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Sentencia AP-616-23 — Registro 18673

Resumen

Corte de Apelaciones declaró ha lugar recurso de apelación y revocó el sobreseimiento provisional contra recurrente a quien se le supone responsable del delito de Tráfico Ilícito de drogas y porte ilegal de armas de fuego de uso comercial en perjuicio de la Salud Pública y el Orden Público; Consideró que con los medios de prueba aportados en audiencia inicial se conforma el indicio racional de participación del imputado en los delitos que se le imputan

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"continuando con el análisis de establecer si se ha vulnerado o no los derechos constitucionales invocados por el amparista, es menester relacionar que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y su circunstancia, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley procesal penal; asimismo los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto de proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio aunque no se encuentre expresamente regulado en el Código Procesal Penal, siempre y cuando sean objetivamente confiables..."..."la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado o imputados (as) en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales estatuidos en la Constitución de la República..."..."para esta Sala es importante entonces recordar lo establecido en el Artículo 297 del Código Procesal Penal, en cuanto a que la tarea de determinar si procede o no decretar Auto de Prisión, corresponde a los órganos jurisdiccionales de instancia; sin olvidar que la finalidad de los medios de prueba, es el establecimiento de la verdad de los hechos, pudiendo estos últimos ser demostrados utilizando cualquier medio de prueba, siempre que éstos sean objetivamente confiables; tal confiablidad y credibilidad le corresponde concederla a los tribunales de instancias, a quienes les compete el resolver las pretensiones expuestas por las partes, sobre los asuntos que son llevados a los tribunales..."..."esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones plasmadas por el recurrente en la acción constitucional de amparo impetrada, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a declarar con lugar el recurso de Apelación interpuesto, revocar el Sobreseimiento Provisional y ordenar el dictado de Auto de Formal Procesamiento..."..."En relación al principio de presunción de inocencia regulado en el artículo 89 de la Constitución de la República, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el principio de presunción de inocencia, constituye un fundamento de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada, de modo que dicho principio, es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa.- En consecuencia, el principio de presunción de inocencia “acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme”.En ese sentido el recurrente arguye vulneración al principio de presunción de inocencia pues el Tribunal de Alzada argumenta que los medios de prueba aportados en audiencia inicial, conforman el indicio racional de participación del imputado Osman Orlando Lainez en los delitos que se le imputan. En relación al argumento del pedidor, advierte esta Sala, que el fundamento legal del Tribunal de Alzada para declarar Con Lugar el Recurso de Apelación y Revocar el Sobreseimiento Provisional dictado en favor del señor Osman Orlando Funez, es el artículo 294 del Código Procesal Penal, que en su último párrafo reza: ...En consonancia a esta norma procesal, la resolución recurrida, ha sido dictada respetando el principio de legalidad que el recurrente arguye vulnerado, pues la misma exige la probabilidad, mas no certeza de participación en esta etapa del proceso, respetando con ello, los demás derechos constitucionales que según el recurrente han sido vulnerados..."..."entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”..."..."a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, revocar el sobreseimiento provisional a favor del imputado Osman Orlando Lainez Torres, que fuera dictada por el A-quo y a su vez ordenar el dictado de Auto de Formal Procesamiento, no ha vulnerado los derechos constitucionales invocados por el recurrente. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que se han respetado las formalidades, derechos y garantías que lleva implícito el derecho al debido proceso y principio de legalidad, ello porque el recurrente ha tenido acceso a los órganos jurisdiccionales, a proponer y evacuar prueba, a ser oído en sus alegaciones, a recurrir el fallo, el dictado de una resolución debidamente motivada, al establecer el Ad-quem los hechos y fundamentos de derecho que le llevaron a obtener la convicción y por ello ha procedido a emitir la resolución que es recurrida en Amparo...."por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. la Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del dictado de un auto de formal procesamiento o un sobreseimiento provisional o definitivo, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; ello luego de evacuada la prueba propuesta en audiencia inicial, debiendo garantizar los principios y derechos rectores en el proceso penal a saber: defensa, inocencia, contradicción, inmediación, igualdad de armas procesales, entre otros, a menos, claro está, que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido. Reiterando este Alto Tribunal que el obtener respuestas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"continuando con el análisis de establecer si se ha vulnerado o no los derechos constitucionales invocados por el amparista, es menester relacionar que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y su circunstancia, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley procesal penal; asimismo los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto de proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio aunque no se encuentre expresamente regulado en el Código Procesal Penal, siempre y cuando sean objetivamente confiables..."..."la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado o imputados (as) en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales estatuidos en la Constitución de la República..."..."para esta Sala es importante entonces recordar lo establecido en el Artículo 297 del Código Procesal Penal, en cuanto a que la tarea de determinar si procede o no decretar Auto de Prisión, corresponde a los órganos jurisdiccionales de instancia; sin olvidar que la finalidad de los medios de prueba, es el establecimiento de la verdad de los hechos, pudiendo estos últimos ser demostrados utilizando cualquier medio de prueba, siempre que éstos sean objetivamente confiables; tal confiablidad y credibilidad le corresponde concederla a los tribunales de instancias, a quienes les compete el resolver las pretensiones expuestas por las partes, sobre los asuntos que son llevados a los tribunales..."..."esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones plasmadas por el recurrente en la acción constitucional de amparo impetrada, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a declarar con lugar el recurso de Apelación interpuesto, revocar el Sobreseimiento Provisional y ordenar el dictado de Auto de Formal Procesamiento..."..."En relación al principio de presunción de inocencia regulado en el artículo 89 de la Constitución de la República, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el principio de presunción de inocencia, constituye un fundamento de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada, de modo que dicho principio, es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa.- En consecuencia, el principio de presunción de inocencia “acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme”.En ese sentido el recurrente arguye vulneración al principio de presunción de inocencia pues el Tribunal de Alzada argumenta que los medios de prueba aportados en audiencia inicial, conforman el indicio racional de participación del imputado Osman Orlando Lainez en los delitos que se le imputan. En relación al argumento del pedidor, advierte esta Sala, que el fundamento legal del Tribunal de Alzada para declarar Con Lugar el Recurso de Apelación y Revocar el Sobreseimiento Provisional dictado en favor del señor Osman Orlando Funez, es el artículo 294 del Código Procesal Penal, que en su último párrafo reza: ...En consonancia a esta norma procesal, la resolución recurrida, ha sido dictada respetando el principio de legalidad que el recurrente arguye vulnerado, pues la misma exige la probabilidad, mas no certeza de participación en esta etapa del proceso, respetando con ello, los demás derechos constitucionales que según el recurrente han sido vulnerados..."..."entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”..."..."a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, revocar el sobreseimiento provisional a favor del imputado Osman Orlando Lainez Torres, que fuera dictada por el A-quo y a su vez ordenar el dictado de Auto de Formal Procesamiento, no ha vulnerado los derechos constitucionales invocados por el recurrente. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que se han respetado las formalidades, derechos y garantías que lleva implícito el derecho al debido proceso y principio de legalidad, ello porque el recurrente ha tenido acceso a los órganos jurisdiccionales, a proponer y evacuar prueba, a ser oído en sus alegaciones, a recurrir el fallo, el dictado de una resolución debidamente motivada, al establecer el Ad-quem los hechos y fundamentos de derecho que le llevaron a obtener la convicción y por ello ha procedido a emitir la resolución que es recurrida en Amparo...."por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. la Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del dictado de un auto de formal procesamiento o un sobreseimiento provisional o definitivo, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; ello luego de evacuada la prueba propuesta en audiencia inicial, debiendo garantizar los principios y derechos rectores en el proceso penal a saber: defensa, inocencia, contradicción, inmediación, igualdad de armas procesales, entre otros, a menos, claro está, que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido. Reiterando este Alto Tribunal que el obtener respuestas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS FRANCISCO HERRERA ORELLANA a favor del señor OSMAN ORLANDO LAINEZ TORRES, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON JURISDICCION NACIONAL en fecha ocho de diciembre dos mil veintitrés, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, con relación a la causa instruida contra el señor OSMAN ORLANDO LAINEZ TORRES por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio del LA SALUD Y LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 69, 84, 89 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales Abogada JESSICA TERCERO, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores LUIS FERNANDO MALDONADO TORRES y OSMAN ORLANDO LAINEZ TORRES, por suponerlos responsables de la comisión del delito de TRAFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de LA SALUD PUBLICA Y EL ORDEN PUBLICO. (Folios 01-07 de los antecedentes)2)Que en fecha catorce de enero del dos mil veintidós, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal celebró audiencia inicial, donde se resolvió: “PRIMERO: Decretar Sobreseimiento Provisional a favor del señor OSMAN ORLANDO LAINEZ TORRES, por suponerlo responsable de la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de LA SALUD PUBLICA y EL ORDEN PUBLICO. Con fundamento en el artículo número 295 del Código Procesal Penal.- TERCERO: Revocar la medida cautelar de Detención judicial impuesta en audiencia de declaración de imputado al señor OSMAN ORLANDO LAINEZ TORRES, para lo cual se libra el correspondiente oficio de excarcelación correspondiente, sin perjuicio de que tenga otros procesos pendientes en su contra.….” (Folio 180-206 de la pieza de antecedentes)3)Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de la que se hace referencia en el numeral que precede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, emitió resolución en fecha ocho de diciembre de dos mil veintidós, en la cual Resolvió: “1) Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto.- 2) REVOCAR el sobreseimiento provisional y que se dicte el correspondiente auto de formal procesamiento….”. (Folios 230 al 235 de la pieza de antecedentes)4)Que en fecha siete de marzo de dos mil veintitrés, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en la cual: “RESUELVE: Declarando NO HA LUGAR el recurso de Reposición interpuesto por el Abogado CARLOS FRANCISCO HERRERA ORELLANA defensor privado del señor OSMAN ORLANDO LAINEZ TORRES.”. (Folio 238 de los antecedentes)6)Que en fecha doce de mayo de dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado CARLOS FRANCISCO HERRERA ORELLANA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor OSMAN ORLANDO LAINEZ TORRES, contra la Resolución dictada en fecha ocho de diciembre de dos mil veintidós, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos 69, 84, 89 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso, en fecha dieciséis de octubre del año dos mil veintitrés, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folios 01 al 5 y 36 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada en fecha ocho de diciembre del año dos mil veintidós, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el proceso incoado contra el señor OSMAN ORLANDO LAINEZ TORRES, a quien se le supone responsable de los delitos de TRAFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de LA SALUD PUBLICA Y EL ORDEN PUBLICO, resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y reforma la resolución dictada por el A-quo, en el sentido de revocar el sobreseimiento provisional dictado a OSMAN ORLANDO LAINEZ TORRES, ordenando que se dicte auto de formal procesamiento. CONSIDERANDO (3): Que a juicio del recurrente el acto recurrido vulnera derechos constitucionales, como la libertad personal, no ser arrestado o detenido sino por motivos previamente establecidos por la ley, presunción de inocencia y principio de legalidad; argumenta que la resolución recurrida, contiene una interpretación errónea de los medios de prueba evacuados en audiencia inicial; argumenta vulneración al derecho a la libertad personal, establecido en el artículo 69 de la constitución de la República, al declarar con lugar el recurso de apelación del Ministerio Público, sin fundamentación jurídica, sin pruebas; arguye vulneración al derecho a no ser arrestado o detenido sino por motivos previamente establecidos por la ley, plasmado en el artículo 84 de la Constitución de la República, pues en la resolución recurrida no se encuentra un fundamento establecido en la ley para ordenar que se siga la causa con prueba que no tienen validez, pues el dueño de lo ilícito decomisado ya fue condenado, con lo cual la corte de apelaciones violenta todos los principios establecidos en la ley en cuanto a la valoración de la prueba; argumenta vulneración al principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República, el cual se ve infringido, pues la Corte en su resolución errónea argumenta que se ha demostrado el mínimo indicio de participación, porque en una acta de vigilancia de diez que se realizaron lo vieron en el lugar, que a su representado no lo encontraron en el lugar donde estaba la droga y el arma decomisada; y por ultimo argumenta el pedidor que se violenta el principio de legalidad establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República, pues no hay fundamento legal para que se declare con lugar el recurso de apelación, ya que los medios de prueba testificales, periciales y documentales son claros, que la droga y el arma decomisada son del señor Luis Fernando Maldonado, y de manera arbitraria ordena que se dicte auto de formal procesamiento, pasando por alto el principio de legalidad y excediéndose en las facultades que la ley les confiere. CONSIDERANDO (4): Que tal y como ya hemos referido, la presente garantía de amparo fue instada por el abogado CARLOS FRANCISCO HERRERA ORELLANA, al considerar que el Tribunal Ad-Quem ha vulnerado derechos constitucionales contenidos en los artículos 69, 84, 89 y 321 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO (5): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio del recurrente, los derechos constitucionales de Derecho a la libertad personal preceptuado en el artículo 69 de la Constitución de la República, que dispone: “La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente.”; el Artículo 84 constitucional que dispone: Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivos previamente establecidos en la ley…”; el artículo 89 constitucional que dispone: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.”; así el artículo 321 constitucional, reza: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional, entiende que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales.CONSIDERANDO (7): Que la disposición constitucional contenida en el Artículo 92 de la Constitución de la República, nos lleva a concluir que el auto de formal procesamiento sólo podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la existencia de evidencia probatoria de haberse cometido un delito, y además indicios racionales de quien ha podido ser su autor o cómplice; ahora bien en armonía y en desarrollo del precepto constitucional antes citado, el artículo 297 del Código Procesal Penal señala en su numeral primero que el juzgador para decretar el auto de prisión, considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO (8): Que según lo preceptuado en el Artículo 294 del Código Procesal Penal, en la Audiencia Inicial el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore, dictando bien sea un sobreseimiento provisional, un sobreseimiento definitivo o decretando el auto de formal procesamiento o declaratoria de reo; asimismo el último párrafo del artículo citado, establece que: “En esta audiencia se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada”. En el presente caso, el A-quo después de evacuada la prueba propuesta en Audiencia Inicial ha procedido a dictar Sobreseimiento Provisional a favor del imputado Osman Orlando Laínez Torres, decisión que por unanimidad de votos ha sido revocada por el Tribunal de Segunda Instancia, argumentando éste órgano jurisdiccional que “2.- A raíz de una denuncia y previas vigilancias, se hace un allanamiento en una vivienda, encontrándose entre otras evidencias, las llaves del vehículo Toyota Hilux, que según las vigilancias que se practicaron era conducid y utilizado por el señor Osman Laínez, y en el mismo se encontró, varias bolsas plásticas transparentes, balanzas digitales, seis bolsas color rosado conteniendo hierba seca, bolsa color azul conteniendo hierba seca, envoltorios plásticos transparentes conteniendo terrenos de color blanco, dinero en efectivo, teléfonos celulares.- Se encuentra comprobado con las vigilancias, que el vehículo relacionado era conducido por el ahora imputado; de conformidad con el dictamen de los vaciados telefónicos, el teléfono 88992183 que estaba en uso de Osman Orlando Laínez Torres, alias Burri, tenía comunicación con el de Luis Fernando Maldonado, con lo que se comprueba el vínculo que tenían los dos imputados, estos medios de prueba nos llevan a conformar el indicio racional de la participación del imputado OSMAN ORLANDO LAINEZ en los delitos que se le imputan. 3.- El artículo 311 del Código penal, designa, Tráfico de Droga, Quien de droga. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier otra forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines; al imputado se le encontró en el vehículo que conducía, la droga, por lo que claramente esta tipificado el delito de tráfico de drogas. 4.- Por lo antes expuesto y relacionando las disposiciones legales, consideramos que debe revocarse el sobreseimiento provisional, que se dictó a favor del imputado, y dictarse el correspondiente auto de formal procesamiento.”CONSIDERANDO (9): Que continuando con el análisis de establecer si se ha vulnerado o no los derechos constitucionales invocados por el amparista, es menester relacionar que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y su circunstancia, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley procesal penal; asimismo los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto de proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio aunque no se encuentre expresamente regulado en el Código Procesal Penal, siempre y cuando sean objetivamente confiables. En ese orden de ideas el artículo 202 del Código Procesal Penal, determina: “Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.”, de la lectura de la citada norma procesal penal se desprende que la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”.CONSIDERANDO (10): Que el conjunto de pruebas, aportadas por las partes, deben ser valoradas al momento de celebrarse la audiencia inicial y por ende al tomarse la decisión de si procede dictar o no, el respectivo auto de formal procesamiento contra el imputado o imputados (as); tenemos entonces que el juzgador aplicando la regla de la sana crítica deviene obligado a darle el crédito que tales pruebas le merezcan, sobre lo cual éste deberá razonar de manera motivada en el momento procesal antes mencionado; entendemos entonces que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es únicamente pretender que en esa fase se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que el imputado ha podido participar en la comisión del delito que se le atribuye. CONSIDERANDO (11): Que asimismo la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado o imputados (as) en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales estatuidos en la Constitución de la República. El recurrente promueve amparo contra la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, quien declara Ha Lugar el recurso de Apelación y Revoca el Sobreseimiento Provisional, ordenando el dictado del Auto de Formal Procesamiento; argumentando el impetrante que se vulnera el derecho a la libertad personal, el derecho a no ser arrestado o detenido sino por motivos previamente establecidos en la ley y legalidad, al dictar una resolución carente de fundamento legal y no valorar la prueba; asimismo arguye vulneración del derecho de presunción de inocencia, al afirmar la Corte que se ha demostrado el mínimo indicio de participación, basado en un acta de vigilancia que lo vieron en el lugar, pero a su representado no se le encontró en el lugar de los hechos; por ello, para esta Sala es importante entonces recordar lo establecido en el Artículo 297 del Código Procesal Penal, en cuanto a que la tarea de determinar si procede o no decretar Auto de Prisión, corresponde a los órganos jurisdiccionales de instancia; sin olvidar que la finalidad de los medios de prueba, es el establecimiento de la verdad de los hechos, pudiendo estos últimos ser demostrados utilizando cualquier medio de prueba, siempre que éstos sean objetivamente confiables; tal confiablidad y credibilidad le corresponde concederla a los tribunales de instancias, a quienes les compete el resolver las pretensiones expuestas por las partes, sobre los asuntos que son llevados a los tribunales. CONSIDERANDO (12): Que como corolario de lo anterior, esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones plasmadas por el recurrente en la acción constitucional de amparo impetrada, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a declarar con lugar el recurso de Apelación interpuesto, revocar el Sobreseimiento Provisional y ordenar el dictado de Auto de Formal Procesamiento. CONSIDERANDO (13): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido en su jurisprudencia que el derecho a la libertad personal admite restricciones, que Deben ajustarse a los artículos 30 y 32.2 de la Convención. En relación al principio de presunción de inocencia regulado en el artículo 89 de la Constitución de la República, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el principio de presunción de inocencia, constituye un fundamento de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada, de modo que dicho principio, es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa.- En consecuencia, el principio de presunción de inocencia “acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme”. En ese sentido el recurrente arguye vulneración al principio de presunción de inocencia pues el Tribunal de Alzada argumenta que los medios de prueba aportados en audiencia inicial, conforman el indicio racional de participación del imputado Osman Orlando Lainez en los delitos que se le imputan. En relación al argumento del pedidor, advierte esta Sala, que el fundamento legal del Tribunal de Alzada para declarar Con Lugar el Recurso de Apelación y Revocar el Sobreseimiento Provisional dictado en favor del señor Osman Orlando Funez, es el artículo 294 del Código Procesal Penal, que en su último párrafo reza: “En esta audiencia se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada.” En consonancia a esta norma procesal, la resolución recurrida, ha sido dictada respetando el principio de legalidad que el recurrente arguye vulnerado, pues la misma exige la probabilidad, mas no certeza de participación en esta etapa del proceso, respetando con ello, los demás derechos constitucionales que según el recurrente han sido vulnerados. CONSIDERANDO (14): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader, cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”.CONSIDERANDO (15): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, revocar el sobreseimiento provisional a favor del imputado Osman Orlando Lainez Torres, que fuera dictada por el A-quo y a su vez ordenar el dictado de Auto de Formal Procesamiento, no ha vulnerado los derechos constitucionales invocados por el recurrente. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que se han respetado las formalidades, derechos y garantías que lleva implícito el derecho al debido proceso y principio de legalidad, ello porque el recurrente ha tenido acceso a los órganos jurisdiccionales, a proponer y evacuar prueba, a ser oído en sus alegaciones, a recurrir el fallo, el dictado de una resolución debidamente motivada, al establecer el Ad-quem los hechos y fundamentos de derecho que le llevaron a obtener la convicción y por ello ha procedido a emitir la resolución que es recurrida en Amparo.CONSIDERANDO (16): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. la Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del dictado de un auto de formal procesamiento o un sobreseimiento provisional o definitivo, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; ello luego de evacuada la prueba propuesta en audiencia inicial, debiendo garantizar los principios y derechos rectores en el proceso penal a saber: defensa, inocencia, contradicción, inmediación, igualdad de armas procesales, entre otros, a menos, claro está, que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido. Reiterando este Alto Tribunal que el obtener respuestas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 7, 8. 2, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 139, 141, 198, 202, 294 y 297 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS FRANCISCO HERRERA ORELLANA, a favor del imputado OSMAN ORLANDO LAINEZ TORRES, contra la resolución de fecha OCHO (8) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0616-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL