Al respecto, señala que, al examinar dicha probanza, se aprecia que fueron acreditados los elementos de tipo penal, necesarios para atribuir la comisión de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencia a la encausada DELMY ELIZABEH LÓPEZ PAZ.Con relación al delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado en el articulo 349 numeral dos del Código penal, explica que dicho delito fue cometido por la hoy encausada DELMY ELIZABETH LÓPEZ PAZ, por haber señalado de manera oficiosa y en su condición de juez, audiencia preliminar en la causa penal conocida como caso Shalom.Para la fiscal, no corresponde dictar sobreseimiento, pues debe tomarse en cuenta que la finalidad de haber señalado de oficio el día y hora para la celebración de la audiencia preliminar es la que indica el testigo de cargo Ronal Banegas, quien afirmó que la encausada, la entonces juez DELMY ELIZABETH LÓPEZ PAZ le manifestó a él lo siguiente: “… su intención de sobreseer la causa incoada contra los señores Bonilla, manifestando que era incorrecto el domicilio establecido de uno de los imputados de la causa (hermanos Bonilla), por lo que había sido un error dictar auto de formal procesamiento y que en la preliminar iba a sobreseer dicha causa, …” La fiscal continúa señalando, que dicho testigo además declaró lo siguiente:“que la hoy encausada le manifestó que ella tenía presiones de su jefe, …”Tomando en cuenta esta declaración, la fiscal entonces indica que al examinar las diligencias se constata que la encausada señaló de oficio el día treinta y uno de julio del año 2014, como fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar; pero dos días antes del 29 de julio de 2014, remitió dicho expediente prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal, a la juez Liz María Ernestina Núñez de jurisdicción nacional del departamento de Francisco Morazán. Posteriormente la juez Liz María Ernestina Núñez, después de celebrar dicha audiencia preliminar, decretó sobreseimiento provisional y definitivo a favor de los imputados en mención. Por dicha acción la cual la juez Liz María Ernestina Núñez, fue condenada en juicio oral y público.La fiscal está consciente de que la entonces juez y ahora encausada Delmy Elizabeh López Paz, estaba facultada para fijar de oficio la audiencia preliminar, de conformidad con el artículo 300 del Código procesal penal, reformado mediante decreto legislativo 10-2017 y publicado en fecha 28 de junio de 2017. No obstante, la fiscal estima que con la declaración antes mencionada se acreditó que dicha actuación procesal fue utilizada con un fin contrario a la ley, ya que al concatenar todas las actuaciones de la imputada, no cabe duda de que su oficiosidad en el señalamiento de la audiencia preliminar, responde a un plan preconcebido en su afán de favorecer a los encausados de la causa penal conocida por su persona.La fiscal señala como evidente, el resultado pretendido por la acusada respecto a los procesados Bonilla, el cual fue ejecutado por la nueva juez conocedora de la causa en referencia. La fiscal reafirma esta pretensión de la encartada Delmy Elizabeh López Paz, con la prueba consistente en una conversación telefónica, en la cual, la acusada Delmy López le refiere a la juez Liz María Núñez que el presidente de la Corte Suprema de Justicia en aquel momento, le había autorizado sobreseer la causa, decretando sobreseimiento provisional y definitivo a favor de los señores Bonilla; de ahí, que para la fiscal resulta probado que: “…el señalamiento de oficio de la audiencia preliminar realizado por la hoy encausada DELMY ELIZABET LÓPEZ PAZ se deriva de un actuar ilegal, un móvil de naturaleza dolosa en la conducta descrita por el Ministerio Público”La fiscal manifiesta que su posición no se trata de un análisis subjetivo, como aduce el ad quem, sino que, por el contrario, la prueba evacuada evidencia que la resolución emitida por dicha juzgadora fue realizada con dolo, con el ánimo de favorecer a terceros.La fiscal aduce que no se desconoce que la ley le permite al juez, el señalamiento de audiencia preliminar, pero no se puede soslayar que tal facultad es otorgada para garantizar que en el desarrollo de proceso se observen las garantías constitucionales y procesales que garanticen su legalidad y no como ocurre en el presente caso, donde las acciones de la acusada estaban encaminadas a realizar una acción contraria a la ley con el afán de generar consecuencias materiales en perjuicio de la correcta administración de justicia, razón por la cual se estima que su conducta se enmarca en el tipo penal de abuso de autoridad.La fiscal respecto al delito de tráfico de influencias reprocha que el tribunal de alzada no consignó en su resolución, las razones jurídicas que justifican la conducta ilícita reprochada a la hoy encausada. Para su configuración la encausada ostenta la calidad de funcionaria o servidora pública, pues al momento de los hechos, ostentaba el cargo de juez de jurisdicción nacional en el departamento de Cortés; asimismo dicha mantenía una relación personal con la juez Liz Ernestina Núñez a través de quien se favoreció a un tercero (imputados Carlos Roberto Bonilla y Dennys Dodany Bonilla). Esto lo afirma, de acuerdo con la prueba documental consistente en la transcripción de la comunicación telefónica sostenida entre la hoy imputada y la juez Liz María Ernestina Núñez, así como las incidencias con relación a la causa penal remitida por su persona, para lo cual resulta de relevancia señalar las siguientes: “1. En fecha 20 de enero del año 2015, la abogada Liz María Núñez se comunica con la acusada Delmy López comunicándole que el expediente se lo había llevado Dariela y ni siquiera había examinado la resolución que había dado la corte de apelaciones, que aún no habían llegado al juzgado, que le iba a revisar y le avisaría porque estaba preocupada. La abogada Delmy le manifiesta que ella tenía que revisar la resolución porque era quien la había dictado. 2. En fecha 10 de diciembre de 2014, se comunicó la abogada Liz María con la acusada Delmy López manifestándole que había encontrado el expediente y comentándole que había llegado el fiscal Ronal a reclamarle cuando iba a dictar el auto de formal procesamiento. Y que si volvían a dictar sobreseimientos denunciaría a las magistradas, y la abogada Liz María le manifestó a Delmy como le había dicho anteriormente no quiero problemas, así mismo Liz María le comenta a Delmy que el presidente de la Corte le llamó preguntando que si era cierto que le había ayudado con un expediente y lo había hecho porque Delmy le manifestó que el presidente le había autorizado a Delmy, contestándole el presidente que no se acordaba de eso, Delmy le manifiesta a Liz María que estaba autorizada. 3. En comunicación de fecha 22 de enero de 2014, el presidente de la Corte Jorge Rivera Avilés… La jueza Liz María refirió que fue un error no haberle llamado como otras veces y que sinceramente le creyó a Delmy. 4. ¿En fecha 22 de enero de 2015, se comunicó la abogada Delmy con Liz María comentándole que estaba estresada por aquel y le pregunta Delmy, ¿qué pasó? Mire que el presidente ya me ordenó para que le de vuelta a todo eso y la fiscalía presentó reposición de lo que nosotras habíamos hecho y que se lo mandara todo a juicio y por esa razón le estaba avisando para que no se llevaran una sorpresa, porque bien sabia que el presidente era el jefe y que no le podía decir que no, y la acusada Delmy le pregunta a Liz María¿ Por qué cambio de parecer? Liz María le contesta que no quiere tener problemas con Teodoro y que había tenido la intención de ayudarlo.”Conforme a lo anterior, la fiscal manifiesta que tales intervenciones telefónicas, concatenadas con la declaración del testigo Ronal Banegas, a quien la hoy imputada Delmy Elizabeth López le manifestó su intención de sobreseer la causa sometida a su conocimiento, resulta evidente que todas las actuaciones de la hoy encausada, antes y después de que se decretaran los sobreseimientos a los señores Bonilla, fue con el propósito de favorecerlos. Asimismo, junto con el hecho de que, según las investigaciones, ellos son parientes del entonces concejal Teodoro Bonilla, tal como se extrae de las intervenciones telefónicas que evidencian que la encausada Delmy Elizabeth López, prevaliéndose de la relación tanto laboral como personal con la juez Liz María Ernestina Núñez, influyó en ésta, con el ánimo de obtener la resolución pretendida por su persona (sobreseimientos decretados a favor de los señores Bonilla).Es decir, no cabe duda que la encausada tenía pleno conocimiento de la resolución que decretaría la juez Liz María, a quien ella dos días antes de la audiencia preliminar, le turnó la causa, con el fin de obtener un beneficio como ser la obtención de dichos sobreseimientos, es así que se extrae de la intervención telefónica que la encausada mantuvo una comunicación constante con la juez Liz María en relación con la causa sobreseída; así como también, se infiere que ésta, había hablado con el expresidente Jorge Rivera Avilés y abogado Teodoro Bonilla en favorecerlo. Asimismo, la juez Liz establece en su comunicación con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, que: “fue un error no haberle llamado como otras veces y que sinceramente le creyó a Delmy E López”. Con todo lo expuesto la fiscal manifiesta:“De ahí que para la consumación del delito de tráfico de influencias basta con la celebración del pacto ilegal de intercesión para que el delito se configure, no siendo necesario que el autor lo haga efectivo, en definitiva, se exige la integración armoniosa y conjunta de las declaraciones de voluntad de las partes, esto es una conformidad entre la aceptación y la oferta, basta invocar las influencias y recibir el donativo o la promesa de ventaja, con el ofrecimiento de interceder ante el funcionario o servidor público, para que el injusto quede configurado. Dicho esto, el TRÁFICO de influencias se presenta como un delito de mera actividad y peligro abstracto. En cuanto al objeto del delito debemos señalar que la influencia real es efectiva y existe cuando el agente delictual tiene el poder para influir sobre la voluntad del funcionario o servidor público.”La amparista entonces concluye que el fallo en estudio no se encuentra dictado de conformidad a derecho, quedando evidenciado que la argumentación de la alzada no resulta coherente, pues su fallo no se encuentra sustentado en inferencias de la prueba. En virtud de lo cual, la fiscal encuentra que la motivación probatoria y jurídica de la decisión del tribunal ad quem responde a apreciaciones erróneas y arbitrarias, que producen la inobservancia a las exigencias del debido proceso y del principio de legalidad. Sin tomar en cuenta la prueba que debió considerar, por lo que se acude en amparo para que este máximo tribunal ordene al ad quem que dicte una resolución siguiendo los requisitos, formalidades y exigencias impuestas por la ley, tomando en consideración toda la prueba que el Ministerio Público aportó con el fin de cumplir con los requisitos esenciales, exigidos por el articulo 92 constitucional para decretar el auto de formal procesamiento; y continuar con el proceso hacia la etapa del juicio oral y público.IV. Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La sentencia dictada por la honorable Corte de apelaciones de lo penal del departamento de Francisco Morazán, tuvo por acreditado los elementos de tipo del delito de abuso de autoridad, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 349 numeral dos del Código penal, que en su texto dice “… será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión al funcionario o empleado público que… 2) dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la constitución de la Republica o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos…”En dicha sentencia, se llama a observar el folio 154 de las diligencias, específicamente la resolución que en efecto señala de oficio el día jueves treinta y uno de julio del dos mil catorce, para la celebración de la audiencia preliminar, observándose que ya en ocasiones anteriores, había sido señalada y suspendida dicha audiencia a solicitud del Ministerio Público.Señala la corte de apelaciones que dicha resolución de la jueza se fundamenta en el artículo 300 del Código procesal penal, y que, el referido precepto expresamente indica la facultad del juez para actuar de oficio y fijar día y hora para la celebración de la audiencia preliminar. Luego, señala que es necesario determinar, si esa facultad conferida al juez por la ley, se cumplió en este caso particular, con el fin perseguido por la ley. Señala que para ello debe examinarse la prueba evacuada en el proceso. En este sentido, comienza con la declaración rendida por el testigo de cargo Ronal Banegas, éste estableció que la encausada DELMY ELIZABETH LÓPEZ PAZ le manifestó su intención de sobreseer la causa incoada contra los señores Bonilla, y que había sido un error dictar auto de formal procesamiento, por lo que en la preliminar iba a sobreseer dicha causa. ya que al concatenar todas las actuaciones de la imputada no cabe duda que su oficiosidad en el señalamiento de la audiencia preliminar, responde a un plan preconcebido en su afán de favorecer a los encausados de la causa penal conocida por su persona, al resultar más que evidente lo pretendido por la acusada respecto a los procesados Bonilla, fue ejecutado por la nueva juez conocedora de la causa en referencia, con quien sostuvo una conversación telefónica en la cual la acusada Delmy López le refiere a la juez Liz María Nuñez que el presidente de la Corte Suprema de Justicia en aquel momento, Jorge Rivera Aviléz, le había autorizado sobreseer la causa, decretando sobreseimiento provisional y definitivo a favor de los señores Bonilla; razón por la cual no se actuó por parte de la jueza conforme a la norma procesal antes citada. Que respecto al injusto Penal imputado por el Ministerio Público, la sala de lo penal ha señalado que lo que se trata de proteger es el correcto funcionamiento de la Administración. De aquí que consideren que los delitos de Abuso de Autoridad no son delitos de resultado sino de mera actividad, que se consuma con solo poner en riesgo el bien jurídico protegido que en este caso es la Administración Pública y consiste según Carlos Fontan Balestra en su libro de derecho Penal Parte especial, que los delitos contra la Administración Publica, “..en garantizar la regularidad y la legalidad de los actos de los funcionarios en las actividad propias de su cargo..” y continua Balestra”… el hecho puede constituir tanto en dictar resoluciones u ordenes contrarias a las constituciones o las leyes…o en no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbe al actor… Las ordenes suponen que se encomienda a un órgano funcional el cumplimiento de esa Voluntad… el delito se consuma con la acción o la omisión, según se trate de dictar o ejecutar resoluciones u ordenes, o de no ejecutar las leyes, sin que se requiera la producción de daño ni la obtención de provecho alguno. Precisamente es esa la característica del abuso genérico de Autoridad” Con Relación al delito de TRÁFICO DE INFLUENCIAS el Código Penal señala: El funcionario o empleado Público que influya en otro funcionario o empleado Púbico prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este o con otro funcionario o empleado para conseguir una resolución que le pueda generar directamente un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza para si o para un tercero, incurrirá en las penas de reclusión de cuatro (4) a Siete(7) años más una multa de Cien Mil (L.100,000.00) A CIENTO CINCUENTA MIL Lempiras (L.150,000.00) e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión. Si obtiene el beneficio perseguido la reclusión será de seis (6) a nueve (9) años, la multa igual al doble del beneficio obtenido y la inhabilitación de cinco(5) a ocho(8) años.” El precepto citado sanciona quien pueda incidir en la voluntad de un funcionario o autoridad para adoptar una decisión con respecto a un asunto bajo su cargo, no la simple recomendación que pudiera hacerse, lo que sanciona es la influencia prevaleciéndose de una situación de superioridad, ya sea de orden jurisdiccional administrativo y con ello amenazando en caso como el que nos ocupa la independencia judicial. Igual la influencia puede resultar de una relación personal, en ambos casos conlleva un ataque a la libertad del funcionario o autoridad que tiene que adoptar en el ejercicio de su cargo, una decisión introduciendo en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos. De lo actuado no encuentra ese tribunal que se cuente con elementos probatorios suficientes que indiquen la posible participación a titulo de autor del delito por parte de la imputada, específicamente algunos fragmentos telefónicos entre la imputada y la juez Liz María Ernestina Núñez y de esta con el Vicepresidente del Consejo de la Judicatura e incluso el fragmento de la conversación del expresidente de la corte suprema de justicia con la abogada Liz María no evidencia los aspectos descritos en el requerimiento fiscal, como la supuesta planificación entre Teodoro Bonilla Euceda y la Jueza Delmy Elizabeth López Paz o que por medio de una relación personal y Jerárquica se sirviera para ejercer influencia en la juez Liz María Ernestina Núñez, ni siquiera cual es exactamente es la influencia de la Jueza López Paz sobre su compañera y que tan efectiva pudiera ser la misma, para atentar como se ha dicho antes contra la independencia Judicial. Concluyendo la Alzada que, respecto al delito de abuso de autoridad, no puede inferirse la participación que la abogada Delmy Elizabeth López, pues los indicios a que alude el Ministerio Público son: que la jueza señaló día y hora para la audiencia preliminar, y que posteriormente se trasladó el proceso mediante auto a la abogada Liz María Ernestina Núñez, no obstante existir fragmentos de comunicaciones telefónicas entre ambas en que se hace referencia a determinada resolución; y, otras circunstancias del expediente en mención. Sin embargo, concluye la corte apelaciones, no existe un indicio lo suficientemente fuerte que indique que la juez presionó a su compañera para obtener una resolución que favorecería a los parientes del vicepresidente del Consejo de la Judicatura; así mismo, que lo que si se desprende es la preocupación de la jueza Liz María Ernestina Núñez para quedar bien con el vicepresidente del Consejo de la Judicatura o hacer saber al referido miembro y pariente que hizo todo lo posible para ayudarlo.V. Voto particular en disenso de la magistrada integrante Sandra Lizeth Avelar Rajo.En su voto particular la magistrada integrante Sandra Lizeth Avelar Rajo establece que de la prueba se derivan varios aspectos que permiten inferir que efectivamente Delmy Elizabeth López Paz influyo en su compañera y amiga Juez Liz María Núñez para que emitiera una resolución en favor del pariente de su amigo y a la vez Concejal en aquel entonces, Teodoro Bonilla, si bien Delmy no constituye superior Jerárquica de Liz María, si existía entre ellas una relación de amistad laboral que le permitió ejercer sobre su amiga, alguna influencia al momento de emitir su resolución, De acuerdo a los antecedentes se colige, que el expediente mediante el cual se favoreció a un tercero, estaba asignado a Delmy López, quien de oficio acelero la tramitación de la causa señalando fecha para la celebración de la audiencia preliminar pero además sin justificación suficiente pues ella tenia el control de su agenda y de las fechas señaladas para audiencia, lo turno y asigno el expediente para que continuara con la sustanciación del mismo, a su amiga y compañera Liz María Núñez, después de haberle manifestado al fiscal del despacho que tenia presiones para resolver el mismo; además de una conversación telefónica entre ellas, Delmy le refiere a Liz María que el Presidente de la Corte Suprema en aquel entonces le había autorizado sobreseer la causa y se manifiesta extrañada cuando Liz María le dice que a ella le había dicho lo contrario. Ver la conversación telefónica de fecha 21 de enero de 2015( folio 81 vuelto,82) ambas comienzan hablar sobre el sobreseimiento decretado y la resolución de la Corte de Apelaciones y Liz María ante la sugerencia de Delmy que mande el expediente de nuevo, le dice que tal como le había dicho antes ella no quería problemas y que ella no se iba a meter en problemas porque además el presidente de la Corte le cuestiono porque le había ayudado a Delmy con un expediente y ella le dijo que ella le había manifestado que él lo había autorizado” ( A folio vuelto) en conversación entre el presidente de la Corte Suprema y Liz María, se desprende que este le dice que cuidado se deja influenciar de nuevo por Delmy y que esta se ha aprovechado de ella utilizando su nombre y diciéndole que el esta enterado. . De todas esas conversaciones se desprende que DELMY LOPEZ PAZ influyo en Liz Maria Núñez para que Dictara sobreseimiento y asi se desprende de sus conversaciones cuando le dice que el presidente le había autorizado a ella(Delmy) el sobreseimiento y por eso le dijo a ella, después se sorprende cuando Liz María le cuenta que ella le dijo otra cosa; además que se desprende que es Delmy López quien era la amiga de Teodoro Bonilla y que es a través de ella que Liz maría se comunica con él; es a ella quien le explica la causa y la contra resolución que emitirá afectando a los parientes de Teodoro Siguiendo instrucciones y que no quiere que ellos piensen otra cosa, llama la atención que a pesar de que Delmy ya no tiene el expediente a su cargo, sigue entendiéndose del curso del mismo y muestra un interés anormal sobre su tramitación y se involucra en todas las resoluciones emitidas por la Juez. cuando la experiencia Laboral nos enseña que una vez que un expediente deja de estar bajo nuestra tutela, nos desentendemos del mismo precisamente por la abundante carga laboral existente, de igual manera consta a folio 236 la declaración del testigo Ronald Evelio Banegas quien señalo que Delmy le había manifestado que tenia presiones sobre ese expediente y que había cometido un error al dictar auto de formal procesamiento en audiencia inicial, pero que en audiencia preliminar iba sobreseer la causa (folio238 vuelto). Narro que Delmy también le planteo que se reuniera con Teodoro Bonilla y el presidente de la Corte Suprema, pero el le dijo que no podía hacerlo. En la audiencia preliminar el caso lo resuelve Liz María y sobresee la causa; a preguntas refirió que Delmy le dijo que iba a sobreseer y que se había reunido con Teodoro y el Presidente después de la audiencia Inicial, hasta después ellos descubrieron el parentesco de los acusados con Teodoro; que Delmy después de celebrada la audiencia inicial le manifestó claramente que tenia la intención de sobreseer la causa y que lo haría fundamentándose en error en el domicilio de la persona, y porque el arma encontrada no era de esa persona. De lo anterior aprecia el voto Disidente que ya Delmy le había adelantado al testigo Ronald su intención de sobreseer la causa, es decir ya le había dejado en claro cual seria su postura y Liz María siguiendo esa misma línea actúa según lo propuesto o sugerido por Delmy.. Tanto de las intervenciones, como del testigo se desprende que evidentemente la acusada Delmy López influyo en Liz María , , Además de las mismas intervenciones el Presidente le comenta a Liz María que ella se ha dejado influenciar de Delmy a lo que ella asiente. concluyendo el Aquem en su voto que concurren los elementos indiciarios suficientes para declarar no ha lugar al recurso de apelación interpuesto y confirmar el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo.VI. Examen practicado por la Sala sobre la presunta violación de los artículos constitucionales invocados.Esta Sala de lo Constitucional analizando los argumentos vertidos en relación a la vulneración del debido proceso por la inobservancia del artículo 92 constitucional, deviene en la necesidad de señalar que al respecto es jurisprudencia emanada de este Alto Tribunal que la disposición constitucional contenida en el artículo 92, es desarrollada en el Código Procesal Penal, en sus artículos del 294 al 299, los cuales se refieren precisamente a los requisitos materiales que debe reunir el auto de formal procesamiento, o en su defecto el sobreseimiento definitivo o provisional. En ese orden de ideas y conforme a la sentencia AP-0369-2016 dictada el 22 de noviembre del año 2016, el artículo 92 constitucional reformado sólo exige evidencia probatoria de la existencia de un delito; no siendo por tanto exigible la plena prueba de la existencia del delito, como antes lo hacia el texto original del artículo 92 constitucional. De manera que, dice la referida sentencia, con la reforma constitucional, el constituyente derivado ha relevado al Ministerio Público de acreditar con certeza y sin duda posible los elementos objetivos y subjetivos de tipo. Más adelante la referida sentencia dispone que:“… el juez de letras debe dictar el auto de formal procesamiento, salvo que se acredite en forma plena, evidente e incontrastable de que: a) el hecho no existió; b) que éste no se encuentra tipificado como delito; o c) que se haya extinguido la acción penal. En todos estos casos deberá dictar el sobreseimiento definitivo, de conformidad a lo que establece el artículo 296 del Código Procesal Penal.” La Sala en la referida sentencia indica, que el juez a quo para dictar auto de sobreseimiento definitivo, debe tener la plena certeza de la concurrencia de las causales mencionadas.Por lo que en este caso, al revocar el ad quem el auto de formal procesamiento dictado por el a quo en contra de la procesada Delmy Elizabeth López Paz, es necesario demarcar los elementos del tipo penal y no sólo limitarse a enunciar que no existe la concurrencia de los mismos. Es importante en este punto indicar, que la motivación externada por el tribunal de alzada en cuanto a ambos delitos, no cumple con los lineamientos establecidos en la doctrina, a efecto de evidenciar que la valoración de la prueba ha cumplido con las exigencias de la sana crítica que establece la ley, lo que implica que como no se concreta legalmente el contenido de esas reglas de la sana crítica, el órgano sentenciador ha de esforzarse por demostrar en su sentencia que las aplicadas por él responden a un sentir generalizado en su comunidad.El artículo 296 del Código procesal penal establece en numerus clausus los supuestos en los cuales se podrá dictar un sobreseimiento definitivo. En ese orden de ideas, en caso de no proceder el dictado de un sobreseimiento definitivo el artículo 297 de la norma procesal preceptúa que el juez resolverá, según corresponda: 1) Dictar auto de prisión; y 2) Declarar al reo imputado cuando se trate de delitos que no merezcan pena de privación de la libertad. Para decretar el auto de prisión el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. Como en líneas anteriores se dijo, con la reforma sufrida en el precepto 92 constitucional, invocado como vulnerado por los recurrentes, no se precisa acreditar con certeza y sin duda posible los elementos objetivos y subjetivos de tipo, no obstante a ello, esto no es indicativo de libertad, a efecto que el órgano conocedor del proceso pueda dictar auto de formal procesamiento en todos los casos que sean sometidos a su conocimiento, pues ello debe marchar en concordancia con los demás elementos exigibles para el respeto de un debido proceso, como ser la valoración en forma conjunta y armónica de toda la prueba producida, que lleven a la convicción del por qué ha llegado a una determinada conclusión y no a otras, como bien lo señala la doctrina. De acuerdo a los antecedentes se colige que el expediente mediante el cual se favoreció a un tercero, estaba asignado a Delmy López, quien de oficio acelero la tramitación de la causa señalando fecha para la celebración de la audiencia preliminar pero además sin justificación suficiente pues ella tenia el control de su agenda y de las fechas señaladas para audiencia, lo turno y asigno el expediente para que continuara con la sustanciación del mismo, a su amiga y compañera Liz María Núñez, después de haberle manifestado al fiscal del despacho que tenia presiones para resolver el mismo; además de una conversación telefónica entre ellas, Delmy le refiere a Liz María que el Presidente de la Corte Suprema en aquel entonces le había autorizado sobreseer la causa y se manifiesta extrañada cuando Liz María le dice que a ella le había dicho lo contrario. ver las conversaciones telefónicas. (folio 81 vuelto, al 90 de expediente de mérito) Así mismo el testigo Ronald Banegas manifestó claramente que la Juez Delmy López tenía la intención de sobreseer la causa y que lo haría fundamentándose en error en el domicilio de la persona, y porque el arma encontrada no era de esa persona. Por lo que el órgano Sentenciador debe estimar de forma conjunta la declaración del testigo Ronald Banegas en los hechos, las conversaciones telefónicas, tanto las actuaciones previas y posteriores de la acusada, con los señores Liz María Núñez y Teodoro Bonilla. “El articulo 369-A del código penal establece que incurre en el delito de TRÁFICO de influencias el funcionario Público que influya en otro funcionario prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza para si o para un tercero.” Como vemos, el tipo penal no exige que exista un acuerdo entre funcionarios, basta con que un funcionario influya en el ánimo de otro, para lograr prevaliéndose de su relación personal o profesional, que emita resolución conforme a sus intereses o de un tercero: La conducta típica consiste en ejercer influencia mediante la sugerencia, recomendación o indicación que unida a la presión moral este ejerce sobre otro funcionario o autoridad valiéndose de una relación de prevalimiento con el fin de conseguir una resolución que pueda generar un beneficio sea económico o de cualquier otra naturaleza al primero o a una tercera persona, directa o indirectamente. “Es necesario la concurrencia de estos requisitos: Influencia se trata de una influencia que la autoridad o funcionario (sujeto activo) debe ejercer sobre aquella autoridad o funcionario obligado a dictar una resolución. Se entiendo por tal la presión moral eficaz que se ejerce sobre la acción o decisión de otra persona que deriva de la relación personal (caso de autos), jerárquica que se tiene, posición status del influyente, y está orientada a obtener una resolución; la influencia he de ser idónea, pues con ella se altera el proceso resolutivo de la autoridad o funcionario influido, al introducir en ese proceso resolutivo intereses distintos a los públicos. Prevalimiento, es la situación en la que debe derivar esa influencia. La jurisprudencia del tribunal supremo ha determinado que para la subsunción en la conducta típica no basta con la mera influencia, sino que debe concurrir también el elemento típico esencial del prevalimiento a través de cualquiera de las tres formas señaladas en el tipo legal; el ejercicio de las facultades propias del cargo, una relación personal (de efectividad, parentesco, amistad, compañerismo) o bien una relación jerárquica. El prevalimiento puede ejercerse mediante relación personal directa pero también a través de persona interpuesta. La influencia debe estar dirigida a obtener una resolución beneficiosa económicamente o de cualquier otra naturaleza, El tipo penal se consumará con independencia de la obtención de esa resolución o de un efectivo beneficio económico, bastando con que se persiga esa finalidad. En este tipo penal no se castiga la conducta del funcionario o autoridad que se deja influenciar salvo que su actuación sea constitutiva de un delito. Este es un tipo penal especial puesto que el sujeto activo solo puede ser cometido por quien ostente la condición de empleado o funcionario Público. El sujeto pasivo lo será el funcionario Público o autoridad que resulten influenciados por la conducta típica del sujeto activo. El TRÁFICO DE INFLUENCIAS, es un delito eminentemente doloso que requiere el conocimiento por parte del autor del uso del prevalimiento y la voluntad de ejercer el mismo, así como el animo de conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza para si o para un tercero “. De la lectura de la resolución que se recurre en Amparo, este Alto Tribunal encuentra que la Alzada se olvidó de lo preceptuado en el artículo 202, en relación con el 297 del Código Procesal Penal. Ello en el orden de la valoración conjunta de la prueba y los presupuestos exigidos para el dictado de un auto de prisión; si bien en la audiencia inicial solo se requiere una minina actividad probatoria, pues en esta etapa del proceso no se requiere el determinar con certeza la participación del imputado en el hecho que se acusa, lo cierto es, que para dictar un auto de formal procesamiento conforme el requerimiento constitucional, se exige evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. Asimismo, entiende este Alto Tribunal que al tenor del supra indicado artículo 297, la referida Corte devenía obligada en motivar debidamente las razones tanto fácticas como jurídicas que la llevaron a REVOCAR el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo en contra de la procesada DELMY ELIZABETH LÓPEZ, es decir demarcar los elementos del tipo penal y no solo limitarse a enunciar que no existe la concurrencia de los mismos. Es importante en este punto indicar, que la motivación externada por el Tribunal de Alzada no cumple con los lineamientos establecidos en la doctrina a efecto de evidenciar que la valoración de la prueba haya cumplido con las exigencias de la sana crítica que establece la ley, lo que implica que como no se concreta legalmente el contenido de esas reglas de la sana crítica. “La valoración de la prueba es el proceso que tiene que realizar el tribunal para determinar si son ciertos los hechos afirmados por las partes, por haber quedado suficientemente probados o si no han quedado probados por no haber sido objeto de la prueba necesaria o adecuada –En la audiencia inicial bastará con una mínima actividad probatoria para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa- esa labor de valoración la realiza el juez mediante un estudio que hace de la prueba sustentándola en las leyes de la lógica, las reglas de psicología y la experiencia común. La prueba vertida en juicio es examinada mediante un razonamiento fáctico; se analiza la declaración del testigo, el contenido de un documento y luego cada elemento de prueba se confronta con una determinada máxima de experiencia para concluir si estos actos son creíbles o no lo son y, así se llega a la valoración de cada elemento de prueba.La Sala de lo Constitucional, al estudiar las presentes diligencias, estima procedente pronunciarse en los términos que a continuación se exponen. De principio, la Sala estima que, aunque la fiscalía en algún momento de su exposición externa que la corte de apelaciones no ha hecho valoración de prueba de cargo, es claro que dicho tribunal lo hace parcialmente, (al no valorar la prueba en forma conjunta, porque en lugar de apreciar la concurrencia del delito de abuso de autoridad y TRÁFICO de Influencias), confirmó el sobreseimiento definitivo del delito de abuso de autoridad dictado por el A-quo y ordenó dictar sobreseimiento definitivo por el delito de TRÁFICO de Influencias. En este sentido debe tomarse en cuenta que en esta etapa del proceso la calificación de los delitos que se subsumen en los hechos no es definitiva, de hecho, la calificación que hace el juez de letras es de tipo provisional y nada más se hace para determinar si existen los elementos necesarios para dar curso al proceso hasta el juicio oral y público. Asimismo, entiende este Alto Tribunal que al tenor del supra indicado artículo 297, la referida Corte devenía obligada en motivar debidamente las razones tanto fácticas como jurídicas que la llevaron a DICTAR UN SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO y revocar el auto dictado por el A-quo en contra de la procesada DELMY LÓPEZ PAZ, es decir demarcar los elementos del tipo penal y no solo limitarse a enunciar que no existe la concurrencia de los mismos. Es importante en este punto indicar, que la motivación externada por el Tribunal de Alzada no cumple con los lineamientos establecidos en la doctrina a efecto de evidenciar que la valoración de la prueba haya cumplido con las exigencias de la sana crítica que establece la ley, lo que implica que como no se concreta legalmente el contenido de esas reglas de la sana crítica, el órgano sentenciador ha de esforzarse por demostrar en su sentencia que las aplicadas por él responden a un sentir generalizado en su comunidad. Como secuela de lo anterior, podemos afirmar que, la resolución impugnada en amparo, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en relación a REVOCAR el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo en audiencia inicial en contra de la encausada Delmy Elizabeth López Paz, sin la debida observancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba y en franca inobservancia de los presupuestos contenidos en el precepto 141 y 202 de la norma procesal penal aplicable, ha vulnerado la garantía genérica del debido proceso, en perjuicio del recurrente en amparo, sin perjuicio de señalar que en esta etapa del proceso, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausada ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el Juzgador, no obstante a ello por imperativo legal, el juzgador deviene obligado en establecer la concurrencia de evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales que el imputado es autor o cómplice, a efecto de poder decretar el auto de prisión y ello deriva de una correcta y adecuada valoración armónica y en su conjunto de la prueba propuesta en la audiencia de inicial, en orden a mantener la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución de la República consagra en favor del imputado.Siendo evidente la inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, asimismo la inobservancia de disposiciones de la ley adjetiva penal, en la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al revocar el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo en audiencia inicial se ha vulnerado en perjuicio de la recurrente, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. En virtud de lo cual la decisión del ad quem es contraria a la ley, debiéndose por tanto amparar al Estado de Honduras de acuerdo con la petición del Ministerio Público. Que por todas las razones de hecho y derecho desplegadas en el libelo de este fallo, procede declarar CON LUGAR la acción constitucional invocada por el recurrente, al advertir esta Sala de lo Constitucional, que el dictado de la Resolución de fecha veintiséis de febrero del dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, vulnera la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; quebrantando la resolución impugnada lo dispuesto en el artículo 141, 202 y 297 del Código Procesal Penal, preceptos procesales penales que establecen las reglas de valoración de la prueba.PARTE DISPOSITIVA O FALLO.POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 90 párrafo primero, 92 reformado, 183, 303, 304 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 7, 9 No. 2, 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional;141,202,296 y 297 del Código Procesal Penal. FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha veintiséis de Febrero dos mil veintiuno por la honorable CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN mediante la cual sobreseyó en forma definitiva los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, con relación a la causa instruida contra la señora DELMY ELIZABETH LÓPEZ PAZ, por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. En consecuencia, ORDENA: A la honorable CORTE DE APELACIONES PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN, que restituya el derecho de debido proceso legal por vía de la tutela judicial efectiva, en estricto apego a derecho. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFÍQUESE.-