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Sentencia AP-587-23 — Registro 17877

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia que Otorgó el recurso de amparo por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y lavado de activos; en perjuicio de la administración pública y la economía del estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (6): Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita; En el caso subjudice, la decisión del A quo, resulta contradictoria, en virtud, que ese medio de prueba consistente en 14 pericias correspondiente a los Dictámenes: DICTAMEN PEE-UNAFSPS-N 01-2019 al DICTAMEN PEE- UNAFSPS-N 14-2019, elaborados por el perito Ingeniero Eléctrico José Ernesto Calix Mendoza, ya había pasado bajo el control jurisdiccional (audiencia inicial), admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba, y excluidas posteriormente por el A quo, en la etapa de incidentes en el juicio oral y público, cuando el ente acusador solicita que dichas pericias fuesen introducidas en base a lo estipulado en el artículo 311.2 del Codigo Procesal Penal, ante la imposibilidad del perito de estar presente en el juicio oral, por encontrarse en el extranjero. En ese orden de ideas, esta Sala considera que la ley penal adjetiva, claramente establece los supuestos en los cuales un medio de prueba será inadmitido, legalidad que inobservo el A quo, al momento de emitir la resolución con la cual excluye el medio de prueba pericial, pues el no poder contar con la presencia del perito en debate, no es causal para excluirlo, ya que, como última opción la norma adjetiva establece en el artículo 311.2. LECTURAS AUTORIZADAS. Excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el secretario:” Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral”. En tal sentido, al rechazar el A quo las pericias, sin concurrir las causales prevista en la norma, lesiona los derechos invocados por la recurrente, como se deja señalado en el iter de este fallo.CONSIDERANDO (7): Siguiendo lo plasmado en el considerando anterior, para esta Alzada resulta importante subrayar que la Corte de Apelaciones, ha desarrollado de una manera equilibrada el artículo 80 de la Constitución de la Republica, que en su interior contiene el derecho a la Tutela Judicial Efectiva. La Sala de lo Constitucional la desarrolla como un principio el cual está compuesto por 1. Derecho de Acceso a la Justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. En este prius lógico podemos concluir que La Tutela tiene como función procesal garantizar un debido proceso a quienes acuden al Juzgado o Tribunal. Su cometido es proveer ciertos derechos que se vuelven de aplicación ineludible por su carácter garantista. En la misma línea su aplicación pretende asegurar una correcta configuración del derecho procesal con igualdad de oportunidades para las partes involucradas, con decisiones a favor o en contra, que satisfagan las pretensiones de seguridad jurídica que tiene la sociedad. De esta manera podemos concluir que el Tribunal de Sentencia, al no mostrar coherencia en su motivación, excluyendo el medio de prueba pericial, propuesto por el Ministerio Público degrada el Debido Proceso y por consiguiente, la Tutela Judicial Efectiva , por lo que la Corte de Apelaciones vía recurso Constitucional suple y rescata la vigencia de dicho principio amparando a la recurrente en su resolución.CONSIDERANDO (8): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos invocados por la impetrante para recurrir en amparo, son constitutivos del quebrantamiento de los Derechos invocados como quebrantados, constando en autos que la resolución impugnada, fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a los dispuesto en la norma de procedimiento penal, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta que Otorga el recurso de amparo interpuesto.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, de fecha cinco de mayo de dos mil veintitrés, que Otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GINA LIZETH ROMERO CALIX, Fiscal del Ministerio Publico, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, en la audiencia de debate de juicio oral y público en relación a la causa instruida contra MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, JOSE RAMON BERTETY OSORIO, LUIS ALEJANDRO JOYA FAJARDO, JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, CARLOS MONTES RODRIGUEZ Y OTROS. ANTECEDENTES1)Que en fecha diecisiete (17) de abril de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, la Abogada GINA LIZETH ROMERO CALIX, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, mediante la cual resolvió excluir el medio de prueba pericial consistente en 14 pericias correspondiente a los Dictámenes: DICTAMEN PEE-UNAFSPS-N 01-2019 al DICTAMEN PEE- UNAFSPS-N 14-2019, elaborados por el perito Ingeniero Eléctrico José Ernesto Calix Mendoza, previamente admitidos en Audiencia de Proposición de Medios de Prueba y propuestos por el Ministerio Público, en la causa instruida contra los señores MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, JOSE RAMON BERTETY OSORIO, LUIS ALEJANDRO JOYA FAJARDO, JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, CARLOS MONTES RODRIGUEZ, WILMER ROLANDO POLANCO, CLAUDIA MARISOL LAZO POLANCO, ALDO JOSE SEVILLA CERRATO, OSCAR GUERRA OCAMPO, ALEX IDILIO REYES SERRANO, FRANCISCO JAVIER PINEDA PEÑA, RUBEN ANTONIO LOZANO GIRON, BYRON MENJIVAR FUENTES, Y JACK JORDAN BODDEN ALVAREZ, por suponerlos responsables de los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, FRAUDE y LAVADO DE ACTIVOS; en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01 al 13 de la pieza de antecedentes)2)Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, dictó su sentencia en fecha cinco (05) mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual: FALLA: 1. OTORGANDO LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada Gina Lizeth Romero Calix, en representación del Ministerio Público y los intereses de la sociedad, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción, en fecha 14 de abril del año 2023 y declarando inaplicable la exclusión de los 14 dictámenes periciales así como la aceptación de la renuncia a la ratificación de los mismos. 2. Que el Tribunal recurrido proceda a reivindicar el derecho violentado agotando todos los trámites procesales que la ley prevé para la convocatoria y recibimiento de la prueba pericial; y solo agotado lo anterior, acorde a los resultados, analizar la aplicación del Artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal…” (Folios 140 al 149 de la pieza de antecedentes)3)Que en fecha ocho (08) de mayo de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, de fecha cinco de mayo de dos mil veintitrés, que Otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GINA LIZETH ROMERO CALIX, Fiscal del Ministerio Publico, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, en la audiencia de debate de juicio oral y público en relación a la causa instruida contra MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, JOSE RAMON BERTETY OSORIO, LUIS ALEJANDRO JOYA FAJARDO, JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, CARLOS MONTES RODRIGUEZ Y OTROS. CONSIDERANDO (4): Que la Sentencia proferida por el Ad quem, mediante la cual resuelve Otorgar el Recurso de Amparo interpuesto por el MINISTERIO PÚBLICO. Establece lo siguiente: “… En el presente caso la forma de dar por excluidos los 14 informes periciales denota que la indefensión es material y formal, pues ha de existir una privación o limitación sustancial del derecho de defensa cuando se ha impedido a una de las partes efectuar sus alegaciones o de probar lo alegado, en este caso, a la parte acusadora con los 14 informes periciales. Además, la privación del derecho es real, y efectiva, pues con ello se ve impedida la parte acusadora de satisfacer el fin que a pretendido con tales medios de prueba, que en su momento se consideraron útiles, pertinentes y proporcionales para estos efectos, resultando una indefensión absoluta respecto a ese punto en específico que deseaban demostrar en debate. Asimismo, la indefensión resulta definitiva, toda vez que dicha prueba era prevista para ser evacuada en audiencia de debate, que es el acto procesal donde se emite resolución de carácter definitivo, y con influencia decisiva entorno al fondo del asunto; y de ello ha resultado imputable el Tribunal, quien ha emitido la resolución donde ha estimado excluida la prueba consistente en los informes periciales, entendiéndose que incluso de oficio era posible agotar la convocatoria o citación al perito José Ernesto Calix por funcionario judicial y hasta posibilitar su comparecencia de manera virtual.” Continúa manifestando el Tribunal de Alzada: “ esta Corte observa en la resolución de exclusión emitida por el Tribunal de Sentencia, una contravención de normas procesales de cumplimiento obligatorio lo que conlleva a la vulneración de derechos al Debido Proceso, de Defensa y de Tutela Judicial, debiéndose declarar inaplicable dicha resolución; estando obligado el Tribunal de Sentencia a reivindicar esos derechos, no excluyendo los informes periciales y estimando todas las formas de carácter general o alternas que en coordinación con la parte proponte, posibilite o que, al menos intente, la comparecencia del perito ante el Tribunal durante el debate, teniendo como última alternativa lo dispuesto en el artículo 311.2 del Código Procesal Penal.” Por lo antes expuesto el Ad quem FALLA: OTORGANDO el recurso de Amparo de que se ha hecho mérito CONSIDERANDO (6): Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita; En el caso subjudice, la decisión del A quo, resulta contradictoria, en virtud, que ese medio de prueba consistente en 14 pericias correspondiente a los Dictámenes: DICTAMEN PEE-UNAFSPS-N 01-2019 al DICTAMEN PEE- UNAFSPS-N 14-2019, elaborados por el perito Ingeniero Eléctrico José Ernesto Calix Mendoza, ya había pasado bajo el control jurisdiccional (audiencia inicial), admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba, y excluidas posteriormente por el A quo, en la etapa de incidentes en el juicio oral y público, cuando el ente acusador solicita que dichas pericias fuesen introducidas en base a lo estipulado en el artículo 311.2 del Codigo Procesal Penal, ante la imposibilidad del perito de estar presente en el juicio oral, por encontrarse en el extranjero. En ese orden de ideas, esta Sala considera que la ley penal adjetiva, claramente establece los supuestos en los cuales un medio de prueba será inadmitido, legalidad que inobservo el A quo, al momento de emitir la resolución con la cual excluye el medio de prueba pericial, pues el no poder contar con la presencia del perito en debate, no es causal para excluirlo, ya que, como última opción la norma adjetiva establece en el artículo 311.2. LECTURAS AUTORIZADAS. Excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el secretario:” Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral”. En tal sentido, al rechazar el A quo las pericias, sin concurrir las causales prevista en la norma, lesiona los derechos invocados por la recurrente, como se deja señalado en el iter de este fallo.CONSIDERANDO (7): Siguiendo lo plasmado en el considerando anterior, para esta Alzada resulta importante subrayar que la Corte de Apelaciones, ha desarrollado de una manera equilibrada el artículo 80 de la Constitución de la Republica, que en su interior contiene el derecho a la Tutela Judicial Efectiva. La Sala de lo Constitucional la desarrolla como un principio el cual está compuesto por 1. Derecho de Acceso a la Justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. En este prius lógico podemos concluir que La Tutela tiene como función procesal garantizar un debido proceso a quienes acuden al Juzgado o Tribunal. Su cometido es proveer ciertos derechos que se vuelven de aplicación ineludible por su carácter garantista. En la misma línea su aplicación pretende asegurar una correcta configuración del derecho procesal con igualdad de oportunidades para las partes involucradas, con decisiones a favor o en contra, que satisfagan las pretensiones de seguridad jurídica que tiene la sociedad. De esta manera podemos concluir que el Tribunal de Sentencia, al no mostrar coherencia en su motivación, excluyendo el medio de prueba pericial, propuesto por el Ministerio Público degrada el Debido Proceso y por consiguiente, la Tutela Judicial Efectiva , por lo que la Corte de Apelaciones vía recurso Constitucional suple y rescata la vigencia de dicho principio amparando a la recurrente en su resolución.CONSIDERANDO (8): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos invocados por la impetrante para recurrir en amparo, son constitutivos del quebrantamiento de los Derechos invocados como quebrantados, constando en autos que la resolución impugnada, fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a los dispuesto en la norma de procedimiento penal, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta que Otorga el recurso de amparo interpuesto.POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia venida en Consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, de fecha cinco de mayo de dos mil veintitrés. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0587-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.