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Sentencia AP-636-15 — Registro 18022

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra resolución del Juzgado de Ejecución que ordenó la nulidad sobre actuaciones realizadas por la Defensa Privada y que se continúe con la ejecución de la sentencia que condenó al recurrente por suponerlo responsable del delito de Asesinato en perjuicio de víctima; La Autoridad recurrida denegó dicho recurso por improcedente en su trámite al ser contra una providencia de corrección de errores materiales de fecha doce de febrero de dos mil quince

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"de la Lectura del Amparo interpuesto por la Abogada BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ, si bien es cierto esta Sala no desconoce el contenido del artículo 162 del Código Procesal Penal, el que claramente establece que las partes podrán solicitar la reposición total o parcial de un plazo, cuando por defecto de la notificación o por fuerza mayor o caso fortuito, no haya podido observarse. Si bien está acreditado en autos que la recurrente en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil catorce (2014), acudió al Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, haciendo uso del derecho que le otorga el artículo 162 del Código Procesal Penal (Folio 74 de la pieza separada de amparo), dicho tribunal le ha denegado tal petición por incompetente, en vista que a esa fecha la pieza de autos ya había sido enviada al Juzgado de Ejecución de Comayagua, motivo por el cual la ahora recurrente acudió al referido Juzgado con la misma petición habiendo sido rechazada por dicho tribunal por incompetente. Esta Sala de lo Constitucional es del criterio que en todo caso el derecho que da el artículo 162 del Código Procesal Penal tuvo que haberse ejercido como inicialmente así fue ante el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque pero respetando los presupuestos que el mismo artículo señala que son por ejemplo, que esta solicitud se debió haber presentado ante el Tribunal de Sentencia por escrito, ya que en la instancia donde estaba haciendo uso del plazo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al momento que ceso la fuerza mayor o el caso fortuito, es decir que si la recurrente alega que tenía una incapacidad que a su vez le imposibilito hacer uso del derecho a recurrir la decisión del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, pues una vez finalizada su incapacidad cuarenta y ocho (48) horas posteriores, tuvo que haber hecho de conocimiento de dicho tribunal esta circunstancia, lo cual no aconteció así, porque la ahora recurrente en amparo presento este argumento antes de que se venciera precisamente el caso fortuito o la fuerza mayor, es decir el día veinticuatro (24) de septiembre de dos mil catorce (2014) cuando todavía supuestamente se encontraba incapacitada, por lo tanto, esa petición evidentemente era extemporánea ante el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque..."..."Como ya se mencionó ante esta circunstancia acudió posteriormente al Juzgado de Ejecución de Comayagua pidiendo esto mismo, sin embargo ya no era competente el referido Juzgado, en vista que el artículo 162 del Código Procesal Penal señala que este derecho debe de ejercerse en el Tribunal donde se pretenda hacer uso del plazo, es decir, en este caso en el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque y no en el Juzgado de Ejecución de Comayagua, en donde la pieza llego únicamente para proceder conforme a lo resuelto por el mencionado Tribunal de Sentencia, por Consiguiente esta Sala de lo Constitucional observa que no ha existido ninguna violación a los derechos constitucionales alegados como vulnerados por la recurrente por las razones antes expresadas, por lo que procede denegar la presente acción de amparo.

Legislación citada

Sentencia

C E R T I F I C A C I Ó N

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, treinta de enero de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ, a favor del señor JOSE MAURO PINEDA, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, que según el recurrente, fue emitida en fecha veintiséis (26) de abril del dos mil quince (2015), pero revisado que han sido los antecedentes, esta Sala pudo constatar que la misma, es de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil quince (2015), en la cual se declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución, que según la mencionada Corte de Apelaciones, fue dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha doce (12) de febrero del año dos mil quince (2015), pero revisado que han sido los antecedentes, esta Sala pudo constatar que la misma, fue dictada por el JUZGADO DE EJECUCION PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha dos (2) de febrero del año dos mil quince (2015); en la causa instruida contra el señor JOSE MAURO PINEDA, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio de la señora ROSA GONZALES GOMEZ.- Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1).- Que en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, departamento de Comayagua, la abogada MARIA MALDONADO MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor JOSE MAURO PINEDA, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio de la señora ROSA GONZALES GOMEZ. (Folios 1–25 de la sección del Juzgado de Letras, contenidas en los antecedentes de Primera Instancia). 2).- Que en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil trece (2013), el Juzgado antes citado, decretó Auto de Apertura a Juicio y remite las presentes diligencias al Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua; mismas que fueron recibidas por dicho Tribunal en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil trece (2013). (Folios 82–84 de la sección del Juzgado de Letras, y 2 de la sección del Tribunal de Sentencia, contenidas en los antecedentes de Primera Instancia). 3).- Que en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil catorce (2014), el Tribunal de Sentencias antes citado condenó al señor JOSE MAURO PINEDA, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de la señora ROSA GONZALES GOMEZ; remitiendo las presentes diligencias al Juzgado de Ejecución de Siguatepeque, departamento de Comayagua; mismas que fueron recibidas por dicho Juzgado en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil catorce (2014). (Folios 80–92 de la sección del Tribunal de Sentencia, y 2 de la sección del Juzgado de Ejecución, contenidas en los antecedentes de Primera Instancia). 4).- Que en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil catorce (2014), el citado Juzgado de Ejecución, procede a realizar el computo de la pena impuesta al señor JOSE MAURO PINEDA, por el delito de ASESINATO, en la cual establece: (SIC) “En virtud de lo antes expuesto el interno JOSE MAURO PINEDA GONZALES, cumplirá su pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSION, en fecha veintidós de abril del año dos mil treinta y ocho, (22/04/2038), …” Quedando las partes notificadas del mismo. (Folios 14 y 15 de la sección del Juzgado de Ejecución, contenida en los antecedentes de Primera Instancia). 5).- Que en fecha treinta (30) de enero de dos mil quince (2015), se presentó al Juzgado de Ejecución antes mencionado, el abogado MAXIMILIANO RUBI JIMENEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público (MP), presentando Escrito de Anulabilidad de Actuaciones Procesales, en el presente expediente, contra las actuaciones realizadas por la defensa, que corren agregados a folios diecinueve al cuarenta y dos (19–42) del expediente de mérito. (Folios 44–46 de la sección del Juzgado de Ejecución, contenida en los antecedentes de Primera Instancia). 6).- Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha dos (2) de febrero de dos mil quince (2015), el citado Juzgado de Ejecución, dictó Resolución mediante la cual Resolvió: (SIC) “1.-) Declarar CON LUGAR lo solicitado por el fiscal del despacho en representación del Ministerio Publico. 2.-) ORDENAR LA NULIDAD sobre LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA ABOGADA BRENDA YANETH CRUZ HERNANDEZ, defensora privada del sentenciado JOSE MAURO PINEDA GONZALES correspondiente a los folios DIECINUEVE (19) AL CUARENTA Y DOS (42) del expediente de mérito. 3.-) Así mismo que se continúe con la ejecución de la sentencia de fecha diecinueve de junio del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencias en contra del señor JOSE MAURO PINEDA GONZALES por el delito de ASESINATO en perjuicio de ROSA GONZALEZ GOMEZ a la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSION.” (Folios 47 y 48 de la sección del Juzgado de Ejecución, contenida en los antecedentes de Primera Instancia). 7).- Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la abogada BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ, en su condición de apoderada legal del señor JOSE MAURO PINEDA, en fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil quince (2015), la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, Falló: (SIC) “… Declarando SIN LUGAR POR IMPROCEDENTE EN SU TRAMITE el recurso de Apelación que ha planteado la abogada BRENDA YANETH CRUZ HERNANDEZ contra UNA PROVIDENCIA DE CORRECCION DE ERRORES MATERIALES DE FECHA DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.-”. Sin embargo, revisado que han sido los antecedentes, esta Sala pudo constatar que la mencionada resolución vista en apelación, es de fecha dos (2) de febrero del año dos mil quince (2015), que se deja relacionada en el numeral anterior. (Folios 12–16 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia). 8).- Que la abogada BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal en fecha treinta (30) de junio de dos mil quince (2015), interponiendo acción de amparo a favor del señor JOSE MAURO PINEDA, contra la Sentencia de fecha veintinueve (29) de abril del dos mil quince (2015), por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República; pero al haber revisado la pieza de autos remitidos por el Ad-Quem, esta Sala advirtió que la fecha del acto reclamado que establece la recurrente, es la fecha en la que se desestima un recurso de reposición, a lo que la presente Sala Dispuso: (SIC) “… que previo a que se emita pronunciamiento sobre la admisión del recurso objeto de examen, conceder a la recurrente el plazo de tres (3) días hábiles, para que corrija su demanda ajustándose a los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley sobre Justicia constitucional, específicamente el numeral 3), indicando con claridad el acto reclamado en amparo.” (Folios 1–30 del Presente Recurso). 9).- Que tras su subsanación, la abogada BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ, establece que dicha acción de amparo, es contra la Sentencia que según el recurrente, fue emitida en fecha veintiséis (26) de abril del dos mil quince (2015), pero revisado que han sido los antecedentes, esta Sala pudo constatar que la misma, es de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil quince (2015). (Folios 32–38 del Presente Recurso). 10).- Que en fecha tres (3) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 64 del Presente Recurso). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la abogada BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ, a favor del señor JOSE MAURO PINEDA, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, que según el recurrente, fue emitida en fecha veintiséis (26) de abril del dos mil quince (2015), pero revisado que han sido los antecedentes, esta Sala pudo constatar que la misma, es de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil quince (2015), en la cual se declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución, que según la mencionada Corte de Apelaciones, fue dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha doce (12) de febrero del año dos mil quince (2015), pero revisado que han sido los antecedentes, esta Sala pudo constatar que la misma, fue dictada por el JUZGADO DE EJECUCION PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha dos (2) de febrero del año dos mil quince (2015); en la causa instruida contra el señor JOSE MAURO PINEDA, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio de la señora ROSA GONZALES GOMEZ. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Recurrente considera que existe una vulneración al derecho de defensa, al señalar que en la causa penal de mérito, se debía de interponer el Recurso de Casación teniendo como fecha máxima para presentarlo el veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce (2014), sin embargo refiere que desde el trece (13) de septiembre de dos mil catorce (2014) empezó a tener problemas de salud obteniendo una incapacidad, complicándose más su salud, al grado que en fecha veinte de ese mismo mes y año la incapacitaron por un mes, la cual vencía el veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014), por tal razón y tomando en cuenta que reside en Tegucigalpa y ese recurso lo interpondría en Siguatepeque y al no poderse haber trasladado por su estado delicado de salud, se comunicó con el referido tribunal el día veinticuatro (24) de septiembre de dos mil catorce (2014), contestándole la Secretaria que lo mejor era que presentara una excusa porque ese expediente está listo para enviarlo al Juzgado de Ejecución. Por esa razón envío a una persona a que fuera a dejar un escrito en el cual solicita la Reposición de Termino en base al artículo 162 del Código Procesal Penal, pero resulta que el expediente ya había sido enviado al Juzgado de Ejecución, sin haber transcurrido veinticuatro (24) horas de haberse vencido el plazo que tenía para interponer la casación. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional (folio 64 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que de la Lectura del Amparo interpuesto por la Abogada BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ, si bien es cierto esta Sala no desconoce el contenido del artículo 162 del Código Procesal Penal, el que claramente establece que las partes podrán solicitar la reposición total o parcial de un plazo, cuando por defecto de la notificación o por fuerza mayor o caso fortuito, no haya podido observarse. Si bien está acreditado en autos que la recurrente en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil catorce (2014), acudió al Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, haciendo uso del derecho que le otorga el artículo 162 del Código Procesal Penal (Folio 74 de la pieza separada de amparo), dicho tribunal le ha denegado tal petición por incompetente, en vista que a esa fecha la pieza de autos ya había sido enviada al Juzgado de Ejecución de Comayagua, motivo por el cual la ahora recurrente acudió al referido Juzgado con la misma petición habiendo sido rechazada por dicho tribunal por incompetente. Esta Sala de lo Constitucional es del criterio que en todo caso el derecho que da el artículo 162 del Código Procesal Penal tuvo que haberse ejercido como inicialmente así fue ante el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque pero respetando los presupuestos que el mismo artículo señala que son por ejemplo, que esta solicitud se debió haber presentado ante el Tribunal de Sentencia por escrito, ya que en la instancia donde estaba haciendo uso del plazo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al momento que ceso la fuerza mayor o el caso fortuito, es decir que si la recurrente alega que tenía una incapacidad que a su vez le imposibilito hacer uso del derecho a recurrir la decisión del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, pues una vez finalizada su incapacidad cuarenta y ocho (48) horas posteriores, tuvo que haber hecho de conocimiento de dicho tribunal esta circunstancia, lo cual no aconteció así, porque la ahora recurrente en amparo presento este argumento antes de que se venciera precisamente el caso fortuito o la fuerza mayor, es decir el día veinticuatro (24) de septiembre de dos mil catorce (2014) cuando todavía supuestamente se encontraba incapacitada, por lo tanto, esa petición evidentemente era extemporánea ante el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque. CONSIDERANDO NUEVE (9): Como ya se mencionó ante esta circunstancia acudió posteriormente al Juzgado de Ejecución de Comayagua pidiendo esto mismo, sin embargo ya no era competente el referido Juzgado, en vista que el artículo 162 del Código Procesal Penal señala que este derecho debe de ejercerse en el Tribunal donde se pretenda hacer uso del plazo, es decir, en este caso en el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque y no en el Juzgado de Ejecución de Comayagua, en donde la pieza llego únicamente para proceder conforme a lo resuelto por el mencionado Tribunal de Sentencia, por Consiguiente esta Sala de lo Constitucional observa que no ha existido ninguna violación a los derechos constitucionales alegados como vulnerados por la recurrente por las razones antes expresadas, por lo que procede denegar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 183, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 6, 7, 8, 9.2, 41, 54, 56 y 119 demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 162 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-636-2015.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONALJP