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Sentencia AP-488-16 — Registro 6814

Resumen

En consulta las diligencias que contienen la sentencia la que sobreseyó la acción constitucional de amparo, por suponérsele responsable de los delitos de actos de lujuria agravados y allanamiento de morada.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO 6: Que del examen de la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a sobreseer el Recurso de Amparo promovido al detectar que el mismo se está promoviendo contra un acto consentido por el agraviado, como lo ha dejado establecido en el apartado segundo de la motivación del fallo que se revisa en consulta, al indicar que el Tribunal de Alzada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 numeral 3 de la Ley sobre Justicia Constitucional que señala: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1), 2), 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que ha sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes;…”, y ante el hecho que la resolución mediante la cual se inadmitieron los medios de prueba propuestos por el ente acusador fue pronunciada en audiencia del ocho de marzo del presente año, siendo del conocimiento de la representante del Ministerio Público lo establecido en el párrafo segundo del artículo 353 del Código Procesal Penal, el recurso de reposición debió interponerse en ese mismo acto durante el desarrollo de la audiencia probatoria y no por escrito al día siguiente como aconteció en la causa en estudio, por lo que el recurso de reposición fue interpuesto fuera del plazo establecido para ello.- CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintidós de abril del año dos mil dieciséis, dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, que SOBRESEYÓ la acción constitucional de amparo, presentado por la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público a favor de CRICIAN ALEJANDRA SANDOVAL MIRANDA, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA en fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra el señor JORGE ALBERTO AYALA MORALES, quien también se hace llamar WILLIAN AGUILAR GUERRA, por suponérsele responsable de los delitos de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS y ALLANAMIENTO DE MORADA en perjuicio de CRICIAN ALEJANDRA SANDOVAL MIRANDA. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado en perjuicio de su representada los derechos de defensa y debido proceso, consagrados en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1)Que en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, compareció ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTRAMENTO DE ATLÁNTIDA, la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor de CRICIAN ALEJANDRA SANDOVAL MIRANDA contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA en fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, en la audiencia de proposición de medios de prueba en donde según la recurrente, presentó entre otros, el medio de prueba consistente en un Dictamen Médico Legal Social Forense No.2015-0101-0203-56 anexo álbum fotográfico para acreditar al Tribunal de Sentencia que la menor ofendida presentó indicadores de abuso sexual (actos de lujuria), influyendo dicha situación en el entorno en que convive y dando referencia como es tal entorno, medio de prueba que no fue admitido a trámite por el Tribunal de sentencia referido. Posteriormente en fecha nueve de marzo del mismo año dos mil dieciséis, interpuso recurso de reposición en contra de la resolución de fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, en la que el Tribunal de Sentencia declaró sin lugar el recurso de reposición. Relación de hechos que se cotejó con el informe presentado por el Juez Presidente del Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, en donde informó: “Que en la causa numero 04-2016 que se le sigue a Jorge Alberto Ayala Morales por un posible delito de Actos de Lujuria y Allanamiento de Morada en perjuicio de Crician Alejandra Sandoval Miranda se llevó a cabo la audiencia de proposición de medios de pruebas donde no se le admitió a la Fiscalía del Ministerio Publico el medio de prueba denominado “DICTAMEN medico legal social forense y álbum fotográfico” el referido medio de prueba fue presentado con la misma finalidad probatoria, la cual consiste en “ACREDITAR SECUELAS PRODUCTO DEL ABUSO SEXUAL” y con esa misma finalidad probatoria se admitió el dictamen pericial psiquiátrico, y un dictamen psicológico por lo que el dictamen de la trabajadora social no admitido por el Tribunal lo consideramos desproporcionado. Además el Tribunal considera dicho medio de prueba impertinente ya que los supuestos jurídicos por los que se admite un dictamen de un trabajador social es para acreditar el entorno económico y social de la supuesta victima lo cual no tiene relación con la existencia o no de tocamientos que es la teoría del caso del ente acusador. A efecto que se le repusiera dicha resolución la fiscal presentó recurso de reposición el cual fue denegado por las mismas razones…”. Argumentos éstos que considera la recurrente vulneran garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. (Folios del 1 al 6 y 13 de la pieza de antecedentes de amparo).-2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintidós de abril del año dos mil dieciséis, emitió la sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: SOBRESEER LAS PRESENTES DILIGENCIAS que contienen la acción constitucional de Amparo, presentada ante ésta Corte Primera de Apelaciones por la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, contra la resolución judicial dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, en fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, en la causa instruida contra el señor JORGE ALBERTO AYALA MORALES, a quien se le supone responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS Y ALLANAMIENTO DE MORADA en perjuicio de la menor CRICIAN ALEJANDRA SANDOVAL MIRANDA, mediante la cual fueron inadmitidos medios de prueba propuestos por el ente acusador…” (Folios del 26 al 28 frente y vuelto de la pieza de antecedentes de Amparo).-3) Que en fecha veinte de mayo del año dos mil dieciséis, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO 1: Que se conoce el Recurso de Amparo Penal venido en consulta, resuelta por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, interpuesto por la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ, contra actuaciones realizadas por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, que inadmite el medio de prueba denominado Dictamen Médico Legal Social Forense No.2015-0101-0203-56 anexo álbum fotográfico, en el proceso penal instruido en contra del señor JORGE ALBERTO AYALA MORALES, quien también se hace llamar WILLIAN AGUILAR GUERRA, por suponérsele responsable de la comisión de los delitos de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS y ALLANAMIENTO DE MORADA en perjuicio de CRICIAN ALEJANDRA SANDOVAL MIRANDA.-CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en el Recurso de Amparo promovido, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, por las razones supra relacionadas; aduce la impetrante en Amparo que se han vulnerado los derechos de defensa y debido proceso, consagrados en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República; sostiene la pedidora que el debido proceso implica que los órganos judiciales en sus actos y resoluciones observen las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, entre ellas las reglas del derecho adjetivo, instituidas con la finalidad de asegurar la igualdad procesal de las partes y la seguridad jurídica; asimismo que dichas actuaciones procesales deben contener una motivación y fundamentación que sirvan de base a la parte resolutiva o decisoria de la sentencia. En relación al derecho a la defensa, la recurrente argumenta que en el caso que nos ocupa, la ofendida es una menor de edad y en ese sentido debe velarse por el Principio de Interés Superior del Niño y conocer en detalle las consecuencias que ha acarreado en la vida y en el entorno en que se desenvuelve la menor ofendida, haber sido víctima de los hechos objeto de debate, ya que al no admitirla (la Prueba) causaría indefensión a la sociedad a la que representa, puesto que el Tribunal de Sentencia no tendría inmediación con información relacionada en dicho dictamen que se considera imprescindible sea del conocimiento de dicho órgano.-CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha veintidós de abril del año dos mil dieciséis, proferida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual resuelve Sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ a favor de CRICIAN ALEJANDRA SANDOVAL MIRANDA, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, al estimar la recurrente que la resolución impetrada vía Amparo vulnera las normas constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO 4 Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO 5: Que la recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho de defensa y debido proceso, los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República mismos que señalan por su orden: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...”; el pedidor muestra su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, al inadmitir el medio de prueba consistente en un Dictamen Médico Legal Social Forense No.2015-0101-0203-56 anexo álbum fotográfico, para acreditar al Tribunal de Sentencia que la menor ofendida presentó indicadores de abuso sexual (actos de lujuria), influyendo dicha situación en el entorno en que convive y dando referencia como es tal entorno, con relación al proceso penal incoado en contra del señor JORGE ALBERTO AYALA MORALES, quien también se hace llamar WILLIAN AGUILAR GUERRA, por suponérsele responsable de los delitos de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS y ALLANAMIENTO DE MORADA en perjuicio de CRICIAN ALEJANDRA SANDOVAL MIRANDA, al estimar la impetrante que con dicha decisión arribada por el A-quo, se han vulnerado los derechos de defensa y debido, al no poder el Tribunal de Sentencia tener inmediación con la información relacionada en dicho dictamen.-CONSIDERANDO 6: Que del examen de la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a sobreseer el Recurso de Amparo promovido al detectar que el mismo se esta promoviendo contra un acto consentido por el agraviado, como lo ha dejado establecido en el apartado segundo de la motivación del fallo que se revisa en consulta, al indicar que el Tribunal de Alzada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 numeral 3 de la Ley sobre Justicia Constitucional que señala: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1), 2), 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que ha sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes;…”, y ante el hecho que la resolución mediante la cual se inadmitieron los medios de prueba propuestos por el ente acusador fue pronunciada en audiencia del ocho de marzo del presente año, siendo del conocimiento de la representante del Ministerio Público lo establecido en el párrafo segundo del artículo 353 del Código Procesal Penal, el recurso de reposición debió interponerse en ese mismo acto durante el desarrollo de la audiencia probatoria y no por escrito al día siguiente como aconteció en la causa en estudio, por lo que el recurso de reposición fue interpuesto fuera del plazo establecido para ello.- CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46 numeral 3, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha veintidós de abril del año dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.-Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. -Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0488-2016.- Firma y Sello


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintidós de abril del año dos mil dieciséis, dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, que SOBRESEYÓ la acción constitucional de amparo, presentado por la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público a favor de CRICIAN ALEJANDRA SANDOVAL MIRANDA, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA en fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra el señor JORGE ALBERTO AYALA MORALES, quien también se hace llamar WILLIAN AGUILAR GUERRA, por suponérsele responsable de los delitos de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS y ALLANAMIENTO DE MORADA en perjuicio de CRICIAN ALEJANDRA SANDOVAL MIRANDA. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado en perjuicio de su representada los derechos de defensa y debido proceso, consagrados en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1)Que en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, compareció ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTRAMENTO DE ATLÁNTIDA, la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor de CRICIAN ALEJANDRA SANDOVAL MIRANDA contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA en fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, en la audiencia de proposición de medios de prueba en donde según la recurrente, presentó entre otros, el medio de prueba consistente en un Dictamen Médico Legal Social Forense No.2015-0101-0203-56 anexo álbum fotográfico para acreditar al Tribunal de Sentencia que la menor ofendida presentó indicadores de abuso sexual (actos de lujuria), influyendo dicha situación en el entorno en que convive y dando referencia como es tal entorno, medio de prueba que no fue admitido a trámite por el Tribunal de sentencia referido. Posteriormente en fecha nueve de marzo del mismo año dos mil dieciséis, interpuso recurso de reposición en contra de la resolución de fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, en la que el Tribunal de Sentencia declaró sin lugar el recurso de reposición. Relación de hechos que se cotejó con el informe presentado por el Juez Presidente del Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, en donde informó: “Que en la causa numero 04-2016 que se le sigue a Jorge Alberto Ayala Morales por un posible delito de Actos de Lujuria y Allanamiento de Morada en perjuicio de Crician Alejandra Sandoval Miranda se llevó a cabo la audiencia de proposición de medios de pruebas donde no se le admitió a la Fiscalía del Ministerio Publico el medio de prueba denominado “DICTAMEN medico legal social forense y álbum fotográfico” el referido medio de prueba fue presentado con la misma finalidad probatoria, la cual consiste en “ACREDITAR SECUELAS PRODUCTO DEL ABUSO SEXUAL” y con esa misma finalidad probatoria se admitió el dictamen pericial psiquiátrico, y un dictamen psicológico por lo que el dictamen de la trabajadora social no admitido por el Tribunal lo consideramos desproporcionado. Además el Tribunal considera dicho medio de prueba impertinente ya que los supuestos jurídicos por los que se admite un dictamen de un trabajador social es para acreditar el entorno económico y social de la supuesta victima lo cual no tiene relación con la existencia o no de tocamientos que es la teoría del caso del ente acusador. A efecto que se le repusiera dicha resolución la fiscal presentó recurso de reposición el cual fue denegado por las mismas razones…”. Argumentos éstos que considera la recurrente vulneran garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. (Folios del 1 al 6 y 13 de la pieza de antecedentes de amparo).-2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintidós de abril del año dos mil dieciséis, emitió la sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: SOBRESEER LAS PRESENTES DILIGENCIAS que contienen la acción constitucional de Amparo, presentada ante ésta Corte Primera de Apelaciones por la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, contra la resolución judicial dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, en fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, en la causa instruida contra el señor JORGE ALBERTO AYALA MORALES, a quien se le supone responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS Y ALLANAMIENTO DE MORADA en perjuicio de la menor CRICIAN ALEJANDRA SANDOVAL MIRANDA, mediante la cual fueron inadmitidos medios de prueba propuestos por el ente acusador…” (Folios del 26 al 28 frente y vuelto de la pieza de antecedentes de Amparo).-3) Que en fecha veinte de mayo del año dos mil dieciséis, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO 1: Que se conoce el Recurso de Amparo Penal venido en consulta, resuelta por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, interpuesto por la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ, contra actuaciones realizadas por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, que inadmite el medio de prueba denominado Dictamen Médico Legal Social Forense No.2015-0101-0203-56 anexo álbum fotográfico, en el proceso penal instruido en contra del señor JORGE ALBERTO AYALA MORALES, quien también se hace llamar WILLIAN AGUILAR GUERRA, por suponérsele responsable de la comisión de los delitos de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS y ALLANAMIENTO DE MORADA en perjuicio de CRICIAN ALEJANDRA SANDOVAL MIRANDA.-CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en el Recurso de Amparo promovido, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, por las razones supra relacionadas; aduce la impetrante en Amparo que se han vulnerado los derechos de defensa y debido proceso, consagrados en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República; sostiene la pedidora que el debido proceso implica que los órganos judiciales en sus actos y resoluciones observen las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, entre ellas las reglas del derecho adjetivo, instituidas con la finalidad de asegurar la igualdad procesal de las partes y la seguridad jurídica; asimismo que dichas actuaciones procesales deben contener una motivación y fundamentación que sirvan de base a la parte resolutiva o decisoria de la sentencia. En relación al derecho a la defensa, la recurrente argumenta que en el caso que nos ocupa, la ofendida es una menor de edad y en ese sentido debe velarse por el Principio de Interés Superior del Niño y conocer en detalle las consecuencias que ha acarreado en la vida y en el entorno en que se desenvuelve la menor ofendida, haber sido víctima de los hechos objeto de debate, ya que al no admitirla (la Prueba) causaría indefensión a la sociedad a la que representa, puesto que el Tribunal de Sentencia no tendría inmediación con información relacionada en dicho dictamen que se considera imprescindible sea del conocimiento de dicho órgano.-CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha veintidós de abril del año dos mil dieciséis, proferida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual resuelve Sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ a favor de CRICIAN ALEJANDRA SANDOVAL MIRANDA, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, al estimar la recurrente que la resolución impetrada vía Amparo vulnera las normas constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO 4 Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO 5: Que la recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho de defensa y debido proceso, los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República mismos que señalan por su orden: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...”; el pedidor muestra su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, al inadmitir el medio de prueba consistente en un Dictamen Médico Legal Social Forense No.2015-0101-0203-56 anexo álbum fotográfico, para acreditar al Tribunal de Sentencia que la menor ofendida presentó indicadores de abuso sexual (actos de lujuria), influyendo dicha situación en el entorno en que convive y dando referencia como es tal entorno, con relación al proceso penal incoado en contra del señor JORGE ALBERTO AYALA MORALES, quien también se hace llamar WILLIAN AGUILAR GUERRA, por suponérsele responsable de los delitos de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS y ALLANAMIENTO DE MORADA en perjuicio de CRICIAN ALEJANDRA SANDOVAL MIRANDA, al estimar la impetrante que con dicha decisión arribada por el A-quo, se han vulnerado los derechos de defensa y debido, al no poder el Tribunal de Sentencia tener inmediación con la información relacionada en dicho dictamen.-CONSIDERANDO 6: Que del examen de la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a sobreseer el Recurso de Amparo promovido al detectar que el mismo se esta promoviendo contra un acto consentido por el agraviado, como lo ha dejado establecido en el apartado segundo de la motivación del fallo que se revisa en consulta, al indicar que el Tribunal de Alzada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 numeral 3 de la Ley sobre Justicia Constitucional que señala: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1), 2), 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que ha sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes;…”, y ante el hecho que la resolución mediante la cual se inadmitieron los medios de prueba propuestos por el ente acusador fue pronunciada en audiencia del ocho de marzo del presente año, siendo del conocimiento de la representante del Ministerio Público lo establecido en el párrafo segundo del artículo 353 del Código Procesal Penal, el recurso de reposición debió interponerse en ese mismo acto durante el desarrollo de la audiencia probatoria y no por escrito al día siguiente como aconteció en la causa en estudio, por lo que el recurso de reposición fue interpuesto fuera del plazo establecido para ello.- CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46 numeral 3, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha veintidós de abril del año dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.-Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. -Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0488-2016.- Firma y Sello .- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL