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Sentencia AP-628-23 — Registro 18544

Resumen

Contra resolución que declara sin lugar las excepciones y nulidades plantadas en el proceso incoado contra impetrantes por los delitos de Fraude, Cohecho Facilitación para el lavado de activos en perjuicio de la Administración Pública y la Economía del Estado de Honduras ,señalando éstos que imputación del cohecho puede equipararse al delito de enriquecimiento ilícito, el cual exige una auditoria previa del Tribunal Superior de Cuentas antes de presentar cualquier acusación penal y la despenalización de la conducta. La Sala Constitucional considera en virtud de No haberse agotado previamente el procedimiento correspondiente ante el Tribunal Superior de Cuentas, La despenalización de la conducta de Facilitación para el Lavado de Activos. En consecuencia: Se ordena la restitución del derecho al debido proceso por vía del derecho de defensa, igualdad y principio de legalidad, a ser oídos por autoridad competente, debiéndose para ello proveer que el presente asunto sea conocido por el Tribunal Superior de Cuentas, para que actúe de conformidad a las atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(17): Que es importante señalar que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que, si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el más violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de éste. Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), lo cual orienta a la constitucionalidad de la solución jurídico penal que ha motivado la alzada al conocer y resolver el caso concreto"...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."(17): Que es importante señalar que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que, si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el más violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de éste. Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), lo cual orienta a la constitucionalidad de la solución jurídico penal que ha motivado la alzada al conocer y resolver el caso concreto"...

Jerarquía: Reiterativa

18): Que el Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal sólo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal. En consecuencia, el Derecho Penal debe utilizarse sólo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 84 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 84 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO (19): Que este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, mantiene el criterio jurídico que se deja sentado en el fallo constitucional con registro número SCO-567, 569, 571, 573, 574, 577, 578 y 648-2018, que resuelve los amparos penales promovidos contra actuaciones de la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, por acciones incoadas por el Ministerio Público, también como el caso sub júdice, en perjuicio de la Administración Pública; criterio jurídico que en cuanto a la intervención previa del Tribunal Superior de Cuentas, como fiscalizador a posterior de los bienes del Estado argumenta en el considerando numero 45: “… El hecho de haberse prescindido de este procedimiento ante el Tribunal Superior de Cuentas, supone en contra de los actuales encausados, la privación del derecho a ser sometidos a un debido proceso, al habérseles disminuido el derecho que tienen a la defensa. Entre otros aspectos, el derecho a la defensa se conculca sí, existiendo como ocurre en el presente caso, la oportunidad de someterse a un régimen procesal menos gravoso, se omite deliberadamente éste, agravándole su situación…” Que, en el presente caso, resulta evidente que las imputaciones derivan de la supuesta suscripción de veintiún (21) contratos de construcción y supervisión de diferentes obras en los departamentos de Colon y Olancho a través de SOPTRAVI, sin seguir los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes. Reiterando esta Sala que ello “no debe conllevar al reclamo y deducción de responsabilidad en vía penal, sin antes completar la vía administrativa ante la entidad competente, o sea el Tribunal Superior de Cuentas, en su condición de órgano fiscalizador del Estado, por disposición constitucional. Al respecto, resulta ilustrativa la justificación esgrimida por el legislador nacional, al momento de promulgar el Decreto legislativo número 10-2002-E, que contiene la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, expresa: “Que es una aspiración nacional que el referido organismo inicie su funcionamiento con el propósito de cumplir y hacer cumplir el sistema de control externo, integral, exclusivo y unitario, instituido para garantizar la gestión y utilización legal, eficiente, eficaz y económica de los recursos financieros, asegurar una conducta honesta y ética de los servidores públicos y de los particulares en su relaciones económicas patrimoniales con el Estado y vigilar la correcta administración del patrimonio estatal.” Para lo anterior, el sistema de fiscalización hondureño dispone en el artículo 4 de la citada ley, que en el cumplimiento de sus atribuciones contenidas en el artículo 3 anterior, se observe el carácter preeminente del Tribunal Superior de Cuentas para fiscalizar a posteriori, los fondos y bienes del Estado; lo cual no contradice ni se opone al ejercicio de la acción penal pública del Ministerio Público. Todo lo contrario, la preeminencia es un complemento que permite, que de manera previa a la acción penal, se ejercite el sistema de control fiscalizador por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Dicha función o atribución fiscalizadora del Tribunal Superior de Cuentas, comporta lo que previene el artículo 7, o sea el control económico, financiero gestión y resultado, así como la probidad y ética públicas. Para una mayor claridad, el artículo 37 de la mencionada ley, ilustra que el sistema de control ejercido por el Tribunal Superior de Cuentas tiene por objeto, entre otros: “1) Vigilar y verificar que los recursos públicos se inviertan correctamente en el cumplimiento oportuno de las políticas, programas, proyectos y la prestación de servicios y adquisición de bienes del sector público. 2)… 3) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía asuma plena responsabilidad por sus actuaciones, en su gestión oficial. 4) Desarrollar y fortalecer la capacidad administrativa para prevenir, investigar y sancionar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 5) Promover el desarrollo de una cultura de probidad y ética públicas. 6) Fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y combatir los actos de corrupción en cualquiera de sus formas, y, 7) Supervisar el registro, custodia, administración, posesión y uso de los bienes del Estado.” De igual forma para el control de probidad y ética públicas, el Tribunal Superior de Cuentas tiene la atribución expuesta en el artículo 53 numeral 6, que dispone: “Promover, establecer, y fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, investigar y sancionar, y, en general, combatir la corrupción …” También la ley le asigna el control de fiscalización, cuyo objeto de conformidad a lo que dispone el numeral 2 del artículo 74, manda entre otros puntos a que supervise, que los bienes que se destinan a organismos, órganos y particulares, sean usados para los fines legalmente determinados"...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO (19): Que este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, mantiene el criterio jurídico que se deja sentado en el fallo constitucional con registro número SCO-567, 569, 571, 573, 574, 577, 578 y 648-2018, que resuelve los amparos penales promovidos contra actuaciones de la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, por acciones incoadas por el Ministerio Público, también como el caso sub júdice, en perjuicio de la Administración Pública; criterio jurídico que en cuanto a la intervención previa del Tribunal Superior de Cuentas, como fiscalizador a posterior de los bienes del Estado argumenta en el considerando numero 45: “… El hecho de haberse prescindido de este procedimiento ante el Tribunal Superior de Cuentas, supone en contra de los actuales encausados, la privación del derecho a ser sometidos a un debido proceso, al habérseles disminuido el derecho que tienen a la defensa. Entre otros aspectos, el derecho a la defensa se conculca sí, existiendo como ocurre en el presente caso, la oportunidad de someterse a un régimen procesal menos gravoso, se omite deliberadamente éste, agravándole su situación…” Que, en el presente caso, resulta evidente que las imputaciones derivan de la supuesta suscripción de veintiún (21) contratos de construcción y supervisión de diferentes obras en los departamentos de Colon y Olancho a través de SOPTRAVI, sin seguir los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes. Reiterando esta Sala que ello “no debe conllevar al reclamo y deducción de responsabilidad en vía penal, sin antes completar la vía administrativa ante la entidad competente, o sea el Tribunal Superior de Cuentas, en su condición de órgano fiscalizador del Estado, por disposición constitucional. Al respecto, resulta ilustrativa la justificación esgrimida por el legislador nacional, al momento de promulgar el Decreto legislativo número 10-2002-E, que contiene la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, expresa: “Que es una aspiración nacional que el referido organismo inicie su funcionamiento con el propósito de cumplir y hacer cumplir el sistema de control externo, integral, exclusivo y unitario, instituido para garantizar la gestión y utilización legal, eficiente, eficaz y económica de los recursos financieros, asegurar una conducta honesta y ética de los servidores públicos y de los particulares en su relaciones económicas patrimoniales con el Estado y vigilar la correcta administración del patrimonio estatal.” Para lo anterior, el sistema de fiscalización hondureño dispone en el artículo 4 de la citada ley, que en el cumplimiento de sus atribuciones contenidas en el artículo 3 anterior, se observe el carácter preeminente del Tribunal Superior de Cuentas para fiscalizar a posteriori, los fondos y bienes del Estado; lo cual no contradice ni se opone al ejercicio de la acción penal pública del Ministerio Público. Todo lo contrario, la preeminencia es un complemento que permite, que de manera previa a la acción penal, se ejercite el sistema de control fiscalizador por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Dicha función o atribución fiscalizadora del Tribunal Superior de Cuentas, comporta lo que previene el artículo 7, o sea el control económico, financiero gestión y resultado, así como la probidad y ética públicas. Para una mayor claridad, el artículo 37 de la mencionada ley, ilustra que el sistema de control ejercido por el Tribunal Superior de Cuentas tiene por objeto, entre otros: “1) Vigilar y verificar que los recursos públicos se inviertan correctamente en el cumplimiento oportuno de las políticas, programas, proyectos y la prestación de servicios y adquisición de bienes del sector público. 2)… 3) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía asuma plena responsabilidad por sus actuaciones, en su gestión oficial. 4) Desarrollar y fortalecer la capacidad administrativa para prevenir, investigar y sancionar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 5) Promover el desarrollo de una cultura de probidad y ética públicas. 6) Fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y combatir los actos de corrupción en cualquiera de sus formas, y, 7) Supervisar el registro, custodia, administración, posesión y uso de los bienes del Estado.” De igual forma para el control de probidad y ética públicas, el Tribunal Superior de Cuentas tiene la atribución expuesta en el artículo 53 numeral 6, que dispone: “Promover, establecer, y fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, investigar y sancionar, y, en general, combatir la corrupción …” También la ley le asigna el control de fiscalización, cuyo objeto de conformidad a lo que dispone el numeral 2 del artículo 74, manda entre otros puntos a que supervise, que los bienes que se destinan a organismos, órganos y particulares, sean usados para los fines legalmente determinados"...

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en los Recursos de Amparo Interpuestos: 1º por el Abogado MARIO JOSE CARDENAS RUIZ, a favor del señor JOSÉ MANUEL VALLADARES ROSA (Reg. No. 0628-2023); 2° por la Abogada DANELIA FERRERA TURCIOS, a favor de la señora CAROL IVON PINEDA BAIDE (Reg. No. 0675-2023); y, 3º por el Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARILLAS, a favor del señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA (Reg. No. 0574-2023); todos contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), que resolvió los recursos de apelación Interpuestos por la defensa contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintitrés (2023), que declara sin lugar las excepciones y nulidades plantadas por la Defensa de los imputados en la Audiencia de Examinación de Diligencias, con relación a la causa instruida contra los señores JOSÉ MANUEL VALLADARES ROSA, por suponerlo responsable de tres delitos de FRAUDE, CAROL IVON PINEDA BAIDE, por suponerla responsable de veintiún delitos de FRAUDE y MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA, por suponerlo responsable de veintiún delitos de FRAUDE, un delito de COHECHO y un delito de FACILITACIÓN PARA EL LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando los recurrentes que la resolución dictada por el Ad-quem, vulnera los derechos al debido proceso, igualdad, defensa, inocencia y principio de legalidad y retroactividad de la ley penal mas favorable, contenidos en los artículos 60, 82, 89, 90 y 96 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil veintitrés (2023), el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, celebró Audiencia de Examinación de Diligencias en el proceso penal instruido en contra de los señores: 1) MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA, a quien se le supone responsable de 21 delitos de Fraude, 1 delito de cohecho y 1 delito de Facilitación para el Lavado de Activos, todos a título de autor; 2) CAROL IVON PINEDA BAIDE, a quien se le supone responsable de 21 delitos de Fraude a título de autora; y 3) JOSÉ MANUEL VALLADARES ROSA, a quien se le supone responsable de 3 delitos de Fraude a título de autor, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. (folios del 3931-3932 de la pieza de Informe Circunstanciado del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción)2) Que en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintitrés (2023), el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción en la continuación de la Audiencia de Examinación de Diligencias, resolvió: (Sic) “En relación a las excepciones por falta de acción planteadas por el abogado Raúl Suazo Barillas, en representación del señor Miguel Rodrigo Pastor, diremos en primer lugar, sobre la prejudicialidad que debió aplicarse previo a la presentación del requerimiento fiscal, ya que de conformidad al artículo 222 de la Constitución de la República y los artículos 3, 4, 31, 101 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, hay prevalencia de este órgano, para poder fiscalizar los fondos estatales, y que el caso que nos ocupa, los hecho versan sobre fondos del Estado, por otra parte, señaló que la imputación del cohecho puede equipararse al delito de enriquecimiento ilícito, el cual exige una auditoria previa del Tribunal Superior de Cuentas antes de presentar cualquier acusación penal, esto por el principio de especialidad que debe regir. En ese sentido, de conformidad al artículo 232 de la Constitución de la República, corresponde al Ministerio Público el ejercicio oficioso de la acción penal pública, consecuentemente de ningún modo puede restringirse la autonomía que le corresponde al Ministerio Público, en el desenvolvimiento de sus funciones Constitucionales, y si bien el artículo 222 de la Carta Magna señala que el Tribunal Superior de Cuentas tiene como función fiscalizar a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados del Estado de cualquier índole, pero no podemos desconocer que nos encontramos con dos normas de rango constitucional, y que ambas instituciones tiene autonomía, cada una en el área que le corresponde, una en materia penal y otra administrativa, de ahí sus actuaciones son independientes y una no necesita a la otra para poder ejercitar las funciones que por mandato constitucional tienen, pero como todo regla tiene su excepción, y ésta se encuentra descrita dentro de la misma Constitución, y es específicamente en lo que respecta al delito de enriquecimiento ilícito, lo cual no acontece en el presente caso, en donde las imputaciones realizadas por el ente acusador, no hacen referencia a este tipo penal. Por otra parte, en esta etapa del proceso, resulta imposible para estos juzgadores poder determinar con certeza, lo afirmado por el abogado Suazo, en el sentido que el cohecho puede equipararse al enriquecimiento ilícito, dado que en la etapa procesal que nos encontramos, desconocemos los hechos objeto de juzgamiento, de ahí que no es oportuno emitir un juicio a priori, sin tener un conocimiento, tanto de los hechos como de las normas legales que han sustentado este juicio hasta este momento, y por tanto, sólo luego haber evacuado la prueba y escuchar a profundidad el planteamiento de las partes, es que se puede establecer la razón o no del argumento expuesto por la defensa. Además, hay que indicar que el derecho penal es autónomo, no está supeditado al derecho administrativo, aunado a considerar que la responsabilidad penal deviene de una conducta humana personalísima, previamente tipificada en la ley penal, por lo que al tenor de establecido en el artículo 92 del CPP el Ministerio Público, por medio de sus funcionarios y órganos auxiliares, investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública en representación de la sociedad, sin perjuicio de la legitimación de la Procuraduría General de la República, para ejercitar la acción penal en materias propias de su competencia.- Como segunda excepción por falta de acción, se expuso por parte de la defensa del señor Miguel Pastor, la despenalización de la conducta, específicamente, en lo que se refiera al ilícito de facilitación para el lavado de activos, tal como se indicó anteriormente, en este momento procesal, no es posible poder establecer sí efectivamente los hechos por los cuales el Ministerio Público y la PGR ha presentado el requerimiento fiscal, son o no constitutivos de delitos, ya que eso sería entrar al fondo del asunto; es claro que no podemos desconocer las diferentes reformas que han surgido a lo largo de los años en lo que respecta al delito de lavado de activos, y partiendo de principio de identidad, debemos afirmar que los hechos se juzgan con la norma vigente al momento en que ocurren los hechos, pero también, la ley penal establece el principio de retroactividad de la norma, siempre y cuando la nueva norma le resulta más favorable al procesado, aspectos, que como ya lo expresamos, no son posibles de aclarar en este momento procesal, sobre todo, porque de conformidad al artículo 337 del Código Procesal Penal, no podrá darse por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate.- En lo que respecta a lo planteado por la abogada Danelia Ferrera, defensora de la señora Carol Ivon Pineda, quien expresó al igual que el abogado Suazo Barillas, que en la presente causa no puede proseguirse por existir una prejudicialidad, ampliando los argumentos anteriores, al hacer referencia a la aplicación del Decreto 116-2019, e incorporando como medios de prueba las sentencias recaídas en las garantías de amparo en los expedientes AP-567, 569, 571,573, 574, 577, 578 y 648-2018 de fecha 5 de noviembre del 2019; SCO-1032, 1037, 1042, 1047, 1050 todos del año 2019 de fecha 13 de enero de 2022 y de 14 de octubre de 2022; y SCO 0562-2021 de fecha 9 de diciembre de 2022; así como la sentencia SP 102-2018 de fecha 8 de agosto de 2022; y, la sentencia en el recurso de inconstitucionalidad RI 45-2019 de fecha 10 de agosto de 2022; en ese sentido, de conformidad al artículo 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional, las sentencias de amparo sólo tienen efecto sobre partes y no produce efectos en relación a otros procesos, por tanto su efecto, no es extensivo para otras causas; además que el mandato de la sala constitucional en el presente caso, es que se debe continuar con el proceso penal, para quienes no fueron favorecidos por medio de la sentencia de 13 de enero de 2022 y 14 de octubre de 2022, aportada como medio de prueba. En lo que respecta a la aplicación del Decreto 116-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 18 de octubre de 2019, claramente se establece que el mismo es aplicable únicamente en relación al manejo del fondo social departamental de los diputados, para la ejecución de programas, proyectos y cualquier ayuda social que impacten las condiciones de vida de los ciudadanos, proyectos o ayudas que pueden ser ejecutados por instituciones públicas o privadas, pero esa situación no acontece en el presente proceso, ya que de los mismos argumentos de las partes, se advierte que son fondos asignados a una institución estatal, como no era SOPTRAVI, con un reglón presupuestario previamente definido en el presupuesto general de la República, por lo que el referido decreto no es aplicable al presente proceso. Finalmente, sobre la nulidad planteada por el abogado Mario José Cárdenas, representante del señor José Manuel Valladares, claramente son argumentos propios de la etapa de conclusiones, dado que como lo referimos anteriormente no conocemos, los hechos ni las imputaciones de los procesados en este momento, por tanto, no es posible poder determinar modos de participación, calificación jurídica, por otra parte, debemos considerar que de conformidad a la estructura de orgánica del Poder Judicial, este Tribunal de sentencia, se encuentra supeditado a lo resuelto por la Corte de Apelaciones de este circuito, quien es el órgano superior inmediato nuestro, por lo que estos juzgadores no tiene la facultad legal de anular una resolución emitida por el Tribunal Ad-Quem, quien fue, según lo expresado por la defensa del señor José Manuel Valladares, quien determinó dictar el auto de formal procesamiento.- En cuanto a los medios de prueba ofertado por la abogada Danelia Ferrera, no se admiten, la SCO-1032, 1037, 1042, 1047, 1050 todos del año 2019 de fecha 13 de enero de 2022 y de 14 de octubre de 2022, son parte de la presente causa y ya obran en el expediente de mérito, y las restantes son resoluciones vertidas en otros procesos conocidos en este circuito y ya son del conocimiento de éstos juzgadores; el informe emitido por TSC de igual forma, y según lo dicho por el MP ya corre en el expediente de mérito y en relación a la resolución de fecha 10 de agosto de 2021 recaída en el recurso de inconstitucionalidad R1045-2019 y la sentencia de fecha 8 de agosto de 2022 recaída en el expediente 102-2018, si bien guardan relación con los alegatos planteados, pero como ya se indicó a criterio de este órgano jurisdiccional no es aplicable a la presente causa, por tanto se ordena la devolución de los mismos. Por lo antes expresado este tribunal de sentencia, por unanimidad de sus miembros declara SIN LUGAR las excepciones por falta de acción planteadas por el abogado Raúl Suazo Barillas y la Abogada Danelia Ferrera Turcios, así mismo se declara SIN LUGAR la nulidad expuesta por el abogado Mario Cárdenas Ruíz…” (Folios 3933-3934fv de la pieza de Informe Circunstanciado del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción) 3) Que en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, conociendo de los Recursos de Apelación interpuestos por la defensa de los señores Miguel Rodrigo Pastor Mejía, José Manuel Valladares Rosa y Carol Ivon Pineda Baide y el Ministerio Público, contra la resolución de fecha veinte de enero del año dos mil veintitrés, relacionada en el acápite que precede, emitió resolución en la cual resolvió: (Sic) “En atención a toda la fundamentación y motivación antes expuesta, esta Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, ejerciendo la potestad emanada del pueblo de impartir justicia de forma gratuita en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad De Votos: RESUELVE PRIMERO: Declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Raúl Suazo Barillas, abogado defensor privado del señor Miguel Rodrigo Pastor; SEGUNDO: Declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Mario José Cárdenas, apoderado defensor privado del señor José Manuel Valladares; TERCERO: Declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Danelia Ferrera, apoderada defensora privada de la señora Carol Ivon Pineda Baide; y CUARTO: Confirmar la resolución del tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia de corrupción de fecha veinte de enero del año dos mil veintitrés…”. (Folios del 4140-4156fv de la pieza del Informe Circunstanciado del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Corrupción)4)Que en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado MARIO JOSE CARDENAS RUIZ, interponiendo Acción de Amparo a favor del señor JOSÉ MANUEL VALLADARES ROSA, el que fue registrado en este Tribunal con el número SCO-0628-2023, contra la resolución de fecha ocho de marzo del año dos mil veintitrés, relacionada en el acápite que antecede, por considerar que la misma es violatoria del Principio de Legalidad, contenido en el Artículo 95 de la Constitución de la República y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Siendo admitido en fecha veintidós de mayo del año dos mil veintitrés. (Folios del 01-06 de los autos) 5)Que en fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), la Abogada DANELIA FERRERA TURCIOS, compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo Acción de Amparo a favor de la señora CAROL IVON PINEDA BAIDE, registrado en este Alto Tribunal con el número SCO-0675-2023, contra la Resolución de fecha ocho de marzo del año dos mil veintitrés, relacionada en el numeral tres que antecede, por considerar que la misma es violatoria de las garantías constitucionales de igualdad, defensa, inocencia y debido proceso, contenidos en los Artículos 60, 82, 89 y 90, de la Constitución de la República, relacionados con los artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.3.b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Siendo admitida en fecha veintinueve de mayo del año dos mil veintitrés, enmendándose de oficio en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil veintitrés. (Folios del 19-65 y 76fv de los autos)6)Que en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil veintitrés, la Sala de lo Constitucional, vistos los escritos presentados por los Abogados Danelia Ferrera Turcios y Mario José Cárdenas Ruiz, solicitando la acumulación de los Amparos con Registros 0675-2023 y 0628-2023 al Amparo con registro 0574-2023 y sobre la medida cautelar de la Suspensión provisional del Acto reclamado, resolvió: (Sic) “… es preciso que dichos recursos se encuentren sometidos a una misma clase de procedimiento y que la substanciación o tramite de los mismos estén en circunstancias análogas, acumulando el más moderno al mas antiguo, circunstancia que advierte esta Sala no acontece en este momento en cuanto al recurso de amparo de mérito y el SCO-574-23, apreciando que si concurren los supuestos para proceder a la acumulación de esta acción de amparo SCO-628-23, con el recurso de amparo SCO-675-23, en consecuencia, SE DECRETA DE OFICIO LA ACUMULACIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO SCO-628-23 y SCO-675-23, en cuanto a la acumulación solicitada con el amparo SCO-574-23, procédase conforme a derecho una vez que las acciones se encuentran en la misma etapa procesal; 3° Encontrándose en esta Sala los antecedentes del presente recurso de Amparo, y analizados los mismos, sígase con la substanciación de la acción de mérito, concédase vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas a los abogados DANELIA FERRERA TURCIOS, y MARIO JOSÉ CARDENAS RUIZ, respectivamente, para que formalicen su petición por escrito; y, 4° Estando pendiente de resolver la Solicitud de Suspensión del Acto reclamado, declárese la misma SIN LUGAR, siendo que luego de un estudio de los autos y de los antecedentes, esta Sala observa que el caso de autos no se ajusta a lo estipulado en el Articulo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que establece lo relativo al otorgamiento e3 medidas cautelares…” (Folio 76fv de los autos) 7) Que en fechas seis y siete de diciembre del año dos mil veintitrés, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional los Abogados MARIO JOSÉ CÁRDENAS RUIZ y DANELIA FERRERA TURCIOS, formalizando los recursos de Amparo de mérito, teniendo la Sala por admitidos los mismos en fecha doce de diciembre del mismo año dos mil veintitrés, omitiendo dar vista de loa antecedentes al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folios del 79-128 de los autos)8)Que en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), el Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARILLAS, compareció ante esta Sala, presentando Garantía Constitucional de Amparo a favor del señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA, registrado con número SCO-574-2023, contra la resolución de fecha ocho de marzo del año dos mil veintitrés, relacionada en el numeral tres que precede, por considerar que la misma es violatoria del debido proceso sustantivo-adjetivo, debido proceso adjetivo y debido proceso constitucional. Siendo admitido el recurso de Amparo de mérito, CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO, en fecha quince de mayo de dos mil veintitrés y teniendo por formalizado el recurso en fecha veintiuno de agosto del año dos mil veintitrés, omitiéndose la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folios del 01-38 y 61 de la pieza de antecedentes del Amparo Penal con registro SCO-0574-2023)9)Que en fecha siete de mayo del año dos mil veinticuatro, la Sala de lo Constitucional, al apreciar que los recursos anteriormente relacionados, registrados con los números 0628 y 0675-2023 fueron interpuestos al igual que el Amparo con registro 0574-2023 contra el mismo acto reclamado y para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y que las referidas acciones produzcan una sola sentencia, resolvió acumular el Amparo 0574-2023 interpuesto por el Abogado RAÚL ROLANDO SUAZO BARILLAS a favor del señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA, a los recursos de Amparo que se registran bajo los números 628 Y 675-2023. (Folio 88 de la pieza de antecedentes del Amparo Penal con registro SCO-0574-2023)CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (2): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales. CONSIDERANDO(3): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en el proceso instruido en contra de los señores: 1) MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA, por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de COHECHO, FRAUDE y FACILITACIÓN PARA EL LAVADO DE ACTIVOS; 2) JOSÉ MANUEL VALLADARES, por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE; y, 3) CAROL IVON PINEDA BAIDE, por suponerla responsable de la comisión del delito de FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; resolución por la cual el Tribunal ad-quem resolvió por unanimidad de votos declarar SIN LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por la Defensa de los señores MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA, JOSÉ MANUEL VALLADARES y CAROL IVON PINEDA BAIDE, asimismo confirma la resolución del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción de fecha veinte de enero del año dos mil veintitrés, que declara Sin Lugar las excepciones por falta de acción y la nulidad expuesta por la Defensa.CONSIDERANDO (4): Que, en la exposición de la acción de amparo promovida por el Abogado MARIO JOSÉ CÁRDENAS RUIZ, a favor del encausado JOSÉ MANUEL VALLADARES ROSA, el recurrente expone como elemento central la vulneración del Principio de Legalidad, contenido en el artículo 95 de la Constitución de la República y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionado con lo dispuesto en los artículos 1 y 11 del Código Penal (Decreto 144-83). Dice el peticionario que dentro del debido proceso el principio de legalidad constituye un límite a la potestad punitiva del estado, en el sentido que solo puede castigarse las conductas expresamente descritas como delitos en una ley anterior a la comisión del delito. Dice el impetrante que los elementos que integran el principio de legalidad pueden estudiarse por un lado atendiendo al tenor literal de la legalidad desde el punto de vista formal y material: 1. La legalidad en sentido formal: implica en primer término, la reserva absoluta y sustancial de la ley, es decir, en materia penal solo se puede regular delitos y penas mediante una ley, no se pueden dejar a otras disposiciones normativas esta regulación… 2. La legalidad en sentido material: implica una serie de exigencias que son: taxatividad de la ley: las leyes han de ser precisas… La prohibición de la analogía en materia penal, es decir, generar razonamientos y conductas basándose en la existencia de semejanza con otra situación parecida. Reserva Legal. Los delitos y sus penas deben ser creados por la ley y solo pueden ser creados por esta, descartándose otros medios de formación de legislación penal, como podrían ser la costumbre o las resoluciones judiciales. La reserva de ley es uno de los principios que se encuentran contenidos dentro del principio de legalidad penal, entendiendo este último como uno de los principios mas importantes del derecho penal, porque es una de las limitaciones que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico del ius puniendi. Dice el recurrente que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha referido que los jueces están obligados a considerar como delictivas solamente aquellas conductas que fueron determinadas previamente como tales por el legislador, dado que el reproche penal hacia una conducta presupone que previamente, el legislador la ha tildado de delictiva. Por lo tanto, a la hora de aplicar la ley penal deben atender estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en la adecuación de la conducta a la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico. Finalmente, el recurrente hace alusión a la prohibición de analogía como una derivación del principio de legalidad, la que se encuentra inmersa en el artículo 11 del Código Penal Decreto 144-83, al establecer que las autoridades judiciales no podrán crear ningún tipo de figuras delictivas, haciendo analogías razonamientos de conductas basándose en la existencia de semejanza con otra situación parecida (Analogía en malam partem, es decir en perjuicio del imputado). Y en el caso de mérito el peticionario aduce que su representado el señor JOSÉ MANUEL VALLADARES ROSA, aun y cuando es un particular, se le sigue un proceso por el delito de fraude especial comprendido en el Título XIII delitos contra la Administración Pública, Capítulo VIII, del Código Penal Decreto 144-83 y el cual requiere para su calificación que el sujeto activo sea un funcionario público, condición esta que no reúne su representado, por lo que la conducta resulta atípica. -Lo resaltado y en negrita es del recurrente- CONSIDERANDO (5): Que, la Abogada DANELIA FERRERA TURCIOS, en la Acción de Amparo promovida a favor de la señora CAROL IVON PINEDA BAIDE, centra sus argumentos de vulneración del derecho a la defensa, debido proceso, igualdad ante la ley y principio de inocencia en la existencia de prejudicialidad administrativa por la evidente existencia de disposiciones de índole constitucional y disposiciones legales de carácter procedimental que tienen preeminencia en relación a la facultad del Ministerio Público de incoar acción penal y excepción por falta de acción cuando no puede proseguirse ya sobreviene un obstáculo definitivo con posterioridad al inicio del proceso que imposibilita la continuación del mismo, mismas que se encuentran previstas en el artículo 46 numerales 1) y 2) del Código Procesal Penal. Lo anterior en virtud de lo dispuesto en el Artículo 222 de la Constitución de la República, el cual establece las facultades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y en virtud de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 116-2019 que contiene la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, el cual entró en vigencia a partir del 18 de octubre del año 2019, después de iniciado el presente proceso, pero por tratarse de una ley que contiene disposiciones de naturaleza penal que benefician a su representada, procede su aplicación de manera retroactiva (Artículo 96 constitucional). La recurrente señala que fueron tres las razones esgrimidas por el Tribunal Ad-quem para declarar sin lugar la excepción plateada a saber: 1) La excepción no fue planteada en etapas previas de la etapa de juicio oral; 2) Que Carol Ivon Pineda no era la responsable de ejecutar los fondos y por ende no le es aplicable la excepción de prejudicialidad penal, en el agotamiento previo del procedimiento de auditoria por parte del Tribunal Superior de Cuentas; y 3) Señala que no constituyen hechos nuevos, el hecho que esta Honorable Sala de lo Constitucional haya emitido fallos que constituyen doctrina legal, de la que no puede apartarse ninguno de los órganos judiciales del país y que establecen que previo al ejercicio de la acción penal, debe agotarse el procedimiento de auditoria den el tribunal Superior de Cuentas (TSC), previo a que el Ministerio Público de inicio a la acción penal cuando los hechos se funden en la ejecución de fondos públicos destinados a proyectos de beneficio social, como los de infraestructura en construcción de calles y carreteas de ejecución de obras en beneficio de las comunidades como el caso que nos ocupa. La recurrente argumenta en relación a los tres aspectos por los cuales la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción negó las excepciones plantadas por esa defensa en la forma siguiente: I.- Como expresamente lo señala el artículo 47 del Código Procesal Penal, la excepción por incompetencia por existir prejudicialidad administrativa en el presente caso, debe interponerse en la audiencia inicial, no obstante la audiencia inicial se llevo a cabo en fecha 4 de junio del año 2019, cuando aun no estaba vigente el Decreto Legislativo 116-2019, por otro lado es de todos conocidos que la jurisdicción especial en materia de corrupción se ha negado abiertamente a aplicar el Decreto enunciado, si excepción en todos lo casos sometidos a su conocimiento en los que ha sido invocados; finalmente los fallos de la Sala de lo Constitucional invocados como doctrina Legal fueron emitidos después de las etapas previas a la de juicio oral, lo que constituye un hecho nuevo antes no conocido y que obliga a los órganos jurisdiccionales a su aplicación inmediata. II.- La Corte señala que Carol Ivon Pineda no era la responsable de ejecutar los fondos y por ende no le es aplicable la excepción de prejudicialidad penal en el agotamiento previo del procedimiento de auditoria por parte del Tribunal Superior de Cuentas, se puede advertir que la génesis de la acusación es precisamente la ejecución de fondos en proyectos de construcción de las carreteras y el delito por el cual se ejerció la acción penal es por un supuesto Fraude, aduciendo el ministerio público que SOPTRAVI se prestó para hacer sobrevaloración en los proyectos y además que los mismos no fueron ejecutados; no cabe duda que la señora Carol Ivon Pineda no ejecutaba fondos, sin embargo, tampoco es menos cierto que su imputación esta directamente relacionada con contratos suscritos por SOPTRAVI y la ejecución de las obras descritas en los contratos, con lo que no cabe la mínima duda que para poder continuar con el proceso, el TSC debe previamente realizar la auditoria que manda el Decreto Legislativo 116.-2019. III.- La Corte indica que no constituyen hechos nuevos, el hecho que esta Honorable Sala de lo Constitucional haya emitido fallos que constituyen doctrina legal, de lo cual se puede referir que no puede desconocer la Corte de Apelaciones especial que los fallos referidos fueron emitidos después de la etapa preparatoria e intermedia del presente proceso, además, que a pesar que toda la Jurisdicción Penal especial con Competencia Nacional en materia de Corrupción se ha negado abiertamente en todos los casos, aplicar lo dispuesto en el Decreto Legislativo 116-2019, no se puede negar a aplicar la doctrina legal y la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia y en su caso la Sala de lo Constitucional. En sendas argumentaciones la recurrente hace relación a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en el Decreto Legislativo 166-2019, así como las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia en relación al tema fundamental alegado por la peticionaria de Amparo, la prejudicialidad administrativa a saber: Amparo Penal acumulado 567, 569, 571, 574, 577, 578 y 648-2018, AP 224 y 360-2016 de fecha 28 de febrero del año 2017, Amparo Penal acumulados SCO-1032, 1037, 1042, 1047 Y 1050-2019, SCO-945-2019, de fecha 10 de agosto del año 2021, que declara sin lugar la Acción de Inconstitucionalidad en contra del Decreto 116-2019 interpuesta por el Ministerio Público, sentencia 102-2018 dictada por una Corte Especial Designada, SCO-0099-2018 y SCO-0588 recursos de inconstitucionalidad.CONSIDERANDO (6): Que, el Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARILLAS, promueve Garantía Constitucional de Amparo a favor del señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA; el recurrente expone en sus argumentos la violación a: 1. Debido proceso sustantivo-adjetivo. Reserva de Ley. Derecho de Inocencia. Supresión del delito de Facilitación de Lavado de Activos en el nuevo Código Penal Unificado. El peticionario sostiene que el delito de Facilitación de Lavado de Activos entró en vigor al amparo de la Ley de Lavado de Activos, específicamente en su artículo 7, contenido en el Decreto No. 45-2002, el cual cita en forma textual; bajo las reformas del año 2014, el delito de Facilitación de Lavado de Activos siguió figurando como delito, incorporándose en el artículo 40 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, Decreto No. 144-2014 de fecha 13 de enero de 2015; una reforma penal de amplia trascendencia buscó en Honduras como objetivo fundamental, trasladar la tipología de crímenes segregados en leyes especiales a un Código Penal Unificado, de tal modo que ninguna figura penal o crimen existiera fuera de este. Esta forma se tradujo en la aprobación del Decreto No. 130-2017 nuevo Código Penal, vigente a partir del 25 de junio del año 2020. En este nuevo Código Penal desaparece la condición de Servidor o Funcionario Público que facilita el Lavado de Activos como se puede apreciar en el Título XXV de este y la reforma del Decreto 93-2021 del 1 de noviembre del 2021, despenalizó por su parte el régimen de validez de origen en el delito de Lavado de Activos y de ahí en lo sucesivo, solamente se puede imputar la comisión de este delito de Lavado de Activos bajo el régimen umbral con la presencia de delitos precedentes al Lavado de Activos y entre tanto se deroga la obligación de probar la fuente lícita de bienes como figura penal. Este Código Penal Unificado bajo reforma 93-2021 derogó de la tipología del delito de Lavado de Activos, específicamente la caracterización del delito de Lavado de Activos proveniente del régimen o Principio de Validez de origen de bienes, por medio del cual se criminalizaba las conductas humanas que requeridas por autoridad competente no acreditaban el origen lícito de bienes. Al mismo tiempo, este Código Penal Unificado suprimió del catálogo de esos delitos la figura penal de Facilitación de Lavado de Activos, puesto que ya no se encuentra ni como delito ni como falta en el actual Código Penal. Esta supresión es consustancial con una política criminal o con el Principio de Reserva de Ley atribuido al legislador, que ya no considera relevante en el ámbito penal la existencia de esta conducta punible. Explica el recurrente que bajo el Principio de Reserva de Ley que esta subordinado al Principio de División de Poderes, solo el legislador puede aprobar, reformar o derogar figuras penales, prohibiéndose como mecanismo limitador a Jueces y Magistrados, la creación de figuras penales o las prácticas arbitrarias que se efectúen para evitar mediante interpretaciones judiciales erradas el carácter obligatorio de las reformas penales, a través del abuso extensivo de la analogía para producir prevenciones morales de lege ferenda. El principio de legalidad en materia penal limita la forma en que el Estado ejerce el “ius puniendi”, pues solo puede hacerlo si una ley anterior a la ejecución de un hecho lo describe como delito y establece, además, cual es la pena que debe aplicarse a quien lo realiza “Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege”. Nuestra Carta Fundamental lo consagra como parte del proceso de constitucionalización del Derecho Penal adquiriendo contenido material normativo como institución propia de un Estado Democrático de Derecho. Sostiene el peticionario que los actos de la autoridad del ad quem han afectado de forma arbitraria una garantía constitucional como es el debido proceso, el principio de reserva constitucional y el derecho de inocencia de su patrocinado. 2. Violación al Debido proceso Objetivo y Debido Proceso Constitucional: Derecho de Inocencia. En este apartado el recurrente dice que el Tribunal Ad Quem efectúa una equivocada extensión analógica del principio de identidad. Que los hechos cometidos por el delito de Facilitación de Lavado de Activos, con los hechos relativos a los delitos de Cohecho o Fraude, es oportuno demostrar que existe autonomía entre estos delitos, en relación a los bienes jurídicos protegidos que tutelan a estos que son diferentes a saber, Economía y Administración Pública respectivamente; no existe relación de conexidad alguna entre estos delitos y no están presentes las circunstancias que orientarían la existencia de la institución de los concursos reales, mediales o ideales y tampoco se suscita de modo alguno la relación Sine Qua Non requerida, en el Sistema Umbral de delitos entre el delito de Lavado de Activos y los delitos de Cohecho y Fraude como delitos precedentes o determinantes. A la luz de esta proverbial y evidente verdad jurídica, el principio de retroactividad de debe aplicar contra el delito de Facilitación de Lavado de Activos, pues este ya no obra como tal y no tiene porque seguir existiendo sus efectos jurídicos inexistentes, pero procesalmente nocivos contra su representado. Dice el recurrente que el Tribunal desconoce la existencia del Artículo 615 del Código Penal. El recurrente reitera que el nuevo Código Penal vigente a partir del 25 de junio del año 2020 y la reforma contenida en el Decreto 93-2021 del 1 de noviembre del 2021, ya no prevén como delito la Facilitación de Lavado de Activos y en consecuencia despenalizan el tipo penal del Decreto No. 45-2002. Igualmente es aplicable la condición del inciso c), ya que el cambio legal que se ha propiciado con la reforma del Decreto No. 45-2002 le significa a su patrocinado una consecuencia legal mas beneficiosa, puesto que el delito de Facilitación de Lavado de Activos desparece. 3. Violación al Debido Proceso. Condiciones de procedibilidad. Debido Proceso constitucional (Derecho a un Juez Natural). Aquí el garantista relaciona la presentación de la excepción de incompetencia relacionada con la prejudicialidad penal, en virtud de existir un principio de especialidad referente al siguiente criterio. Al plantear estas excepciones es importante resaltar: i) por qué el tribunal no debe continuar conociendo la causa y, ii) por qué no se debe de proseguir con la acción penal sustanciada por el Ministerio Público. La Ley del Tribunal Superior de Cuentas esta regulada por una norma especial con características prescritas por un régimen CONSTITUCIONAL y con PREEMINENCIA NORMATIVA sobre otras normas de carácter secundaria que desarrollan en el marco del bloque de constitucionalidad las atribuciones de este Tribunal. De esta manera, el objetivo primario de dicha Ley del Tribunal de Cuentas se encuentra en la norma 3 de dicha Ley. El ente acusador o el Ministerio Público por lo general esta revestido de la facultad de iniciar acción penal pública por cualquier delito. Empero, la misma codificación procesal penal y otras leyes especiales en algunas circunstancias en particular consagran condiciones previas u obstáculos antes que ello suceda. Es decir que el ente acusador ex antes de someter una acción a la jurisdicción penal tendrá obligatoriamente que sortear algunos obstáculos o instancias procesales, condiciones o requisitos previos y solamente después de sustanciarlos puede ejercer la acción penal pública. En síntesis el recurrente arguye que la resolución del Tribunal Ad Quem ha vulnerado el debido proceso adjetivo, formal o procesal derivado el artículo 90 constitucional, para garantizar un procedimiento judicial justo, puesto que ha inobservado el principio de Reserva de Ley Constitucional mediante, el cual el legislador dispuso como condición de procedibilidad a la intervención del Ministerio Público, en los delitos de Cohecho y Fraude y en los otros delitos que lesionen la Administración Pública, conforme a las normas 222 de la Constitución de la República y 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. El incidente de la incompetencia por prejudicialidad está vinculado al debido proceso y a la competencia que le es atribuida constitucionalmente al Tribunal Superior de Cuentas de conocer previamente la conducta oficial de los funcionarios públicos, previo a la intervención de la jurisdicción penal. Esta prejudicialidad incorporada en la norma constitucional 222, esta por encima de la norma secundaria del Artículo 25 del Código Procesal Penal. 4. Violación a la garantía de igualdad, Artículo 60 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El recurrente expone que la Carta Magna de Honduras tutela ese derecho de igualdad, el cual es adoptado de igual forma por los convenios internacionales de los que Honduras forma parte. Esto crea sin dudas, toda una axiología de derechos que se antepone en primer lugar, al ser humano como fin primordial de los intereses de la sociedad y del Estado. La igualdad constituida como un derecho humano universal, nos persuade que no se puede aplicar un derecho a una persona específica (YY) y restringir el mismo derecho a la persona (XX) si la misma ley ampara a los dos sujetos jurídicos, por lo que es inaceptable desde cualquier punto de vista decretar responsabilidad sobre XX y exonerar de responsabilidad a YY, no reformándose de ningún modo las mismas condiciones jurídicas que los regulan a ambos. En consecuencia -sostiene el peticionario-, la aplicabilidad de la norma penal vigente debe hacerse de inmediato, en favor de su representado absolviéndolo del delito de Lavado de Activos por la aplicación de la norma mas favorable por cuanto la conducta por que se juzgó no constituye delito. Si analizamos el criterio de la Sala Constitucional en referencia de la despenalización del delito de Lavado de Activos cuando uno de sus elementos desaparece por la ley debe de desestimar la acción, y en el caso en concreto de debe aplicar el mismo criterio definido porque el delito de Facilitación para el Lavado de activos ya no está regulado por la norma penal. CONSIDERANDO (7): Que la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, por unanimidad de votos declara sin lugar los recursos de apelación interpuestos por los Abogados Raúl Suazo Barillas, Mario José Cárdenas y Danelia Ferrera, consecuencia de ello confirma la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintitrés (2023). La resolución fue motivada en lo que a continuación se resume: 1) En relación al momento procesal de interposición de las excepciones. En el caso de marras, los apelantes Suazo Barillas y Ferrera Turcios, no ocuparon espacio en sus agravios para referirse sobre la calidad de hecho nuevo del fundamento para el planteamiento de la excepción; por su parte el apelante Cárdenas Ruiz si se refiere a ello en su escrito de apelación, pero sin que lo referido pueda ser calificado como tal. En general esta Corte de apelación, salvo la segunda excepción por falta de acción planteada por el apelante Suazo Barillas, no encuentra acreditado en autos que las peticiones de las partes traten efectivamente de hechos nuevos; lo alegado por las partes en sus respectivas excepciones por falta de acción y en la pretensión de nulidad no cumplen con tal exigencia normativa, dado que lo alegado pudo ser planteado en momentos procesales previos de modo que la audiencia de preparación para el debate no constituye el momento procesal oportuno en el caso concreto. Como consecuencia de lo anterior a la presentación de las excepciones y de la nulidad, el tribunal de sentencia debido inadmitir la mayoría por no tratarse de hechos nuevos, siendo procedente únicamente admitir a trámite la segunda excepción planteada por el apelante Suazo Barillas por estar basada en un hecho nuevo (cambio de legislación penal sustantiva). Desafortunadamente el A-Quo, dio trámite a todas las excepciones y al incidente de nulidad, pero además procedió a dar respuesta de fondo a las indebidamente admitidas, lo que obliga a esta corte de apelaciones, en respeto del principio constitucional de petición (Art. 80 CR), a dar respuesta igualmente a alegaciones de fondo que se plantean como agravios, lo que no tendría que ser porque no se cumplió la conditio sine qua non de planteamiento: que las excepciones y el incidente de nulidad estén basados en hechos nuevos. 2) En respuesta a los agravios de la defensa del señor Miguel Rodrigo Pastor Mejía. 2.1 Respecto a la primera excepción planteada por el apelante Suazo Barillas, por falta de acción como consecuencia de preeminencia de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. En cuanto al punto toral sobre preeminencia normativa es de recordarse que conforme a la Constitución de la República (Art. 324) las conductas ajenas a la legalidad realizadas por cualquier servidor público pueden generar responsabilidad administrativa, civil y penal, responsabilidades que son autónomas entre sí; por tanto la deducción de responsabilidad administrativa como consecuencia del control de los recursos públicos que hace el Tribunal Superior de Cuentas, según su mandato constitucional (Art. 222) es autónoma a los controles que puedan realizar otras instituciones o Poderes del Estado; la preeminencia de la que hace mención el artículo 4 de su ley orgánica del TSC refiere a otras leyes generales o especiales “que versen sobre la misma materia”, materia que define el artículo 3. Por tanto, no debe de entenderse que dicha preeminencia es sobre cualquier otra norma general o particular, incluyendo la Ley del Ministerio Público y el Código Procesal Penal que legitima al Ministerio Público para la interposición de la acción penal, respecto de los delitos de cohecho y fraude en perjuicio del Estado (sin mencionar que los supuestos de hecho de dichas figuras delictivas no tienen como objeto del delito recursos estatales sino la debida probidad). Como consecuencia es un error señalar que la condición de prejudicialidad que prevé el artículo 87 y 91 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas a la interposición de la acción penal por el delito de enriquecimiento ilícito, es igualmente aplicable a cualquier otro delito en perjuicio de la administración pública, incluyendo el cohecho. En conclusión, no existe norma legal que prevea condición de prejudicialidad para la interposición de la acción penal por el delito de fraude y por el delito de cohecho, debiendo ser desestimado el primer, segundo, tercer agravio. 2.2 Respecto a la segunda excepción planteada por el apelante Suazo Barillas, discute que el supuesto de lavado de activos por el cual se acusa a su representado, ha sido despenalizado y por ello concurre la excepción. Coma ya se dijo esta excepción fue planteada basado en un hecho nuevo (relevo de codificación penal sustantiva), por lo que si procede hacer pronunciamiento de fondo sobre esta. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tal principio se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.2) y regulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 9) y de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. La retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, este es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona que se esté juzgando o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a… b… c. La retroactividad deberá de ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva. Cabe advertir que el planteamiento de la excepción es impropio, pues la “falta de acción” refiere a la legitimidad del Ministerio Público para entablar una acción penal, lo cual es distinto a si el hecho que se imputa a la acción penal se encuadra o no en un tipo penal positivo. Por otra parte, tampoco procede la aplicación retroactiva del código penal 130-2017, dado que éste no despenaliza la figura delictiva de lavado de activos, sino que modifica uno de sus supuestos de hecho, por lo que aún persiste la obligación del sistema judicial hondureño de determinar si los hechos objeto de la imputación se subsumen o no en el ámbito situacional previsto en la norma como delito y final y principalmente, porque el proceso de ponderación de la norma sustantiva más favorable por conflicto temporal de validez solo es procedente al momento de juzgamiento y nunca durante el desarrollo del proceso, pues es hasta aquel entonces (de llegarse a esa etapa), que es posible determinar cuál norma le favorece al acusado, no solo en relación a la figura delictiva (articulo que contenga el tipo penal), sino también en relación a todo el cuerpo normativo en su conjunto. En conclusión el estudio sobre el conflicto temporal de las normas sustantivas generado por la vigencia del Código Penal 130-2017, como regla general debe de resolverse en la sentencia, salvo en los casos de figuras penales despenalizadas, lo cual no ocurre con el delito de lavado de activos, el cual sigue siendo una figura delictiva en la nueva codificación sustantiva, por lo que lo procedente es aplicar el principio de identidad durante el proceso y hasta el juzgamiento en donde, en su caso, se ponderará la norma más favorable según corresponda a la situación de la persona juzgada en ese momento y en concreto con aquello que sea declarado como probado, en su caso. Por lo expuesto los agravios en torno a la denegatoria de la segunda excepción por falta de acción hecha por el A-Quo, deben de ser desestimados por falta de mérito de fondo. 3) En respuesta a los agravios de la defensa del señor José Manuel Valladares, respecto al incidente de nulidad planteado por el apelante Cárdenas Ruiz, mediante el cual se alego que el acusado José Manuel Valladares no reúne las cualidades exigidas por el tipo penal de fraude y por ende extraneus a la figura penal sin responsabilidad. En su planteamiento, el apelante se vale de la vía procesal para hacer una alegación de derecho sustantivo; es decir indica que existe una actividad procesal defectuosa que solo es reparable mediante nulidad, por la aplicación de lo que considera un erróneo criterio de derecho sustantivo, lo que hace su planteamiento impropio. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que el proceso penal como un todo tenga validez debe estar revestido de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 cpp), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 cpp) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 cpp). La nulidad se rige bajo tres principios: a. Principio de Especificidad, el cual constituye el aspecto formal de la nulidad y determina que solo puede declararse la nulidad por aquellos vicios que la ley procesal haya previsto como remedio (Art. 165 Código Procesal Penal). b. Principio de Trascendencia, el cual constituye el aspecto material de la nulidad y que determina que solo podrá declararse la nulidad cuando exista un perjuicio verdadero y concreto producido por el vicio procesal (art. 9 y 167 Código Procesal Penal). c. Principio de Preclusión, la declaratoria de nulidad solo podrá decretarse cuando la parte interesada la haya opuesto en el momento procesal oportuno determinados por el artículo 167 del Código Procesal Penal, caso contrario se declarará precluido el derecho. La ley procesal prohíbe expresamente la declaratoria de nulidad cuando estas tengan como efecto retrotraer el proceso a estadios ya superados (Art. 170 segundo párrafo del Código Procesal Penal). En el caso concreto, además de lo referido en un numeral anterior respecto a que el apelante Cárdenas Ruiz no presentó el incidente de nulidad en el momento procesal oportuno (razón suficiente para que el A-Quo hubiese declarado inadmisible el incidente), también se le suma que el vicio alegado no se encuentra en la causal de nulidad invocada por el recurrente, ni tampoco se individualiza cual es la actividad procesal que debe ser objeto de nulidad. Esto último tiene relevante importancia pues conforme el artículo 171 el proceso no puede retrotraerse a estadios ya precluidos, sino solo purgar los vicios que correspondan a cada etapa de conformidad con el artículo 167; por tanto, y en ocasión a la etapa del proceso en que nos encontramos, no sería procedente la pretensión de nulidad de actos previos al auto de apertura a juicio. Según el apelante concurre en el presente caso la causal No. 7 del artículo 166 del Código Procesal Penal: “con infracción de los principios de igualdad entre las partes, de audiencia, contradicción, asistencia y defensa, siempre que hayan producido una efectiva indefensión”, esto como consecuencia de que al acusado se le sigue proceso penal por suponerlo responsable de un delito de fraude, cuyo tipo penal esta determinado por un sujeto activo cualificado (funcionario público/intraneus), condición que alega no tiene su representado (extraneus).- Es claro entonces que el supuesto hecho vicioso no se relaciona con la causal de nulidad invocada, pues ésta, así como todas las causales de nulidad, se relacionan con actividad procesal defectuosa, con actuaciones u omisiones procedimentales que afectan derechos de las partes de cara al proceso penal. 4) En respuesta a los agravios de la defensa de la señora Carol Ivon Pineda Baide, respecto a la excepción por falta de acción planteada por la apelante Ferrera Turcios. Como agravio la apelante plantea que se hizo desconocimiento a la función exclusiva del Tribunal Superior de Cuentas en la fiscalización a posteriori de los fondos públicos administrados por los poderes del Estado y la preeminencia normativa de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas por sobre la Ley del Ministerio Público. Sobre ello esta corte ya se ha referido al resolver el recurso de apelación del Abogado Raúl Suazo Barillas, por lo que es procedente hacer simplemente referencia a lo ya señalado cuando se dio respuesta a dicho agravio. También la apelante señala la no aplicación del Decreto 166-2019 a favor de su representada, pero aclara que ello no debe entenderse como aceptación de que haya manejado fondos públicos, con lo cual se incurre en una contradicción pues el decreto referido esta orientado precisamente a regular la liquidación de fondos públicos por aquellas personas que estuvieron a cargo de su manejo para la ejecución de proyectos de vinculación social, personas a los que denomina la normativa como Ejecutores. A partir de lo señalado por el Apelante, el Decreto 116-2019, no es aplicable a la acusación formulada en contra de la señora Carol Ivon Pineda Baide, precisamente por lo que la apelante señala: la señora Pineda no manejaba fondos públicos, no tenia la calidad de Ejecutora la imputación formulada en su contra se centra en la recepción de supuestas obras. En ese sentido las sentencias que la Apelante cita para respaldar su argumento de que el Decreto 166-2019 debe ser aplicado al caso concreto tampoco son vinculantes a la decisión judicial en el presente caso, pues como se ha señalado la acusada no tiene calidad de Ejecutora de Fondos Públicos en los términos de la normativa señalada.CONSIDERANDO (8): Que del estudio de las diligencias, esta Sala observa que el proceso inicia en el año 2019, al decretarse Auto de Formal Procesamiento en fechas treinta (30) de mayo y siete (7) de Junio del año referido ut supra, por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción contra los señores Miguel Rodrigo Pastor Mejía, Walter Noe Maldonado Maldonado, Daysi Marina Zuniga Méndez, Claudia Marisela Matute Colindres, José Manuel Valladares Rosa, Carol Ivon Pineda Baide y Luisa Maria Fonseca Montalván, por su posible participación en la comisión de los delitos de Abuso de Autoridad, Cohecho, Fraude, facilitación para el Lavado de Activos y Falsificación de Documentos Públicos; la Genesis del asunto y conforme a los hechos denunciados, la empresa mercantil Inmobiliaria Rivera Maradiaga S.A. de C.V. (INRIMAR), presentó en el año 2010, ante la Direccion de Carreteras, documentos de precalificación para obtener la categorización de su empresa y así poder participar en los procesos de construcción en la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y sin seguir los procedimientos legales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento, se notificó a INRIMAR la calificación de categoría A, no obstante del análisis del expediente de precalificación, se logró establecer que nunca se integró una comisión de evaluación que emitiera dictamen técnico que estableciera que la empresa cumplía con todos los estándares profesionales para adquirir dicha categoría. Derivado de lo anterior, la empresa INRIMAR y SOPTRAVI, celebraron la suscripción de veintiún (21) contratos de construcción y supervisión de diferentes obras en los departamentos de Colon y Olancho, sin seguir los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes, pues al momento de la suscripción de los contratos, no había disponibilidad de fondos en la estructura presupuestaria de SOPTRAVI, comprometiendo los recursos del Estado. Aunado a ello los contratos se otorgaron mediante la modalidad de licitación privada, permitiendo un fraccionamiento del precio de las obras y una sobrevaloración de los contratos de los proyectos de obras que no se llevaron a cabo. (Folios del 1125-1160 de la copia de los antecedentes del Ad-quem, relacionados al señor Miguel Rodrigo Pastor, en ocasión de los recursos de apelación promovidos contra el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo) CONSIDERANDO (9): Que este Alto Tribunal conoce de tres amparos que fueron presentados por las defensas de los encausados JOSÉ MANUEL VALLADARES ROSA, CAROL IVON PINEDA BAIDE y MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA; siendo que las tres garantías constitucionales iban dirigidas contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha ocho de marzo del año dos mil veintitrés, se dispuso mediante providencia de fecha siete de mayo del año dos mil veinticuatro, acumular los amparos con registro de expediente números 628, 675 y 0574-2023, ello con el propósito de mantener la unidad y continencia de la causa y producir una sola sentencia. Es importante referir que en fecha trece (13) de enero del año dos mil veintidós (2022), esta Sala de lo Constitucional dictó sentencia en los recursos de Amparo interpuesto a favor de los señores DAYSI MARINA ZUNIGA MENDEZ, WALTER NOE MALDONADO MALDONADO, CLAUDIA MARISELA MATUTE COLINDRES Y MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJIA, asimismo el Amparo interpuesto a favor del ESTADO DE HONDURAS, recursos de Amparo que fueron promovidos contra el auto de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), dictado por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en relación a los Autos de Formal Procesamientos decretados por el A-quo y con registro de expediente SCO-1032, 1037, 1042, 1047 y 1050-2019; si bien es cierto las acciones constitucionales referidas ut supra no fueron interpuestos contra la resolución de fecha ocho de marzo del año dos mil veintitrés, lo cierto es que los vicios denunciados por la defensa en aquel momento son en parte los expuestos de nueva cuenta por los ahora recurrentes, referidos a: 1) Que algunos de los encausados no ocupaban cargo público, por lo tanto no eran funcionarios; siendo este elemento necesario para que se pueda configurarse el delito de Fraude, de acuerdo con el artículo 376 del Código Penal, considerando la posible responsabilidad penal a través de la teoría del extraneus; y, 2) La prejudicialidad administrativa, referida a la aplicación del decreto 116-2019 que contiene la Ley especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos, la cual en su artículo 16 imposibilita la continuación de cualquier causa penal, relacionada con fondos públicos mientras el Tribunal Superior de Cuentas no realice una auditoría al respecto, por ello el pronunciamiento a emitir en la resolución de las tres garantías de Amparo que ahora se resuelven, deben ir en armonía con el criterio ya vertido por este Alto Tribunal en el fallo constitucional supra relacionado.CONSIDERANDO (10): Que los argumentos expuestos por las defensas de los encausados versan en parte sobre las mismas exposiciones realizadas en los amparos con registro SCO-1032, 1037, 1042, 1047 y 1050-2019; así tenemos que el Abogado CÁRDENAS RUIZ se centra en la vulneración del principio de legalidad elemento constituyente del debido proceso, así como el principio de reserva de ley; el recurrente hace alusión a la prohibición de analogía como una derivación del principio de legalidad, la que se encuentra inmersa en el artículo 11 del Código Penal Decreto 144-83, al establecer que las autoridades judiciales no podrán crear ningún tipo de figuras delictivas, haciendo analogías razonamientos de conductas basándose en la existencia de semejanza con otra situación parecida (Analogía en malam partem, es decir en perjuicio del imputado). El peticionario aduce que su representado el señor JOSÉ MANUEL VALLADARES ROSA, aun y cuando es un particular, se le sigue un proceso por el delito de fraude especial comprendido en el Título XIII delitos contra la Administración Pública, Capítulo VIII, del Código Penal Decreto 144-83 y el cual requiere para su calificación que el sujeto activo sea un funcionario público, condición esta que no reúne su representado, por lo que la conducta resulta atípica. Los recurrentes abogados FERRERA TURCIOS y SUAZO BARILLAS coinciden en la vulneración del derecho a la defensa, debido proceso, igualdad ante la ley y principio de inocencia en la existencia de prejudicialidad administrativa por la evidente existencia de disposiciones de índole constitucional y disposiciones legales de carácter procedimental que tienen preeminencia en relación a la facultad del Ministerio Público de incoar acción penal y excepción por falta de acción cuando no puede proseguirse ya sobreviene un obstáculo definitivo con posterioridad al inicio del proceso que imposibilita la continuación del mismo, mismas que se encuentran previstas en el artículo 46 numerales 1) y 2) del Código Procesal Penal. Se estima, asimismo que la resolución del Tribunal Ad Quem ha vulnerado el debido proceso adjetivo, formal o procesal derivado el artículo 90 constitucional, para garantizar un procedimiento judicial justo, puesto que ha inobservado el principio de Reserva de Ley Constitucional mediante, el cual el legislador dispuso como condición de procedibilidad a la intervención del Ministerio Público, en los delitos de Cohecho y Fraude y en los otros delitos que lesionen la Administración Pública. El Abogado SUAZO BARILLAS expone como elemento nuevo y no referido con anterioridad en el fallo constitucional con registro SCO-1032, 1037, 1042, 1047 y 1050-2019, lo referente a la despenalización del delito de Facilitación de Lavado de Activos. Sostiene el garantista que en el nuevo Código Penal desaparece la condición de Servidor o Funcionario Público que facilita el Lavado de Activos como se puede apreciar en el Título XXV de éste y la reforma del Decreto 93-2021 del 1 de noviembre del 2021, despenalizó por su parte el régimen de validez de origen en el delito de Lavado de Activos y de ahí en lo sucesivo, solamente se puede imputar la comisión de este delito de Lavado de Activos bajo el régimen umbral con la presencia de delitos precedentes al Lavado de Activos y entre tanto se deroga la obligación de probar la fuente lícita de bienes como figura penal. Este Código Penal Unificado bajo reforma 93-2021 derogó de la tipología del delito de Lavado de Activos, específicamente la caracterización del delito de Lavado de Activos proveniente del régimen o Principio de Validez de origen de bienes, por medio del cual se criminalizaba las conductas humanas que requeridas por autoridad competente no acreditaban el origen lícito de bienes. Al mismo tiempo, este Código Penal Unificado suprimió del catálogo de esos delitos la figura penal de Facilitación de Lavado de Activos, por ello el principio de retroactividad se debe aplicar contra el delito de Facilitación de Lavado de Activos, pues este ya no obra como tal y no tiene por qué seguir existiendo sus efectos jurídicos inexistentes. CONSIDERANDO (11): Que los derechos constitucionales que se consideran vulnerados inter alia son el derecho a la igualdad, defensa, debido proceso y legalidad contenidos en los artículos 60, 82, 89, 90 y 95 de la Constitución de la República. Para dar respuesta a las tesis expuestas por los peticionarios, se muestra importante referir que la Corte interamericana ha señalado que el principio de igualdad y no discriminación “posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno”, y que “sobre el descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional”. Asimismo, en el caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica, se señala que la Corte ha marcado la diferencia entre “distinciones” y “discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos. Siguiendo los criterios de la Corte IDH en relación al principio a la igualdad, señala que, el principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los Estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos. Así tenemos entonces que el principio de igualdad jurídica “constituye, por imperativo constitucional, un derecho fundamental de la persona a no sufrir discriminación, esto es, a no ser tratada jurídicamente de manera diferente a quienes se encuentren en su misma situación, de no mediar una justificación objetiva y razonable”. A mayor abundancia en la compresión de este derecho fundamental, el Tribunal Constitucional de España en la sentencia STC 83/1984, de 24 de julio, argumentó: “a la igualdad jurídica, es decir, a no soportar un perjuicio -o una falta de beneficio- desigual e injustificado en razón de los criterios jurídicos por los que se guía la actuación de los poderes públicos”. El derecho a la igualdad alude a “los criterios jurídicos normativos, contenidos en las normas jurídicas, así como los criterios jurídicos adoptados para la aplicación de las normas”; así entonces este principio fundamental se puede considerar infringido en la medida en que la ley o el aplicador de la ley otorgue a una persona o grupo de personas un trato injustificadamente diferenciado al otorgado a otras personas o grupos que se encuentran en la misma situación de hecho o posición jurídica. Quien invoca el principio debe aportar el término de comparación que por contraste pondría de manifiesto que se está siendo tratado de forma peyorativa.CONSIDERANDO (12): Que el derecho a la defensa se encuentra reconocido en el artículo 82 constitucional, por ello siendo inviolable este derecho individual, toda persona tiene libre acceso a los tribunales a efecto de ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes; este derecho también encuentra reconocimiento en convenios internacionales de protección de Derechos Humanos, suscritos por Honduras, así tenemos lo establecido en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 10 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos, artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a ser oído, como parte del derecho a la defensa es entendido conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH “que toda persona pueda tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones”. A mayor abundamiento la Corte Interamericana ha afirmado que la exigencia de que una persona sea oída “es equiparable al derecho a un ‘juicio’ o a ‘procedimientos judiciales’ justos” CONSIDERANDO (13): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (14): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. El Sistema interamericano otorga gran importancia al concepto de nullum crimen, nulla poena sine lege. La Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. La Corte Interamericana ha sostenido que la ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. La Corte también ha declarado que es contrario al artículo 9 de la Convención el que dos a mas leyes que aluden esencialmente a la misma conducta criminal -tales como los delitos casi indistinguibles relacionados con el terrorismo y la traición a la patria, o delitos similares respecto de “afiliación” y “colaboración” con organizaciones terroristas. CONSIDERANDO (15): Que, es importante hacer énfasis en relación a que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar y salvaguardar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 8 las garantías judiciales y de interés en el caso sub júdice los numerales 1 y 2.h que textualmente señalan: “Garantías judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: … h. Derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior…”. En ese orden de ideas la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a recurrir el fallo es “una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica”, que “procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho”. En ese sentido, “debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada”, esto es, antes de que sea obligatoria y “t[enga] que ser necesariamente cumplida debido a que en ella se adopta una decisión de forma definitiva, otorgando certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto”. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al contenido del artículo 25 de la Convención, en cuanto a la protección judicial ésta ha señalado que el texto del artículo 25 “es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención”. -El subrayado y énfasis suplido es nuestro- CONSIDERANDO (16): Que, siguiendo esa línea de ideas expuesta por los recurrentes, en defensa de su tesis de la prejudicialidad administrativa, citan el texto del artículo 222 de la Constitución de la República que a la letra dice: “El Tribunal Superior de Cuentas es el ente rector del sistema de control de los recursos públicos, con autonomía funcional y administrativa de los Poderes del Estado, sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes, será responsable ante el Congreso Nacional de los Actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal Superior de Cuentas tiene como función la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las municipalidades y de cualquier otro órgano especial o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas. En el cumplimiento de su función deberá realizar el control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la eficiencia y eficacia, economía, equidad, veracidad y legalidad. Le corresponde además el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los activos, pasivos y, en general, del patrimonio del Estado, para cumplir con su función el Tribunal Superior de Cuentas tendrá las atribuciones que determine su Ley Orgánica”. Disposición constitucional recogida en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en definición de sus atribuciones, precepto citado también por los garantistas. En respaldo a sus alegaciones los recurrentes citan fallos constitucionales emitidos por este Alto Tribunal, entre ellos el Amparo Penal Acumulado con registro de expediente 224 y 360-2016, en relación al derecho penal como última ratio; citan asimismo el Recurso de Inconstitucionalidad con registro de expediente 0099 y 0588-2018, indicando el considerando número 38 “Que sobre la posibilidad de la determinación de que el Tribunal Superior de Cuentas pueda realizar una valoración sobre la responsabilidad penal vulneraria una serie de libertades y derechos constitucionales, ya que aunque el Tribunal Superior de Cuentas sea un órgano constitucional, dichas atribuciones pertenecen al ámbito jurisdiccional propios del Poder Judicial; por lo que la lectura de interpretación conforme a la Constitución, es que el Tribunal Superior de Cuentas, como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas al constatar los indicios racionales de la comisión del delito, esto no significa que determinada la responsabilidad penal de los supuestos imputados que sean acusados por el ente fiscal con base a la información proporcionada por dicho ente de fiscalización.-”. CONSIDERANDO (17): Que es importante señalar que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que, si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el más violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de éste. Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), lo cual orienta a la constitucionalidad de la solución jurídico penal que ha motivado la alzada al conocer y resolver el caso concreto. CONSIDERANDO (18): Que el Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal sólo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal. En consecuencia, el Derecho Penal debe utilizarse sólo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). CONSIDERANDO (19): Que este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, mantiene el criterio jurídico que se deja sentado en el fallo constitucional con registro número SCO-567, 569, 571, 573, 574, 577, 578 y 648-2018, que resuelve los amparos penales promovidos contra actuaciones de la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, por acciones incoadas por el Ministerio Público, también como el caso sub júdice, en perjuicio de la Administración Pública; criterio jurídico que en cuanto a la intervención previa del Tribunal Superior de Cuentas, como fiscalizador a posterior de los bienes del Estado argumenta en el considerando numero 45: “… El hecho de haberse prescindido de este procedimiento ante el Tribunal Superior de Cuentas, supone en contra de los actuales encausados, la privación del derecho a ser sometidos a un debido proceso, al habérseles disminuido el derecho que tienen a la defensa. Entre otros aspectos, el derecho a la defensa se conculca sí, existiendo como ocurre en el presente caso, la oportunidad de someterse a un régimen procesal menos gravoso, se omite deliberadamente éste, agravándole su situación…” Que, en el presente caso, resulta evidente que las imputaciones derivan de la supuesta suscripción de veintiún (21) contratos de construcción y supervisión de diferentes obras en los departamentos de Colon y Olancho a través de SOPTRAVI, sin seguir los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes. Reiterando esta Sala que ello “no debe conllevar al reclamo y deducción de responsabilidad en vía penal, sin antes completar la vía administrativa ante la entidad competente, o sea el Tribunal Superior de Cuentas, en su condición de órgano fiscalizador del Estado, por disposición constitucional. Al respecto, resulta ilustrativa la justificación esgrimida por el legislador nacional, al momento de promulgar el Decreto legislativo número 10-2002-E, que contiene la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, expresa: “Que es una aspiración nacional que el referido organismo inicie su funcionamiento con el propósito de cumplir y hacer cumplir el sistema de control externo, integral, exclusivo y unitario, instituido para garantizar la gestión y utilización legal, eficiente, eficaz y económica de los recursos financieros, asegurar una conducta honesta y ética de los servidores públicos y de los particulares en su relaciones económicas patrimoniales con el Estado y vigilar la correcta administración del patrimonio estatal.” Para lo anterior, el sistema de fiscalización hondureño dispone en el artículo 4 de la citada ley, que en el cumplimiento de sus atribuciones contenidas en el artículo 3 anterior, se observe el carácter preeminente del Tribunal Superior de Cuentas para fiscalizar a posteriori, los fondos y bienes del Estado; lo cual no contradice ni se opone al ejercicio de la acción penal pública del Ministerio Público. Todo lo contrario, la preeminencia es un complemento que permite, que de manera previa a la acción penal, se ejercite el sistema de control fiscalizador por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Dicha función o atribución fiscalizadora del Tribunal Superior de Cuentas, comporta lo que previene el artículo 7, o sea el control económico, financiero gestión y resultado, así como la probidad y ética públicas. Para una mayor claridad, el artículo 37 de la mencionada ley, ilustra que el sistema de control ejercido por el Tribunal Superior de Cuentas tiene por objeto, entre otros: “1) Vigilar y verificar que los recursos públicos se inviertan correctamente en el cumplimiento oportuno de las políticas, programas, proyectos y la prestación de servicios y adquisición de bienes del sector público. 2)… 3) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía asuma plena responsabilidad por sus actuaciones, en su gestión oficial. 4) Desarrollar y fortalecer la capacidad administrativa para prevenir, investigar y sancionar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 5) Promover el desarrollo de una cultura de probidad y ética públicas. 6) Fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y combatir los actos de corrupción en cualquiera de sus formas, y, 7) Supervisar el registro, custodia, administración, posesión y uso de los bienes del Estado.” De igual forma para el control de probidad y ética públicas, el Tribunal Superior de Cuentas tiene la atribución expuesta en el artículo 53 numeral 6, que dispone: “Promover, establecer, y fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, investigar y sancionar, y, en general, combatir la corrupción …” También la ley le asigna el control de fiscalización, cuyo objeto de conformidad a lo que dispone el numeral 2 del artículo 74, manda entre otros puntos a que supervise, que los bienes que se destinan a organismos, órganos y particulares, sean usados para los fines legalmente determinados. CONSIDERANDO (20): Que siempre en relación a este punto, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, desarrolla la fiscalización a posteriori, dividiéndola en control interno y externo. El primero de ellos o interno, consiste en un proceso permanente y continuo, realizado por la dirección, gerencia y otros empleados de las entidades públicas y privadas, con el propósito de asistir a los servidores públicos en la prevención de infracciones a las leyes y a la ética, con motivo de su gestión o administración. El segundo o externo, se refiere a la acción realizada por el Tribunal Superior de Cuentas con el propósito de fiscalizar a los sujetos pasivos, en los aspectos administrativos, legales, financieros o económicos, de gestión y de resultados. El control interno, según el numeral 2) del artículo 46, dispone el objetivo de proteger los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. La Sala encuentra que el artículo 50, explica claramente el iter o procedimiento a seguir, en casos como el de mérito, en que presuntamente hubo infracciones en la adjudicación de veintiún (21) contratos de construcción y supervisión de diferentes obras en los departamentos de Colón y Olancho. Señala el legislador que: “Si como resultado de sus funciones, las unidades de auditoría interna descubrieren hechos que puedan generar responsabilidad administrativa, deberán comunicarlo al titular de la entidad u órgano para que dicte las medidas correctivas que correspondan, dándole seguimiento a las decisiones adoptadas. En el caso de no adoptar o no aplicar medidas necesarias, la Unidad de auditoría interna, deberá comunicarlo al Tribunal en un plazo máximo de quince días. Cuando del examen de los actos o hechos se descubrieren indicios de responsabilidad civil o penal, el auditor interno de la entidad procederá a ponerlo en conocimiento del Tribunal, quien a la vez lo comunicará a la Procuraduría General de la República para que instruya las acciones civiles que fuesen procedentes y al Ministerio Público o al Procurador General de la República, cuando proceda, para el ejercicio de la acción penal.” Además, la ley de que se hace mérito, delinea a partir del artículo 82 en adelante: el procedimiento, impugnaciones y resoluciones que se verifican ante el Tribunal Superior de Cuentas en el ejercicio de sus potestades constitucionales y legales. En términos generales, señala la ley, que el Tribunal, además de las fiscalizaciones y las otras actuaciones que lleva a cabo, podrá instruir sumarios administrativos o realizar investigaciones especiales de oficio o petición de parte interesada, cuando a su juicio considere que existe causa justificada para realizarla, garantizando en todo momento el debido proceso y el derecho de defensa, dando oportunidad a los servidores cuestionados a impugnar el resultado de la investigación fiscalizadora provisional. Trayendo a relación, lo expuesto al presente caso que se estudia, la Sala de lo Constitucional, determina de conformidad a lo establecido en el mencionado artículo 50, que, ante el incumplimiento de los exigencias legales en la adjudicación de los contratos relacionados en el Requerimiento Fiscal, debió seguirse y cumplirse dicho procedimiento de fiscalización. De manera que nunca debió procederse por la vía penal sin agotar el procedimiento legalmente establecido. Esto obedece a que el Derecho Penal es la última ratio o medio que tiene el Estado para deducir la responsabilidad de aquellos que infringen la ley, o como en este caso, las normas dispuestas en reglamentos. CONSIDERANDO (21): Que resulta de relevante importancia, en atención a dar respuesta a los argumentos expuestos por los recurrentes en sus escritos de interposición y formalización de la acción de Amparo, lo consignado en el considerando número 46 del fallo constitucional con registro número SCO-567, 569, 571, 573, 574, 577, 578 y 648-2018, en relación a: “Que el diseño constitucional de Honduras conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad posee una etapa administrativa inicial, donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante, para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos, que sean señalados por el Tribunal Superior de Cuentas; etapa previa a la judicialización, es garantía del derecho defensa, en los casos descritos según el artículo 222 de la Constitución.” Esto se amplía con lo establecido en el considerando 38 de la misma sentencia, en el que la Sala explica que, si bien es cierto estima que el Tribunal Superior de Cuentas no determina la responsabilidad penal, porque eso vulneraría una serie de libertades y derechos constitucionales, y además porque es una atribución que pertenece exclusivamente al ámbito jurisdiccional, o sea que es propia del Poder Judicial; si considera correcto, interpretar lo siguiente de conformidad con la Constitución, así: “el Tribunal Superior de Cuentas, como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas, al constatar los indicios racionales de la comisión del delito, esto no significa que determina la responsabilidad penal de los supuestos imputados que sean acusados por el ente fiscal con base a la información proporcionada por dicho ente de fiscalización.” Por lo que la infracción al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, tal como lo establecen los amparistas, y la consecuente desestimatoria de las excepciones y nulidades, opuestas en la Audiencia de Preparación del Debate, constituyen una causa para dictar Amparo a favor de los encausados, en virtud de que se obviaron formalidades legales que repercuten en el derecho de defensa e igualdad de los ahora encartados, al constar que les fue negado defenderse dentro del ámbito o proceso administrativo. CONSIDERANDO (22): Que, aunado a ello, en el considerando número 47 del fallo en comento, este Tribunal de Justicia Constitucional deja establecido: “Que, en conclusión, la Sala de lo Constitucional estima de recibo el argumento esgrimido por uno de los amparistas, quien señaló, que no existe razón suficiente para estimar que las normas de la Ley Orgánica comentada, reduzca la competencia del Tribunal Superior de Cuentas al caso único del enriquecimiento ilícito. Si bien es cierto, el legislador hace mención directa de este delito, no debe esto conducir al error de agotar todo el funcionamiento institucional del Tribunal Superior de Cuentas a este único propósito, sino que debe considerarse de que el inciso 3 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, dispone una competencia más amplia al disponer lo siguiente: “conocer de las irregularidades que den lugar a responsabilidad administrativa civil o penal y darles el curso legal correspondiente.” CONSIDERANDO (23): Que el Abogado Suazo Barillas expone también la vulneración del derecho al Debido Proceso, en atención a la aplicación del Principio de Retroactividad de la ley penal más favorable, ante la Supresión del delito de Facilitación de Lavado de Activos en el nuevo Código Penal Unificado, señalando dos premisas a saber: a) El Código Penal Unificado -Decreto 130-2017-, bajo reforma 93-2021 derogó de la tipología del delito de Lavado de Activos, específicamente la caracterización del delito de Lavado de Activos proveniente del régimen o Principio de Validez de origen de bienes; y, b) Este Código Penal Unificado suprimió del catálogo de esos delitos la figura penal de Facilitación de Lavado de Activos.CONSIDERANDO (24): En respuesta al argumento de Supresión del delito de Facilitación de Lavado de Activos en el nuevo Código Penal -Decreto 130-2017-, de la foliada de los antecedentes esta Sala advierte que al señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA se le dictó Auto de Formal Procesamiento por su posible participación a título de Autor en la comisión de veintiún (21) delitos de FRAUDE, por el delito de COHECHO y un delito de FACILITACIÓN PARA EL LAVADO DE ACTIVOS. Al momento de suscitarse los hechos acusados por el delito de FACILITACIÓN PARA EL LAVADO DE ACTIVOS, se encontraba en vigencia La Ley Contra el Delito de Lavado de Activos-Decreto No. 45-2002-, normativa que establecía en el artículo 7: “Los servidores públicos, que valiéndose de sus cargos, participen, faciliten o se beneficien en el desarrollo de las actividades delictivas tipificadas en esta Ley, serán sancionados con la pena establecida en el Artículo 3 de esta Ley, aumentada en un tercio (1/3) y la inhabilitación definitiva en el ejercicio de su cargo. La pena indicada en este Artículo también se aplicará a los representantes legales de las personas jurídicas que en confabulación con las personas anteriormente mencionadas hayan participado en la comisión de este delito”. Que al momento de presentarse el requerimiento Fiscal en el año dos mil diecinueve (2019), se encontraba vigente la Ley Especial Contra el Lavado de Activos -Decreto No. 144-2014-, normativa que establecía en el artículo 40: “El empleado o funcionario público que valiéndose de su cargo participe, facilite o se beneficie en el desarrollo de los delitos de lavado de activos, encubrimiento del delito de lavado de activos o en la asociación para la ejecución de lavado de activos, debe ser sancionado con una pena igual a la establecida en el Artículo 38 de esta Ley, aumentada en un cuarto (1/4) y la inhabilitación absoluta definitiva en el ejercicio de cualquier cargo público, como penas principales. La pena indicada en este Articulo también se debe aplicar a los representantes legales de las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de este delito”. Que, en el transcurso del proceso, entró en vigencia el Decreto No.130-2017, contentivo del nuevo Código Penal; este nuevo Código Penal como bien lo expone el garantista, busca Inter alia, la unificación en un solo texto de los tipos penales regulados en leyes especiales, evitando asimismo la creación de tipos penales omnicomprensivos, ambiguos o con deficiente calidad descriptiva que violan la legalidad estricta; desproporcionalidad en las penas, incremento en las conductas consideradas como delito etc. Así tenemos que el artículo 439 tipifica el delito de Lavado de Activos de la siguiente forma: “Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, de apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, explotación de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito, cometidos por él o por un tercero, o que no tenga causa o, justificación económica o licita de su procedencia…”. Que mediante Decreto Legislativo No. 93-2021, el artículo 439 relativo a la tipificación del delito de Lavado de Activos sufrió reformas en relación a este tipo penal, desapareciendo como bien lo expone el recurrente de la tipología del delito de Lavado de Activos, específicamente la caracterización del delito de Lavado de Activos proveniente del régimen o Principio de Validez de origen de bienes, leyéndose del texto lo que sigue: “Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero…” CONSIDERANDO (25): Que en este punto se muestra importante hacer referencia a los conceptos de participación y facilitación así tenemos que el término participación tiene varias acepciones a saber: “Participación. Anuncio o noticia que se comparte con alguien. // 2. tarjeta en la que consta esta información. // 3. Parte// 4. Comisión. // 5. Aviso. // 6. Cooperación. // 7. Boleto”, de interés también el concepto de Partícipe. “Persona que participa o tiene participación en algo. // 2. Cada uno de los afectados en una repartición. // 3. Cooperador, cómplice. // 4. Quien comparte las afinidades ideológicas con otro. // 5. Cada uno de los socios en un negocio. // 6. Persona que forma parte de la vida de otra. // 7. Codueño.”; siguiendo con estos conceptos el término facilitación atañe a: “Simplificación de las condiciones o requerimientos necesarios para obtener algo”, también de interés el concepto de facilitar: “Hacer posible o más sencilla la consecución o ejecución de algo”. El Abogado Suazo Barillas peticiona la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable, ante la prevalencia de dos premisas que despenalizan el delito de Facilitación de Lavado de Activos a favor de su representado, en ese orden de ideas el Artículo 96 de la Constitución de la República establece: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”, en armonía con la enunciada disposición constitucional el artículo 615 del Código Penal Decreto 130-2017 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el Órgano Jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. -Subrayado suplido- CONSIDERANDO (26): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Reiterando que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (27): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable”. -Énfasis y subrayado añadidos- CONSIDERANDO (28): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (29): Que el Principio de Legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley la que a su vez las limita y controla. Es así que podemos ver entonces que es en virtud de este principio, que nuestro texto constitucional en su artículo 321 limite las facultades de los servidores del Estado a las que expresamente les confiera la ley. En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al principio de legalidad penal ha establecido que: "…corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico…”. Es por ello que esta Sala afirma que el principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un criterio rector e incluso controlador en el ejercicio del poder punitivo del Estado. Aunado a ello para la vigencia del principio de legalidad en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, debiendo ser observado por parte de la autoridad competente el principio de máxima taxatividad, siendo prohibida la analogía en materia penal, con el fin de evitar que la ambigüedad en la formulación de tipos penales genere dudas, abriendo con ello el campo al arbitrio de la autoridad. CONSIDERANDO (30): Que como corolario de todo lo anteriormente expuesto, este Alto Tribunal de Justicia estima de recibo el argumento del Abogado Suazo Barillas peticionando la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable, en atención a que como bien expone citando el fallo constitucional con registro de expediente SCO-424-2021 de fecha tres de junio del año dos mil veintidós, el Decreto Legislativo No 93-2021, contiene una mayor benignidad en relación a las normas penales derogadas y reformadas, pues de acuerdo al examen de los hechos acusados por el Ministerio Público, estos no encuadran en el Decreto Legislativo No 93-2021 puesto que, con dicha reforma se elimina el párrafo infine del artículo 439 del Código Penal Vigente, que establecía “…o que no tengan causa o, justificación económica lícita de su procedencia”. Aunado a ello la conducta descrita en la acusación y por la cual se dictó Auto de Formal Procesamiento “Facilitación para el Lavado de Activos”, no encaja en la descripción de la nueva norma penal, es decir en el artículo 439 del Código Penal vigente y siendo que los hechos acusados al señor Miguel Rodrigo Pastor no encuadran en la norma penal vigente convierten a dicho hecho en atípico. CONSIDERANDO (31): Que es importante hacer énfasis en lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en atención a que el objeto de la Ley es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional; ello en observancia de los principios que rigen la substanciación de la acción de Amparo a saber: independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. Por ello en virtud de lo anterior es procedente declarar con lugar los amparos de mérito, promovidos por las defensas de los encausados, JOSÉ MANUEL VALLADARES ROSA, CAROL IVON PINEDA BAIDE y MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA, debiendo restituirse a los agraviados los derechos al debido proceso, defensa, igualdad y principio de legalidad, que les han sido vulnerados con la resolución de fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN; para ello el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en observancia de los diferentes elementos plasmados en el presente fallo constitucional.POR TANTO:La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 60, 80, 90, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 222 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 numeral 5) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 439, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; Decreto Legislativo No. 93-2021; artículos 1, 2, 3 numeral 2), 4, 5, 7, 9 numeral 2), 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: I) OTORGANDO la Acción Constitucional de Amparo promovida a favor de los encausados JOSÉ MANUEL VALLADARES ROSA, CAROL IVON PINEDA BAIDE y MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), que declaró Sin Lugar los recursos de Apelación interpuestos por la Defensa, contra la resolución de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintitrés (2023), dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en relación a la causa instruida contra los señores: 1) JOSÉ MANUEL VALLADARES ROSA, por suponerlo responsable del delito de FRAUDE; 2) CAROL IVON PINEDA BAIDE, por suponerla responsable del delito de FRAUDE; y, MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA, por suponerlo responsable de los delitos de FRAUDE, COHECHO y FACILITACIÓN PARA EL LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, de la cual se ha hecho mérito, en virtud de: a) No haberse agotado previamente el procedimiento correspondiente ante el Tribunal Superior de Cuentas; y, b) La despenalización de la conducta de Facilitación para el Lavado de Activos. II) En consecuencia: Se ordena la restitución del derecho al debido proceso por vía del derecho de defensa, igualdad y principio de legalidad, a ser oídos por autoridad competente, debiéndose para ello proveer que el presente asunto sea conocido por el Tribunal Superior de Cuentas, para que actúe de conformidad a las atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela de los derechos vulnerados, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan; III) Déjese sin valor y efecto LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO, decretado por este Alto Tribunal mediante providencia de fecha quince de mayo de dos mil veintitrés, peticionado a favor del señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada.- NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal (Acumulado )registrado en este Tribunal con el número SCO-628,675 y 574-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL